Las distintas políticas económicas obedecen a situaciones nacionales muy diferentes de erosión por arriba y resistencia por abajo. En México, la crisis repite la profundización neoliberal, que sucedió a todas las eclosiones precedentes. Se refuerza la desarticulación industrial que imponen las maquilas y se acentúa el vaciamiento de reservas que genera la provisión de petróleo a Estados Unidos. La falta de inversiones potencia, además, las presiones para privatizar la empresa estatal. Brasil se distingue del resto de la región por sus multinacionales y la envergadura de su mercado. Pero su modelo actual no recrea el industrialismo de posguerra, ni elimina las asimetrías con las economías centrales. El agro-negocio ha recuperado primacía, bloqueando la reforma agraria y profundizando las tendencias hacia el librecomercio. El curso socioliberal condujo a la cooptación de la burocracia sindical e introdujo un nuevo equilibrio entre sectores del bloque dominante. El modelo neodesarrollista intentado en Argentina emergió del descontento burgués con los resultados de la cirugía neoliberal, en un marco de grandes protestas populares. Se ha buscado recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro-negocio. Hubo concesiones sociales, sin redistribución de ingresos y sin nacionalizaciones de sectores estratégicos. El crecimiento del último quinquenio no revirtió la desarticulación productiva y el empobrecimiento estructural. La política reformista de Venezuela, Bolivia y Ecuador incluye avances sociales, pero no resuelve los principales problemas de economías muy periféricas y dependientes. Las nacionalizaciones del proceso bolivariano son indispensables para superar el atraso y erradicar los derroches de la burguesía rentista. Pero la ausencia de control obrero y social y el injustificado pago de indemnizaciones reciclan los privilegios de la «boliburguesía» Mayores avances en la estatización de los hidrocarburos son necesarios en Bolivia, para financiar la impostergable mejora del nivel de vida popular. Es un error intentar contrapesos del poder económico de la derecha, mediante concesiones al capital extranjero. La importante auditoria de la deuda realizada en Ecuador choca con la continuidad de un modelo extractivo, que ha desatado fuertes conflictos con el movimiento indígena.
En la región se observan políticas económicas diferenciadas en función de dos procesos: la consolidación o erosión del neoliberalismo y el avance o reflujo de la resistencia popular. Estas singularidades se expresan en cuatro variantes de orientación oficial.
NEOLIBERALISMO ORTODOXO EN MÉXICO
La economía azteca ha sido particularmente afectada por la crisis actual. Mientras que el PBI se contraería 0,8% en Brasil y mantendría una leve subida de 1,5% en Argentina, decaerá 7% en México. A pesar de esta contracción, el gobierno de Calderón reafirmó la política neoliberal de las últimas décadas, otorgando mayores atribuciones al Banco Central para administrar el ajuste. Al igual que en la crisis anteriores, la eclosión actual induce a profundizar la atadura al neoliberalismo.
Esta política se inició en México a mitad de los 70 con un crack que precipitó el endeudamiento externo y el despojo petrolero. El descalabro posterior de 1982 condujo a la suscripción del NAFTA y el desmoronamiento bancario de 1994 desembocó en más privatizaciones y librecomercio. Esta dinámica de neoliberalismo continuado, ubica a México más cerca del patrón mundial, que de las peculiaridades latinoamericanas.
Esta orientación no obedece sólo al ascenso del partido derechista PAN, sino que es también compartida por la vieja burocracia nacionalista del PRI. Esta política económica se afianzó a pesar de sus nefastas consecuencias. Ha consagrado una profunda dualización entre la minoría que lucra con el modelo vigente y la mayoría afectada por ese esquema. Los perdedores se localizan especialmente en sectores de la pequeña empresa, en la región sureña y en la masa de asalariados, que perdieron un millón de puestos de trabajo en última década.
La crisis actual ha puesto de relieve la enorme dependencia hacia Estados Unidos, que absorbe el 85% de las exportaciones del país. La recesión de la potencia vecina paralizó todo el cordón de maquiladoras, creando una situación muy crítica en los sectores automotor, electrónico y textil. A diferencia de lo ocurrido en 1994, esta vez no se avizora una salida con mayores ventas al norte.
