Entre los días 15 y 16 de febrero estudiantes del Colegio Montúfar confrontaron a la Policía Nacional, luego de agotar un dudoso proceso de diálogo con las autoridades de la institución y del Ministerio de Educación, al ser notificados sobre el traslado de algunos profesores del plantel hacia otras unidades educativas. Duramente reprimidos (un saldo […]
Entre los días 15 y 16 de febrero estudiantes del Colegio Montúfar confrontaron a la Policía Nacional, luego de agotar un dudoso proceso de diálogo con las autoridades de la institución y del Ministerio de Educación, al ser notificados sobre el traslado de algunos profesores del plantel hacia otras unidades educativas. Duramente reprimidos (un saldo de 21 detenidos entre ellos 16 menores de edad), el peso de la maquinaria comunicacional del Estado levantó una extensa campaña de descalificación y repudio contra los estudiantes, rescatando el papel de la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y las autoridades del colegio como mediadores del conflicto.
A continuación realizaré un corto análisis sin detenerme en los detalles de los hechos, para quien esté interesado en los testimonios de los estudiantes, padres de familia y autoridades, puede acudir a las diferentes fuentes que circulan en redes sociales y medios de comunicación, centraré el debate en el discurso hegemónico del Estado frente a la violencia y movilización popular, el fantasma del ex MPD, la adolescencia y la calle como espacio de aprendizaje político.
«No hay razones para la violencia». ¿Cuándo olvidamos que nada vino gratis?
La violencia popular, que bien puede ser entendida como un acto de respuesta organizado o espontáneo ante un hecho particular de importancia para la sociedad o un sector de ella, ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia, al punto de desencadenar procesos de profunda transformación de la sociedad. En nuestro país no fueron pocos, sino innumerables los hechos legítimos de violencia popular contra gobiernos neoliberales, los resultados fueron tres presidentes destituidos, inclinando la correlación de fuerzas a favor de una tendencia anti neoliberal que abrió las puertas a la Revolución Ciudadana, además, funcionó como espacio de articulación multiclasista.
Pero, ¿a dónde quiero llegar con esta «adulación» a la violencia popular durante el neoliberalismo «duro»? Las transformaciones, el reparto de la renta, la creación de infraestructura y el mejoramiento de servicios y necesidades básicas que no estaban siendo garantizadas por el Estado, como la educación, se consiguieron en gran parte porque el pueblo en la calle las defendió y conquistó mediante el ejercicio de la violencia, la movilización y la organización. Es decir, no ha existido nada gratis durante la Revolución Ciudadana, el pueblo ha empeñado vidas, pagado con cárcel y heridos los avances actuales, creó si se quiere, el espacio idóneo para que el Estado intervenga en la sociedad como lo hace ahora.
La condena de la violencia popular por parte del gobierno, supone que todas las contradicciones propias del neoliberalismo ha sido superadas en la Revolución Ciudadana, y que el Estado, haciendo uso legítimo del monopolio de la fuerza, el carácter normativo y ejecutor de políticas públicas, es el único con potestad para tomar decisiones, sin contar con la sociedad, o condicionando su participación mediante mecanismos burocráticos.
Humanismo policíaco. Justificando y legitimando la violencia hacia los otros.
Está claro que pueden existir individuos «que marquen la diferencia» entre las fuerzas represivas del Estado, pero no son los individuos aislados quienes representan por si mismos distintas formas de actuar en una estructura donde ocupan una función específica, en este caso, mantener el orden interno. Ahora, sin querer entrar en un debate sobre seguridad y Estado, me parece pertinente recordar este punto para evitar en lo posible comentarios tales como «los policías también son seres humanos», «sólo cumplen sus funciones», «es un trabajo como cualquier otro».
En las filas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas existen muchos efectivos de origen popular, pero no es la procedencia de clase la que determina su carácter en el cuerpo policial, basta recordar la constitución vertical y autoritaria de los aparatos represivos del Estado para entender que las decisiones vienen desde los mandos y deben ser obedecidas; aguantar o reprimir. Tampoco cumplen con sus funciones simplemente, existe toda una construcción mental del enemigo interno, heredera de la Doctrina de Seguridad Nacional, aún vigente, pese a estar maquillada en escudos con mensajes engañosos. Tampoco es cierto que se trate de un trabajo más, las fuerzas represivas no generan ningún tipo de excedente, salvo golpes y moretones.
El reportaje televisivo de la mujer policía herida durante la manifestación del 15 de febrero justifica el uso de la violencia contra cualquier tipo de protesta, muestra el carácter racional, funcional y rol social de los cuerpos represivos en la sociedad capitalista, argumenta a su favor en el derecho exclusivo del Estado para disuadir a un sector de la sociedad mediante el uso de la fuerza, legitimada y respaldada jurídicamente, además de montar todo un espectáculo de emociones encontradas por la agresión a una policía, primero por ser mujer, segundo por venir de un hogar popular, y tercero por cumplir su «trabajo». Finalmente, se trata de un teatro macabro que promueve la identificación sentimental de la sociedad con la policía.
¿Carta principal o as bajo la manga?
