El pasado lunes 25 de enero, el Parque Nacional Yasuní fue una vez más el escenario de la violencia que viene perpetuando la actual política extractivista y racista del gobierno ecuatoriano en la región amazónica. Un supuesto ataque con lanzas de miembros de un grupo de indígenas aislados, los Tagaeri-Taromenane, habría sido el hecho que […]
El pasado lunes 25 de enero, el Parque Nacional Yasuní fue una vez más el escenario de la violencia que viene perpetuando la actual política extractivista y racista del gobierno ecuatoriano en la región amazónica.
Un supuesto ataque con lanzas de miembros de un grupo de indígenas aislados, los Tagaeri-Taromenane, habría sido el hecho que dejó como resultado la muerte del joven huaorani Caigua Lincaye Baihua y la agresión a su compañera, Luciana Teweñeme Ñama, mientras navegaban por el río Shiripuno, cerca de la localidad de Boanamo, en la Zona Intangible del Parque Yasuní. Luciana se encuentra gravemente herida y recibe atención médica en un hospital de la ciudad del Coca, en la provincia de Orellana.
Este hecho tiene lugar luego de las masacres perpetradas en marzo y abril del 2013, dentro del mismo Yasuní. En ellas, tras un primer ataque de miembros del grupo de los Tagaeri-Taromenane, fallecieron los ancianos huaorani Ompure y Buganey. Un mes después la familia de las víctimas habría ido en búsqueda de venganza, dejando como saldo la muerte de un número aún desconocido de indígenas aislados. Algunas fuentes han informado que sería mas o menos 30, el numero de víctimas de este episodio.
Ante estos acontecimientos, el Estado ecuatoriano, cuya representación por medio del Ministerio de Defensa, mantiene como argumento un supuesto «conflicto histórico entre pueblos ancestrales», ha negado cualquier tipo de responsabilidad y se ha mostrado completamente indiferente a la situación de vulnerabilidad en la que viven los pueblos indígenas de la Amazonía.
Esto, a pesar de las diversas alertas enviadas por los representantes de la misión Capuchina presentes en la zona, especialmente días antes de la segunda masacre del 2013. En ellas, se preveía la posible acción de los Huaorani para vengar la muerte de sus familiares y se hacía un llamado al Estado ecuatoriano para que ponga un freno a las actividades extractivas que sobre todo en los últimos años, se han intensificado en el Yasuní, causando una serie de conflictos sociales y medioambientales que perjudican particularmente a los pueblos indígenas y los pueblos en aislamiento que habitan en ese territorio.
Cultural y lingüísticamente relacionados con los Huaorani, los Tagaeri-Taromenane, se rehusaron al contacto con la sociedad ecuatoriana al momento del proceso de pacificación llevado a cabo por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV)1. Desde entonces, a decir de los antropólogos Colleoni y Proaño (2012), » la presencia de estos grupos se ha manifestado en diferentes ocasiones y tipos de enfrentamientos que se han originado conforme avanzaba la frontera extractiva y de colonización». Estas confrontaciones han implicado contactos violentos -no solamente con sus vecinos indígenas, sino también con colonos, trabajadores petroleros y misioneros-, en razón de la pugna que se mantiene por los recursos, y el territorio.
Es importante mencionar también que los pueblos indígenas en aislamiento, -llamados también pueblos «no-contactados»-, mantienen formas de subsistencia basadas en la recolección de frutos, la caza y la horticultura itinerante. Estas actividades son realizadas en un amplio territorio por donde se movilizan de manera «estacional y cíclica,» según su forma de organización semi- nómada, sin contar con las fronteras impuestas por el Estado nacional en territorio amazónico.
En este sentido, cabría preguntarse por la pertinencia del término » no-contactados «, que en varias ocasiones, ha servido al Estado para justificar los proyectos de explotación petrolera, argumentando la inexistencia de dichos pueblos, la improbabilidad de contacto y por ende, la viabilidad para realizar actividades extractivas en un determinado territorio. La decisión de explotar el bloque N° 43, dentro del Yasuní, es un claro ejemplo de ello. Diversas evidencias han indicado la presencia de pueblos en aislamiento en esa zona; de hecho, esta fue una más de las razones que sustentaban inicialmente la propuesta para la no-explotación del crudo, la llamada iniciativa Yasuní ITT, oficializada en el 2007, la misma que 7 años mas tarde fue anulada por el gobierno para dar paso a la explotación.
