Los sucesos acontecidos en Honduras en las últimas horas han puesto de manifiesto una tronante realidad: América Latina no admitirá el retorno, bajo ningún concepto, de los oscuros tiempos de la impunidad de las asonadas militaristas en defensa de los intereses foráneos y de las oligarquías locales. No pocos de los que conocieron y vivieron […]
Los sucesos acontecidos en Honduras en las últimas horas han puesto de manifiesto una tronante realidad: América Latina no admitirá el retorno, bajo ningún concepto, de los oscuros tiempos de la impunidad de las asonadas militaristas en defensa de los intereses foráneos y de las oligarquías locales.
No pocos de los que conocieron y vivieron la realidad hemisférica de los últimos decenios, concuerdan en que la reacción de amplia condena a la cúpula de poder que promovió el gorilazo contra el gobierno constitucional hondureño, difiere diametralmente del paisaje de complacencia, indiferencia, y hasta complicidad que era característico de otras horas regionales.
En esta ocasión la respuesta ha sido aplastante. Entre las naciones de la combativa Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América surgió desde los primeros momentos el rechazo a la violencia oligárquica y militar, y la intención firme de hacer todo lo posible para defender la institucionalidad en Honduras y los intereses del pueblo de esa nación centroamericana, una de las más empobrecidas del área.
Casi al unísono, se levantaron declaraciones de repudio de los integrantes del Grupo de Río, de la presidencia de la Asamblea General de la ONU y hasta de la Unión Europea, mientras un Washington y una OEA inicialmente dubitativos, tuvieron finalmente que definir sus criterios sobre tan flagrante violación de los mecanismos democráticos.
Y es que, evidentemente, quienes callen o se entreguen a los juegos retóricos frente a semejante acto de barbarismo, no hacen otra cosa que mostrarse cómplices.
Para los más firmes, para quienes asumen y desean cambios definitivos en esta parte del mundo, está más que claro que tamaña arbitrariedad no debe pervivir bajo ningún concepto. Sería un pésimo antecedente y un burdo retroceso político e histórico.
No hay artilugios que justifiquen lo sucedido, por mucho que los promotores de la violencia hayan hablado de pretendidas órdenes judiciales contra el presidente Manuel Zelaya para justificar el asalto artero a la casa de gobierno, su expulsión aCosta Rica y la subversión del orden institucional.
La pretendida «manzana de la discordia», una simple encuesta popular para conocer si la ciudadanía estaría dispuesta o no a aprobar una nueva Constitución, es un ejercicio reflejado y permitido por la ley hondureña de Participación Ciudadana, aprobada el 27 de enero de 2006. ¿Qué se violó entonces?
Si algo fue pisoteado, no ha sido otra cosa que el derecho de la población hondureña a pronunciarse libremente sobre su futuro, junto a la sagrada prerrogativa de un gobierno a luchar por el bienestar y los derechos de sus conciudadanos.
Y en este caso, en medio de un continente donde el imperio hizo de los ejércitos locales instrumentos de sus afanes hegemónicos, retomar la vía de los cuarteles reaccionarios es una agresión inadmisible contra todos los pueblos de la Patria Grande.