El Municipio de Quito provocó una polvareda alrededor del tema del financiamiento de obras de infraestructura vial para la ciudad. La propuesta de crear peajes urbanos, tasas por la circulación y la compra de vehículos, así como subir el precio de la gasolina, sacudieron a la ciudadanía. La pretensión de alzar el precio de la […]
El Municipio de Quito provocó una polvareda alrededor del tema del financiamiento de obras de infraestructura vial para la ciudad. La propuesta de crear peajes urbanos, tasas por la circulación y la compra de vehículos, así como subir el precio de la gasolina, sacudieron a la ciudadanía. La pretensión de alzar el precio de la gasolina cogió en curva hasta al propio gobierno central.
Lo cierto es que, ante un tema tan espeso, por lo demás muy mal planteado, las autoridades municipales tuvieron que salir a aclarar que es una propuesta para la discusión, que todavía no existe una decisión definitiva en el tema. Sin embargo, para curarse en salud, ante la protesta ciudadana, el alcalde se vio forzado a aceptar que la propuesta de subir el precio de la gasolina quedaba descartada.
Más allá de los acontecimientos, la decisión de discutir ampliamente sobre los mecanismos de financiamiento del presupuesto de la ciudad es positiva. Las quiteñas y quiteños hemos estado acostumbrados a que nos cobren tasas e impuestos municipales sin tener claro el uso de los recursos, sin saber en qué obras se van a invertir y, peor aún, sin conocer con precisión los costos de dichas obras. Sin embargo, antes de analizar cualquier propuesta de financiamiento, el primer y principal debate que debe darse con la ciudadanía es sobre el Plan de Desarrollo que se desea instrumentar en el distrito metropolitano, que hasta el momento es desconocido.
Otro tema de preocupación tiene relación con la propia propuesta de movilidad. Hay que discutir la pertinencia de cada uno de los 14 proyectos de infraestructura vial que plantea el municipio. Una propuesta de esa naturaleza da señales de que lo que se busca es que la ciudad soporte un mayor crecimiento del parque automotor. Esta concepción pondría en entredicho el desarrollo de un modelo sustentable que reconozca «el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay», como determina la Constitución. A lo anterior se suma el uso inconstitucional del concepto de «pago por servicio ambiental», mediante tasas de movilidad por contaminación vehicular; esto, además, denota una visión simplista y fiscalista. Al parecer, lo que se busca es el cobro de una tasa sin importar el número de vehículos en la ciudad ni la contaminación que producen. Por ejemplo, no se habla de establecer límites efectivos al número de vehículos permitidos en la ciudad o dar pasos en firme hacia un cambio del parque automotor público y privado que se sustente en el uso de energías alternativas no contaminantes.
Finalmente, el financiamiento del desarrollo de la ciudad implica ubicar este tema en un enfoque integral. Sin duda una de las principales fuentes debe ser el propio aporte de la ciudad, pero su aplicación debe ser con un profundo sentido de progresividad, las personas y sectores con mayores ingresos deben ser los que más aporten. Las herramientas que tiene el municipio para lograr un mecanismo de financiamiento con equidad, está en los impuestos prediales y en la patente municipal. Es importante cambiar el marco legal que pone límites a las patentes municipales, ya que las grandes empresas y bancos se han beneficiado del límite máximo de pago de 5.000 dólares, cifra absolutamente irrisoria frente a las grandes utilidades que generan. La ciudadanía tiene la palabra.