La oposición indígena al proyecto minero en San Carlos Panantza terminó en actos violentos la tarde del 14 de diciembre de 2016, que cobraron la vida del policía José Luis Mejía y dejaron siete personas heridas, en medio de la campaña electoral para elegir al próximo presidente de Ecuador. Un grupo armado de la comunidad […]
La oposición indígena al proyecto minero en San Carlos Panantza terminó en actos violentos la tarde del 14 de diciembre de 2016, que cobraron la vida del policía José Luis Mejía y dejaron siete personas heridas, en medio de la campaña electoral para elegir al próximo presidente de Ecuador.
Un grupo armado de la comunidad shuar atacó campamentos mineros en Morona Santiago el 21 de noviembre y el 14 de diciembre. El proyecto de minería a gran escala, ubicado en la provincia de Morona Santiago, entre las ciudades de Macas y Cuenca; en el sur este del país; la mayor parte está en el territorio del pueblo shuar.
El proyecto
Es considerado una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del Ecuador. Comprende un área de 37.700 hectáreas, y según proyecciones, tiene reservas de 6.6 millones de toneladas de este metal. Fue concesionado a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA) por los siguientes 25 años. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de exploración avanzada.
Por decreto presidencial se anunció estado de excepción por 30 días desde el 14 de diciembre y operativos e investigaciones para encontrar a los responsables de los hechos violentos. En distintos allanamientos fueron capturados seis sospechosos y se incautaron armamentos y municiones. El presidente Rafael Correa negó las versiones de algunos medios de comunicación sobre supuestos tanques de guerra en la zona: «Eso es falso, se están enviando vehículos blindados para evitar los ataques con armas de fuego».
Correa aclaró que no se trata de una generalización de la comunidad shuar, sino que el ataque fue perpetrado por pequeños grupos paramilitares manipulados políticamente con el fin de alterar el orden y oponerse por vías violentas a políticas del gobierno.
Voceros de distintas organizaciones indígenas rechazaron los actos que califican de criminales, pues los argumentan con la defensa de derechos ancestrales y colectivos «inexistentes desde todo punto de vista étnico y jurídico, denigrando la imagen del hombre guerrero de la nacionalidad shuar».
Denuncias ciudadanas expuestas por la Gobernación de Morona revelan que desde 2010 invasores de shuar han intentado tomar de forma violenta y extorsiva terrenos de la empresa concesionaria.
Serias acusaciones contra el Gobierno, tras los actos de violencia registrados en los alrededores del campamento minero Panantza, en la provincia de Morona Santiago, hicieron los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La organización indígena responsabiliza al Gobierno de los hechos ocurridos la tarde del 14 de diciembre de 2016 en esa provincia amazónica.
Organizaciones como la Conaie y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, con apoyo de los partidos tradicionales de oposición, rechazaron las medidas adoptadas por el gobierno y las califican como vulneración de los líderes y movimientos indígenas en Morona Santiago, premisa con la que convocan movilizaciones y buscan «mediación» internacional.
De acuerdo con las autoridades, aproximadamente 80 ciudadanos shuar, «liderados por los señores Luis Tiwiram, Claudio Washicta y José Esach, realizaron el ataque del campamento La Esperanza (…) con el uso de armas de fuego y dinamita». Pero esto fue desmentido por Marlon Vargas, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae).
La ONG Acción Ecológica señaló que El dictamen de Estado de Excepción en Morona Santiago es una declaración de guerra contra el Pueblo Shuar. Se ha puesto en marcha una incursión militar nunca antes vista: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados, despliegue de miles de militares y policías. Los hogares de las familias del Cantón San Juan Bosco (Parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón) están siendo allanados violentamente. Varios indígenas y campesinos han sido apresados y los están mostrando como asesinos, omitiendo la presunción de inocencia como un derecho humano.
El Estado inició el proceso de investigación a Acción Ecológica, que podría terminar en su disolución, debido a que se habría alejado del objetivo para el que fue creada al avalar acciones criminales, por injerencia en asuntos políticos y por difundir información falsa.
El Ministerio del Interior ecuatoriano sustenta su acusación indicando que Acción Ecológica «a través de publicaciones en las redes sociales, ha manifestado su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad shuar, realizando afirmaciones sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían a la actividad extrativista promovida por entes gubernamentales».
Control sobre las ONG
Ecuador endureció el control sobre las ONG y la ayuda financiera externa ante la sospecha de que alimentan de forma encubierta a la oposición, aunque esas organizaciones creen que esto apenas es un pretexto para asfixiarlas. El 4 de diciembre clausuró a la ONG Pachamama, que recibía fondos estadounidenses y holandeses, tras acusarla de intentar agredir a un diplomático durante una protesta antipetrolera, y esta semana dio a conocer su decisión de impedir que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ejecute nuevos proyectos en el país.
Varias ONG han organizado o alentado protestas indígenas contra los planes petroleros y mineros de Correa. En 2012, el jefe de Estado amenazó con expulsar a la Usaid tras acusarla de involucrarse en política interna y aportar recursos a grupos adversarios. «La cooperación oficial de otros gobiernos tiene que complementar el proyecto político legítimamente votado en las urnas. ¿O usted podría esperar que de otros gobiernos pudieran venir recursos para desestabilizar?», planteó Gabriela Rosero, responsable de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci).
Ecuador recibe al año unos 300 millones de dólares en ayuda externa, un 30% de esos recursos corresponden a ONG foráneas, un 45% a cooperación bilateral (de gobierno a gobierno) y el resto a organismos multilaterales, según la Seteci. Desde junio está vigente un decreto que obliga a las organizaciones sociales a registrarse y entregar información periódica sobre sus fondos y fines, y establece nueve causas para su disolución, entre ellas «desviarse de los objetivos» para los que fueron constituidas, dedicarse a actividades partidistas, atentar contra la seguridad del Estado o afectar la paz pública.
Unas 180 ONG extranjeras están inscritas en Ecuador. El año pasado, siete de esas organizaciones de Italia, Holanda y España dejaron de operar por no suministrar información sobre sus proyectos, según la Seteci.
El autor es periodista ecuatoriano, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)