El pasado 24 de marzo, en la ciudad de Manta, Ecuador, se inició otra ronda de negociaciones del TLC del Ecuador con la Unión Europea. La cláusula 329 del Acuerdo Comercial firmado por el Perú con la Unión Europea, el 26 de junio de 2012 y que entró en vigencia el 1o de marzo de […]
El pasado 24 de marzo, en la ciudad de Manta, Ecuador, se inició otra ronda de negociaciones del TLC del Ecuador con la Unión Europea.
La cláusula 329 del Acuerdo Comercial firmado por el Perú con la Unión Europea, el 26 de junio de 2012 y que entró en vigencia el 1o de marzo de 2013, define con claridad la modalidad de «Adhesión de otros países miembros de la Comunidad Andina a este acuerdo».
En esa cláusula se estipula que la Unión Europea (UE) negociará con el «país Andino Candidato» (candidato a firmar un TLC con la UE), «las condiciones de su adhesión a este acuerdo».[1]
Dicho de otra manera, las continuas referencias por parte de distintos voceros del gobierno a que se negociará con el Ecuador un Acuerdo comercial distinto, flexible, que reconozca las «asimetrías», etc., sería violatorio de los acuerdos ya firmados por Colombia y Perú con la UE y, por tanto, muy poco probable de que se realice.
La revista peruana «La República» anunció el 26 de junio de 2012 que «Perú suscribió TLC con la Unión Europea».[2] De igual forma, el 12 de diciembre de 2012, la revista colombiana «Vanguardia» hablaba de los riesgos y beneficios para Colombia del TLC con la Unión Europea.[3] En todos los casos se denomina a este Acuerdo por su nombre y éste es un Tratado de Libre Comercio. Esto quiere decir que, además de negociar sobre el comercio de mercancías, se negocian temas vinculados a: comercio de servicios, pagos corrientes y movimientos de capital, contratación pública, propiedad intelectual, solución de controversias, etc.
Esos aspectos de la negociación, en muchos de sus contenidos -de seguir el tratado firmado por Perú y Colombia-, entran en abierta contradicción con nuestra Constitución. Esto lo han denunciado organizaciones sociales como Ecuador Decide, la CONAIE, así como distintos constitucionalistas y actores políticos situados en una línea de defensa del Buen Vivir y el Sumak Kawsay.
De esta forma, el primer perdedor, de entrar en vigencia el TLC, es la incipiente institucionalidad democrática que pretende configurar la Constitución del 2008 en el Ecuador.
La reflexión sería: si va a haber una pérdida tan grande, la ganancia debe ser, al menos, igual de grande.
Una pista en esa dirección nos hace pensar que efectivamente la ganancia va a ser muy grande, pero para un minúsculo grupo: los poderosos intereses ligados a la comercialización de banano, camarones congelados, atún, cacao y conservas de pescado, que significan el 72% del total de exportaciones del Ecuador a la UE.
De igual manera va a haber una gran ganancia para los importadores de productos provenientes de la Unión Europea, de los cuales los 5 principales son: medicamentos, nafta, gasóleo (diésel 2), cloruro de potasio y urea.
Igualmente habrá una gran ganancia en las áreas del capital financiero, las empresas europeas que venderán bienes y servicios al Estado, los estudios de abogados que tramitarán contratos en los más variados sectores de la economía, así como demandas y juicios, que tendrían que ventilarse en tribunales extranjeros, prohibidos explícitamente por la Constitución.
La economía política de este TLC pone en evidencia que los sectores ganadores están en vía opuesta a la transformación productiva, la democracia y la equidad. De firmarse el TLC con la UE, una vez más, se condena al Ecuador a especializarse en productos primarios, con muy poco valor agregado, generando una presión que conspira claramente contra el cambio de matriz productiva, en el sentido señalado por el Presidente: hacia una economía con mayor contenido de conocimiento e innovación.
La democracia es gravemente vulnerada. Desde el proceso de negociación se está negando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a conocer los textos que se están discutiendo. Y, como se ha dicho, de adherir al TLC, serán vulnerados artículos constitucionales y derechos consagrados en la Carta Magna.
Igualmente, la equidad quedará en entredicho. ¿Qué pasará con los productores agrícolas, al competir con agricultores europeos con niveles de subsidio gigantescos?, ¿Qué pasará con las medianas y pequeñas empresas industriales?, ¿Qué pasará con las economías campesinas?, ¿Qué pasará con los productores del área de la economía social y solidaria?, ¿Qué pasará con los profesionales ecuatorianos en áreas de servicios?
Adherir a un TLC con Europa amerita una profunda y extensa discusión en la que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan ejercer su derecho a estar adecuadamente informados y a pronunciarse sobre la conveniencia o no de esta drástica modificación en el curso del desarrollo, con respecto al que aprobamos en la Constitución del 2008.
Referencias:
Diego Borja Cornejo es Ecuatoriano, Economista, Master en Economía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, exMinistro de Economía y Finanzas, exMinistro de Política Económica, exPresidente del Banco Central del Ecuador, exSecretario Económico del ALBA, Asambleista Consituyente en Montecristi, Presidente del Movimiento Poder Ciudadano.
[2] Ver: http://www.
[3] Ver: http://m.vanguardia.
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