La democracia brasileña está al borde del abismo. El golpe institucional que se inició con el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y prosiguió con el encarcelamiento injusto del ex presidente Lula da Silva está casi consumado. La consumación del golpe significa hoy algo muy diferente de lo que inicialmente pensaron muchas de las fuerzas […]
La primera bomba de tiempo se construyó en el período colonial y en el proceso de independencia, se accionó de modo particularmente brutal varias veces a lo largo de la historia moderna de Brasil, aunque nunca se desactivó eficazmente. Se trata del ADN de una sociedad dividida entre señores y siervos, elites oligárquicas y el pueblo ignorante, entre la normalidad institucional y la violencia extrainstitucional, una sociedad extremadamente desi- gual en la que la desigualdad socioeconómica nunca puede separarse del prejuicio racial y sexual. A pesar de todos los errores y defectos, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) fueron los que más contribuyeron a desactivar esa bomba, creando políticas de redistribución social y de lucha contra la discriminación racial y sexual sin precedentes en la historia de Brasil. Para que la desactivación fuera eficaz sería necesario que dichas políticas resultaran sostenibles y permanecieran durante varias generaciones a fin de que la memoria de la extrema desigualdad y de la cruda discriminación dejara de ser políticamente reactivable. Como esto no ha sucedido, las políticas tuvieron otros efectos, pero no el efecto de desactivar la bomba de tiempo. Por el contrario, provocaron a quien tenía poder para activarla y hacerlo cuanto antes, antes de que fuera demasiado tarde y las amenazas para las elites y las clases medias se volvieran irreversibles. La avasalladora demonización del PT por los medios oligopolistas, sobre todo a partir de 2013, reveló la urgencia con la que se quería poner fin a la amenaza.
La segunda bomba de tiempo se construyó en la dictadura militar, que gobernó el país entre 1964 y 1985, y en el modo en que se negoció la transición a la democracia. Consistió en mantener a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como último garante del orden político interno y no solo como garante de la defensa contra una amenaza extranjera, como es normal en las democracias. «Ultimo» quiere decir en situación de disposición para intervenir en cualquier momento definido por las FF.AA. como excepcional. Por eso no fue posible castigar los crímenes de la dictadura (a diferencia de Argentina, pero en la misma línea de Chile) y, por el contrario, los militares impusieron a los constituyentes de 1988 veintiocho párrafos sobre el estatuto constitucional de las FF.AA. Por eso también muchos de los que gobernaron durante la dictadura pudieron seguir gobernando como políticos elegidos en el Congreso democrático. Apelar a la intervención militar y a la ideología militarista autoritaria quedó siempre latente, a punto de explotar. Por eso, cuando en los últimos meses los militares comenzaron a intervenir más activamente en la política interna (por ejemplo, apelando a la permanencia de la prisión de Lula), parecía normal, dadas las circunstancias excepcionales.
La tercera bomba de tiempo se construyó en Estados Unidos a partir de 2009 (golpe institucional en Honduras), cuando el gobierno estadounidense se dio cuenta de que el subcontinente huía de su control mantenido sin interrupción (con la excepción de la «distracción» en Cuba) a lo largo de todo el siglo XX. La pérdida de control contenía ahora dos peligros para la seguridad de Estados Unidos: el cuestionamiento del acceso ilimitado a los inmensos recursos naturales y la presencia cada vez más preocupante de China en el continente, el país que, mucho antes de Trump, se consideró la nueva amenaza global a la unipolaridad internacional conquistada por Estados Unidos tras la caída del Muro de Berlín. La bomba comenzó entonces a construirse, no sólo con los mecanismos tradicionales de la CIA y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (también conocido por su denominación anterior, Escuela Militar de las Américas), sino sobre todo con los nuevos mecanismos de la llamada defensa de la «democracia amiga de la economía de mercado».
