A los más ricos y poderosos en Ecuador no les gusta pagar impuestos. Es por eso que ahora, y luego de 10 años, las élites cuentan con un nuevo aliado: Lenín Moreno. Su sometimiento ante las presiones del gran capital ha causado que en un año de gestión se aleje del proyecto por el que […]
A los más ricos y poderosos en Ecuador no les gusta pagar impuestos. Es por eso que ahora, y luego de 10 años, las élites cuentan con un nuevo aliado: Lenín Moreno. Su sometimiento ante las presiones del gran capital ha causado que en un año de gestión se aleje del proyecto por el que fue elegido, ignore y socape la elusión, y promueva, con un proyecto de ley, el retorno al laissez faire tributario.
Esto lo ha logrado con el apoyo de los medios de comunicación masivos y cuestionables alianzas políticas, a través de su discurso de la supuesta lucha ‘anticorrupción’. Sin embargo, la «cirugía mayor» al Estado ha obviado uno de los grandes problemas que afectan al país: la elusión y evasión fiscal.
De la deuda tributaria al Estado ecuatoriano que suma 4.379 millones de dólares, el 51% (2.228 millones) corresponde a los 170 grupos económicos más poderosos del país, entre los cuáles los 25 principales concentran un total de 2.005 millones. Estos grupos representan menos del 1% de los contribuyentes.
Mientras que por medio de 512 empresas fantasmas, que reportaron ventas por 2.129 millones de dólares, se ha perjudicado al Estado por 655 millones entre el 2010 y el 2016. A través de métodos como facturación falsa o contrabando.
Como explica Juan Paz y Miño, en su libro sobre la Historia de los Impuestos en Ecuador, esto no es nada nuevo y remonta a la creación de Estado en el siglo XIX. «Las capas sociales concentradoras del poder económico han encabezado siempre resistencia a la intervención del Estado en la economía y su papel rector y regulador en materia de impuestos», señala. El objetivo siempre claro: no pagar impuestos.
«Estuvimos acostumbrados a diez años de una política pública que era esquiva al sector productivo», decía Richard Martínez en 2017, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); ahora flamante Ministro de Economía y Finanzas. Pero lo que Martínez quería decir es que el gobierno de la Revolución Ciudadana «acostumbró» al sector empresarial a pagar lo justo.
Con uno de los sistemas fiscales más progresistas de la región se triplicó la recaudación, que pasó de 4.600 millones de dólares en 2006 a 14.000 millones en 2016. Y en el mismo periodo los impuestos indirectos pasaron del 65% del total de lo recaudado al del 53%, con una presión fiscal que bordeaba al promedio de la región.
Ahora esperan beneficiarse de un proyecto de remisión a deudas tributarias anunciadas por el gobierno, el cual terminará beneficiando a los más ricos. Pablo Iturralde, Director del Centro de Derechos Económicos (CDES), explica que alrededor del 90% del gasto tributario, surgido por otros tipos de exoneración de tributos, están dirigidos al 10% del decil más alto.
Un principio que parte de una concepción elitista, y luego neoliberal, que ha transmutado los conceptos de privilegios por derechos. Las elites anti-nacionales y anti-pueblo consideran que deben ser tratados de manera privilegiada, distinta al resto, con mejores y mayores beneficios en detrimento de la sociedad.
Según un estudio del Colegio de Economistas de Pichincha entre 2000 y 2016 se registró una elusión del 28%, es decir aproximadamente 4.500 millones de dólares que no entraron a las arcas del Estado. Un dinero con el que se podría haber realizado dos proyectos hidroeléctricos similares a Coca-Codo Sinclair, 1000 escuelas del Milenio o 22 hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de similar envergadura a ‘Los Ceibos’.
Pero no, este dinero terminó en el bolsillo de los que más tienen y menos quieren retribuir. Entonces, si la corrupción es el acto de corromper y de transgredir las leyes en pos del beneficio propio, acaso ¿no es la evasión de impuestos un acto de corrupción? Especialmente cuando este dinero eludido debe ser escondido en algún lugar.
