El caso de los Tagaeri y Taromenane llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es tan importante una sentencia a su favor?
Ecuador es un país rico en biodiversidad. Nos enorgullecemos de las Islas Galápagos, del Cotopaxi, de que en pocas horas estamos en la playa, una montaña sobre los tres mil metros o la selva amazónica. Pero pocas personas advierten sobre algo que debería enorgullecernos y deberíamos cuidar tanto o más que a la tortuga George, el cóndor andino o al oso de anteojos, porque están todos igual a punto de extinguirse: los pueblos waorani en aislamiento Tagaeri y Taromenane.
Tengo una admiración enorme por la diversidad que siempre demuestra que otro mundo es posible. Pero los Tagaeri y Taromenane nos demuestran que otro mundo radicalmente diferente existe, y que ellos luchan por seguir manteniéndolo diferente.
¿Puede alguien vivir sin dinero, tarjeta de crédito, teléfono celular, ropa, cédula de identidad, refrigeradora, transporte motorizado, carreteras, lavadora, supermercado, papel higiénico, reloj, hospital, vacunas, jabón, zapatos, pan, cerveza, escuela, presidente, alcalde, justicia estatal, propiedad, comida industrial, insecticidas, casa de cemento y más cosas sin las cuales la mayoría enloqueceríamos? Si no saben que los Tagaeri y Taromenane existen, probablemente dirían que es imposible vivir sin todo esto.
Los Tagaeri y Taromenane son los dos grupos de los que hay registro en Ecuador de pueblos indígenas en aislamiento. Y este 2022 sus nombres fueron conocidos por personas de toda la región. El 23 de agosto pasado, en el país con mayor pueblos indígenas en aislamiento de América Latina, Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó en audiencia testimonios, peritajes y argumentaciones jurídicas sobre las alegadas violaciones a los derechos humanos de los Tagaeris y Taromenanis contra el Estado ecuatoriano.
Según la Constitución, los pueblos en aislamiento tienen derecho a que su territorio sea “irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva” y que el Estado debe garantizar su vida y “voluntad de permanecer en aislamiento”.
Una de las múltiples masacres que han sufrido, que nunca se investigó y no se llegó a saber el número de muertes y los responsables, habría ocurrido en 2006. En ese entonces, Fernando Ponce, Raúl Moscoso y Cristina Ponce, conocedores de este tema y defensores de derechos humanos, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron medidas cautelares para protegerlos de otras masacres e incursiones en sus territorios. Pero después de esos engorrosos trámites internacionales y de toneladas de papeles y libros, los pueblos en aislamiento siguieron muriendo (la última masacre registrada es la del 2013).
Mientras, la CIDH decidió que el caso era muy importante y que la Corte IDH debía dictar una sentencia que ayude a proteger la vida no solo de los Tagaeri y Taromenane sino también de todos los pueblos en aislamiento que habitan en la Amazonía. A esta demanda internacional se sumaron en el 2009 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y, en el 2015, el colectivo de los Yasunidos. La audiencia se dio en agosto de 2022, 16 años después de una de las masacres y de presentada la demanda.
En esta columna explicaré cómo ha sido el despojo histórico del territorio de estos pueblos que, aunque no tiene propia voz ante autoridades judiciales por su condición de aislamiento, han llegado hasta la Corte IDH.
¿Por qué los Tagaeri y Taromenane están aislados y rechazan la forma de vida de la mayoría de ecuatorianos? Como no podemos preguntarles directamente, las voces de sus familiares más cercanos, los pueblos Waorani de reciente contacto, quizá nos ayuden a entenderlos.
Hueiya Alicia Cahuiya, lideresa indígena waorani —una de las 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana— testificó ante la Corte. Dijo que antes de la explotación petrolera y la colonización con la que vino: “la vida ha sido muy feliz, sin enfermedades, pescábamos libremente. Las frutas y alimentos [los] recolectamos libremente del bosque. Los hombres Waorani y Taromenane eran expertos cazadores y traían paugil, monos, pavas del monte, aves, guacamayo y papagayo. Había mucho alimento. La carne era suficiente para nosotros. No había hambre. Nuestra comida era sana… La selva era muy sana.”