Esto significó que, más allá del gobierno estadounidense, la intervención podría incluir organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los intereses económicos de Estados Unidos (por ejemplo, las financiadas por los hermanos Koch). En consecuencia, es una defensa de la democracia condicionada por los intereses del mercado y, por eso, descartable siempre que los intereses lo exijan. Esta bomba de tiempo mostró que ya estaba lista para operar en Brasil desde las protestas de 2013. Fue mejorada gracias a la oportunidad histórica ofrecida por la corrupción. La gran inversión norteamericana en el sistema judicial se inició a principios de 1990, en la Rusia post-soviética, y también en Colombia, entre muchos otros países. Si la cuestión no es el regime change, la intervención tiene que ser despolitizada. La lucha contra la corrupción es precisamente eso. Sabemos que los datos más importantes de la operación Lava Jato fueron proporcionados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El resto fue resultado de la miserable «delación premiada». El juez Sérgio Moro se transformó en el agente principal de esa intervención imperial. Solo que la lucha contra la corrupción por sí sola no será suficiente en el caso de Brasil. Lo fue para neutralizar la alianza de Brasil con China en el ámbito de los Brics, pero no será suficiente para abrir plenamente Brasil a los intereses de las multinacionales. Es que, como resultado de las políticas de los últimos cuarenta años (algunas venidas de la dictadura), Brasil tuvo hasta hace poco inmensas reservas de petróleo fuera del mercado internacional, tiene dos importantes empresas públicas y dos bancos públicos, y 57 universidades federales completamente gratuitas. Es decir, es un país muy distante del ideal neoliberal, y para aproximarse al mismo se requiere una intervención más autoritaria, dada la aceptación de las políticas sociales del PT por la población brasileña.
Así surgió Jair Bolsonaro como el candidato «preferido de los mercados».
Lo que él dice sobre las mujeres, los negros o los homosexuales o acerca de la tortura poco interesa a los «mercados». Poco interesa que el clima de odio que él creó esté incendiando el país. En la madrugada del pasado lunes 8, el conocido maestro de capoeira Moa do Katende fue asesinado en Salvador por un seguidor de Bolsonaro a quien no le gustó que el maestro expresara su apoyo a Haddad. Y esto es solo el comienzo. Nada de esto interesa a los «mercados» con tal de que su política económica sea semejante a la del dictador Pinochet en Chile. Y todo lleva a pensar que lo será, pues su economista jefe tiene conocimiento directo de esa infame política chilena. El político de extrema derecha estadounidense, Steve Bannon, apoya a Bolsonaro, pero es solamente la cara visible del respaldo imperial.
Los analistas del mundo digital están sorprendidos con la excelencia de la técnica de la campaña bolsonarista en las redes sociales, que incluyó microdireccionamiento, marketing digital ultrapersonalizado, manipulación de sentimientos, fake news, robots, perfiles automatizados, etcétera. Quien vio la semana pasada en la televisión pública norteamericana (PBS) el documental titulado «Dark Money», sobre la influencia del dinero en las elecciones de Estados Unidos, puede concluir fácilmente que las fake news en Brasil (sobre niños, armas y comunismo, etcétera), son la traducción al portugués de las que el dark money hace circular en Estados Unidos para promover o destruir candidatos. Si algunos centros de emisión de mensajes tienen sede en Miami y Lisboa es poco relevante (pese a ser verdadero).
La victoria de Jair Bolsonaro en segunda vuelta significará la detonación simultánea de las tres bombas de tiempo. Y difícilmente la democracia brasileña sobrevivirá a la destrucción que provocará. Por eso la segunda vuelta es una cuestión de régimen, un auténtico plebiscito sobre si Brasil debe continuar siendo una democracia o pasará a ser una dictadura de nuevo tipo. Un muy reciente libro mío circula hoy bastante en Brasil. Se titula Izquierdas del mundo, ¡únanse! Mantengo todo lo que digo ahí, pero el momento me obliga a una invocación más amplia: demócratas brasileños, ¡únanse! Es cierto que la derecha brasileña reveló en los últimos dos años una afección muy condicional a la democracia al alinearse con el comportamiento descontrolado (más bien controlado en otros sitios) por parte del Poder Judicial, pero estoy seguro de que amplios sectores de ella no están dispuestos a suicidarse para servir a «los mercados». Tienen que unirse activamente en la lucha contra Bolsonaro. Sé que muchos no podrán pedir el voto por Haddad, pues tanto es su odio al PT. Pero basta que digan: no voten por Bolsonaro. Imagino y espero que eso sea dicho públicamente y muchas veces por alguien que en otro tiempo fue gran amigo, Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil y, antes de eso, un gran sociólogo y doctor honoris causa por la Universidad de Coimbra, de quien pronuncié el discurso de elogio. Todos y todas (las mujeres no tendrán en los próximos tiempos un papel más decisivo para sus vidas y las de todos los brasileños) deben involucrarse activamente y puerta a puerta. Y es bueno que tengan en mente dos cosas. Primero, el fascismo de masas nunca lo hicieron masas fascistas, sino minorías fascistas bien organizadas que supieron capitalizar las aspiraciones legítimas de los ciudadanos comunes a vivir con un empleo digno y seguridad. Segundo, al punto que llegamos, para asegurar un cierto regreso a la normalidad democrática, no basta que Haddad gane: tiene que hacerlo con un holgado margen.
Boaventura de Sousa Santos es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.
Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez, para Página 12.