El esquema de maquilas es vulnerable, además, por la baja competitividad de actividades que operan con tecnologías fragmentadas. Los enormes lucros de las corporaciones foráneas se asientan en los bajos costos salariales. Esas empresas han reforzado la desintegración de la vieja estructura industrial, introduciendo mayores niveles de explotación y depredación ambiental. Ni siquiera han alentado aumentos significativos de la producción, cómo lo demuestra el bajo crecimiento industrial (desde el año el año 2000, sólo un tercio de la media prevaleciente en los 70) [2] .
Pero el modelo actual es sostenido también por los grupos capitalistas aglutinados en torno a las nuevas multinacionales locales (Telmex, Cemex, Grupo Bimbo). Estas corporaciones se expandieron en los mercados vecinos, desarrollando especialidades no cubiertas por sus competidores metropolitanos (farmacia, medios de comunicación, cemento, alimentos).
El estancamiento industrial coincide con la consolidación de México cómo abastecedor petrolero de Estados Unidos. Mientras que en 1988 se destinaba a ese mercado el 50% del crudo, las colocaciones actuales bordean el 80%. Luego de Canadá y Venezuela, el país se ha convertido en la tercera fuente suministro del combustible importado por la primera potencia.
Pero lo más llamativo es la brutal depredación que sufre este recurso. En los últimos seis años se extrajo el 87 % de todo el crudo sustraído en la era contemporánea. Esta absorción contrasta con el 13% capturado durante el largo período precedente de cuatro décadas (1938-76). Además, se han privilegiado toscas formas de primarización por la demora en construir refinerías. México es el sexto exportador mundial de petróleo, pero debe importar el 40% de la gasolina que consume por falta de procesamiento local del combustible.
La baja inversión en exploración está agotando, además, las reservas y reforzando las presiones para privatizar la empresa estatal PEMEX. Esta firma se ubica en el podio de las diez principales petroleras del mundo, cuenta con ingresos anuales de 100.000 millones de dólares y nutre el 40% de los recursos del presupuesto estatal. Pero ha sufrido los típicos procesos de endeudamiento y saqueo que preceden al remate de las compañías públicas.
La lista de aspirantes a ganar esta subasta es tan nutrida, cómo la resistencia que genera liquidar la compañía que financia al estado. Por esta razón, una administración ultra-liberal no logra consumar su traspaso al sector privado [3] .
SOCIAL-LIBERALISMO EN BRASIL
El impacto de la crisis global en Brasil fue semejante al promedio latinoamericano, pero la economía del país cumpliría un rol más activo en la eventual reactivación del 2010. Los pronósticos indican un crecimiento de 5,5%, frente a 4% de Argentina y 3,5% de México. Si estas previsiones se cumplen, cambiaría la tónica del rezago brasileño, observado durante el reciente ciclo de crecimiento regional. Mientras que Argentina o Venezuela crecieron en ese quinquenio al 7 u 8% del PBI, Brasil no superó el 3% [4] .
Pero cualquier análisis basado en estos vaivenes de la coyuntura tiende a ensombrecer el afianzamiento de la principal economía de la región. Esta consolidación es muy resaltada por los voceros del capital financiero, que alaban a Lula y pronostican la conversión de Brasil en la quinta potencia del plantea, a mitad de siglo XXI. Ponderan especialmente la atracción que ejerce la magnitud de su mercado sobre las inversiones externas. Esta afluencia aumentó un 30% durante el año pasado, a pesar de la caída del 14% que registró esa variable en el resto del mundo.
El entusiasmo capitalista toma en cuenta también la significativa expansión internacional de las multinacionales brasileñas, que comienzan a incursionar en Centroamérica, África y Medio Oriente. Un núcleo de 14 firmas ya figura en la lista de las 100 principales firmas globales emergentes. Las compañías con inversiones significativas en el exterior pasaron de 6 a 877 firmas desde 1990. También llama la atención el peso de las exportaciones manufactureras básicas. Esta actividad expresa una reconversión de larga data, ya que las ventas externas de bienes industriales saltaron de 6,2% del total (1964), al 54% en la última década [5] .
