La Asamblea Constituyente venezolana aprobó detener y enjuiciar a los diputados Julio Borges y Juan Requesens por estar vinculados al atentado terrorista contra el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que el canciller Jorge Arreaza y el Fiscal General Tarek William Saab, presentaron al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, pruebas y […]
La Asamblea Constituyente venezolana aprobó detener y enjuiciar a los diputados Julio Borges y Juan Requesens por estar vinculados al atentado terrorista contra el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que el canciller Jorge Arreaza y el Fiscal General Tarek William Saab, presentaron al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, pruebas y evidencias sobre el intento de magnicidio.
Pocos gobiernos de la región censuraron el intento de magnicidio, mientras la prensa hegemónica y cartelizada, trataba de invisibilizar el hecho y desacreditar las denuncias del gobierno venezolano. Incluso en Venezuela, la reacción fue tardía: ni los partidarios de Maduro ni la oposición se manifestó de inmediato en las calles.
El Fiscal hizo énfasis en el caso de Osman Delgado Tabosky, quien es señalado como financista del grupo terrorista, vive en el Estado de Florida y su extradición fue solicitada. Arreaza dijo que Story les expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del gobierno estadounidense de cooperar.
Al menos 19 personas están vinculadas directamente con el intento de magnicidio. Tres de los detenidos fueron presentados ante tribunales, dando inicio al proceso de judicialización ante el Juzgado 1° de Control con Competencia contra el Terrorismo. Ellos son Argenis Valero, Juan Carlos Monasterios y José Rivas, a quien también se le imputará el delito de financiamiento al terrorismo, ya que desde la empresa que preside se realizaron los pagos concernientes al hospedaje de los implicados.
Los terroristas apresados y a disposición de los tribunales implican a gobiernos, partidos políticos y conspiradores. Las autoridades han pedido al gobierno de Washington la extradición de Osman Delgado Tabosky, financista y «piloto» -desde Miami- de los drones cargados con C4, un explosivo plástico que los ejércitos usan en demoliciones de fortificaciones.
Se han iniciado también gestiones para extraditar a implicados que se refugian en Colombia, en cuyo territorio se preparó el atentado, con colaboración del ex presidente Juan Manuel Santos, quien quería despedirse del poder con un magnicidio, tras ser corresponsable, como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, de los «falsos positivos», campesinos asesinados y vestidos como guerrilleros para aparentar la derrota de los sublevados. Un excelente ejemplo de lo que debe ser un premio Nobel de la Paz.
Maduro señaló a los diputados Juan Requesens y Julio Borges -quien se reunió con el nuevo presidente colombiano Iván Duque en Bogotá- como responsables del atentado que sufrió el pasado sábado mientras participaba en un acto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la Plaza Bolívar de Caracas, basado en la declaración de uno de los principales responsables del intento de magnicidio, Juan Carlos Monasterio Vanegas, un sargento retirado de la Guardia Nacional.
Monasterio, quien estaba solicitado por la justicia venezolana por su vinculación con el asalto al Fuerte Pamaracay en 2017, habló en un vídeo difundido en transmisión presidencial de su papel en la ejecución del magnicidio contra Maduro y de sus viajes entre Venezuela y Colombia (dijo que logró pasar la frontera gracias a Resquesens, Borges y un oficial colombiano conocido como Mauricio Jiménes) para participar en la planificación del ataque ejecutado con aeronaves manejadas a distancias (drones).
Maduro también acusó al coronel (r) Oswaldo Valentín García Palomo de estar vinculado en actos terroristas contra el Estado venezolano, traición a la patria e instigación a la rebelión. «Es el jefe de los asesinos que intenta captar a los militares para unirse a su plan de asesinatos», dijo. Informó que pidieron la extradición de Osman Alexis Delgado Tabosky, jefe político y financiero del intento de magnicidio y de los explosivistas Gregorio José Yaguas Monje y Yilber Alberto Escalona Torrealba.
