Más allá del respaldo de la prensa tradicional y de los grandes grupos empresariales y de la buena imagen que le concede una encuestadora alineada con sus propuestas, el gobierno de Guillermo Lasso inicia con una cierta debilidad política.
Una cierta debilidad por su origen: Lasso accedió a la segunda vuelta con menos de 20% de los votos en el primer turno, y con una mínima ventaja sobre Yaku Pérez, candidato de Pachakutik (aún si dejamos de lado la negativa a contar los votos, concertada entre CREO (Creando Oportunidades), el partido político fundado por Lasso para las elecciones de 2013-, Partido Social Cristiano (PSC), había sido hasta ahora el partido hegemónico de la derecha y el correísmo); más del 60% de su votación en el ballotage provino de personas para las cuales no fue esa su primera opción: no se trató de un respaldo a sus propuestas, sino de un rechazo a la candidatura del correísmo, de manera que no puede darse por sentado que sus votantes vayan a apoyar cualquier medida que Lasso adopte desde el gobierno.
También una cierta debilidad parlamentaria. El bloque legislativo de su partido CREO llega apenas a 12 asambleístas sobre 137. Para superar esa dificultad, estableció primero una alianza sorpresiva que incluía al PSC y a la Unión por la Esperanza (UNES), el nombre que adoptó la alianza correísta para estas elecciones de 2021, la cara actual del correísmo. Pero el gobierno rompió el acuerdo el mismo día en que se instalaba la Asamblea para armar otra alianza, esta vez con los denominados “independientes”, con Pachakutik y con la Izquierda Democrática una alianza que, con los votos justos logró hacerse con la conducción de la Asamblea Nacional luego de que el primer día ninguna fuerza lograra la mayoría de votos. El episodio sirve también para mostrar que el gobierno tomó la iniciativa política y que parece dispuesto a disputar la hegemonía de la derecha al Partido Socialcristiano, que la detentaba desde el “retorno a la democracia” en 1979, una disputa que habrá que ver cómo se resuelve.
Gracias al poder de atracción clientelar que tienen los gobiernos (y más en un escenario de fragmentación política como el que vivimos), Lasso cooptó primero a los legisladores de pequeños partidos locales y después a los desafiliados de otras tiendas políticas, constituyendo con todos ellos la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), a donde se han ido integrando en este último mes 4 ex socialcristianos, 2 ex Izquierda Democrática (ID), de tendencia socialdemócrata y un ex Pachakutik. Con 26 legisladores es actualmente el segundo bloque más numeroso, pero sigue muy lejos de la mayoría, aunque puede pensarse que las desafiliaciones seguramente no han terminado y pueden continuar a lo largo del período.
El acuerdo con el que se nominó a las autoridades de la Asamblea es también precario: la Izquierda Democrática cuenta ahora con 16 legisladores y Pachakutik con 26; pero, como junta apenas el número casi justo para lograr mayoría, cada votación puede ponerlo al borde de una derrota. Cuando se trate de aprobar leyes que le interesen, el gobierno deberá recurrir a otros bloques, y siempre será una duda si los consigue o no, con quiénes y a qué costo. Por de pronto, esta alianza se ha mantenido, pese a algunos traspiés, como la pérdida de la presidencia de la estratégica comisión de régimen económico, que recayó en una asambleísta de Pachakutik, en acuerdo con el PSC y con UNES. Pero la verdadera prueba de su estabilidad vendrá con los proyectos de ley que realmente interesan al programa neoliberal del gobierno, que aún no se han enviado al poder legislativo.
La política económica
La política económica de Lasso no ofrece novedades. Se basa en la aplicación de la carta de intención que el gobierno de Moreno (2017-2021) firmó con el FMI y cuya aplicación -si bien parcial- fue el detonante de las masivas protestas de octubre de 2019.
Esto incluye mantener el mecanismo de incrementos mensuales de los precios de las gasolinas, introducido por el régimen aprovechando la coyuntura creada por la pandemia. Una anunciada reforma laboral pretende extender la precarización del trabajo ya iniciada con la hipócritamente denominada “Ley de ayuda humanitaria” aprobada por Moreno: ampliar los contratos por tiempo parcial, facilitar las contrataciones eventuales y abaratar los despidos, lo que rebajará en general el costo de la fuerza de trabajo.
Se propone acentuar la apertura comercial, comenzando con un acuerdo con México como puerta de entrada a la Alianza del Pacífico, y teniendo en agenda acuerdos con Estados Unidos, China y Corea del Sur entre otros.
