Hoy, la matanza del 3 de junio de 1959, debe ser traída a la memoria del pueblo, cuando el ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, ha pisoteado la Constitución de la República al dictar, de puño y letra, el Acuerdo Ministerial 179 diseñado para sofocar el derecho de protesta y resistencia de la ciudadanía.
No me lo contaron, lo viví. El 3 de junio de 1959 -exactamente hace 61 años- se efectuaba en Guayaquil el enorme sepelio de los cinco estudiantes que fueran asesinados en la víspera por la Policía de Camilo Ponce Enríquez, primer mandatario socialcristiano de los dos que ha padecido el Ecuador (el segundo fue León Febres Cordero).
Al terminar la ceremonia en el Cementerio General, resonó en varias voces y de modo estentóreo una consigna inesperada: ¡A quemar la “Pesquisa”! ¡A quemar la “Pesquisa”! La consigna era lanzada por provocadores oficiales infiltrados a propósito. Fue suficiente. La Oficina de Investigaciones o “Pesquisa”, antro de infamias y torturas, era odiada por el pueblo. Grupos de manifestantes indignados se dirigieron allá. El local, ubicado en la Av. 9 de Octubre cerca de El Salado, ardió de inmediato. Las gigantescas llamas excitaron a la multitud, que lanzó gritos contra el régimen.
Era una época de abusos, desempleo y hambre. Se produjo un estallido social que no lo organizó ni dirigió nadie, salvo los provocadores socialcristianos. Grandes grupos espontáneos asaltaron el Mercado Central en busca de alimentos, y la casa de empeños El Sol, que estaba a pocos metros. Cundió el saqueo por distintos puntos de la urbe, y comenzó la masacre. La matanza fue masiva, con militares comandados por el coronel Luis Ricardo Piñeiros, Jefe de la II Zona Militar, quien la víspera fuera homenajeado en Washington por El Pentágono, y llamado de urgencia a comandar el crimen multitudinario.
Muertos y heridos, cargados en camiones militares. Desaparecieron con rumbo desconocido, lo que dio lugar a la versión de que todos fueron arrojados a “La Chocolatera”, un rincón del Pacífico vecino de Salinas, famoso por ser hábitat de tiburones.
Momentos después ante las protestas que se levantaron en todo el país, el soberbio gobernante socialcristiano justificó la masacre argumentando que sólo habían caído unos cuantos “hampones y ladrones.” La oligarquía y la gran prensa, por su parte, agradecieron efusivamente a Ponce y Piñeiros por haber salvado a Guayaquil de la destrucción, la anarquía y el caos.
Hoy, la matanza del 3 de junio de 1959, debe ser traída a la memoria del pueblo, cuando el ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, ha pisoteado con sus propias botas la Constitución de la República al dictar, de puño y letra, el Acuerdo Ministerial 179 diseñado para sofocar el derecho de protesta y resistencia de la ciudadanía, garantizado por la Carta Magna. Habrá que ver si los soldados, que son carne y sangre del pobre pueblo marginado se someten a esta camuflada orden de “tirar a matar”.
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