Mientras, el Abogado Ramsés Reyes, Secretario General de Corriente Revolucionaria Venezolana (CRV), acusó al teniente Alejandro Andrade, extesorero nacional; el General Hebert Plaza (exministro de Alimentación); el capitán Rafael Isea (exministro de la Secretaria de la Presidencia y Gobernador de Aragua; el capitán Adrián Velázquez (exedecán presidencial) y a la Capitana Claudia Díaz, ex Tesorera Nacional, como los principales financistas del fallido atentado.
Son todos militares, preparados y formados en el arte de la guerra, varios de ellos vinculados a iglesias evangélicas, hoy multimillonarios producto del robo y saqueo en la tesorería nacional, ministerios, gobernaciones y los organismos de control de cambio a través de Bancplus, un a institución financiera venezolana de capital privado.
Estos exfuncionarios mantienen relaciones con militares activos y retirados, además de estar vinculados con empresarios bancarios y de seguros que hicieron fortuna de manera fortuita cuando estos prófugos ejercían cargos de poder en el sector de la economía del Gobierno, añade.
Los dólares extraídos del erario público se legitimaron en el sistema financiero internacional (Estados Unidos, Panamá , Andorra , España y la República Dominicana) en cuentas de hombres de negocios venezolanos, una investigación que la Fiscalía Nacional de entonces engavetó, a cambio de sobornos.
Del constituyente Julio Escalona señaló que la oposición violenta pagó sicarios para asesinar a varios campesinos y nacional-mundialmente aceleró los preparativos para asesinar al presidente Maduro. De haber tenido éxito, hubiesen descabezado a la dirección político-militar del país, que se encontraba concentrada, en un espacio abierto, en la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional.
Sobre la participación de Estados Unidos, nada apunta directamente al gobierno central, pero si a los operadores y financistas de los opositores violentos venezolanos (entre ellos Julio Borges y maría Corina Machado), como el senador Marco Rubio. Quizá la corroboración de todo esto sea la confesión del mitómano peruano residenciado en Miami, Jaime Bayly, de haber participado en un «party» donde se preanunció el atentado.
En sí, el intento de magnicidio fue muy bien preparado desde el momento que se desplazó a la Guardia del Fuente Tiuna hacia la céntrica y ancha avenida Bolívar, rodeada de altos edificios, que permitían un breve tiempo de vuelo de los drones. Los terroristas no previeron los inhibidores de señales de celulares del anillo de seguridad presidencial, detalle que no se le hubiera escapado a planificadores de la comunidad de inteligencia de EEUU.
Algunos analistas señalan que el apoyo de sectores (fuertes, influyentes) estadounidenses -fuera del establishment- hace que estos grupos apuesten a la recompensa que les pueda tocar en una eventual futura economía venezolana. Si el establishment estuviera involucrado (como sí lo estuvo en el golpe contra Hugo Chávez en 2002), les tocaría apenas un premio consuelo… o apurarían un pacto entre gobiernos.
Ya la agencia financiera Bloomberg hablaba de un acuerdo del gobierno venezolano con la ConocoPhillips (un arbitraje de 2.000′ millones de dólares) que será anunciado en los próximos días por el presidente de Pdvsa, el general Manuel Quevedo. Todavía nadie habló del regreso de la Exxon al país. Si llegas a arreglos con los dueños del circo ¿qué le queda a los payasos…? pregunta Andrés Pierantoni.
El magnicidio frustrado comienza a tener consecuencias no jurídicas, como una gran afectación sicológica de los opositores extremistas, que les ha profundizado el odio y las ganas de ver sangre, y los hace más peligrosos de lo que ya eran, analiza Néstor Francia. Pero hay otros radicalismos que ya se están viendo potenciados, como las tendencias sectarias y dogmáticas del chavismo, que siguen ahí, tienen poder y se aprovechan del magnicidio frustrado para cerrar filas y empezar a fortalecer su espíritu de secta, añade
El fracaso del acto terrorista termina generando el «efecto vacuna»: un veneno, inyectado en cantidad no mortal, inmuniza la víctima. Muchos de los dirigentes opositores, más dados al discurso que a la acción han sido puntales, con sus derrotas, de este gobierno.
En nombre de la ¿democracia?