Las privatizaciones, con las que el nuevo gobierno tiene la esperanza de atraer inversión extranjera, están también en los primeros lugares de la lista: las refinerías, un puerto para la distribución de combustibles, las carreteras, la telefónica estatal (una de las empresas ecuatorianas con más ventas anuales), el segundo banco más grande del país, actualmente en manos públicas, y probablemente las hidroeléctricas.
Si las privatizaciones pueden lograr recursos inicialmente, a mediano plazo traerá una merma significativa, al deshacerse de empresas que tienen una alta rentabilidad. De manera que el gobierno requerirá fuentes de financiamiento; quizás la anunciada reforma tributaria provea algo, dependiendo de cuánto incremente el censo de contribuyentes: se habla de un aumento del IVA, y ya el ministro de finanzas ha dicho que quienes ganen más de 500 dólares mensuales tendrán que hacer un mayor esfuerzo, en un país en que el salario mínimo está en 400 dólares y el costo de la canasta básica supera los 700 dólares por mes. Se espera que mayores montos provengan de una agresiva profundización del extractivismo petrolero y minero y de nueva deuda externa, acentuando el carácter dependiente de la economía ecuatoriana.
Con una política económica de estas características, la conflictividad social puede saltar en cualquier momento. Para prevenirla, el gobierno apunta en tres direcciones: una renegociación con el FMI (que ya se ha dicho que no modificará las medidas, sino solamente el ritmo de su implementación, con el objetivo de diferir las previsibles protestas sociales), las políticas sociales y la “gobernabilidad”.
Las políticas sociales
Con las políticas sociales, el gobierno espera contrarrestar el descontento social. La ministra de Inclusión Social ha anunciado la creación del “Bono Prospera”, por de pronto junto a los que mantenía el anterior gobierno, que llegan a 1.400.000 familias, pero para los cuales sólo habría financiamiento hasta octubre. El nuevo bono atendería a 400.000 familias, pero aún no se anunciado ni su monto ni su funcionamiento.
Ha ofrecido también entregar gratuitamente 200.000 viviendas en el campo e “impulsar la construcción” de otras 500.000 en áreas urbanas; esto significaría construir 175.000 viviendas anuales, con la idea de armonizar “rentabilidad y solidaridad social”. En la misma línea, Lasso pidió públicamente a la banca que emprendan una línea de microcréditos al 1% Asobancos (Asociación de Bancos del Ecuador) de interés y a mayores plazos. Las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones de finanzas populares señalaron estar dispuestas a hacerlo, pero aún se espera una respuesta de la banca, que ha guardado prudente silencio. No obstante, un ex director ejecutivo de se sumó a la idea, señalando que únicamente se necesitaba que el ministro de finanzas se reúna con los dueños de los bancos. Por de pronto, la ministra de Agricultura ha reiterado que los pequeños productores del campo recibirán créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, y el propio Lasso afirmó que se destinarán “al menos 1.000 millones de dólares” para el efecto.
Quizás la medida de política social más mediática haya sido el ofrecimiento de vacunar a 9 millones de personas durante los primeros 100 días de gobierno. Según datos oficiales,2.700.000 personas habría recibido ya al menos una dosis, y la ministra de Salud ha anunciado que se espera recibir 6 millones de dosis de la nueva vacuna china CanSino. Mientras tanto, la situación de los hospitales sigue siendo dramática, sin contar con insumos ni medicinas ni para atender a los enfermos de Covid ni para atender a los demás pacientes.
En cuanto a los salarios, el ministro de Trabajo aseguró que se cumplirá la oferta de la campaña electoral de incrementar el salario mínimo a 500 dólares mensuales, pero aclaró que esto se lo irá haciendo paulatinamente durante los 4 años de gobierno.
Habrá que esperar todavía para ver cuáles de estas políticas terminan cumpliéndose, pero es claro que dependen de los dineros que el gobierno alcance a movilizar y del impacto social de las políticas económicas. Como ya se observó en el gobierno de Moreno, las políticas económicas neoliberales pueden liquidar las pretensiones de política social por los efectos desastrosos que tienen sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población. Pero, por otra parte, es evidente, que dependerán también de otro factor: la existencia de acuerdos políticos entre los grupos de poder económico, que se han mostrado por lo general muy reacios a cualquier medida levemente redistributiva. Este aspecto tendrá mucho peso sobre todo en las ofertas de relativas al microcrédito y al incremento salarial.
