En Latinoamérica las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) seguirán como política de Estado, aun cuando se ha demostrado su falta de efectividad en la reducción de la pobreza y representar altos costos financieros por contratación de deuda externa. Una política que también han aceptado gobiernos de corte progresistas, pero conscientes que no resuelven el problema de pobreza, marginalidad y desigualdad social; vista como estrategia de corto plazo con ayuda monetaria para los pobres y vulnerables.
El principal argumento de los Organismos Financieros Internacionales (OFI,s) que las promueven, es que son la principal estrategia de los gobiernos para llegar a los más necesitados, en contra de políticas universales de las décadas de los 60s y 70s que dejaban muchas personas por fuera; siendo, en teoría, la focalización una garantía frente a la falta de transparencia y corrupción.
“ El objetivo fundamental de la política social es la erradicación de la pobreza extrema, lo que exige poner en marcha políticas selectivas, esto es, orientadas a favorecer grupos sociales y económicos específicos, que focalicen en ellos parte sustancial del gasto social, evitando “ filtraciones” indebidas de éste hacia los grupos restantes. Los grupos medios y altos, en cambio, deben financiar con sus propios recursos, las atenciones sociales que antes recibían del Estado. Con ese propósito, éste debe transferir al sector privado la tarea de producir y distribuir los bienes y servicios básicos”[1]
Hay evidencia que antes que se ejecutaran políticas de estabilización económica y programas de ajuste estructural en los países latinoamericanos, los rezagos económicos y sociales como la pobreza, pobreza extrema, desempleo y falta de acceso a la salud, educación, agua potable y vivienda social, eran visibles pero no en la magnitud ( personas afectadas o carentes) actual. Los factores causales explicativos se ligaban a la instauración de gobiernos populistas y autoritarios en la mayoría de los países con uso indiscriminado de recursos internos y de fuentes externas, que se tradujo en fuertes desequilibrios fiscales y monetarios, siendo el más evidente la inflación y el aumento de la deuda externa que erosionó la capacidad de pago de los países.
La estabilización económica es contra los desequilibrios monetarios y financieros, y el ajuste estructural contra la intervención del Estado en la economía y las distorsiones del sistema de precios y señales de mercado, con una clara orientación por modificar la estructura productiva a favor de bienes destinados a la exportación e incentivos a la Inversión Extranjera.
Es claro que las políticas económicas, sociales e institucionales recomendadas, según el discurso político-ideológico, generan “curiosamente” en el corto plazo mayor inestabilidad, sea por que la inflación no baja como se espera, despido de trabajadores y congelamiento de salarios, devaluación monetaria y privatización de empresas y servicios públicos; sumado a la contracción del crédito productivo y despojo de tierras entregadas con programas de reforma agraria.Una política complementaria es la compensación social, no solo para apoyar a los grupos y población en pobreza y más vulnerable, sino para que los efectos e impactos de las políticas de estabilización económica y ajuste estructural no sean de magnitudes insospechables y terminen en un incumplimiento de los objetivos y metas propuestas, generando mayor inestabilidad.
La ejecución de las políticas y programas de compensación social, donde las TMC son la principal estratégica a seguir, también han impactado en la institucionalidad pública cercenando competencias de Ministerios e Instituciones de gobierno de desarrollo social. Se crean nuevos programas independientes o unidades desconcentradas, en gran parte ligados a la presidencia de la Republica o Ministerios de Desarrollo Social, pero abiertos al involucramiento del activismo político central, regional, departamental o municipal.
Utilizan encuestas de focalización y auto focalización para identificar a los grupos, familias o personas beneficiarias de (los) programas, las que se han ido perfeccionado al grado de ligar estas acciones a nuevos enfoques de estudio de la pobreza, como lo es el llamado enfoque multidimensional, donde ya no se trata de medir insuficiencia de ingresos monetarios y ausencia de satisfactores de necesidades básicas, sino de factores causales diversos que explican la situación socio económica y cultural de las familias y personas, limitando sus derechos y libertades.
Igualmente, los programas de TCM cada vez más utilizan sistemas de información sofisticados, incluso superiores a los que utilizan las instituciones de gobierno para registrar por regiones, municipios o departamentos, los atendidos en servicios de salud y educación, las carencias y los problemas socio-económicos que enfrentan las familias. También involucran al sistema bancario para realizar los pagos respectivos, aun cuando muchas de las familias manifiesten estar en contra, ya que otros son los que realizan los retiros, cobrando los bancos por el manejo de fondos que deben ser exclusivos para los beneficiarios.