Las guaridas fiscales, eufemísticamente llamadas paraísos, son territorios dónde dichas elites y transnacionales depositan el dinero para evitar el pago de impuestos en sus propios países. Entre 2014 y 2016, empresas ecuatorianas sacaron más de 4.700 millones de dólares a estas guaridas.
Según estimaciones de CDES, tan solo el 17% de lo que pierde el país por el uso de estos mecanismos es por causa de la corrupción, el restante 83% responde a evasión y elusión tributaria. Artimañas que por sus costos y complejidades solo pueden ser costeadas por las élites económicas.
«Entonces, realmente hay un juego muy perverso de empresarios, de dirigentes políticos, de medios de comunicación, que evaden impuestos del país a través de testaferros, de testaferros, de testaferros», comenta Pedro Brieger, periodista y director de la agencia de noticias de América Latina y El Caribe (Nodal).
Al 2014, 59 grupos económicos del Ecuador poseían 174 sociedades en guaridas fiscales. Información que a su vez fue eliminada de la página oficial del SRI, este pasado 22 de mayo de 2018 como lo denunció el Observatorio de Economía y Trabajo.
Más lamentable aún es que hasta 2016, el Ecuador era el líder mundial en contra de estos corruptos mecanismos. El gobierno de Correa planteó una propuesta para la creación de un organismo internacional de NN.UU que proveería «reglas claras, democráticas y justas» para terminar con estos ‘paraísos’. Además se logró de manera democrática aprobar una Consulta Popular que prohíbe que funcionarios públicos tengan capitales en estos territorios.
Pero desde ese momento, ninguna de las figuras anticorrupción ha mencionado continuar esta lucha. Y ahora son estas elites las que promueven el discurso de la supuesta anticorrupción y a su vez conforman los grupos de ‘notables’ que dictaminan la ética nacional. Ese uno de los resultados del primer año de Moreno.
A su vez el actual presidente ha conformado su gabinete ministerial y de asesores con representantes de dichas élites económicas y cámaras de comercio para guiar este proceso.
Entre los que se encuentran el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa, presidenta ejecutiva del Consorcio Nobis; Carlos Andretta, director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, exdirector de asuntos corporativos de Cervecería Nacional; Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo, fue parte de la Cámara de Turismo de Guayas; Eva García, Ministra de Industria y Producción, pasó por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Organización Mundial de Comercio (OMC); y Carlos Pérez, Ministro de Hidrocarburos, fue parte de Halliburton. Pero la joya en la corona es el nuevo Ministro de Economía y Finanzas.
Martínez desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) representaba los intereses de las empresas más grandes del Ecuador (30% del PIB). Su postura desde este ente fue de corte neoliberal, abogando por menos impuestos, menos Estado y menos regulación; lo que él resume como «menos es más». Ahora dirigirá la política económica del Ecuador y tendrá los medios para hacerlo.
Para culminar un año con ‘broche de oro’ para las élites empresariales, el 24 de mayo se presentó el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
«Como sus padres ideológicos, la Ley Trole 3 modifica leyes que abordan Tributos, Alianzas Público-Privadas, Código Monetario, Seguridad Social de la Policía, Derechos Laborales, Finanzas Públicas, Contratos Petroleros, Empresas Públicas, Organización Territorial, Zonas Especiales de Desarrollo, Catastros Municipales, Deudas de la Banca Cerrada, la Ley de Reactivación, entre otros», explican economistas y analistas del Observatorio de la Dolarización.
El cuerpo legal, en aspectos tributarios, plantea la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, el no pago del impuesto a la renta por ocho a diez años para empresarios que inviertan en el país, la eliminación gradual, desde el 2019, del impuesto a la salida de divisas (ISD) y la exoneración del impuesto a la renta por tres años para las nuevas microempresas. Es decir, beneficios tributarios a los más ricos.
Es así que en un año de desgobierno y manipulación, el Ecuador vuelve a morfar en una sociedad donde no priman los derechos, sino los privilegios para aquellos que más tienen. Las políticas económicas y tributarias de Moreno y las élites económicas no marcharán por un sendero de equidad sino todo lo contrario: hacia un renovado laissez faire tributario.
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