El ex Movimiento Popular Democrático (MPD), ahora Unidad Popular (UP), tuvo la hegemonía en los principales gremios y centros educativos del país desde fines de los años 60, cumplieron un importante papel en la defensa de los derechos de estudiantes y maestros (en honor a la verdad), pese a tratarse de una estructura política e ideológicamente reaccionaria.
Aliado en un inicio de la Revolución Ciudadana, el ex MPD ha sido el as bajo la manga preferido del gobierno para anular y deslegitimar cualquier tipo de organización popular que no simpatice con su programa, o fundamentando su criterio cuando esta estructura, aún fuerte y disciplinada, ha sabido aprovechar la coyuntura para «trepar» en lugares ajenos a su influencia, como es el caso de la defensa legal de los estudiantes del Montúfar por figuras del ex MPD.
Pese a existir manifestaciones populares de descontento que poco o nada tienen que ver con el ex MPD, el aura mediática de identificación de lo popular con este partido, imposibilita a la sociedad ecuatoriana pensar en la organización y movilización sin este fantasma constante. Existe así una relación causa efecto que se ha enquistado en la opinión pública y en los analistas políticos de la más variada índole, reduciendo los análisis a juicios apresurados e ideológicos.
Manipulación y mito. ¿Los adolescentes están imposibilitados fisiológicamente para hacer política?
«Equivocados», «manipulados», «vagos», «vayan a estudiar», «no saben por qué protestan», «longos», entre otros, han sido las palabras preferidas por el sentido común avivado durante el asedio mediático contra los estudiantes del Montúfar, basta mirar muros de Facebook y mensajes Twitter, para recordar nuestra triste historia de herencia colonial de la que aún no podemos escapar.
Al ecuatoriano adulto, no le cabe duda que los adolescentes son sujetos de manipulación e irracionalidad (alguien seguramente buscará pruebas en la efervescencia hormonal), no pueden ni podrán, tener criterio propio. No obstante, estos estudiantes han demostrado como las fases de negociación son veladas por el carácter adulto céntrico de nuestra sociedad (caso omiso de las nuevas autoridades de la institución y de los funcionarios del Ministerio de Educación). ¿Entonces, qué otra salida tenían?, ¿la violencia?
Para comprender el fenómeno violento, mediado por un pasado intacto de largas y extensas jornadas de combate callejero en este colegio, hay que fijarse en el sistema de identificación de los estudiantes con el plantel educativo. No se trata de cualquier colegio, es el Colegio Montúfar, por lo tanto habrá que preguntarse, ¿qué significa ser del «MH»?, ¿qué es ser un «señor Montúfar»?, ¿quiénes son estos profesores «clásicos y respetados» ahora reubicados, educadores de generaciones enteras? Existe un espacio «sagrado» en esa relación profesor-alumno que no puede ser arrebatado de un día al otro. Cuando los estudiantes se refieren a estos profesores como «los mejores», van más allá del respeto y la estima (sin duda podrán estar atravesadas relaciones de dominación entre profesor-alumno), lo hacen desde un apego sensible hacia ese sistema identificación que ha hecho del colegio un solo organismo, indisociable e intransferible. Al no medir las consecuencias de promover el traslado de profesores con una carga simbólica tenaz entre los estudiantes, resulta casi obvio que se produzcan hechos como los ocurridos el 15 y 16 de febrero, mucho más si son negadas las etapas de discusión del proceso.
La violencia volverá y será legitimada nuevamente.
Pese a todas las críticas, acusaciones morales, argumentos liberales de igualdad ante la ley, la violencia volverá y será legitimada por la sociedad cuando la emergencia de crisis y conflictos provoquen la respuesta violenta del pueblo.
Durante los años 90 los jóvenes de colegios como el Montúfar, Mejía o Montalvo, salían a pelear en la calle por cosas que ahora pueden parecer un chiste de mal gusto, aumento del valor de un litro de leche o un pan. Ahora, la protesta callejera, la organización y movilización popular, han sido deslegitimadas (o tomado un tono tibio hasta donde no causen problemas), asentándose en la psiquis de la sociedad ecuatoriana la idea de que no hay razones para protestar u organizarse.
La calle volverá a figurar como espacio de aprendizaje político, organizador, cohesionador y catalizador de poder, de poder popular. Quienes la disputen, manifestantes y fuerzas represivas, sabrán a qué atenerse y cuáles son las reglas del combate callejero, aún cuando la represión no las respete. Este regreso se reencontrará con el mal sabor de la crisis y la desesperación social, sentimientos de odio, rencor, dolor, impotencia, que más allá de críticas moralistas, toman cuerpo en la calle, aglutinando a diferentes sujetos bajo similares posiciones.
Finalmente, estos estudiantes han visibilizado una vez más el carácter racista y clasista de la sociedad ecuatoriana, el oportunismo de la política adulta que pretenden capitalizar su descontento con fines electorales, el espíritu represivo del Estado, pero también nos dicen a gritos y entre dientes, que es necesario repensar la organización y movilización popular, lo dicen cuando rechazan las viejas formas de hacer política (léase ex MPD), o las pretensiones hegemónicas de un proyecto en crisis.
Carlos Pazmiño: Investigador CEPY, licenciado en Comunicación para el Desarrollo, candidato a magíster en Sociología FLACSO-Ecuador, ex estudiante del Colegio «Juan Pío Montúfar».
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