El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, que el miércoles 11 de abril entrará a votación en la Asamblea Nacional, establece las garantías y normas de los derechos de la comunicación establecidos en Constitución del 2008, que es quizás la más avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley, marcaría […]
El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, que el miércoles 11 de abril entrará a votación en la Asamblea Nacional, establece las garantías y normas de los derechos de la comunicación establecidos en Constitución del 2008, que es quizás la más avanzada en la materia en el continente. De aprobarse la Ley, marcaría un avance significativo para las reivindicaciones históricas del movimiento por la democratización de la comunicación, no solo del Ecuador, sino del continente.
Este proyecto (1), cuya votación se anuncia cerrada, abre el camino para un cambio estructural clave, una virtual «reforma agraria del aire», al establecer un reparto de las frecuencias de radio y televisión en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para medios privados.
Según el proyecto de Ley, que reconoce a la comunicación social como un servicio público que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, los medios comunitarios son aquellos «cuya propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sin fines de lucro». Operarán en igualdad de condiciones con los otros sectores, pero se beneficiarán, además, de políticas públicas para su creación y fortalecimiento, como «mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad». (Art. 92). Además, bajo la política de favorecer la economía solidaria, se prevé que las entidades estatales contraten publicidad y servicios en tales medios para la difusión de contenidos educativos y culturales.
Otro aspecto importante de la normativa es que impediría la concentración oligopólica, al establecer un límite para una misma persona (natural o jurídica) de una sola frecuencia para matriz en AM, una en FM y una de televisión, en todo el territorio. Actualmente cerca del 90 % de las frecuencias están en manos privadas. La ley prevé que para alcanzar en forma progresiva el reparto a los sectores público y comunitario, se priorizará la concesión a estos dos sectores, hasta alcanzar los porcentajes correspondientes, utilizando las frecuencias disponibles y las que se reviertan al Estado, por los motivos dispuestos en la Ley y la Constitución.
Parte del espectro radioeléctrico se liberará mediante la reversión de aquellas frecuencias que fueron asignadas sin seguir el debido proceso legal, o cuyos concesionarios hayan hecho un manejo irregular de las mismas. La Auditoría de Frecuencias, realizada bajo mandato de la Constitución, sería la base para determinar estas reversiones, que podrían ser más de 200, según dio a conocer el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Tales frecuencias deberán revertirse de inmediato al Estado. Además, desde la consulta popular 2011, la Constitución prohíbe que las empresas de comunicación, sus directivos o accionistas puedan tener participación accionaria en empresas de otro sector económico.
Otra medidas, destinadas a estimular la producción nacional, prevén la obligación de tener un 40 % de contenido nacional en los medios audiovisuales y 10 % de producción nacional independiente. En las radios, el 50 % de la música debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Además, la publicidad debe ser producida en el país.
En el proyecto de Ley, se establecen también normas para un manejo responsable de la información por parte de la prensa. Por ejemplo, se estipula que la información publicada debe ser debidamente verificada y se establece la obligación -con las sanciones correspondientes en caso de omisión- de rectificación de informaciones falsas o inexactas, y el derecho de réplica cuando una persona considere que la información afecta sus derechos a la dignidad, honra o reputación.
Se garantiza, además, los derechos de los profesionales de la comunicación, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente y secreto profesional y derechos laborales. Uno de los temas más polémicos fue la titularización obligatoria de periodistas. El debate giró en torno a si ésta atenta o no a la libertad de expresión de la ciudadanía, pero también a las garantías del derecho ciudadano de ser debidamente informado, lo cual exige de destrezas profesionales. En su última versión, el proyecto de Ley prevé que quien ejerza en forma permanente el periodismo debe tener título profesional (salvo editorialistas, columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en idiomas indígenas). Se prevé un plazo de 6 años para que quien ya trabaja en un medio adquiera su título.
Una ley construida con la sociedad
Al igual que sucedió en Argentina, buena parte de la prensa comercial y sectores de la derecha han unido fuerzas, desde hace más de dos años, contra lo que, antes de que se redactara una línea, la tildaron como «ley mordaza», bajo la premisa de que en materia de comunicación la mejor ley es la que no existe. Es evidente que la ley afectará intereses poderosos, lo cual sin duda explica su tenaz oposición, que justifican bajo los reclamos de «libertad de expresión». Uno de los puntos más polémicos ha sido la composición del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación -que tiene entre sus funciones elaborar el informe vinculante para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias- que para algunas voces críticas concentra demasiado poder en el gobierno de turno (si bien el ejecutivo solo nombra a uno de los 5 representantes).
