Puentes, no muros. Una acción que simbolizaba el derribo de un muro inauguró la semana pasada los días de movilizaciones del #BindingTreaty en Ginebra, con cientos de organizaciones y movimientos sociales del mundo que llevan años luchando por compromisos y avances sustanciales en el proceso de negociaciones en Naciones Unidas hacia un instrumento, un acuerdo […]
Puentes, no muros. Una acción que simbolizaba el derribo de un muro inauguró la semana pasada los días de movilizaciones del #BindingTreaty en Ginebra, con cientos de organizaciones y movimientos sociales del mundo que llevan años luchando por compromisos y avances sustanciales en el proceso de negociaciones en Naciones Unidas hacia un instrumento, un acuerdo vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.
Diariamente empresas transnacionales comenten violaciones a los Derechos Humanos por todo el mundo, obteniendo enormes beneficios de ello. Para comprobarlo solo tenemos que hacernos algunas preguntas:
¿Qué responsabilidad tiene la empresa transnacional Benetton en la muerte de Santiago Maldonado en Argentina?
La comunidad mapuche que apoyaba Maldonado se encontraba en pleno reclamo del territorio de la Compañía de Tierras del Sud, propiedad de Benetton, que posee un total de 900.000 hectáreas (una superficie que supera al tamaño de la Comunidad de Madrid) en la Patagonia donde produce hasta el 10 % de la lana de la marca de ropa.
¿A quién beneficia la guerra en las fronteras contra las personas migrantes?
Hay relaciones «estrechas» entre la agencia de fronteras Frontex y la industria militar y de seguridad. Multinacionales tales como Airbus, BAE Systems, Finmeccanica, Indra, Safran y Thales hacen negocios con la situación en las fronteras donde ocurren violaciones sistemáticas de Derechos Humanos y donde mueren miles de personas cada año. Precisamente estas compañías beneficiarias de los contratos de seguridad en las fronteras europeas están también entre las mayores vendedoras de armas a Oriente Medio y el Norte de África, lugar de origen de buena parte de las personas refugiadas. Las empresas que se benefician de los conflictos armados reciben licencias de los estados europeos para exportar armas y contratos para militarizar las fronteras.
¿Quien gana con los centros de tramitación de refugiados?
En Australia, Ferrovial a pesar de las multiples denuncias por violación de derechos humanos continúa haciendo fortuna con la desesperación de las personas refugiadas en la gestión de los Centros de Tramitación de Refugiados (RPC) a través de su filial Broadspectrum que está acusada de haber cometido abusos en Nauru y la isla de Manus, considerados como los «guantanamos del Pacifico». Amnistía Internacional ha denunciado numerosas veces los abusos en dichos centros. «El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura»
Frente a los múltiples casos de violación de derechos humanos por parte de empresas multinacionales, en junio de 2014 la movilización internacional consiguió que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableciera el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la creación de un instrumento legal vinculante que regule la actuación de las empresas transnacionales y asegure que éstas sean juzgadas por eventuales crímenes que cometan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente. Durante la pasada semana este Grupo de Trabajo Intergubernamental se reunió en Ginebra por tercera vez de forma ordinaria para avanzar en la negociación del futuro tratado con la participación de 101 Estados y más de 200 delegadas/os de más de 80 países representando a movimientos sociales, sindicatos y la sociedad civil global.
La compañera de Podemos Lola Sánchez Caldentey presentó en esos días un llamado de 250 parlamentarios (http://bindingtreaty.org) en el que apoyamos un marco regulador que obligue a los Estados a asumir la responsabilidad por abusos cometidos por las transnacionales, y que éstas estén obligadas a cumplir el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así mismo, el Parlamento europeo ha aprobado varias resoluciones apoyando la creación del instrumento vinculante, dando una importante legitimidad a las negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental. Por ello es injustificable que la Unión Europea tratara de bloquear el proceso de espaldas a la ciudadanía. En este sentido los Estados Unidos, que nunca participaron en este proceso, aparecieron «de la nada» en la reunión clave de las consultas entre Ecuador y los Estados el viernes por la tarde, después de un almuerzo entre los diplomáticos de la UE y los EEUU, para plantear que el grupo de trabajo necesitaría un nuevo mandato del Consejo de DDHH para continuar, intentando boicotear las conclusiones de la sesión.
Debemos recalcar la fundamental participación activa y la presión política de los movimientos sociales, ONG y comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos que lograron vencer el bloqueo de la UE y de otros Estados intentando hacer peligrar la continuidad del proceso. Así, de acuerdo a las recomendaciones de la presidencia (Ecuador) del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que negocia el tratado, en 2018 debe realizarse una cuarta sesión de negociaciones, y ya sobre un texto borrador de tratado internacional, que será enviado a los países por lo menos cuatro meses antes de la nueva reunión en Ginebra. Las recomendaciones de la presidencia no pueden ser modificadas ahora por ningún Estado ni ser bloqueadas por la Unión Europea o los Estados Unidos. Si bien los Estados y todas las partes interesadas tienen tiempo hasta finales de febrero de 2018 para enviar sus contribuciones a los elementos para el proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante que la presidencia presentó el mes pasado
Vivimos en el momento de la mercantilización y la privatización generalizada del mundo. Una no va sin la otra. No se trata solo de la privatización de las industrias y de los servicios, sino también de lo vivo, del saber, del agua, del aire, del espacio, del derecho, de la información, de las solidaridades. Esta contrarreforma liberal planetaria alimenta una cuádruple crisis: social, ecológica, democrática, ética. Hay que elegir entre una lógica competitiva implacable, «el aliento helado de la sociedad mercantil», como escribía Benjamin, o el «aliento cálido de las solidaridades y del bien público», que decía Bensaid. Tenemos que tomar partido por la defensa de los derechos humanos y la buena vida.
Tom Kucharz, activista, y Miguel Urbán, eurodiputado.