Esa vida, cuando se pinta casi como un lugar donde la selva tiene diversidad de vida animal y vegetal, y está regada por ríos cristalinos y llenos de peces, está cada vez más destruida y más contaminada.
Para entender cómo ha cambiado la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane debemos partir de cuándo comenzó su despojo, ocultamiento y exterminio. Una de las personas que más sabe de su historia es Miguel Ángel Cabodevilla, un misionero capuchino que lleva varias décadas viviendo con los waorani en la Amazonía ecuatoriana. Cabodevilla dice que encuentra algunos rastros de resistencia a la invasión de su territorio desde la época de la explotación del caucho, a principios del siglo XX, y también cuando la compañía Shell intentó explotar petróleo a mediados del siglo pasado. Desde esa época se sabe que quienes entran a su territorio no vienen en son de paz sino a quitarles lo que ellos y ellas más valoran: la selva íntegra y sana.
Para comprender este despojo es también importante verlo gráficamente. En este mapa, se marca el territorio ancestral Waorani.
El territorio ancestral de esta nacionalidad comprendía una extensión aproximada de 20 mil kilómetros cuadrados (o 2 millones de hectáreas), desde el río Napo hasta el río Curaray, como se ve en el segundo mapa.
Hasta antes de las primeras delimitaciones territoriales y concesiones para extraer el petróleo, hace poco más de 50 años por parte del Estado, todos los miembros del pueblo Waorani eran indígenas no contactados.
En este territorio se movilizaban, porque eran trashumantes y no vivían en un lugar fijo, los grupos familiares clánicos conocidos al momento: Nihuairi, Piyemoiri, Guikitairi, Imairi, Baihuari, Wepeiri, Tagaeri, Taromenani y Dugakaeri, como se muestra en el tercer mapa.
En pleno siglo XX, El Estado ecuatoriano hizo con los Waorani, como si no recordara la Historia y ya no existieran derechos reconocidos en la Constitución, lo mismo que la colonia española hizo con nuestro territorio en el siglo XVI: invisibilizar, exterminar, colonizar, despojar, excluir, discriminar a quienes eran dueños y habitantes anteriores a su llegada interesada. En esa época venían por oro, plata y especias; en el siglo XX por petróleo y madera. La misma ambición y la misma crueldad para con el “dueño de casa”.
Lo primero que hicimos como Estado fue contactarlos contra su voluntad y reducir su espacio de vida.
A pesar de la existencia milenaria del pueblo Waorani —al menos 12 mil años según la experta Laura Rival que compareció a la audiencia— y que se conocía de su presencia en la Amazonía, a quienes se les hacía referencia como “Aucas”, el Estado ecuatoriano consideró este territorio como “baldío” y sin dueño.
En 1956, el Estado ecuatoriano autorizó al Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que evangelice al pueblo entonces no contactado Waorani. El ILV fundó una ciudad, Tiwino, que denominó “Protectorado”. Mediante varios medios, que incluían sobrevuelos, amenazas del advenimiento del fin del mundo a través de una gran inundación y entrega de bienes de la cultura hegemónica envolvente, como machetes o espejos, lograron agrupar a la mayoría de los clanes familiares en el protectorado.
