La injerencia de los mandos castrenses en la campaña presidencial brasileña, sumó otra complicación a los comicios más imprevisibles desde el 1989, cuando los brasileños votaron por primera vez desde el fin de la dictadura militar, en un proceso que corre el peligro de radicalizarse. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reafirmó este […]
El Comité de Derechos Humanos de la ONU reafirmó este lunes, que los derechos políticos del ex presidente Lula deben ser garantizados por el Estado brasileño: todas las autoridades del «más alto nivel» en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial deben dar inmediato cumplimiento a la decisión. La nueva decisión de la ONU refuerza las dos anteriores, del 22 de mayo y el 17 de agosto.
La policía baleó a un candidato a diputado por el PT en Curitiba, en una nueva escalada de violencia. Las turbulencias habían comenzado el jueves pasado cuando el candidato ultraconservador Jair Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, interior del Estado de Minas Gerais. El capitán retirado del Ejército, fue noticia exclusiva a partir de entonces.
Bolsonaro, presuntamente con heridas en una arteria e intestinos, fue sometido el jueves a una terapia intensiva. El viernes, festivo nacional por ser el Día de la Independencia, comenzó informativamente con Bolsonaro embarcando en un avión ambulancia y desembarcando en Sao Paulo donde, con un escenográfico séquito de seguridad, fue trasladado al hospital israelita Albert Einstein.
Según la prensa hegemónica, el candidato ultraderechista, que será sometido a una nueva intervención quirúrgica en los intestinos, pudo haber subido algunos puntos gracias a los videos emitidos desde la sala de terapia intensiva, que lograron volver más digerible su perfil en el electorado femenino, donde tiene un alto rechazo por sus posiciones misóginas y por el proceso judicial por incitación al estupro.
El hijo de Bolsonaro, Flavio, señaló que la cuchillada iba a catapultar a su padre a una victoria en la primera vuelta presidencial del 7 de octubre, y desde allí comenzaron las especulaciones sobre la real autoría intelectual del atentado y sus consecuencias.
Después, en un acto proselitista junto al general Hamilton Mourao, candidato a vice presidente junto con Jair Bolsonaro, modificó sus apreciaciones y aseguró que la puñalada fue parte de un complot «político» y atacó a los «caraduras» de la prensa que pusieron en duda la autenticidad del ataque.
Bolsonaro, de 63 años, tiene sus principales apoyos entre los jóvenes y en sectores con mayores ingresos y mayor nivel educativo. Registra un 22% de intenciones de voto, diez puntos más que sus más inmediatos seguidores, en la encuesta Ibope publicada el 5 de septiembre, un día antes de la puñalada. No es de extrañar que sus propósitos misóginos y racistas a lo largo de su carrera de diputado le aseguren un electorado más masculino (28%) que femenino (16%) y más blanco (26%) que negro y mestizo (19%), según los datos del Ibope.
El apoyo juvenil, según los analistas, se explica por el buen manejo de las redes sociales, donde ostenta un número de seguidores superior al de cualquier otro candidato. Lo que sorprende es que un 29% de brasileños con estudios superiores esté dispuesto a votar por él, pero eso se puede explicar por un problema de clases sociales, ya que el apoyo cae con el nivel de estudios: son 26% entre quienes terminaron el secundario y 11% entre los que dejaron la escuela después del cuarto grado.
Por nivel de ingresos, un 30% de personas que ganan más de cinco salarios mínimos (233 dólares mensuales) proclaman su intención de votar por Bolsonaro, pero son 13% entre quienes ganan un salario mínimo o menos.
Críticas a Lula
Las últimas batallas judiciales por asegurar la candidatura presidencial de Lula, preso político hace hoy 157 días, serán libradas en las próximas horas en el Supremo Tribunal Federal (STF), tras el rechazo de la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rosa Weber, de una solicitud para prorrogar el plazo estipulado por esa propia corte (11 de septiembre) para designar al reemplazante de Lula.
El PT presentó un nuevo pedido ante el Supremo con idéntico fin, soilicitando extender hasta el 17 la inscripción del nuevo candidato presidencial de la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernando Haddad.
El sociólogo Luis Alberto Gomez, señala que la actitud de Lula, de atrasar su decisión, es un juego temerario, basado en una obstinación por querer mantener su candidatura hasta el límite posible, apostando en recursos jurídico a priori perdidos. Infelizmente, añade, el PT muestra una subordinación incomprensible a su líder. Todo el proceso se desarrolló en un circuito cerrado de largas conversaciones en prisión, con Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y candidato a vice presidente.
Según Gomez, «en este momento se impone una posición firme y rápida del PT, con el inmediato lanzamiento de Haddad como candidato y de Manuela d´Avila como vice presidenta, con el apoyo explícito de Lula».
Reunido con sus abogados en la mañana del lunes 10, Lula dijo que la cuchillada recibida por Bolsonaro no es determinante para el resultado del 7 de octubre, tras conocer una subida en la intención de votos del candidato ultraderechista, la que parece haberse detenido.
Los asesores de la campaña electoral del derechista Geraldo Alckmin (PSDB) señalaron una sucesión de errores la exposición de Bolsonaro en el hospital, tras el atentado, y manifestaron que la fotografía en la que simula asegurar un arma con las manos dentro de la cama, con vestimenta hospitalaria y con aparatos que le permiten respirar, es un gesto de «gente perturbada». Añadieron que con la explotación sensacionalista del episodio, Bolsonaro puede no benefiarse de la supuesta conmoción popular.
Injerencia castrense
«Es muy grave que un comandante con altas responsabilidades se arrogue interferir directamente en el proceso electoral, algo que las Fuerzas Armadas no hacían desde los sombríos años de la dictadura», planteó el Partido de los Trabajadores, que añadio que las palabras del general Vilas Boas fueron «manifestaciones de carácter político de quien pretende tutelar a las instituciones republicanas».
Villas Boas no se anduvo con rodeos y rechazó una eventual aprobación de la candidatura de Lula en la justicia, a lo que añadió un posible veto castrense ante una victoria del líder petista a quien todas las encuestas le atribuyen aún entre un 38 a 41% de intenciones de voto contra un 20% del segundo, Jair Bolsonaro.
Lula está arrestado desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal, donde cumple una condena de doce años y un mes por la causa Lava Jato, instruida por el juez Sergio Moro, famoso por carecer de pruebas para imponer sanciones a sus enemigos políticos y/o ideológicos, y que fuera elegido por los empresarios estadounidense como la personalidad del año.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptó una denuncia contra los atropellos de Moro y hace un mes recomendó al Estado brasileño que autorice a Lula ser candidato. Pero como el gobierno de facto de Michel Temer no se animaba a responder, fue el jefe del Ejército quien salió nuevamente a la palestra: la propuesta de la ONU fue «un intento de invasión de nuestra soberanía nacional y depende de nosotros que esa invasión se confirme o no», señaló.
La «insubordinación» del comandante del Ejército se da de bruces con la «democracia que se sustenta en la soberanía del voto popular», observó el PT, que agregó que esta conducta es posible porque éste es un «gobierno nacido de un golpe, decadente, repudiado por casi toda población, al que no le resta autoridad para imponer el orden», sostuvo.
Juraima Almeida es investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.