En esta ocasión, recurriendo a la tesis del «no-contacto», se presentaron estudios en donde se determinaba una nueva localización de los pueblos aislados, cuando el objetivo real, era omitir su presencia dentro de la antigua localización y despojarlos así de otra parte más de su territorio para destinarlo a la explotación.
En la actualidad, seis bloques petroleros situados al interior del Yasuní son operados por empresas petroleras estatales y extranjeras, especialmente chinas y españolas 2. Esto a pesar de las directrices de las Naciones Unidas para proteger los derechos de los pueblos en aislamiento, ratificadas por el Estado ecuatoriano desde el 2012, en donde se señala que: » Las tierras delimitadas por los Estados a favor de los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, deben ser intangibles (…), no se deberán establecer asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior; no deberán realizarse actividades distintas a las de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas y no deberán otorgarse derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten (…) mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos (…), y siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental».
A esto se suma, el Art. 57 de la Constitución Política ecuatoriana aprobada en el 2008 en el que se menciona: «Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley».
Al Estado ecuatoriano parece no importarle lo ratificado en la legislación internacional, así como tampoco parece atender el mandato Constitucional y el conjunto de la normativa relativa a los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos en aislamiento y «en contacto inicial».
De igual forma, parece hacer oído sordo a las que durante décadas, han sido las demandas de los pueblos indígenas vinculadas particularmente a su autonomía, su auto-determinación, al derecho colectivo a la tierra, al territorio y a los recursos.
Por el contrario, mientras se siguen multiplicando el número de muertes en el Yasuní, se continúa realizando concesiones de territorios para la explotación minera y petrolera en diversas partes del país; se siguen construyendo anchas carreteras e instalando maquinarias inmensas en pleno corazón de la selva; se insiste en la utilización de mecanismos y tecnologías que causan la contaminación de ríos, lagunas, el empobrecimiento de suelos y que acaban con la diversidad de plantas y especies de animales que habitan en la región.
De igual manera, se intensifica la política represiva para condenar a dirigentes indígenas y campesinos por el solo hecho de haber dado a conocer su opinión opuesta a las políticas extractivistas y etnocidas del régimen actual.
La práctica del Estado se contradice con el conjunto de reconocimientos realizados en la Constitución, revelando sus verdaderos intereses. Estos continúan estando centrados en una visión utilitarista y mercantilista del territorio y de la vida, en consonancia con los requerimientos que le impone el sistema capitalista neoliberal que, a pesar de los avances a nivel jurídico y constitucional, no ha dejado de predominar en Ecuador. A este afán predador, que aniquila significados materiales, elementos simbólicos, sagrados, espirituales de los pueblos indígenas, seguramente no le interesa la muerte de «uno o treinta mas», siempre y cuando los territorios vayan quedando «libres» y se pueda acceder a los recursos con facilidad.
En tanto que jóvenes preocupadas y preocupados por esta situación, sensibles ante la muerte de Caigua, Ompure, Buganey y muchos más, debemos preguntarnos, hasta cuando vamos a aceptar el avance de la frontera extractiva sabiendo que ésta implica la muerte de seres humanos, la desintegración de pueblos, culturas, la devastación de la naturaleza y de los territorios? De qué lado de la frontera se coloca a los que quedamos, sabiendo que los intereses de las élites políticas y económicas así como su idea de «bienestar», se basan en el ilimitado despojo de la riqueza material e inmaterial de los pueblos?
Notas:
1. El Instituto Lingüístico de Verano (ILV), es una entidad religiosa, evangélica, cuya labor fue apoyada por el Estado ecuatoriano desde mediados de los años 50 para intervenir en un proceso llamado de «civilización» de los pueblos indígenas amazónicos, particularmente del pueblo Huaorani. En realidad, la obra del ILV tuvo como objetivo, reducir a los pueblos indígenas, agruparlos en los denominados «protectorados» y de esta manera, facilitar la entrada y el despojo de los recursos de esa región.
2. En esta mención, incluimos al conjunto de empresas multinacionales que han operado y operan actualmente en la Amazonia ecuatoriana. Vale la pena recalcar que la relación del pais con las multinacionales del petróleo data de los años 60, cuando las compañías Shell y Texaco realizan las primeras explotaciones. Hoy, son sobre todo empresas de capital proveniente de la China, como por ejemplo la Andes Petroleum, a quienes se ha concedido gran parte del territorio amazónico para su explotación.
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