La gravitación de estas compañías y la presencia de exportaciones industriales diferencian a Brasil del resto de la región. Pero esta singularidad no aproxima el modelo vigente al proteccionismo de posguerra, ni a la precedente utilización de la renta cafetalera, para un proceso de industrialización asentado en la sustitución de importaciones [6] .
Las multinacionales brasileñas operan con sus socios internacionales, privilegian las exportaciones y mantienen un gran retraso tecnológico, no sólo con las economías centrales, sino también con sus pares de Asia. La influencia que ha ganado la empresa aeronáutica Embraer es un caso aislado. En Brasil no se ha desarrollado ningún sector de inversiones complejas en computación, servicios, automotores o actividades nucleares. Los gastos de investigación y desarrollo se ubican por debajo del promedio de la OCDE e incluso Corea del Sur registra 30 veces más patentes, con un tercio de la población del país sudamericano [7] .
Esta limitación obedece, en gran medida, a la creciente incidencia de las agro-exportaciones, que en el último período recuperaron primacía en desmedro de la industria. El viejo liderazgo en café, jugo de naranja o azúcar, ahora es complementado por el negocio de la soja y próximamente del etanol. Si se concreta el millonario programa de extracción del petróleo descubierto en la costa, este recurso podría sumarse a la canasta primaria de ventas externas.
Un efecto de esta gravitación es la inclinación de los distintos gobiernos a negociar mayor acceso al mercado agrícola internacional, a cambio de aperturas importadoras que afectan a la industria tradicional. Pero otra consecuencia más devastadora de la euforia generada por el agronegocio es la destrucción ambiental. La frontera de la soja y de la ganadería se expande desmontando el Amazonas. Las diez grandes empresas que propician esta invasión destrozan con agrotóxicos una monumental reserva de la naturaleza.
Estas mismas compañías bloquean cualquier intento de avanzar en la reforma agraria, potencian el éxodo rural y reducen la tierra cultivable para la alimentación local. También lucra con estas agresiones el 1,5% de los propietarios latifundistas, que detenta el 57% de la superficie rural relevada (en 2003) [8] .
Todas las evaluaciones elogiosas del capitalismo brasileño omiten señalar que los beneficios son acaparados por una minoría de financistas, ruralistas e industriales. La reciente decisión de aportar fondos al FMI (por un volumen de fondos equivalente a un año de auxilios sociales) es coherente con este apuntalamiento de los poderosos. Para ascender en la escala global se destina a ese organismo, los recursos que necesitan los desamparados.
Basta observar cualquier dato de la realidad social brasileña para notar la persistencia de una fuerte brecha con cualquier país del Primer Mundo. No sólo los niveles de explotación o desigualdad son muy superiores, sino que persiste una guerra premoderna de las elites contra los pobres [9] .
El modelo económico actual mantiene los pilares del neoliberalismo introducido durante los años 90. Durante ese período se consumó una convergencia de sectores dominantes en la decisión compartida de reducir los salarios, achatar las jubilaciones y privatizar las empresas públicas. Durante esta etapa los bancos impusieron astronómicas tasas de interés que condujeron al colapso del endeudamiento público.
Estas crisis desembocaron, a su vez, en un giro exportador que reforzó el papel del agronegocio y la incidencia de los industriales exportadores en el bloque dominante. Por esta razón se moderaron las privatizaciones, se reordenó la apertura comercial y se adaptaron las altas tasas de interés a un nuevo equilibrio vigente en la cúpula del poder. Aunque Lula ha favorecido a los bancos y a los vendedores de productos básicos, otorgó lugares privilegiados a la burguesía industrial, d entro de los límites que permite el pago a los acreedores.
El gobierno actual también asoció a la burocracia sindical a las elites dominantes, en un marco de creciente asistencialismo a los pobres. Esta política configura un esquema socioliberal diferenciado del neoliberalismo precedente, tanto en la ampliación del bloque hegemónico de los poderosos, cómo en la cooptación de las lideres obreros provenientes del PT y la CUT. Con esta política, el neoliberalismo ingresó en una nueva fase [10] .
