Mientras el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, pide boicotear las próximas elecciones parlamentarias, el excandidato a presidente Henrique Capriles volvió al ruedo en las últimas semanas con un llamado a concurrir masivamente a las urnas. Dividida, la oposición se encuentra en una difícil encrucijada frente al gobierno de Maduro.
A fines del mes pasado, el representante de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela Elliott Abrams calificó de «realismo mágico» e «insensatez» las demandas de la excandidata a presidenta de ese país María Corina Machado de una intervención militar extranjera. Fue en una entrevista con la radio colombiana NTN24, en la que Abrams restó probabilidad al escenario de una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, al menos por este año.
Abrams, que dirige el recrudecimiento del bloqueo económico a Venezuela, se refirió también a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en este país el 6 de diciembre: «Es obvio que esto no es una elección libre y por eso hay que demostrar que ninguna democracia la va a reconocer», dijo, acoplándose al discurso del autojuramentado presidente interino Juan Guaidó. Pero, al mismo tiempo, abrió una puerta: «La oposición está debatiendo sobre qué hacer. Esa es una decisión que los líderes políticos necesitan tomar. No estamos tratando de imponer una fórmula».
Lo cierto es que, casi sin quererlo, al descartar las opciones violentas propuestas por Machado, Abrams dejó la vía electoral como único escenario efectivo para la oposición. Los dichos de Abrams no pasaron desapercibidos en Venezuela, donde el 2 de setiembre Henrique Capriles llamó a los venezolanos a participar en masa de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre: «Es un falso dilema participar o no participar. El dilema es luchar o no luchar, y yo he decidido luchar», dijo en sus redes sociales, en claro desafío a Guaidó y a los sectores de la oposición con sede en Miami, que convocan a la abstención (véase «Un cóctel imprevisible», Brecha, 7-VIII-20).
El llamado de Capriles –que sigue inhabilitado a presentarse como candidato– siguió al decreto de indulto aprobado por el presidente, Nicolás Maduro, el 31 de agosto, por el que se liberó de la cárcel a más de 100 dirigentes opositores. La medida fue el resultado de una serie de negociaciones secretas entre Maduro y el propio Capriles, con la mediación del gobierno turco.
Ambos hechos abrieron un nuevo escenario. Para una parte importante de la oposición venezolana, la apuesta del exgobernador del estado de Miranda (2008-2017) y candidato a presidente en 2012 y 2013 podría significar una alternativa a la vía insurreccional e intervencionista, reeditando un camino, el electoral, que ya les dio a los opositores una victoria aplastante en las parlamentarias de diciembre de 2015.
Mostrar fuerzas
Ya el 11 de agosto, la Conferencia Episcopal Venezolana, uno de los sectores tradicionalmente más conservadores y antichavistas del país, había publicado un comunicado en el que reclamaba a la oposición responsabilidad en la búsqueda de salidas y la generación de propuestas claras. Y agregaba: «La sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. […] No participar en las elecciones parlamentarias y llamar a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas».
La declaración creó un cisma entre sus destinatarios. El actor que la enunció no puede ser catalogado con facilidad de colaboracionista con el gobierno. Algunas semanas antes, una encuesta publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, una casa de estudios alineada con los opositores, había revelado que el 58,9 por ciento de los encuestados estaban dispuestos a ir a votar, frente a un 29,5 por ciento que decía no querer participar.
Es factible que varios representantes electos de la oposición terminen, directa o indirectamente, apoyando a candidatos y partidos de cara a diciembre. Así ha sucedido, por ejemplo, con la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, quien resultó expulsada del partido Acción Democrática tras su anuncio de que participará de las parlamentarias. No hacerlo y convocar luego a ser reelectos como gobernadores y alcaldes en 2021 sería, cuando menos, confuso.
Por su parte, Jorge Roig, expresidente de la gremial de patronales Fedecámaras y una figura que aún conserva gran influencia en ese gremio, dijo al periodista Vladimir Villegas, el 9 de setiembre, que está a la expectativa del camino trazado por Capriles a sabiendas de que el de Guaidó se había «dinamitado» a sí mismo. La semana pasada, afirmó a Unión Radio, en respuesta a las críticas que Capriles recibe de la oposición radical, que el exgobernador de Miranda «es un auténtico opositor y no debe ser criminalizado por intentar una ruta diferente de la de Juan Guaidó».