Esto se logró con una alianza entre el ILV y la empresa petrolera Texaco. Según el testigo Goldaráz, otra persona que conoce el mundo Waorani y presentó un testimonio escrito juramentado a la Corte: “el Estado y la Texaco pidieron al ILV que acelere y extienda sus operaciones hacia otros grupos que vivieron en la zona petrolera. Con aeronaves prestadas por la petrolera, los misioneros evangélicos buscaron casas de los waorani para hacer contacto y presionarlos a migrar a un asentamiento (Tiwaeno)…”
El ILV logró tener control sobre aproximadamente el 80% de los Waoranis en un territorio de cerca de 6.65 kilómetros cuadrados (66.570 hectáreas), que representa alrededor del 5% del territorio ancestral Waorani. Esta estrategia de desplazamiento forzado se la hizo, según uno de las declarantes ante la Corte, “para permitir que la exploración continuará sin obstáculos.” Fue como si alguien quiere entrar a nuestras casas para robar la caja fuerte y nos encerraran en el baño para moverse por todo la residencia.
El 20% restante de indígenas Waorani que no fue contactado por el ILV y que rechazó cualquier forma de contacto se constituyó, desde entonces, como pueblos Waoranis en aislamiento: los Tagaeri y Taromenani. También hay más pueblos que aún están por conocerse, como los Dugakaeiri, Iwene, Oñamenane, como se muestra en el cuarto mapa y del que hablan algunos antropólogos y personas Waorani de reciente contacto.
La segunda intervención estatal arbitraria en el territorio Waorani fue la política de colonización. En 1964, el Estado ecuatoriano expidió la Ley de Reforma Agraria (LRA). Entre otras regulaciones, estableció que la tierra que no tenía titulación oficial se consideraba baldía y promovió la colonización de la Amazonía ecuatoriana.
El Estado entregó títulos de propiedad y crédito a las personas colonas que demostraran talar los bosques y sembrar la tierra. Los colonos entraron por la “vía Auca”, una carretera construida por la empresa Texaco en la ahora provincia de Orellana y, según un testigo en la audiencia de la Corte IDH: “se apoderaron de amplias extensiones de tierra a ambos lados de la vía y deforestaron la selva para sembrar cultivos y pastos. Abrieron una nueva frontera agrícola que todavía se expande, apoyado por la construcción de nuevas vías por las compañías petroleras y el Estado…”
Actualmente, en territorio Waorani, como efecto de la colonización, viven pueblos indígenas kichwas, shuar y mestizos, quienes representan la mayor parte de la población de esa zona.
Uno de los espacios más conflictivos del territorio ancestral Waorani es lo que se conocía como “zona roja”, y actualmente se la llama “franja de paz”, en donde hay conflictos territoriales y el Estado ha tardado en resolverlos.
La colonización provocó, como lo dijo Laura Rival en su peritaje en la audiencia ante la Corte Interamericana, que los Tagaeri y Taromenane sean “refugiados” en su propio territorio y desplazados forzosos.
Por si fuera poco, el Estado en el año 1979 estableció el Parque Nacional Yasuní (PNY) para “mantener el área en su condición natural para la preservación de la Naturaleza sus recursos naturales en forma permanente e indefinida.”. El Parque tenía una extensión de 10.227 kilómetros cuadrados.
Esto representó que cerca de la mitad del territorio ancestral Waorani se convirtiera en un espacio de protección y control ambiental por parte del Estado, como se muestra en el mapa 5.
En 1990, el Estado ecuatoriano tituló, a nombre del pueblo Waorani, 6.125 kilómetros cuadrados, que representó un tercio de su territorio ancestral. Los otros dos tercios ya estaban ocupados por el Parque Nacional y por los colonos, como se ve en el mapa 6.
En ese mismo año, 1999, en los espacios del territorio Waorani en los que no había actividades extractivas y que se sabía que no había reservas petroleras, se reconoció la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane (ZITT) —un espacio supuestamente que no podía ser intervenido por el Estado para que por allí se movilicen libremente los pueblos en aislamiento, ignorando que su movilidad es mucho más extensa que eso. Ocho años más tarde, en el 2007, la ZITT se delimitó con una zona de amortiguamiento —lugar en el que estaban prohibidas actividades extractivas pero para el resto de actividades había un estricto control estatal—, pero una vez más no se consideraron los patrones de movilidad cíclica y estacional de los pueblos en aislamiento.