Este esquema ha suscitado una verdadera idolatría hacia Lula por parte de l capital global. Es un error confundir el rechazo cultural que genera el actual presidente entre ciertas elites, las rencillas de poder o la enemistad de los medios comunicación, con el respaldo que el primer mandatario ha logrado entre las clases dominantes. El gobierno optó por extender el asistencialismo para bloquear la ampliación real de los derechos sociales y se congració con los poderosos, evitado el discurso beligerante que caracterizó al viejo nacionalismo de Vargas, Goulart o Brizola [11] .
INTENTO NEODESARROLLISTA EN ARGENTINA
La crisis reciente y el alivio posterior siguieron en Argentina pautas semejantes a Brasil. Pero la recaída ha sido más llamativa en la economía austral, por el contraste con el período previo (2003-08) de elevado crecimiento.
Esa recuperación cerró una década de virulenta cirugía neoliberal, que incluyó formas extremas privatización, apertura comercial y flexibilización laboral, con dos picos de crisis hiper-inflacionaria. El aparato productivo fue reorganizado en un marco de regresión industrial y empobrecimiento de la clase media. El crecimiento del último quinquenio sólo atenuó estos dos flagelos. La pobreza se ha perpetuado en torno al 30% de la población, en un país que desconoció esa escala de miseria durante la mayor parte del siglo XX.
Otro aspecto de este retroceso ha sido el vuelco hacia la especialización exportadora liderada por la soja, que ya acapara el 70% de la tierra cultivable. La amplia gama de granos y carnes que vendía Argentina ha quedado sustituida por la mono-producción de un insumo de altísima rentabilidad, que no contribuye al desenvolvimiento agrícola integral.
La pérdida de posiciones económicas se refleja, además, en la reducida presencia de multinacionales propias. A diferencia de México o Brasil, este tipo de empresas se cuenta en Argentina con los dedos de la mano. El desmantelamiento del viejo tejido industrial centrado en el mercado interno, no fue seguido por ningún desarrollo de exportaciones manufactureras.
Pero lo más distintivo del país ha sido la contundencia de la reacción popular. La rebelión masiva del 2001-02 provocó un quebranto institucional, sin ningún parangón en México o Brasil. Las clases dominantes perdieron la cohesión por arriba, que han mantenido en estos dos países e incluso emergió un sector hostil a la estrategia neoliberal.
Estas peculiaridades explican la introducción de políticas neo-desarrollistas bajo el mandato de los Kirchner. Estas orientaciones buscaron recomponer la gravitación de la burguesía industrial, en desmedro de los bancos y en conflicto con el agro-negocio. El intento se llevó a cabo inicialmente, en condiciones internacionales favorables y en el contexto interno de alta rentabilidad que generó la mega-devaluación (2001). Con esa política se apuntaló una recomposición de la autoridad del estado, que suscitó durante varios años el aval de toda la clase capitalista [12] .
A diferencia de México y Brasil, esta orientación también incluyó ciertas concesiones sociales que rompieron la sucesión de agresiones patronales. Hubo recomposición del salario formal y recuperación de la capacidad negociadora de los asalariados. El modelo neodesarrollista implicó un reconocimiento de este cambio de relaciones de fuerzas con los oprimidos. Privilegió los subsidios a los capitalistas, pero también buscó afianzar el manejo estatal de crecientes porciones de la renta agraria, para atemperar la presión por abajo. Cuando el modelo perdió fuerza, irrumpieron las tensiones con el establishment y se desató una profunda crisis, que permanece irresuelta desde el 2007 [13] .
Pero los Kirchner no se equiparan con P erón. Un verdadero abismo separa las acotadas concesiones del último período de las enormes conquistas populares de los años 50. No se ha puesto en práctica ningún intento serio de redistribuir los ingresos y revertir el pavoroso crecimiento de la desigualdad social.
El gobierno argentino intentó resucitar el industrialismo con cierta protección arancelaria, aprovechando el escenario creado por el descalabro del 2001. Pero favoreció más a la cúpula del empresariado que al grueso de firmas y actuó como abogado de las grandes compañías que se han internacionalizado (especialmente Techint). Esta postura fue muy evidente, cuando los intereses de estas empresas fueron amenazados por las medidas de estatización adoptadas en Venezuela.