La “gobernabilidad” y las Fuerzas Armadas
La relativa debilidad con la que el gobierno inició su mandato pone en primer plano las preocupaciones en torno a la “gobernabilidad” y a la legitimidad social. El gobierno ha puesto en circulación un discurso que pretende hacerle ganar la aceptación de una mayoría de la población, aprovechando la enorme sintonía que ha logrado entre las clases dominantes y en vastos sectores medios, así como el espíritu de expectativa que suele reinar en la población durante los primeros meses.
Por un lado, busca legitimarsedentro del ambiente anticorreísta que le permitió triunfar en la segunda vuelta: decretó un “código de ética” como supuesto remedio a la corrupción, pero que parece destinado sobre todo a guardar los “secretos de Estado”; anunció que venderá los medios de comunicación públicos que estaban en poder del Estado desde la crisis bancaria de 1999-2000, y aseguró que abandona el control sobre los medios de comunicación, que en adelante se “autoregularán”, y que ya no se recurrirá a cadenas nacionales.
Pero, por otro lado, hace gala de un discurso de derechos e la inclusión, prometiendo terminar con la violencia de género: “La lucha por la igualdad de género no es un problema solo de las mujeres. Es un problema nacional. Un problema ecuatoriano que debe ser abordado por el Gobierno”, dijo Lasso en su discurso posesión el 24 de mayo. Antes ya había prometido acatar la resolución de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en embarazos causados por violación, y la nueva secretaria de derechos humanos anunció la creación de una subsecretaría para atender a la población LGBTIQ+, especialmente en salud, educación y servicios judiciales, y centros de atención 24/7 para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia de género. Se comprometen, dijo, a “erradicar todas las formas de discriminación y violencia”.
También al ecologismo se destinaron guiños: Lasso anunció que se cambiará el nombre del ministerio de Ambiente y Agua, que pasará a llamarse Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. “La transición ecológica no es un impedimento al desarrollo”, dijo, sino “transitar hacia formas de producción circulares, inagotables e inclusive regeneradoras, es crecer con industrias limpias conectadas a las nuevas tecnologías”.El “capitalismo verde” comienza a abrirse paso, y seguramente chocará con las resistencias al extractivismo.
El mismo objetivo persiguen los anuncios sobre la vacunación, la vivienda y el microcrédito, ya mencionados. El primero tiene por blanco a la población en general, hastiada del pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno de Moreno. El segundo se dirige a un gran segmento de las clases subalternas, compuesto por pequeños propietarios, en general expoliados por los grandes capitales, y ahora sometidos al riesgo de la desaparición por la pandemia.
El énfasis en el campo seguramente está dictado por el alto nivel de conflictividad que se manifestó abiertamente en octubre de 2019. Se complementa con la creación de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, cuya dirección fue encargada a Luis Pachala, un indígena que ya fue asambleísta de la provincia de Bolívar por el movimiento CREO en el período 2017-2021, pero que no logró reelegirse en estos últimos comicios. No es un novato en estas lides: en 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, fundó Fedepicne, una organización que buscaba “romper el monopolio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- y Pachakutik”. Tendrá rango de ministro. Mientras tanto, sectores afines al Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), le entregaron a Lasso el bastón de mando, en una ceremonia realizada en Colta, provincia de Chimborazo, acto que se repitió casi enseguida en Tamboloma, provincia de Tungurahua.
La nueva reforma laboral apunta a generar condiciones para “normalizar” la sobreexplotación del trabajo, pero también a fragmentar a la clase trabajadora y a azuzar las diferencias entre quienes trabajo y el sector más precarizado. Como “nada es más precario que no tener trabajo”, ofertar trabajos precarios puede parecer aceptable para quienes se encuentran desempleados o subempleados, y seguramente sintonizará con la mentalidad de sectores medios que se han adherido al discurso neoliberal.
Las conversaciones con los transportistas son parte importante de la misma estrategia, especialmente luego de los acontecimientos de 2019. En las primeras negociaciones, los transportistas han dejado saber que están dispuestos a aceptar que continúe subiendo mensualmente la gasolina a cambio de que el subsidio se focalice y se incrementen los pasajes.
Con todo eso se busca la desactivación preventiva de protestas sociales y generar condiciones para dividir al posible bloque popular de lucha contra las políticas fondomonetaristas.