Hasta el 2019, la ZITT tenía una extensión de 7.580 kilómetros cuadrados (758.051 hectáreas), que representa un tercio del territorio ancestral Waorani, como está en el mapa 7.
La última demarcación del territorio ancestral Waorani ocurrió en el 2019, después de que el gobierno de Lenín Moreno realizó una consulta popular en la que, entre otros temas, se preguntó si la ciudadanía estaba de acuerdo con aumentar la Zona Intangible.
La mayoría de la población ecuatoriana (el 67.3%) se pronunció a favor de la extensión de la ZITT; el número de la población amazónica que votó sí fue de 75.5%. La nueva demarcación la hizo una Comisión exclusivamente interministerial —conformada por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos—, pero dejó fuera a la sociedad civil y al pueblo Waorani de reciente contacto. La Zona Intangible aumentó en 548 kilómetros cuadrados y llegó a una extensión total de 8.185 kilómetros cuadrados, como se ve en el mapa 8.
Sin embargo, lo importante del decreto ejecutivo que aumentó la ZITT por mandato popular no fue la extensión de un territorio sino la flexibilización regulatoria en el área de amortiguamiento, creada en 2007, y que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por ser no haber consultado al pueblo Waorani de reciente contacto, como dispone la Constitución.
Esta flexibilización regulatoria permitía que, como dijo el testigo Goldáraz ante la Corte IDH, “cada vez que hay un nuevo descubrimiento petrolero, la selva en esa zona se achica y con ello, las familias tagaeri y taromenani están continuamente siendo desplazadas… Es más, los derrames y el ruido y otras fuentes de contaminación rutinaria no terminan en los límites de la Zona Intangible.”
Entre decretos, leyes, decisiones de los gobiernos de turno, en menos de 50 años, el Estado redujo sistemáticamente el territorio Waorani. A la par, y esto es lo más grave, el Estado ha ido incrementando progresivamente el espacio de explotación petrolera.
La ampliación de la frontera petrolera ha sido rápida y progresiva. Desde el primer pozo que fue explotado en 1967, los bloques petroleros se han ido multiplicando. Actualmente hay más de 15 bloques petroleros en territorio Waorani. La diferencia entre otras actividades extractivas que ha sufrido este territorio, como el caucho y la madera que han sido temporales, la actividad petrolera es permanente, intensa y expansiva.
El territorio Waorani, desde la perspectiva petrolera, es un conjunto de figuras cuadrangulares. En el mapa 10 puede apreciarse lo geométrico del territorio Waorani para el Estado.
En la historia de la expansión petrolera, cada vez que se ha abierto un pozo, ha habido un incidente violento con pueblos Waoranis aislados. Por eso, uno de los testigos en el juicio enfática y categóricamente dijo que “la principal causa de muerte de estos pueblos es, sin duda, la pérdida de su territorio, que ha obligado a los pueblos aislados a esconderse y ocultarse de los invasores y vivir en pie de guerra…”
Cuando se abrieron los bloques 61 (en 1971), 66 (en 1977), bloque 17 (en 1981), y los 16 y 31, hubo personas alanceadas (heridas con las lanzas que son las armas tradicionales de estos pueblos) y Tagaeris y Taromenanes masacrados.
Si bien los pueblos Waorani no pueden ser considerados violentos porque la mayoría de su historia es de paz e intercambio, cuando deben defender su sobrevivencia lo hacen con lo que tiene a su alcance, que son sus lanzas.
Los pueblos Waorani en aislamiento han defendido sus territorios de la presencia de toda persona ajena a su comunidad a las que llaman cowori o cowode. Entre ellas, han lanceado a trabajadores petroleros (en 1971 y 1977), misioneros evangélicos (ILV) y católicos, como el obispo Alejandro Labaka y la hermana Inés Arango en 1987, colonos, madereros, pueblos indígenas en reciente contacto incluido waoranis, militares y petroleros.
