La economista y futura sucesora de Lula, Dilma Rousseff, ni bien consolidó la victoria en las urnas por el Partido de los Trabajadores (PT), con una serie de otras nueve agrupaciones apoyándola, ya se ve envuelta en dos situaciones pre-establecidas y de difícil remedio. Por un lado, el intento de recomposición del sistema partidario y […]
La economista y futura sucesora de Lula, Dilma Rousseff, ni bien consolidó la victoria en las urnas por el Partido de los Trabajadores (PT), con una serie de otras nueve agrupaciones apoyándola, ya se ve envuelta en dos situaciones pre-establecidas y de difícil remedio. Por un lado, el intento de recomposición del sistema partidario y las sugestiones para un cambio de agrupación anunciando (como especulación, tal vez), la creación de un nuevo partido de «centro» para establecer la mayoría del gobierno de turno en el Congreso Nacional. Por otro lado, la voracidad de los «aliados» para conquistar la mayor rebanada de poder ministerial o de autarquías federales vinculadas al Poder Ejecutivo. Ninguna de ambas situaciones implica un refuerzo de la gravitación política del nuevo gobierno. Es justo lo contrario.
No es de hoy que aquellos brasileños que al menos se informan en cuanto al escenario político se dan cuenta de los costos de la tal gobernabilidad. Pusimos el término así, «de la tal», en función de haberse hecho la gobernabilidad un concepto polisémico. En la mayor parte de las veces, se alega su defensa para que no ocurra una «inmovilidad decisoria», o una «incapacidad de gobernar». En estos casos, se evoca el gobierno entre todos, lo que buena parte de las veces implica gobernar para los mismos de siempre, sólo variando sus matices.
También sería incorrecto de nuestra parte afirmar que, al cargar con los costos de la gobernabilidad, los gobiernos de turno se asemejan hasta tal punto que entre ellos no hay diferencia. Esto no es correcto ni conceptual ni factualmente. Hay diferencias grandes entre, por ejemplo, los ocho años de Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB, principal partido de oposición y el mismo del ex-candidato a la presidencia José Serra) en el ejercicio del mandato y los ocho años de Luiz Inácio Lula da Silva. Lo que hemos insistido es el hecho de que estos últimos ocho años no hayan significado un cambio mínimo ni fundamental de las estructuras de poder del Brasil. Dicho esto, se puede resumir afirmativamente que las personas viven mejor como un todo, pero el pueblo -a través de sus formas organizativas- no obtuvo un avance significativo.
Uno de los factores para que tal fenómeno ocurra fue consagrado en la ciencia política brasileña como «presidencialismo de coalición». Este concepto sería la necesidad que el gobierno electo al Poder Ejecutivo tenga para formar mayoría en el Congreso. Ocurre que en el Poder Legislativo, los partidos se organizan también en el acuerdo entre asociaciones, componiendo o no el grupo de apoyo al Ejecutivo. Así, las pautas quedan atravesadas por los intereses intra-partidarios que, por su parte, fuerzan la vigencia de esta misma política, avergonzando a aquellos que, aún ocupando una franja de poder institucional, igual se atendrían a los intereses de tipo particular.
Los costos de la coalición, muchas de las veces acaban haciéndose costos contabilizables, permaneciendo separados por dentro (en la ley y con rúbrica), o por fuera (de la manera que sea). A la hora de pagar la factura, el nuevo gobierno electo puede gobernar aún menos de lo poco que prometió.
Cuota de ministras y políticas de género
En los últimos días Dilma viene reforzando un discurso de composición ministerial a partir del reclutamiento de una cuota de mujeres, venidas de la composición de partidos del bloque de gobierno. Aunque no se trate de una novedad, es un progreso del modelo ya aplicado. La política de cuotas, indicando que los partidos tengan al menos el 30% de sus listas compuestas por candidatas del género femenino ya es corriente y aceptada. Aunque de difícil cumplimiento en virtud de las dificultades en reclutar el porcentaje necesario, en general esa posición cae bien. Esto estimula a las mujeres a la vida pública e implica una oxigenación de la vitrina del poder.
