La designación del abogado Fernando Arboleda como embajador del gobierno colombiano en Ecuador, que concretará la reanudación de las relaciones diplomáticas bilaterales interrumpidas en marzo de 2008, fue bien recibida en este país, mientras se espera el nombre del representante en Bogotá.
«Aunque no lo conozco personalmente, por sus antecedentes se ve que es una persona destacada en el ámbito judicial y académico. Eso es bueno, porque Colombia acostumbraba a nombrar como embajadores ante Quito a empresarios que venían a hacer negocios, y ahora se requiere de gran tino diplomático», comentó a IPS José Ayala Lasso, canciller ecuatoriano entre 1977 y 1979.
Arboleda es un abogado penalista bogotano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y cercano al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues participó en su campaña electoral.
Su nombramiento, anunciado el miércoles, viene a reestablecer plenamente las relaciones diplomáticas bilaterales rotas hace dos años y ocho meses, tras el ataque del 1 de marzo de 2008 del ejército colombiano a una base clandestina de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
Fernando Ribadeneira, ex embajador de Ecuador en Colombia (1999-2003), se preguntó «si el nombramiento de un abogado penalista no tendrá algo que ver con los procesos penales incoados ante la justicia ecuatoriana contra altas autoridades colombianas» por el ataque contra las FARC, entre ellas el propio presidente Santos.
En conversación con IPS, Ribadeneira se mostró sorprendido porque «no se hizo un anuncio simultáneo de los nuevos embajadores de ambos países, como se acostumbra en una diplomacia profesional». Para el ex canciller Ayala, quien fue el primer Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 1994 y 1997, la reanudación de las relaciones es «una muy buena noticia».
El presidente Santos está mostrando «un espíritu muy diferente que el señor Uribe, tan intemperante», dijo, refiriéndose al ex mandatario colombiano entre 2002 y marzo de este año, Álvaro Uribe.
El proceso se dificultó también, según Ayala, por el «carácter tan difícil de nuestro presidente (en referencia a Rafael Correa), que guardaba un rencor profundo, casi imposible de superar».
Aunque Ecuador aún no hace público el nombre de su embajador, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, afirmó en entrevista con el diario colombiano El Espectador que «antes del 24 de diciembre los embajadores deben estar en sus sedes, festejando la Navidad».
Ese fue, precisó, el compromiso adoptado el 26 de noviembre por Correa y Santos durante la cumbre de jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) celebrada en Georgetown.
En el ataque militar colombiano al campamento de las FARC, a un kilómetro y medio de la frontera y realizado sin previo aviso a Quito, murieron el miembro de la dirección de la guerrilla, «Raúl Reyes», y otras 24 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro mexicanos.
Patiño dijo a El Espectador que se trató de un ataque muy duro, que dejó a su país «muy adolorido y golpeado», por lo que la recuperación paulatina de la confianza fue «lo más difícil» de superar. Ecuador considera el ataque como una violación a su soberanía, lo que fue ratificado en una declaración por la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que el ex presidente Uribe defendió su «derecho a perseguir a los terroristas» en cualquier lugar.
«Esto implicaba que desde Colombia se fueran produciendo claros mensajes en el sentido de que nunca más podría volver a pasar algo como lo que sucedió», dijo el canciller Patiño. En este camino, apuntó, hubo una petición de disculpas a su gobierno y la entrega de información sobre el ataque, además de los equipos informáticos decomisados tras el bombardeo.
Era un «requisito indispensable para resolver una serie de sospechas e inquietudes que había por la posible vinculación de otro país en el bombardeo. Afortunadamente, todo fue lográndose en el camino», aclaró, respondiendo las sospechas de que Estados Unidos podía haber suministrado información satelital y de inteligencia sobre la localización del campamento.
A inicios de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, declaró admisible una denuncia «interestatal» interpuesta por el Estado ecuatoriano contra Colombia por la violación del derecho a la vida de Aisalla.
Quito sostiene que Aisalla fue capturado vivo y luego ajusticiado por las Fuerzas Armadas colombianas en el mismo campamento. Bogotá, que intentó desconocer la competencia de la CIDH, plantea, en cambio, que la muerte se produjo en el ataque.
La decisión del organismo de continuar el proceso en el sistema interamericano no interfirió en los esfuerzos de normalización de las relaciones, proceso complejo durante el gobierno de Uribe, pero que se aceleró con la toma de posesión del presidente Santos el 7 de agosto. Ese mismo día, Santos entregó a Correa en Bogotá copia de los discos duros de las computadoras de Reyes.
El 18 de noviembre se reunieron el canciller Patiño y su par colombiana, María Ángela Holguín, para avanzar en la entrega de información.
En este camino han intervenido el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), la OEA, a cargo del chileno José Miguel Insulza, y la propia Unasur.
Además, funcionó la «democracia paralela», con un intercambio constante entre organizaciones sociales, gobiernos locales y académicos que ayudaron al acercamiento entre las poblaciones fronterizas y las capitales de ambos países, recordó a IPS Wilma Andrade, ex concejala de Quito, que participó en estos encuentros bilaterales.
«Ojalá de parte del Ecuador se nombre a un diplomático de carrera y el doctor Arboleda venga con asesores diplomáticos de primer nivel, pues las relaciones con Colombia son muy importantes en las áreas de comercio, seguridad, integración fronteriza y en el tema de los refugiados, en el que felizmente hay algún avance», dijo Ribadeneira.
En efecto, Holguín anunció la disposición de Colombia de corresponsabilizarse del tema de los desplazados en Ecuador, que se calcula ascienden a 300.000 personas, de las cuales 52.000 tienen estatus de refugiados, aunque el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) considera que otras 130.000 personas merecen ser calificadas como tales.
Muchos de estos desplazados se han integrado a la vida de las ciudades del norte de Ecuador, pero otros deben ser socorridos con alimentos, ropa y dinero, lo que es posible por un esfuerzo conjunto del Estado ecuatoriano, Acnur y organizaciones de la sociedad civil.