El 12 de abril de 2014 el colectivo Yasunidos entregaba más de 750.000 firmas a favor de una Consulta Popular que pudiera revertir la decisión del Estado ecuatoriano de explotar el petróleo del bloque ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonía ecuatoriana. Fue una jornada de ilusión, en una marcha alegre, en […]
El 12 de abril de 2014 el colectivo Yasunidos entregaba más de 750.000 firmas a favor de una Consulta Popular que pudiera revertir la decisión del Estado ecuatoriano de explotar el petróleo del bloque ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonía ecuatoriana. Fue una jornada de ilusión, en una marcha alegre, en la que la celebración de la consulta parecía un hecho tras 6 meses de trabajo, al superar con un 6,5% el 5% de firmas del padrón electoral que exige la Constitución de 2008 para la celebración de un referéndum. Las encuestas que indicaban que más de un 72% de la población quería una consulta.
Los meses siguientes son ya conocidos: arbitrariedades por parte del Consejo Nacional Electoral, anulación sistemática de firmas, hostigamiento de activistas… la Consulta Popular por el Yasuní se desvaneció sin una aparente fuerte indignación de la sociedad ecuatoriana. Y sin embargo, en solo un año, parece que algo ha cambiado en la política del Ecuador.
Ante el fraude, Yasunidos dejaba de ser solamente una plataforma para proteger la biodiversidad o la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, pasaba a ser un grito para cuestionar los límites de la democracia, haciendo a la sociedad un llamado para que convoque «no a una consulta, sino a decenas, cientos de consultas populares, de debates y de acciones, que dibujen los nuevos caminos por los que deberá transitar el Ecuador; caminos que miren en los sueños y necesidades de todos y todas, porque estamos seguros que un país para todos, se construye entre todos».
A diferencia de ello el Estado se trató de blindar frente nuevas consultas con una reforma constitucional. Yasunidos ha supuesto la deslegitimación de la explotación petrolera del bloque ITT del Yasuní, más si cabe ante la actual bajada del precio del petróleo, pero ante todo ha mostrado las limitaciones de la participación que conceden los Estados capitalistas cuando se cuestionan sus bases.
El relevo para construir una democracia desde abajo lo han cogido territorios amenazados por grandes proyectos mineros. Mientras que el Municipio de Cotacachi ha planteado una consulta popular respecto a la incursión de la minería en Íntag, Pacto, una de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ha desarrollado una consulta relativa a la Megaminería precisamente el 12 de abril de 2015, un año después de la entrega de firmas por el Yasuní. El resultado ha sido abrumador, el 92,6% de la población ha votado en contra de la explotación minera en su territorio, con un porcentaje de participación relativo respecto a las últimas elecciones hace un año de cerca de un 65%.
Además, en el último año, la movilización social urbana ha regresado a las calles con una sucesión de marchas convocadas por las sindicales obreras y seguidas por una multitud de sectores que tuvo sus mayores hitos el 17 de septiembre y las protestas estudiantiles que se sucedieron, o la última, el 19 de marzo, la mayor marcha de los últimos años.
La esperanza de detener la explotación petrolera del Yasuní a través de una consulta popular no se materializó, pero Yasunidos contribuyó de forma muy importante a un cambio de subjetividad respecto a lo que la sociedad ecuatoriana demanda de su democracia. Al igual que otras explosiones de ilusión y agitación, sus efectos solo podrán vislumbrarse a medio plazo. Pacto representa la materialización de una democracia más directa y participativa, en las que el futuro pueda ser debatido y decidido de una forma cotidiana y continua, en la que se pueda decir no al modelo de despojo y negación de derechos del capitalismo.
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