Desde hace ya varios años el gobierno de Estados Unidos viene bregando insistentemente por poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ambicioso proyecto comercial que impulsa Washington como prioridad estratégica en su política para la región. El eufemismo con se presenta el mecanismo en ciernes es un «tratado de libre […]
Desde hace ya varios años el gobierno de Estados Unidos viene bregando insistentemente por poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ambicioso proyecto comercial que impulsa Washington como prioridad estratégica en su política para la región. El eufemismo con se presenta el mecanismo en ciernes es un «tratado de libre comercio»; por cierto que lo menos tiene la iniciativa es «libertad» económica. Si alguien se beneficiará con ella será, ante todo, la potencia del norte, y secundariamente las oligarquías latinoamericanas conectadas al gran capital norteamericano. Las grandes mayorías populares del subcontinente, una vez más, son convidado de piedra.
Básicamente el ALCA busca liberalizar los mercados continentales creando una zona de reinado absoluto del dólar y de la economía estadounidense para gestionar un enorme bloque bajo su influencia con lo que contrarrestar el fortalecimiento de la eurozona y eventualmente el crecimiento de la República Popular China. Dicho en forma sintética el CAFTA apunta a los siguientes temas básicos: 1) Servicios: todos los servicios públicos deben abrirse a la inversión privada, 2) Inversiones: los gobiernos se comprometen a otorgar garantías absolutas para la inversión extranjera, 3) Compras del sector público: las compras del Estado se abren a las transnacionales, 4) Acceso a mercados: los gobiernos se comprometen a reducir, llegando a eliminar, los aranceles de protección a la producción nacional, 5) Agricultura: libre importación y eliminación de subsidios a la producción agrícola, 6) Derechos de propiedad intelectual: privatización y monopolio del conocimiento y las tecnologías, 7) Subsidios: compromiso de los gobiernos a la eliminación progresiva de barreras proteccionistas en cualquier ámbito, 8) Política de competencia: desmantelamiento de los monopolios nacionales, 9) Solución de controversias: derecho de las transnacionales de enjuiciar a los países en tribunales internacionales privados.
Es absolutamente impensable que pequeña y mediana empresa latinoamericana, y ni decir su campesinado o la clase obrera urbana, puede beneficiarse en algo de esta «libertad» económica.
La idea original de Washington era tener la zona ya operativa para comienzos del presente año. Pero ante la resistencia opuesta por algunos países sudamericanos (Venezuela fundamentalmente, más Argentina y Brasil en el cono sur) a aceptar las leoninas condiciones de negociación impuestas por la potencia del norte -países donde tanto sus gobiernos como la sociedad civil levantaron voces críticas contra un acuerdo atentatorio de su soberanía, sea por las condiciones laborales que fija como por la degradación medioambiental a que los sometería-, la administración republicana optó por impulsar entonces acuerdos regionales o bilaterales en lugar de un gran acuerdo general. Surge así el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (conocido como CAFTA, por su sigla en inglés), suscrito entre El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Washington, al que se incorpora luego República Dominicana, en el Caribe. La importancia estratégica que el tratado tiene en la coyuntura actual es vital para la hegemonía continental de Estados Unidos.
El Presidente George Bush había anunciado en enero del 2003 que el CAFTA constituye una prioridad de primera línea para su administración. En realidad el volumen comercial de intercambio entre el gigante del norte y los pequeños países del istmo centroamericano es pequeño, representando apenas el 1% del comercio externo de Estados Unidos. ¿A qué se debe esta decisión de Washington entonces?
Si el ALCA llegara finalmente a buen término tal como desea el interés imperial de Estados Unidos pudiendo superar las demoras de su implementación, los embarques de bienes de exportación e importación tendrán que pasar por la región mesoamericana. Por lo tanto el CAFTA es un paso vital para expandir el acuerdo continental. Sin la aprobación de dirigentes empresariales y funcionarios de los gobiernos centroamericanos, el ALCA será prácticamente imposible. Centroamérica pasa a convertirse así, en la estrategia continental de Washington, en territorio de expansión natural del Tratado de Libre Comercio ya existente entre Canadá, Estados Unidos y México, y en una importante vía con que intentar cercar a los insumisos del Sur.
La firma del tratado es presentada por gobernantes y gran empresariado de las pequeñas naciones centroamericanas de forma triunfalista, pero objetivamente analizado permite ver que las aristocracias locales cedieron demasiado en aspectos sensibles (políticas sociales) a cambio de cuotas azucareras y de exportaciones textiles que no compensan el beneficio final. Si los agroexportadores e industriales maquileros centroamericanos ganaron algo en el acuerdo, los perdedores son los miles de pequeños campesinos de subsistencia (base de la economía doméstica de los países istmeños) y los pequeños productores de carne, puesto que no podrán competir con los agricultores estadounidenses que, además de estar mecanizados y disponer de modernas tecnologías de punta, reciben enormes subsidios gubernamentales.
La vulnerabilidad de los países centroamericanos y la propensión al vasallaje de sus gobiernos son reconocidas por Washington como elementos que favorecen su estrategia de expansión continental, buscando con esta maniobra acorralar la oposición al ALCA encontrada en Sudamérica.
Llega ahora el momento de ratificar la firma por parte de cada gobierno de la región. En estos momentos Guatemala -la economía de mayor volumen del istmo, con un PBI de 25.000 millones de dólares anuales- está enfrascada en su aprobación por parte del Congreso. El gobierno del presidente Oscar Berger (de centro derecha) intenta aprobarlo contra viento y marea, desoyendo todas las voces de protesta que se alzan en el país. En estos días el país está que arde por la discusión; la administración ha intentado aprobarlo por la vía rápida en el Poder Legislativo, ratificándolo a través de una ley de «urgencia nacional». La encendida protesta popular no lo permitió, con un costo de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que dieron como resultado seis heridos. Ante ello, el gobierno central optó por darle un tratamiento legal normal, siguiendo el trámite habitual de tres lecturas en el Parlamento. Las sesiones legislativas están teniendo lugar en un clima de acre protesta popular, y con más de mil efectivos policiales custodiando a los congresistas para evitar tener que retrasar las sesiones.
Es probable, tal como están las cosas, que finalmente -no se sabe a costa de cuántos heridos más, quizá de muertos inclusive- el Tratado de Libre Comercio termine ratificándose. La administración del presidente Berger parece estar dispuesta a firmarlo contra viento y marea, aunque algunos partidos políticos proponen aprobarlo con el acompañamiento de una agenda complementaria que funcionaría como compensador social (bálsamos para que el golpe del acuerdo no sea tan recio).
Una vez más la historia la van a escribir los que ganan (las grandes empresas estadounidenses, sus gobiernos locales cipayos, las oligarquías nacionales aliadas al capital transnacional); una vez más es probable que corra sangre (de los pobres, de los siempre postergados, de los históricamente excluidos). Pero la historia no ha terminado.