El neodesarrollismo contemporáneo difiere, además, de su precedente por la ausencia de grandes proyectos de inversión pública y por la renuncia a introducir nacionalizaciones en los sectores claves de la economía. Desenvuelve una política distinta al socioliberalismo de Brasil, pero se ubica en el mismo marco de clases dominantes que han sustituido el modelo burgués nacional por esquemas de exportación y mayor asociación con el capital transnacional.
El ensayo neo-desarrollista no pudo revertir la desarticulación productiva y la enorme dependencia del equipamiento foráneo. Tampoco recompuso la baja competitividad de la industria y su alto nivel de extranjerización. Por esta razón ya muestra signos de agotamiento. El obstáculo más importante a su continuidad es la predilección que exhiben las clases dominantes por los elevados lucros que ofrece la primarización. La hostilidad de las elites hacia la política gubernamental, la salida de capitales, las inversiones en el exterior y la continuada venta de grandes empresas a firmas foráneas ilustran el escaso apego actual de los acaudalados al curso neodesarrollista.
Este distanciamiento fue acentuado por todos los desequilibrios que erosionan a ese modelo. El deterioro del tipo de cambio, la baja inversión privada, el cuello de botella energético y la inflación han afianzado la búsqueda de un nuevo esquema, más asentado en la agroexportación, que podría implementar el gobierno actual o su reemplazante.
REFORMISMO DISTRIBUCIONISTA
La política económica en Venezuela, Bolivia y Ecuador difiere del resto de la región por su cariz reformista. Los tres gobiernos alineados en el nacionalismo radical enfrentan serios conflictos con el imperialismo y las clases dominantes y adoptan medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo popular, a partir de cierta redistribución del ingreso.
La crisis global golpeó a estos países con la misma severidad que a las restantes economías. La caída inicial de las exportaciones de petróleo afectó a Venezuela, las dificultades con el gas incidieron sobre Bolivia y la retracción de las remesas golpeó a Ecuador. Pero estas adversidades encontraron un límite al promediar el 2009. En los tres países se adoptaron también ciertas medidas de protección de los sectores populares, en un marco de austeridad, que no alteró significativamente la política económica.
Venezuela logró altas tasas de crecimiento desde el año 2003 merced a la bonanza petrolera. Por primera vez en la historia del país, la clase dominante no ha sido la única beneficiaria de esa ventaja. Se concretó una importante reducción de la pobreza ( de 62% en 2003 a 31,5% en 2008) y de la indigencia (de 29% a 9% en ese período). También disminuyó el analfabetismo y se amplió la cobertura sanitaria. Además, decayó el desempleo de 18,4% (2003) a 8,3% (2007). Estos avances se financiaron con los fuertes incrementos del gasto social (de 170% entre 1998 y 2006), que acompañaron a la ampliación de los ingresos gubernamentales [14] .
Estas erogaciones han permitido garantizar el aprovisionamiento de alimentos, mediante un sistema de distribución estatal a bajo precio (Mercal) y facilitaron un programa de construcción de viviendas populares. Pero el principal obstáculo inmediato que enfrenta esta acción es el descontrol de la inflación, que promedia porcentajes muy superiores al resto de la región (23% durante el 2009) y licúa la recomposición del poder adquisitivo.
La carestía no obedece sólo al sabotaje de los capitalistas que desabastecen en los picos de la tensión política. Tampoco se explica por el desborde de importaciones o el aumento desproporcionado de la liquidez. Tiene un fundamento estructural en el escaso aprovisionamiento local de bienes para satisfacer el aumento del consumo. La única forma progresista de resolver este cuello de botella es mediante un sostenido proceso de industrialización.
El mismo tipo de reformas sociales se ha concretado en Bolivia, pero en un contexto histórico de atraso y pobreza muy superiores. Este elevado subdesarrollo (incluso para los parámetros latinoamericanos) acota el margen de acción para implementar mejoras sociales. En estas condiciones se ha utilizado la renta de los hidrocarburos para introducir una cobertura para los niños, un ingreso para los jubilados y un subsidio para las mujeres embarazadas.
También se avanzó significativamente en la reducción del analfabetismo, la creación de hospitales y la introducción de coberturas sanitarias, apoyadas con la acción de médicos cubanos. Con estas medidas la pobreza recién ha comenzado a disminuir del 68% a 58%, mientras la indigencia bajó del 38 a 31%. La tragedia social de arrastre es gigantesca, en un país que ha expulsado al exterior a una gran porción de sus ciudadanos [15] .