La insuficiencia de programas de TMC se hizo más evidente con la pandemia del Covid-19, donde los gobiernos tuvieron que ejecutar otros programas de apoyo como la entrega de alimentos a la población confinada, en tanto era de poca utilidad la entrega de bonos monetarios cuando no existían alimentos disponibles que comprar por la dificultad de la movilización, baja producción e importaciones. Igual, esta baja producción y la contracción de la demanda de importaciones, afectó la tasa de crecimiento de las economías e inversión, con impactos negativos en los niveles de empleo.
Recién la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), habla que para finales de 2022, la pobreza afectará a 201 millones de personas en la región latinoamericana, un 32.1% del total (CEPAL: 2022); igual la población en situación de pobreza extrema será de 13.1% de la población total, unos 82 millones de personas. “La desocupación proyectada para 2022 también muestra un retroceso de 22 años y afecta especialmente a las mujeres, a quienes la tasa de desempleo muestra un incremento de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022 y además sufren «brechas de género importantes» en áreas de formación” (…). Para José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo, «no se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”[2].
Se aboga por políticas transformadoras ambiciosas que relacionen la oferta educativa (cambios sustanciales), con la salud y protección social, peor que no descartan la vigencia de TMC financiadas con recursos de endeudamiento externo más caros, ya que los gobiernos se han dado cuenta que con la pandemia del Covid-19 se endeudaron más, al grado que algunos de ellos enfrentan o enfrentarán serios problemas para cumplir con el servicio de la deuda externa ( Brasil, Bolivia, Argentina, El Salvador, Costa Rica). Su contraparte, de nuevo, son políticas de estabilización económica y ajuste con carácter de urgentes para enfrentar el aumento de la inflación: principal desequilibrio monetario (en palabras de Friedman), la tendencia a la baja del PIB y la apreciación del dólar.
Lo cierto es que cada país tendrá su propia estrategia de TMC Post-Covid 19 con o sin apoyo del FMI ya que se institucionalizó como “moda” de política pública, sin esperar que los objetivos y metas buscadas sean sostenibles, como ejemplo la reducción de la pobreza extrema, aumento de coberturas en educación y salud pública de calidad, producción y acceso a alimentos. Un grupo reducido de países como Brasil, Honduras, Bolivia, Nicaragua, México e incluso Colombia y la Argentina, tienen propuestas más amplias, que incluyen en ciertos casos la dotación de activos productivos a los vulnerables y un rol más protagónico del Estado en el diseño de políticas públicas de desarrollo social, donde las TMC son la excepción no la regla.
En Honduras por ejemplo, la presidenta Xiomara Castro, con amplio conocimiento del tema, busca la vigencia de una estrategia más amplia que la ejecutada post-golpe de Estado con el programa bono 10,000, sustentada en la atención en salud, educación y nutrición. La entrega de bonos es una primera fase de apoyo a las familias en situación de pobreza extrema, pero que será complementada con insumos, créditos, tecnologías y micro proyectos (programa masivo) de desarrollo productivo y empresarial que faciliten el desarrollo de las familias en forma sostenible. La presidenta no debe dudar en la entrega de tierras a mujeres campesinas en situación de pobreza (Más de un 70% de las mujeres campesinas no tienen tierra donde producir y criar a sus hijos), y unas 5,000 familias lideradas por mujeres demandan un pedazo de tierra, utilizando mecanismos de mercado como el Fondo de Tierras, en caso que no se reforme o derogue la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).
Latinoamérica necesita revitalizar sus sistemas de planificación e institucionalidad, lo que implica dar plena vigencia a políticas públicas de desarrollo social construidas con los actores y potenciales beneficiarios de las acciones del Estado, socializándose planes de desarrollo y gestión a todos los niveles de gobierno, alineados o no a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ello, las TCM son una estrategia más, que puede ser aceptada por los gobiernos siempre que se acompañe de otras políticas, programas y proyectos de desarrollo que ataquen los factores estructurales de la pobreza, falta de empleo y hambre, pero que no invoquen una condicionalidad con el FMI ni más endeudamiento.
Notas:
[1]Ver a Pilar Vergara “Políticas Hacia la Extrema Pobreza en Chile 1973-1988”. FLACSO, Buenas Aires, Argentina, 1990, pág. 21.
[2]CEPAL “Las tasas de pobreza en América Latina se mantienen en 2022 por encima de los niveles pre pandemia”. Comunicado de Prensa, 24 de noviembre de 2022.
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