Pero, en caso de que no resulte así, ya está preparándose la represión. Lasso ha anunciado que fortalecerá a las Fuerzas Armadas para que actúen en el control interno, con el pretexto de la presencia de mafias del microtráfico de drogas. Y durante la ceremonia de cambio del alto mando militar lo enunció de modo inequívoco: “No habrá tolerancia para grupos que actúen fuera del marco institucional y pretendan con anarquía desestabilizar al país. Nos la jugamos por la paz social y la tranquilidad ciudadana”. Calificó como “desempeño heroico” a la salvaje represión desatada en esos días, que dejó una decena de muertos, más de mil heridos, más de mil detenidos y varios juicios penales en contra de manifestantes y dirigentes sociales.
¿Y la izquierda?
En estos andares, la izquierda no ha tenido aún un buen pie. El conflicto por la representación política del pueblo quedó evidenciado en las elecciones de febrero y abril. El correísmo ya no puede seguir presumiendo de ser el exclusivo representante de los sectores populares, y ha venido perdiendo votación desde 2013 hasta ahora. Además, su conducta en estas semanas dista de la imagen que quiere dar de sí mismo: contando con la bancada legislativa más numerosa (sin embargo distante de garantizar la mayoría por sí solo, como se acostumbró a hacerlo durante los 10 años de correísmo), optó por aliarse con la derecha para captar puestos directivos en la Asamblea Nacional, pero la alianza fracasó porque CREO se desembarcó antes de zarpar. Hasta ahora, las bancadas de UNES y del PSC continúan actuando en acuerdo; habrá que ver si lo hacen cuando la labor legislativa tenga que abordar temas centrales de la política. Hacia adelante, el correísmo pretende presentarse como la única oposición a las medidas neoliberales que tomará el nuevo gobierno y, a partir de allí, recuperar posiciones políticas. Pero sabe que, para hacerlo, deberá deshacerse de Pachakutik y de los movimientos sociales, sobre todo de la CONAIE y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); eso explica la andanada de ataques que ha dirigido contra ellos.
Pero un segmento muy significado de las clases subalternas dejaron ver que están en busca de una nueva representación política, y esa búsqueda se encontraron con Pachakutik, pero Pachakutik no parece haber estado suficientemente preparado para responder a ese movimiento. Inició estableciendo un acuerdo con la ID, pero no parece haber tenido una estrategia de acción y alianzas muy definida, presionado por intereses locales y particulares. Finalmente, junto con la ID, se decantaron por establecer un acuerdo con CREO y su satélite del BAN (Bancada del Acuerdo Nacional (el bloque legislativo que responde a los intereses del gobierno de Lasso). Lograron un paso simbólico significativo: la presidencia de la Asamblea para Guadalupe Llori, mujer amazónica perseguida desde el inicio del correísmo; pero Llori y otros asambleístas se dejaron llevar en varios momentos por el discurso de la “gobernabilidad”. Es pronto para sacar conclusiones, porque hasta ahora lo que se ha discutido es la directiva de la Asamblea y la conformación de las comisiones legislativas. En todo caso, la prueba le vendrá a Pachakutik con las propuestas de ley que enviará Lasso para viabilizar la implementación de su propuesta neoliberal.
Mientras tanto, las organizaciones sociales parecen en un compás de espera. La CONAIE organizó un par de movilizaciones en las provincias de Imbabura y Cotopaxi, que, aunque no reunieron un número muy alto de participantes, resultaron importantes para establecer su predisposición a movilizarse. La misma suerte corrieron las acciones emprendidas por el FUT. Por lo demás, la CONAIE está próxima a la realización de su congreso, en el cual deberá renovarse su Consejo de Gobierno.
En estas condiciones, las tareas que están por delante siguen girando alrededor del fortalecimiento de las organizaciones sociales, de la búsqueda de espacios concretos de unidad entre las principales organizaciones del movimiento popular y entre ellas y las representaciones políticas, y del mantenimiento del contacto entre las organizaciones sociales y políticas con ese importante segmento del pueblo que busca nuevas formas de representación, más allá del correísmo y de las derechas. Por eso se vuelve urgente dar pasos formes en la construcción de un espacio político y programático que no se detenga en la polarización entre populismo y neoliberalismo.
Es un escenario abierto, y quizás no sea el mejor de todos, pero nada está decidido y todo dependerá de lo que se haga en adelante.
* Sociólogo, activista del movimiento urbano popular.