Finalmente en Ecuador, los avances sociales se han concentrado en el incremento del salario mínimo y el control sobre el trabajo precario. El país no sólo integra el pelotón de naciones más rezagadas de la región, sino que soportó, además, varias crisis financieras de proporciones mayúsculas. Tiene 1,5 millones de exilados económicos y un porcentaje muy elevado de desempleados. Las mejoras logradas en la recaudación de impuestos han servido para incrementar los gastos sociales, extender las coberturas asistenciales y mejorar la educación y la salud públicas [16] .
Las medidas adoptadas en los tres países constituyen sólo moderados puntos de partida para resolver una tragedia social de largo arrastre. Estas iniciativas son necesarias, pero no alcanzan para resolver ningún problema estructural de economías muy periféricas y dependientes. Sin remover los obstáculos que históricamente han bloqueado el desenvolvimiento de estas naciones resultará imposible conseguir avances perdurables para el grueso de la población [17]
LAS ACOTADAS NACIONALIZACIONES
La nacionalización de distinto de tipo de empresas constituye una iniciativa central para este tipo de gobiernos. Este curso se aceleró en Venezuela con traspasos que incluyeron una siderúrgica (SIDOR), una planta arrocera (de Cargill), un banco importante (del grupo Santander) y 75 empresas de servicios petroleros. El estado ingresó en 12 rubros, con el explícito objetivo de multiplicar el desarrollo industrial.
Este curso difiere de la prioridad económica precedente, exclusivamente centrada en diversificar los mercados de exportación del petróleo, para superar la atadura al mercado estadounidense. Con este propósito se apuntaló al aprovisionamiento de China y se ha buscado introducir una negociación de los contratos en euros. Pero esas medidas no resuelven la enorme dependencia de la economía venezolana del vaivén internacional del precio del crudo. Es sabido que por debajo de cierta cotización, cualquier modelo que se ensaye pierde sustento. La baja del promedio del 2008 (86 dólares) a la media del 2009 (56 dólares) provocó un serio impacto en la economía, que podría traducirse en un fuerte estancamiento durante el 2010 (previsiones de crecimiento del 0,5%).
Las nacionalizaciones también difieren de la simple renegociación de los contratos de extracción del petróleo con las grandes compañías, que predominó en los últimos años. Con estas tratativas se logró aumentar las rentas para el estado, luego de un proceso de intensos conflictos con varias firmas (especialmente Exxon), que no ha quedado totalmente zanjado. En este terreno quedan pendientes muchas definiciones, especialmente en el tratamiento de los nuevos pozos de crudos extra pesados ubicados en la faja del Orinoco, cuya comercialización requiere elevadas inversiones adicionales.
Obviamente los neoliberales pegaron el grito en el cielo por una sucesión de nacionalizaciones que revierte el proceso de privatizaciones. Los críticos socialdemócratas optaron por una crítica más elíptica. Sugieren que las estatizaciones son medidas obsoletas o inviables en manos de los funcionarios venezolanos. Contrastan su aplicación con la política de promoción de los negocios privados seguida por Lula, que es ponderada como un hito de la modernización [18] .
Pero esta visión olvida que las nacionalizaciones son indispensables para construir una industria moderna con empleo, en una economía históricamente obstruida por los derroches de la burguesía rentista. Cuestionar su introducción equivale a perpetuar el viejo esquema de despilfarro petrolero, que la clase dominante ha recreado junto a la hipócrita reivindicación de la iniciativa privada y el espíritu empresario.
Las nacionalizaciones enfrentan muchas adversidades de administración, pero lo que más conspira contra sus efectos positivos es el pago de las indemnizaciones. Estos desembolsos no se justifican, especialmente frente a empresas como SIDOR, que surgieron de cuestionados procesos de privatización. Estas erogaciones han costado 15.000 millones de dólares, que podrían haber sido utilizados en la inversión pública [19] .
También existe una seria indefinición en la forma de gestión. La burocracia estatal siempre obstruyó el funcionamiento de las empresas públicas y facilitó el enriquecimiento privado. Pero ahora se podría introducir el control obrero y social requerido para optimizar la administración de esas compañías.
