Un problema clave después de la acción bélica en Río

Dando continuidad al análisis político de la ofensiva bélica contra territorios reductos del narcotráfico en Río de Janeiro, traemos a continuación una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre la legitimidad del Estado en el procedimiento represivo. Los grandes medios, en especial la televisión abierta, afirman convencidos que la población está segura y apoyan la acción policial con empleo militar del tipo guerra de baja intensidad. No vimos ningún censo y ni siquiera las más que dudosas investigaciones de opinión, salvo la investigación «mágica» del Instituto Ibobe (famoso por las investigaciones de intención de voto y audiencia televisiva) que dio 88% de aprobación de los cariocas a la acción represiva.

Así que nos reservamos al beneficio de la duda en cuanto a la aprobación masiva de las medidas tomadas como respuesta al accionar de la red de pandillas conocida como Comando Vermelho (CV, otrora llamada Falange Vermelha), organizada inicialmente por presos políticos y comunes en la prisión Cândido Mendes, en la Ilha Grande, también estado del Río de Janeiro, durante el final de la década de 70, en plena dictadura militar. Lo que sí podemos afirmar sin riesgo es que existen problemas clave, que hasta ahora no han sido respondidos por órganos oficiales, oficiosos, especialistas o investigadores del área. La lista de preguntas es amplia y sobrepasa el espacio de un artículo. Resaltamos inicialmente uno de los problemas clave: el reconocimiento de la legitimidad del Estado como ente organizador de la vida social de estas comunidades.

Es resaltante la percepción de la obligatoriedad de tener que vivir cerca o dentro del conflicto por el control del comercio ilegal. Los habitantes del «asfalto», los opuestos de quien vive en los morros cariocas, percibían la dominación territorial de las redes de pandilla que manejan el comercio del tráfico, de forma esporádica. Para los vecinos de comunidades (favelas y conjuntos habitacionales favelizados), existe siempre el riesgo de una bala perdida (¡disparos al azar!) y, por lo tanto, oportunidades reales de perder la vida. La percepción del conflicto para los habitantes de las llamadas «áreas de riesgo», es permanente.

Entramos aquí en el problema de la legitimidad de la intervención de las fuerzas de la orden frente a una población abandonada a su propia suerte por casi treinta años. Los habitantes de las comunidades muestran como, en poco más de una generación se transformó en cultura aquello que era código de supervivencia. La dominación territorial de un espacio de la ciudad aunque no urbanizado lleva al conflicto de identidades y a la difícil situación de tener que obedecer a dos poderes simultáneos y contrapuestos: el legal y el ilegal.

Aún más. La población no sólo debe obedecer, sino también adherirse, haciéndose cómplice o por lo menos «comprensiva» con las exigencias de uno u otro poder. Es sabido que cuando los narcotraficantes tienen dominio en esas áreas locales, la sensación de orden y bienestar es mayor del que dejada por el abandono del Estado o para empeorar, la «invasión» de fuerzas externas como la propia policía militar, una facción rival, o los paramilitares. La relación de los habitantes marginales con el poder público, además de ser deficiente es siempre de desconfianza. ¿Cómo es posible confiar en una institución policial cuya imagen hasta el inicio de la acción bélica, era evaluada como muy violenta y endémicamente corrupta?

Ese es el problema de fondo, y para la ciencia política, se trata del legítimo ejercicio de la autoridad. Si los habitantes de las comunidades no puedan ver una política transparente por parte de las policías, con punición severa, sumaria y ejemplar de los actos condenables cometidos por sus miembros (como los saqueos policiales tipo expolio de guerra); el fin del cobro del soborno semanal que acompaña al tráfico (el «arrego»); y acabar de una vez con el conocido «esculacho» (humillación violenta de los individuos «sospechosos» frente a los vecinos), no habrá acción bélica que devuelva la legitimidad al estado del Río de Janeiro en las áreas conflagradas.

En el caso de Río, si no hubiera atención a los plenos derechos de la población, sin criminalizar las reivindicaciones legítimas, no se adelanta con poner tanques de guerra en las callejones, porque la población no se va a adherir. Y, como sabe todo y cualquier operador político, en ausencia del consentimiento, sólo restará el ejercicio de la tiranía. Esperamos sincera y honestamente, estarnos engañados en cuanto a estos pronósticos.

En la búsqueda por respuestas

Desde la ocupación del Complexo do Alemão, conjunto de favelas controladas por traficantes, vecino a la también tomada favela Vila Cruzeiro, ambas en la zona norte, región de habitantes baja renta del Río de Janeiro, algunas preguntas aún no fueron respondidas, y no se sabe si lo serán. Entre las principales, está responder si se justifica el conflicto y el accionar bélico en Río, con la opción por ocupación policial y empleo militar de guerra de baja intensidad, además del apoyo directo de tropas profesionales de las fuerzas armadas.

La primera cuestión trata justamente de la aprobación o no del accionar bélico y la percepción de normalidad y rutina. Este apoyo pasa, a nuestro entender, por las formas de percibir el malestar de una ciudad que convive cínicamente con poderes paralelos: narcotráfico; juego del bicho (juego de azar ilegal que mueve mucho dinero en la clandestinidad, generando inclusive organizaciones criminales poderosas que antecedieron a los traficantes en las favelas en relación al lavado de dinero y al poder paralelo); milicias paramilitares; todo eso alimentado por la corrupción endémica de las fuerzas policiales.