Vía muerta
La vía Guaidó, por la que apuestan de manera automática la Unión Europea y, hasta ahora, Estados Unidos, no da señales de vida. Los intentos de derrocar al gobierno de Maduro que hubieran favorecido al autojuramentado han sido un fiasco. Viene de fracasar la operación Gedeón, que intentó, en mayo, ingresar en los comandos militares (véase «Una invasión de utilería», Brecha, 8-V-20). Un movimiento militar que el 30 de abril de 2019 trató de romper la cadena de mando tampoco funcionó. El grupo de Lima está desactivado. El funcionariado estadounidense no está preocupado por Venezuela, salvo para infligir sanciones.
Ahora Guaidó espera el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para conseguir una palanca que lo saque del estancamiento. Pero hasta Donald Trump reconoció en su momento la debilidad del «presidente interino», según indican las recientes revelaciones de su exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton. Trump incluso ha dicho en público que él nunca estuvo «necesariamente a favor» de que la Casa Blanca apoyara el interinato de Guaidó y que no cree que ese reconocimiento haya sido «especialmente significativo» (Axios, 21-VI-20).
Así las cosas, el líder de la Asamblea Nacional sólo podrá sobrevivir políticamente en la medida que entorpezca el proceso electoral venezolano. Guaidó tiene dos enemigos: su objetivo es derrotar a Maduro, pero si Capriles se posiciona con un liderazgo fuerte, él moriría como opción viable. No debe descartarse que la oposición radical intente un proceso de abstención activa para infartar las mesas electorales favorables a Capriles y tratar de extinguir sus chances. Pero este hipotético sabotaje, similar al de las elecciones a la Constituyente en 2017, significaría otorgarle la hegemonía política total al oficialismo.
¿Qué puede pasar en diciembre?
Todavía hay muchas sombras que se avecinan. La pandemia puede influir en la falta de participación, la presión de los halcones puede atemorizar a los candidatos opositores con sanciones (que ya les han aplicado a algunos) y la división opositora puede terminar de borrarla del mapa. Además, los dos últimos meses el Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido casi una decena de partidos de oposición (y también algunos chavistas), nombrándole juntas directivas ad hoc.
El resultado electoral variará, además, de manera considerable dependiendo del nivel de participación y la unidad de la oposición. Si se repite el escenario de alta abstención de las presidenciales de 2018, entonces el partido de gobierno, que cuenta con un núcleo duro de votos seguros y una maquinaria electoral aceitada, tendrá la hegemonía política total en el país y controlará a su antojo la Asamblea Nacional, el único poder que le había sido esquivo estos últimos años.
Si, en cambio, la participación electoral se incrementa con relación a los últimos comicios, podría darse un freno al dominio absoluto del Partido Socialista Unido de Venezuela. La oposición, a pesar de su división, podría aprovechar el evento electoral para reinventarse, deslastrarse de los radicales y proyectar, no ya salidas inmediatistas y armadas, sino un desenlace democrático en torno a un evento electoral como el referendo revocatorio.
Esta ruta requerirá, de todos modos, un observador de peso en estas parlamentarias. El gobierno ha invitado a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas a participar en ese sentido. Sin embargo, la primera, que reconoce el interinato de Juan Guaidó y había pedido una postergación de las elecciones que Maduro rechazó, ya se negó a asistir.
Mientras tanto, las sanciones de Estados Unidos, que en un comienzo se dirigían sólo a funcionarios del gobierno y ahora abarcan a la maltrecha industria petrolera venezolana, han terminado de bloquear el ingreso de gasolina al país. En las próximas semanas, en plena pandemia, podría agudizarse la severa crisis que afecta el área sanitaria y alimentaria (véase «Vida miserable», Brecha, 7-VIII-20). En ese contexto, para los gobiernos europeos y la comunidad internacional, desechar una opción de oposición democrática podría conllevar un alto costo.