Estos enfrentamientos demuestran dos cuestiones importantes. La primera es que los pueblos en aislamiento se movilizan fuera de la Zona Intangible; la segunda, es que el Estado, a pesar de la presencia de los pueblos en aislamiento, continuó con su expansión petrolera de esta forma incumpliendo la prohibición constitucional de explotar petróleo donde se movilizan personas indígenas aisladas.
La expansión de la frontera petrolera en el PNY en el bloque 31 y 43 específicamente, se hizo, una vez más, sin considerar a los pueblos en aislamiento. Recordemos la alteración de mapas que ocurrió en el año 2013.
En 2007 el presidente del Ecuador Rafael Correa promovió la Iniciativa Yasuní-ITT que tenía como objetivo proteger a los pueblos en aislamiento y a la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, y proponía no explotar petróleo a cambio de donaciones y cooperación internacional. En 2013, Correa terminó la iniciativa y solicitó autorización a la Asamblea Nacional para explotar petróleo en esta área protegida.
El Ministerio de Ambiente ese mismo año estableció que un clan familiar Waorani aislado vivía en los bloques 31 y 43, como se señala con la flecha en el mapa 13. Al reconocer la presencia de estos pueblos operaba la prohibición constitucional de explotar petróleo donde existen pueblos en aislamiento. Si se mantenía ese mapa, se hubiese vulnerado de forma evidente la Constitución.
Para que no se aplique la prohibición constitucional para explotar petróleo, al gobierno no se le ocurrió mejor idea que alterar la presencia de pueblos aislados en el mapa del Ministerio de Ambiente. Había que ocultar, una vez más, a los pueblos en aislamiento. El mismo 2013, específicamente para autorizar la explotación de petróleo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cambió la presencia de los pueblos en aislamiento sin ningún criterio científico: el clan familiar Waorani en Aislamiento, por arte de magia, se desplazó en pocos meses a lo que ahora es la ZITT.
El interés petrolero, una vez más, prevaleció sobre la evidencia de la existencia de los pueblos en aislamiento. Con la supuesta ausencia de los pueblos en aislamiento en los bloques 31 y 43, no cabía el artículo 57 de la Constitución que prohibía la explotación extractiva, y se aplicaba el artículo 407, que establecía la excepción del “interés nacional”.
Este artículo dice que si bien se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y zonas intangibles, hay una excepción. “Dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional.”
Así, la Asamblea Nacional —en ese entonces controlada por el partido oficialista— autorizó la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 aumentando, una vez más, la frontera petrolera y asfixiando a los pueblos en aislamiento.
La zona de los bloques 31 y 43 (bloque conocido también como ITT) adquiere especial relevancia para los pueblos en aislamiento pues al tener una gran abundancia de palma de morete, es un lugar para alimentarse y para cazar.
Para este punto hay que recordar que más allá de los gobiernos de turno, detrás de la expansión de la frontera petrolera están empresas multinacionales, empresas estatales y empresas privadas que ofrecen servicios a las actividades extractivas. El Estado, como siempre hasta ahora, ha protegido exclusivamente, y con todos los recursos humanos y financieros, incluso con la presencia del Ejército ecuatoriano, los derechos de propiedad de estas empresas en desmedro de los derechos y de la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento.
El asunto es que el petróleo no llega solo. Con él, ha llegado la colonización y la contaminación. Según la perita Rival durante su intervención en la audiencia de la Corte IDH la contaminación “de las vías fluviales y el aire causa enfermedades y además contamina la cadena alimentaria, ambas particularmente dañinas para la selva y las formas de vida basadas en la subsistencia… Tal contaminación se experimenta como una imposición totalmente insufrible, una forma de agresión genocida.”