Es obvio que el hecho de ser mujer por sí sólo no asegura el buen proceder en el ejercicio de la función. El pensamiento común diría que, además del género, la persona debe tener calificación y capacidad de gestión. Como ya afirmamos en otras ocasiones, tal noción trae implícita la idea del tecnicismo como substituto de la política. En este caso, el raciocinio simplista diría que, «siendo una buena técnica, no importa el género de la ocupante del primer escalón». Son dos consideraciones frágiles que, infinitamente repetidas, se transforman en hechos de fácil digestión. Tanto es una mala consideración la noción de que basta ser mujer y correligionaria para ocupar una función ejecutiva, como es aún más absurda la segunda idea, el mérito por la técnica. Una vez más se repite el problema del supuesto falso y de la premisa neoliberal oculta. La administración privada no es la administración pública y gobernar no es gestionar ni gerenciar. Todo acto de gobierno es político y esto subordina a todo, incluyendo los límites de lo posible (lo deseable según las alianzas) y los márgenes de maniobra de los operadores, sean hombres y mujeres.
La aplicación de las cuotas ministeriales, más allá de su éxito o no, acarrea una ganancia de poder simbólico para las brasileñas. Es innegable el reconocimiento de la mujer más allá de funciones social y culturalmente definidas en la correlación de fuerzas de un mundo construido bajo el género masculino. Tal hecho se acentúa considerando que estamos en el Brasil, país creado bajo el signo de la esclavitud y cuyos símbolos públicos (como bustos, estatuas y nombres de calles), adoran próceres y patriarcas, casi siempre de sospechosa trayectoria. Es muy bueno quebrar paradigmas machistas de un país que fue gobernado, a lo largo de casi dos siglos, por emperadores, generales y doctores.
El conflicto que presentamos aquí es otro. Es tristemente curioso ver esta propuesta crecer en el momento en que los partidos de la coalición capitaneada por la centro-izquierda se ven en el debate (poco republicano, como siempre) por las parcelas de poder (expolio del Estado en el concepto clásico) en el primer escalón de la República. Conforme ya tuvimos la oportunidad de afirmar en otras ocasiones, es una pena que la discusión de mujeres en las carpetas ministeriales no venga acompañada del debate de las banderas históricas de las luchas de género, como los derechos reproductivos y la consecuente legalización del aborto; una política nacional de guarderías infantiles y educación de la primera infancia, beneficiando la mayor parte de la población económicamente activa (compuesta en su mayoría por mujeres); la necesaria escuela de turno integral, con la implantación de las actividades para-didácticas, culturales y deportivas en el contra turno escolar; y, de entre las medidas más polémicas, la necesaria regulación de las campañas publicitarias, piezas que insisten en caracterizar el cuerpo de la mujer en forma de mercancía, colaborando con la «cosificación» de la especie humana.
Nada de lo que narramos se trata de novedad, lejos de eso. Reconocemos que tampoco hemos citado ni la mitad de un programa histórico construido a partir de debates, agendas de activismo, producciones académicas y luchas de mujeres presentes en el Brasil hace más de treinta años. Triste es constatar que estas banderas están pasando muy lejos del debate de las cuotas ministeriales.
El retorno de la CPMF y otros problemas sociales
Pasado el periodo electoral nos reencontramos con el país real. Parodiando al escritor y periodista brasileño Nelson Rodrigues, «la política es cómo es», y no como los políticos profesionales -o aspirantes- la hacen parecer. Sería incorrecto, por no decir otro término, afirmar que es el desarrollo de propuestas y situaciones insostenibles luego que pasado el pleito, es una característica exclusiva de la era Lula y de su sucesora.
A los legos en la historia del Brasil, sugerimos la triste memoria del Plan Cruzado II, famosa medida implantada por el entonces presidente José Sarney, en el gobierno de la Alianza Democrática (PMDB y Partido del Frente Liberal, actualmente Demócratas – DEM, legenda de política neoliberal), que congeló los precios de los productos, llevando a los productores a desaparecer las mercancías, razón por la cual las personas no tenían ni leche. Corría el año de 1986, aún ni había sido creado el PSDB, estando por tanto la social-democracia derechista entera dentro de las huestes peemedebistas. Veintidós años después, lo que era blanco de críticas de la izquierda, se hace práctica incorporada por la coalición de centro-izquierda al asumir el Ejecutivo federal.