La derecha venezolana tratar de imponer la matriz del autoatentado, y de obligar al gobierno a mostrar nombres y señas de los detenidos y otras evidencias, y de convertir esto en un asunto de su palabra contra la de sus enemigos.
Mientras, desde sectores maduristas se trata de censurar a los críticos del proceso, instándolos a cerrar filas ante los peligros, quizá olvidando lo que Hugo Chávez sostenía (el 4 de enero de 2004 ante los movimientos de pobladores): «Hagamos la crítica nosotros mismos pero sin ningún complejo de que le hará daño al proceso. No, no le hace daño, le hace bien, siempre que se haga con lealtad a los procesos y a los principios, siendo la ética la que prevalezca».
Laiguiana.tv hace un recuento largo desde 2002 a la fecha, que retrata a un sector político que o bien propugna la violencia y las rutas inconstitucionales o mira para otro lado cuando los grupos extremistas los están poniendo en marcha. En 2002 fue el golpe de Estado casi clásico, el reality show de Plaza Altamira y el paro-sabotaje petrolero y empresarial, en 2004 comenzaron las guarimbas y se jugó una carta paramilitar.
Entre 2005 y 2012 hubo un interregno «pacífico» con boicot a las elecciones parlamentarias; en 2013, la descarga mortal tras la derrota de Henrique Capriles ante Maduro, con saldo de muertos y heridos; en 2014 comenzaron las guarimbas II con mayor número de víctimas, en 2015 hubo otro paréntesis de paz, con triunfo opositor en elecciones parlamentarias, guerra económica interna y comnienzo del bloqueo externo.
En 2017 se recargaron las guarimbas, con jóvenes y adolescentes utilizados como carne de cañón, intimidación con violencia contra la elección de la Asamblea Constituyente, y en 2018 el b loqueo económico, boicot del diálogo e intento de magnicidio. Todo parece indicar que estamos ante un nuevo récord de la oposición en cuanto a la profundidad de la transgresión cometida y de los niveles de violencia que ella podría causar, señaló laiguana.tv
Terrorismo mediático
No puede resultar sorprendente el silencio de los medios de comunicación hegemónicos sobre el atentado terrorista en Caracas: la desinformación, la invisibilización, las fake news o la mentira continua, es su razón de ser, La misma desinformación, la tergiversación, la inculcación de dudas, los comentarios sobre la inexistencia misma del atentado, llevan a la imposición de imaginarios colectivos que poco tienen que ver con la realidad.
Diarios, blogs, redes sociales, televisoras, todos cartelizados para imponer el terror mediático. ¿Ejemplo? CNN en español interrumpió el 7 de agosto la transmisión del discurso de Maduro cuando éste comenzó a mostrar videos, grabaciones telefónicas, fotos, confesiones, nombres de los detenidos y prófugos.
El periodista peruano-miamero Jaime Bayly , confesó que hubo una reunión en EEUU para planificar el atentado contra Maduro , que se hizo días antes del atentado fallido y el periodista asistió. «Mis fuentes me invitaron y fui, y me dijeron el ‘sábado vamos a matar a Maduro’. Yo le dije ‘hágale'», se vanaglorió Bayly el lunes 6 durante su programa de televisión, cuando, además, ofreció comprar un dron más para el atentado,
Los diarios hegemónicos de la región, que derrochan desde hace casi dos décadas espacios para atacar a Venezuela, apenas dieron la noticia de un acto terrorista que intentó acabar de una vez con autoridades civiles y militares que ocupaban la tarima, hablando de un «presunto atentado», a pesar de las pruebas, los videos, las grabaciones.
El bloqueo impuesto ahora a la difusión de noticias derivadas de la investigación del terrorismo es un atentado al derecho de los pueblos a la información pero a la vez constituye una afrenta al periodismo y su código de ética que rechaza toda forma de censura y defiende el derecho a informar y ser informado, señala el veterano periodista chileno Manuel Cabieses.
«El silencio en este caso es complicidad con el terrorismo. Tiene que quedar claro quiénes imponen esta censura», añade.
Álvaro Verzi Rangel: Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.