Una percepción tiende a apoyar el acto de ofensiva militar, pues surge de la permanente inseguridad física y patrimonial, siendo siempre cualquier ciudadano pasible de ser asaltado o hasta víctima de latrocinio, (aún siendo menor de edad), sea poseedor del mínimo de bienes, o que por desgracia esté presente en una ocasión de alto riesgo, como en los robos de automóviles o de falsas batidas policías.

Ya es otra cuestión sucede con el lugar de vivienda y el ejercicio de los derechos. Esta gente, a la que se suma el resto de los cariocas (naturales de la capital) y de los fluminenses (todos los habitantes del estado del Río de Janeiro) de la Región Metropolitana de Río, termina en su mayoría, encarando con mucha desconfianzab a las policías en general y a la policía militar en particular. Es como por encarar fuera implícita la certeza que «del bandidaje de bermuda y zapatilla la gente sabe lo que esperar, lo que viene de los cuerpos corruptos es siempre una horrible sorpresa».

Frente a este infierno para las vías de la institucionalización de las reglas de la democracia representativa, es cuando la excepción hace la regla de la conducta del Estado (cuyo tipo ideal atendería a todos y todas sin excepción y con equidad), es muy difícil asegurar la lealtad y no la salida, o al menos la tentación de la salida, por parte de las poblaciones marginalizadas, a partir del abandono (¡literal!) que sufren por parte de los poderes de hecho, privados y estatales.

Delante de esto, osamos aportar algunos cuestionamientos, en forma de cuestionario o de guión de interrogatorio o investigación, frente a los temas no solucionados y a partir de la pirotecnia mediática promoviendo la guerra interna brasileña que las «autoridades» siempre deseaban. He ahí las preguntas.

1. De un momento a otro, la policía que era endémicamente corrupta ¿dejó de serlo?

2. Si dejó de ser corrupta, ¿eso implica que paró el arrego (especie de propina), la mesada y la semanada que las patrullas y guarniciones de batallones quitaban al comercio del tráfico de drogas?

3. ¿Existe o no alianza entre las Milicias? ¿Los paramilitares tienen una estructura de coordinación más allá de las entrañas del aparato de seguridad? ¿Existe algo como la Banca del Bicho, o la «federación» (cúpula de líderes) del Comando Vermelho; una instancia de coordinación y mando entre asociados y concurrentes en las actividades ilícitas?

4. Las Milicias ¿cuentan o no con lo respaldo cínico -o al menos sin la fiscalización adecuada- del alto mando de las fuerzas de seguridad? Si no cuentan con algún tipo de apoyo o de tolerancia, ¿por qué no son blanco de persecución, acción bélica o desmonte sistemático como está ocurriendo con la facción hegemónica del narcotráfico?

5. Las sospechas de que existe una alianza entre las Milicias, o al menos una facción de estas mafias, en coordinación con las facciones minoritarias y aliadas del narcotráfico, ¿procede? El Mando Rojo se vio delante de la pérdida de la hegemonía en el comercio de las drogas ilícitas y control territorial delante de tres factores complementarias:

   • La ocupación territorial del Estado a través de las llamadas Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs, fuerzas policiales fijadas en regiones tenidas cómo «peligrosas» para combate a la violencia);

   • La alianza entre las facciones rivales al CV, a saber, Amigos de los Amigos (ADA, facción que surgió en los presidios cariocas a mediados de la década de 90) y Terceiro Comando (TC, surgió los años 80 como disidencia del CV) junto a la Milicias, o al menos la una facción de estas Milicias;

   • La expansión de las Milicias en sí, incluyendo su entrada en el tráfico (o el mantenimiento de este comercio, ahora cobrando un impuesto sobre las pandillas que hacen la venda de la droga).

6. El cambio en la geopolítica del crimen en Río ¿tiene o no relación con el accionar bélico del gobierno del estado, contando con el apoyo de la Unión? O sea, el avance para la toma de Vila Cruzeiro, después del Complexo do Alemão, ¿fue motivado por la onda de atentados contra coches y autobuses o esta motivación fue el «incendio del Reichstag», sirviendo de pretexto para promover la avanzada militar, aprovechando inclusive la victoria electoral del gobernador Sérgio Cabral (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, legenda de Michel Temer, próximo vicepresidente del Brasil) en el primer turno?

7. Ya del lado del CV, si la facción quería provocar un acuerdo y garantizar un lugar en esa nueva geopolítica del crimen (estamos admitiendo este punto de vista como válido), ¿por qué no inició los ataques sintomáticos e hizo saber de su decisión durante la campaña electoral? Si no lo hizo, ¿será que el CV tenía la esperanza de que la victoria de la oposición estadual (alianza de Partido Verde, PV, y Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, con el ex-militante de izquierda Fernando Gabeira al frente) fuera instalar una nueva política de seguridad, reculando de la decisión de las UPPs?

Entendemos que aquellos preocupados con la legitimación de la violencia oficial y de la limpieza de la sociedad urbana en función de Copa del Mundo y las Olimpíadas, deben colaborar en derrumbar el bloqueo de la censura oficial y también de aquella más peligrosa, la oficiosa. Quién sea que colabore con responder a estas preguntas, más allá de estas fuentes umblicalmente conectadas al(los) gobierno(s) de turno y a los poderes de siempre, debe ir compartiendo hasta crear, de bajo para arriba, una ruptura del consenso forzado, cuyo contrato social es firmado por un cráneo en el pecho de un hombre de negro, símbolo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales, el BOPE.

Bruno Lima Rocha es politólogo (phd), docente universitario y periodista profesional y Rafael Cavalcanti es estudiante de periodismo y actúa en la comunicación sindical. Los dos son militantes libertarios y concentran sus trabajos de análisis en el sitio Estratégia & Análise – www.estrategiaeanalise.com.br

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