Se argumenta que el texto de la Ley contraviene convenciones internacionales firmadas por Ecuador, lo cual vislumbra posibles acciones ante los organismos internacionales si la ley se aprueba (aunque de hecho, en su redacción se ha cuidado de respetar las convenciones vinculantes). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya califica de «preocupante» la Ley y es de esperar que se articulará una campaña mediática regional para atacarla, como se ha hecho tantas veces en los últimos años, cada vez que alguno de los gobiernos ha tocado los intereses del poder comunicacional.
La última versión del proyecto, publicado el pasado 5 de abril, representa el fruto de más de dos años de foros públicos, debates en medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias sociales, y diversos otros aportes, que hacen que esta ley sea una de las más debatidas del país. Varias de las propuestas centrales, como el reparto igualitario de frecuencias, no provinieron de sectores oficialistas, sino desde actores sociales. El gobierno ha mantenido una actitud ambigua frente a la Ley, hecho que impidió que se votara dos años atrás -como mandataba la Constitución- cuando el movimiento político gobernante, Alianza PAIS, aún tenía mayoría en la Asamblea. En varias oportunidades el propio Presidente Rafael Correa ha reiterado que no es una ley prioritaria para el gobierno, y tanto en el ejecutivo como en PAIS, hay sectores que se oponen a la tesis de los tres tercios en el reparto de frecuencias. Fue solamente en el pasado mes de marzo que Correa expresó un claro respaldo a ella, lo cual alineó posiciones al interior del gobierno.
Sin duda el proyecto tiene varias falencias y aspectos que podrían mejorarse. Por ejemplo, la participación ciudadana en la gestión de los medios públicos no está muy clara, siendo un aspecto importante para garantizar su carácter público. No obstante, con su aprobación, podría sentar las bases para una reconfiguración y democratización profunda del escenario comunicacional, actualmente acaparado por unos pocos grupos de poder. Seguramente su implementación no será un proceso fácil. Al igual que el reparto de la tierra, requerirá de procesos de organización, propuesta, creación de capacidades y lucha, particularmente para consolidar el sector comunitario. Pero si se logra esta primera batalla, se podrá contar con la legitimación de las demandas y una cancha de juego más igualitaria.
En este contexto, resulta difícil de entender que sectores de la oposición ecuatoriana más identificados con la izquierda se alineen con las posiciones de los grandes medios comerciales y de la derecha. Sin duda consideran que oponerse a la ley es una manera de golpearle al gobierno, cuando más bien golpean al movimiento social que ha promovido la ley, y a la ciudadanía que se beneficiará de ella; y de paso, hacen un favor a aquellos sectores dentro del propio gobierno, que no ven con buen ojo las medidas democratizadoras.
Se simpatice o no con un gobierno, mal se puede renegar de las propias banderas históricas, cuando éste las adopta como suyas. Más bien implica movilizar más intensamente y vigilar para que su implementación sea efectiva. No solo se beneficiaría el país, sino que sentaría un ejemplo para el continente.
Es con este sentido que la Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad ha hecho público su apoyo al proyecto de ley mediante una carta abierta(2) suscrita, entre otros, por Ignacio Ramonet, Ana Esther Ceceña, Carmen Bohórquez, Marta Harnecker y Oscar Ugarteche, donde se afirma que es un proyecto que «ciudadaniza el espectro radioeléctrico ecuatoriano mediante una redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión (…), elimina los monopolios, fomenta la producción nacional, promueve la comunicación intercultural y plurinacional y garantiza la plena libertad de expresión e información», y «será un aporte valioso a la democratización de las comunicaciones en toda Nuestra América».
(1) La versión del proyecto de Ley publicada el 5 de abril 2012 se encuentra en:
http://www.asambleanacional.go
(2) Carta de Apoyo al proyecto de Ley de Comunicaciones de Ecuador: http://movimientos.org/foro_co
Fuente original: http://alainet.org/active/5397