De tantas «sorpresas pre-navidad», tenemos el anuncio -en tono de pragmatismo político- de la necesidad de retorno de la Contribución Provisional de Movimiento Financiero (CPMF), tasa que incide en casi todas las acciones bancarias. Si es aprobada, a través de la mayoría absoluta del nuevo gobierno en el Senado Federal y en la Cámara de los Diputados, esto representaría la materialización del acierto entre los partidos de Dilma Rousseff y de su vice, Michel Temer (PT y PMDB), los que si confrontaron al «muy noble y valeroso» Legislativo federal en 2007, quedando el primero en la vejatoria situación de defender a más de una de las políticas implantadas en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Ya los correligionarios de José Sarney, Romero Jucá, Renan Calheiros y compañía, en su mayoría se alinearan con el Gobierno, salvo algunas excepciones, que sumadas con los recalcitrantes de la base lulista después de la crisis de 2005, dieron los votos necesarios para asegurar la victoria de los creadores (PSDB y DEM) contra una de sus criaturas (la CPMF).
En otra oportunidad, ya analizamos los por qué de la caída de la Contribución semi-Permanente (el nombre de bautismo original es Provisional) sobre la Movimentação Financiera y, concomitantemente, la aprobación por acuerdo de la Desvinculación de las Recetas de la Unión (DRU). La famosa DRU es el artificio jurídico para desplazar fondos y recursos de las áreas sociales y colocarlos bajos límites, esperando que el bollígrafo del equipo económico de turno defina el destino de las riquezas colectivas producidas por la nación.
Discursos alarmistas aparte, ni gobiernistas y menos aún la oposición quieren entrar en este dilema. El problema en la Salud es lo ocurre en la Educación y Sanidad Social. El dinero es pura y simplemente desviado hacia otras finalidades. En la Asamblea Constituyente de 1988, las bancadas llamadas entonces progresistas trataron de asegurar el mayor número y volumen de derechos posibles para las mayorías. Por eso es por lo que en la Carta Magna constan temas que, en teoría serían coyunturales o materia para leyes complementarias. En la mano contraria, aquello que el grupo del centro político no pudo borrar, los gobiernos posteriores fueron «enmendando». Como no se negocia un derecho adquirido y casi siempre se tratan de medidas impopulares, cada enmienda fue duramente negociada. Literalmente, costaron caro.
Nuestro argumento contrario a la vuelta de la CPMF no es nada original y repite el ya proferido por entidades sindicales. Aprobándose la cobranza de tasas, lo que sólo aseguraría el destino de los presupuestos para la Salud, sería una «enmienda del bien», como la 29 (elaborada en 2000, que prevé más recursos para el área a partir del establecimiento de valores mínimos y bases estructurales), vergonzosamente aún no votada. Y, si no fuera aprobado el retorno del impuesto, la Salud tendría su financiación garantizada con la misma legislación complementaria que aún no fue a la votación. De lo contrario, se trata de más de lo mismo, como siempre.
Líneas conclusivas
Quien gobierna por la izquierda, o al menos con un mínimo de políticas distributivitas, se debe anclar en el prestigio popular. Reposaría sobre los hombros de los sectores organizados de la población la responsabilidad de imposición de una agenda, confrontando a las representaciones parlamentarias hipotéticamente – en este caso supuesto – conservadoras. En el caso simulado arriba, las estructuras de poder del Brasil se verían sacudidas por la suma explosiva del Ejecutivo a la izquierda y movimientos populares presionándolo. Estamos muy lejos de que esto ocurra en el Brasil electoral de 2010. Aquí el caso es otro.
Acomodar las máquinas partidarias que se juntaron en la campaña mayoritaria federal cuesta caro y, siendo por dentro y con rúbrica esta retribución, implica necesariamente la acomodación de cargos y salarios compatibles. Distribuir el expolio del Estado implica coser la coalición más allá de una base programática. Es cómo si hubiera un tercer turno, pero de esa vez exclusivo para los bastidores de la transición de gobierno y un nuevo pacto de alianzas.
El resultado de esta democracia indirecta y elitista obedece casi siempre a dos normas de procedimiento: la primera apunta a resultados distantes hasta de las manifestaciones de preferencias de las elecciones de octubre; la segunda, es que el peso político del Congreso obliga el gobierno «mejorador» a realizar aún menos de lo poco que prometió en términos de cambios estructurales.
Cualquier semejanza con los entretelones de la formación de mayoría en el Congreso, no será (ni puede ser) ninguna coincidencia.
Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional y Rafael Cavalcanti es estudiante de periodismo y actúa en la comunicación sindical. Los dos militan en el frente de medios del Elaopa.org
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