Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
Como en el caso de reuniones precedentes, la cumbre del G20 -un club privado en el que los más ricos del planeta invitan a los jefes de Estado de las principales potencias emergentes- se ha mostrado de nuevo rica en efectos publicitarios pero vacía de decisiones. Como en 2008 en Londres, y luego en 2009 en Pittsburg, las discusiones del G20 reunido en Toronto giraron alrededor de la salida de la crisis, pero siempre de una salida capitalista, favorable a los acreedores y a las grandes potencias.
Desde hace dos años aparece una cuestión recurrente, pero nunca llevada a efecto: la reglamentación financiera mundial. Esta vez tampoco se logró, como era de prever, llegar a un resultado concreto. Ante una población que está pagando muy caro los efectos de la crisis, de cuyo estallido no tiene ninguna responsabilidad, los gobiernos simulan el deseo de animarse a redefinir las normas del juego mundial, a pesar de que, desde hace décadas, abogan por el abandono de cualquier regla que proteja a los pueblos.
Reglamentación del mercado de productos derivados -innovaciones financieras de pura especulación sin ninguna utilidad social-, normas sobre los fondos propios impuestas a los bancos, limitación de los bonus de los dirigentes de los grandes bancos que por ahora se reparten sin ton ni son, impuesto a los grandes bancos o a las transacciones financieras, temas que mostraron las fuertes divergencias que existen en el seno del G20, que es muy cómodo como excusa para no decidir nada. El «tema de la reglamentación bancaria» se ha trasladado a la próxima cumbre del G20, convocada para Seúl en noviembre 2010. Un medio como cualquier otro para no avanzar sobre este problema, que sin embargo, es fundamental.
En cada uno de estos shows mediáticos sigue siendo entonada la misma cantinela contra el proteccionismo. En todo el planeta, la Organización Mundial del Comercio (OMC), apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se concedió a sí misma la misión de destruir todas las protecciones nacionales decretadas obstáculos al libre comercio. Haciendo esto, los derechos fundamentales de los pueblos, tales como el derecho a la soberanía alimentaria, son sacrificados en el altar del crecimiento y el beneficio de las corporaciones transnacionales.
Sin embargo, las diferentes crisis que sacudieron al mundo estas últimas décadas tienen sus raíces en esta liberalización del comercio y de los flujos de capitales esencialmente especulativos. La gran desreglamentación financiera de los años noventa, la desestructuración de sectores completos de las economías nacionales y la disgregación del Estado prepararon el terreno a la feroz ofensiva de los tenedores de capitales contra las poblaciones del mundo entero, primero las del Sur y luego también del Norte.
La crisis actual y los planes de salvataje de los bancos aumentaron las deudas públicas de los países del Norte. El huracán de austeridad que se cierne sobre los países europeos provoca drásticas reducciones de los gastos públicos, mientras se mantienen las rentas del capital. Así es como el G20 se comprometió a «reducir a la mitad los déficit de aquí al 2013 y a disminuir la deuda pública respecto al PIB antes de 2016». Estas acciones van en contra de los intereses de las clases populares y en pro de las clases sociales más favorecidas. Las recetas fraudulentas aplicadas a partir de los años ochenta están de vuelta: la reducción o congelación de los salarios, el aumento del IVA, la liberalización del mercado de trabajo, las privatizaciones de empresas públicas y la reforma del sistema de pensiones son medidas de austeridad cuyas primeras víctimas están entre las poblaciones con mayor grado de precariedad. Desde 2008, el FMI abrió líneas de crédito a una decena de países europeos. En Islandia la población dejó bien claro que no pagará por los errores y los despropósitos del sector bancario y financiero. En Rumania la reducción de un 15 % en las jubilaciones fue juzgada anticonstitucional a pesar de las presiones del FMI. En Ucrania las relaciones entre el FMI y el gobierno están bloqueadas después de la decisión unilateral de este último de aumentar un 25 % el salario mínimo. En Grecia ha habido cinco huelgas generales. Numerosas manifestaciones populares tuvieron y tienen lugar en los países víctimas de estas políticas, y también en Toronto donde las manifestaciones contra el G20 han sido brutalmente reprimidas.
Esta cumbre del G20 sólo fue un hito más en el camino hacia la salida capitalista de la crisis. Para aquellas y aquellos que luchan por la justicia social, este G20 es más bien… un G20 superficial, que repite sin cesar las mismas e injustificables exigencias, y que vuelve a sacar las antiguas «soluciones», que en realidad no lo son. O sea, que ni G8, ni G20, sino atacar la raíz del problema, y para ello: expropiar los bancos para transferirlos al sector pública bajo control ciudadano, realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública con el fin de anular la deuda ilegítima, instaurar una verdadera justicia fiscal general y una redistribución más justa de la riqueza, luchar contra el fraude fiscal masivo, reglamentar los mercados financieros mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y por la prohibición de ventas al descubierto, reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos aumentado los salarios y las jubilaciones. Por lo tanto, es urgente actuar en pro de una gran movilización popular, para llegar a la convergencia de las luchas locales en el plano internacional y conseguir acabar con las políticas de regresión social.
* Portavoz y vicepresidente del CADTM Francia y presidente del CADTM Bélgica, respectivamente. (www.cadtm.org)
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