Sin territorio, o con un territorio en el que no tienen control, se ha vulnerado su derecho a la propiedad colectiva y a autodeterminarse. Además les han violado otros derechos: al masacrarlos se ha vulnerado su derecho a la vida; al contaminar con petróleo, ruido y luz, se vulnera sus derechos a la subsistencia, alimentación y nutrición adecuada; al no poder moverse ni vivir donde quisieran, se les vulnera el derecho a la vivienda; al no poder libremente autodeterminarse, se les vulnera sus derechos culturales y todos sus derechos colectivos.
El Estado, además, no ha podido sentar en el banquillo a una sola autoridad estatal o de las empresas. De este modo se vulnera el derecho de los Tagaeri y Taromenane a las garantías jurisdiccionales y a la protección judicial.
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Todas estas violaciones no han ocurrido una sola vez sino que comienzan desde que inició la explotación petrolera y seguirán hasta que no salgan de ahí las empresas públicas y privadas que hacen actividades extractivas, como la petrolera o maderera.
El petróleo es al territorio Waorani lo que el cáncer es al cuerpo humano, dijo la perita Rival en la audiencia: “Cuando un organismo sufre de cáncer, se debe quitar el tumor maligno lo más rápido posible, y, además de la cirugía, se debe tratar el enfermo con terapia de radiación y quimioterapia.”
Por eso, una de las reivindicaciones fundamentales ante la Corte IDH es que el pueblo Tagaeri y Taromenane tenga título de propiedad y que la intangibilidad –la no explotación de recurso natural alguno, sea petróleo o madera— siga a su movilidad.
Se pide más protección a los derechos de los pueblos indígenas, menos privilegio de las empresas extractivas; más derechos, menos violencia.
La selva libre de petróleo es la mejor y más profunda forma de protegerlos.
Para esto se necesita voluntad política y prioridades claras. Pero esta no se nota siquiera en las preguntas que ha presentado el presidente Guillermo Lasso. Esperamos que la Corte IDH no se deje intimidar por el típico pretexto del desarrollo nacional y el combate a la pobreza, que vistos los resultados de 50 años de explotación petrolera no ha resultado cierto: tenemos más pobreza en Ecuador y además una contaminación sin precedentes que resulta más cara que los supuestos beneficios que ha dejado el petróleo.
Como testificó el economista y ambientalista Alberto Acosta ante la Corte IDH: “¡Si solo los grupos económicos más poderosos de este país pagaran 1.5% más de impuestos sería suficiente para no explotar más petróleo en el Yasuní!”.
Ellos y ellas han defendido sus territorios con lanzas y sus vidas. Se pide a la Corte IDH que con una sentencia protejan su existencia, y que de un territorio de destrucción y muerte se convierta en uno de derechos, paz y vida. Ojalá, además, se permita al pueblo ecuatoriano defender a estos pueblos mediante votos mediante la consulta popular propuesta en su momento por los Yasunidos. Que ahora ha sido reconocida su legitimidad democrática para realizar la consulta; o sea, se reconoció que cumplieron el requisito de contar con las firmas necesarias para solicitar una consulta popular).
Como dice Alicia Cahuiya: “El gobierno debe entender que la selva no es territorio vacío. No es una mercancía. Tienen toda la culpa el gobierno. Es por eso que están matando a los Taromenane. Son los últimos pueblos que necesitamos cuidar. Queremos vivir en paz. Déjennos vivir como waoranis.”
*Los argumentos de este artículo han sido discutidos y enriquecidos por el equipo de abogados y abogadas que defendió a los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane ante la Corte IDH: Pedro Bermeo, Diana Carrión, David Cordero, Víctor Espinosa, Esperanza Martínez, Mario Melo, Raúl Moscoso, José Valenzuela y Nathaly Yépez. Los mapas fueron presentados en la audiencia ante la Corte IDH y se agradece a Paola Maldonado, Dana Torres y Roberto Narváez.
Fuente: https://gk.city/2022/09/19/despojo-pueblos-indigenas-aislamiento-caso-corte-idh-opinion/