En Ecuador, una vez más, se acusa a un grupo de jóvenes de terrorismo y otros delitos. Se trata de militantes del Movimiento Guevarista.
La historia reciente obliga considerar los casos de los 10 de Luluncoto, detenidos durante el gobierno de Correa en 2012 por apoyar la marcha indígena en defensa del agua; en ese mismo gobierno, la generación de cargos contra más de 200 luchadores populares de distintas procedencias organizativas e ideológicas.
En el gobierno de Lenin Moreno, la pretensión de continuidad de esos juicios y las acusaciones legales, incluyendo de terrorismo y secuestro, contra los que dirigieron y participaron en el levantamiento indígena y popular de 2019.
En este gobierno, el del banquero Guillermo Lasso, vivimos su accionar para seguir usando los medios de comunicación contra específicos dirigentes y organizaciones, sus intentos continuados para que se anule la amnistía a quienes habían sido acusados políticamente en los últimos años por el hecho de luchar en favor de los derechos.
Si este es el pasado de una línea de continuidad en la que siempre se usó la sombra de las guerrillas colombianas, el contexto también debe ser considerado. La acusación, ingreso violento a viviendas durante la madrugada del 19 de mayo, en tres provincias y “prisión preventiva” se produce en momentos en los cuales el gobierno y el conjunto de la institucionalidad tiene la más baja aceptación social que se recuerde en mucho tiempo.
Una de las causas es la crisis económica, pero también la violencia criminal que les ha permitido un control pleno de las cárceles, territorios y barrios urbanos. Ni medidas de emergencia ni la participación conjunta de militares y policías ha permitido frenar el avance y capacidad del narcotráfico y sus estructuras armadas. El gobierno necesita de pruebas de su “contundencia”, pero no contra la delincuencia.
Por otra parte, hay una disputa clara por quien controla la Asamblea Legislativa, la Corte Nacional de Justicia y otros organismos de poder. La presión sobre el aparato judicial ha crecido para lograr, en especial, un ángulo de acuerdo de las fuerzas más reaccionarias que verán felices la prisión de luchadores y luchadoras. En ello sí se pueden unificar a pesar de la presencia de visibles contradicciones interburguesas.
Se explica esta unidad ante un enemigo común: el pueblo y sus organizaciones. Cuando se da el arresto del grupo de guevaristas, el gobierno debía enfrentar acciones del magisterio encabezado por la Unión Nacional de Educadores (UNE), incluida una huelga de hambre llevada en Quito y Guayaquil, que terminaría dos días después en una nueva victoria en la Corte Constitucional en favor de la educación pública y los derechos de maestros y maestras;.
Desde el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, se anuncian acciones indefinidas de oposición a las medidas antipopulares, en coincidencia con el movimiento obrero y sindical opuesto a la continuidad agravada de las políticas neoliberales. En este escenario es fácil comprender que necesitan amedrentar antes de las nuevas protestas, en el marco también de otras acciones de represión como fue el ataque a la marcha de las organizaciones de mujeres el 8 de marzo o las amenazas a dirigentes sociales opuestos a la destrucción minera.
El arresto de los militantes guevaristas
El Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) realiza sus actividades desde hace ya varios años. Lo ha hecho de manera pública, se conoce a sus dirigentes que viven y trabajan como cualquier otro ciudadano y mantienen una política anticapitalista sin que se conozca ninguna acción de terrorismo, lo cual es negado por sus medios.
“Nuestra lucha siempre ha sido transparente, visible y en muchas ocasiones mediáticas, razón por la cual no aceptamos la manera en la que se ha llevado a cabo la detención de nuestros compañeros, ya que no se ha seguido el debido proceso”, señalan en su reacción a las detenciones.
Varias organizaciones de derechos humanos han insistido que lo que se conoce de las ocho personas detenidas es su trabajo junto a barrios y comunidades, sin ningún ocultamiento y que se refiere a procesos de educación, defensa de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. De hecho, esa noche hubo estos y otros allanamientos, Incluyendo la vivienda de una joven integrante de la agrupación Yasunidos, reconocida por su defensa de los derechos de la naturaleza.
En las redes sociales circula un video de una de las detenidas, Gabriela Gallardo, “madre guevarista, pero no terrorista”, en el que se observa su trabajo con niños del barrio San Roque de Quito. El vocero de la organización, Ernesto Flores, es sicólogo y docente universitario que trabaja en defensa de derechos humanos. Y así se difunde la vida de cada uno, haciendo difícil creer las acusaciones.
Desde las instancias de Derechos Humanos se alerta también sobre la violación en los procedimientos obligatorios para un allanamiento, una detención y el derecho a la defensa. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) emitió un comunicado en el que afirma que la detención de Ernesto Flores, corresponde a una persecusión política y cuestiona que se tache este grupo como un movimiento terrorista.
Luis Ángel Saavedra de INREDH, señaló además que parece un golpe publicitario en momento que visitaba al país la primera dama de Estado Unidos. “Hemos revisado el expediente y no hay elementos para sostener el discurso oficial que está circulando en los medios de comunicación”.
Suena a repetición lo que se señala que son las evidencias, entre las que habría una vieja escopeta de cartuchos, una pistola, libros, camisetas, material de propaganda en la que no se llama al terrorismo. Una vez más, se quiere involucrarlos con la guerrilla colombiana, en una nota de prensa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en otras con la Segunda Marquetalia. Pero nada que haga creíble las acusaciones.
Lo nuevo, que realmente suena a un falso positivo, es que suman la acusación de trata de personas. Suena poco creíble que, según se dice, ofrecían becas en Argentina, pero los llevaban a Colombia a prepararse para guerrilleros y que regresarían a los seis meses ya a realizar ataques en Ecuador. ¿Una persona que es llevada a la fuerza regresa como militante guerrillero convencido? Parece difícil creerlo.
El arresto de Ernesto Flores, Gabriela Gallardo, Omar Campoverde, Carlos Caraguachi, Slverio Colcha, Nelly Yacelga, Juan Bustamante y Alexis Moscoso, a partir de la historia, el contexto y las condiciones de detención, hablan más de una amenaza a toda organización social y a toda demanda por derechos humanos y de la naturaleza. Es obligatorio estar vigilantes del proceso, exigir objetividad a los medios de comunicación y justicia al Estado. Otros son los problemas del país y esos no los está solucionando.
* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)