Otra decisión clave comenzó a implementarse en los últimos meses, con la intervención en dos bancos (Canarias y Pro Vivienda), para ampliar el porcentaje de entidades bajo manejo estatal. Esta presencia es aún minoritaria, pero se encuentra en franco avance. La estatización afectó a un magnate estrechamente asociado con el gobierno, que cayó en desgracia por el destape de grandes desfalcos. Por primera vez son penalizados los banqueros, que acumularon fortunas en los últimos años, lucrando con la especulación de los bonos públicos y el tipo de cambio.
Esta acción podría iniciar un conflicto con la «boliburguesía», que emergió en la última década desde la cúspide del estado. Este sector constituye el principal enemigo interno del proceso bolivariano. Actúa como segmento privilegiado, participa activamente del derroche consumista y se ha integrado al 10% más rico de la población que maneja el 35,2% del PBI. Los derechistas de Miami estiman que la reciente nacionalización de bancos podría repetir el camino de la revolución cubana [20] .
Pero existe un serio problema de prioridades. Las nacionalizaciones no siguen un plan, ni están sostenidas en las inversiones energéticas requeridas para su desenvolvimiento. El gran apagón que sufre el país al comienzo del nuevo año no sólo obedece a la adversidad climática, sino a un retraso en la provisión eléctrica que deteriora a toda la economía.
Los capitalistas ponen ahora el grito en el cielo, pero jamás invirtieron un dólar en este terreno y nunca fueron penalizadas por el gobierno. Al contrario, un contundente indicador de los beneficios acaparados por los poderosos es la participación del sector privado en el PBI, que creció del 64,7% (1998) al 70,9% (2008), mientras que el sector público decreció del 34,8% a 29,1%. Estos datos revelan que los recursos públicos se han utilizado para desenvolver concesiones sociales o subsidiar a los capitalistas, en pleno estancamiento de la inversión privada [21] .
Esta última parálisis confirma que los acaudalados no están dispuestos a aportar un sólo un centavo de sus fortunas, mientras avizoren un horizonte de radicalización. Cuánto más se prolongue el intento oficial de seducir a este sector, mayor será la demora en la industrialización, que depende por completo de la inversión pública. Estos dilemas se extienden a la agricultura, que continúa proveyendo un porcentaje muy reducido de los alimentos consumidos en el país.
En Bolivia las nacionalizaciones son más indispensables y al mismo tiempo más complejas por el grado de atraso del país. El manejo estatal de la renta que generan los hidrocarburos ha sido clave para lograr mejoras sociales, a partir de un espectacular incremento de 20 % del PBI de los ingresos gubernamentales. Este aumento es más significativo que el crecimiento de la economía, a una tasa que supera ampliamente el promedio de las últimas tres décadas (5,2% desde el 2006) [22] .
El gobierno ha optado hasta ahora por el proyecto de estatización más conservador. Aceptó especialmente el pago de indemnizaciones, en gran parte destinadas a la compra de las refinerías que manejaba Petrobrás. Quedó a mitad de camino la iniciativa de realizar una auditoria de las inversiones privadas sobredimensionadas, se cancelaron juicios a los viejos administradores y se toleró una mala gestión de la petrolera estatal, bajo grandes presiones de las multinacionales.
Estas vacilaciones convergen con definiciones muy contradictorias en otros ámbitos. Por un lado se han dispuesto medidas de nacionalización (con indemnizaciones) de las telecomunicaciones y los ferrocarriles. Por otra parte, continúa la política de fuertes concesiones al capital privado en la minería. En este sector los impuestos son bajos y persiste el proyecto de privatizar el rico yacimiento de El Mutún [23] .
También existe una convocatoria al capital extranjero para explotar los recursos petroleros del Amazonas. El argumento oficial destaca que ese camino permitirá contrapesar el poder económico que tiene la derecha, con el desarrollo de los recursos naturales de otras regiones. Pero esta política conduciría a fortalecer otro polo capitalista, que no resultará más afín a un proyecto popular por su carácter foráneo. La historia de Bolivia desmiente en forma categórica esta ilusión. La erradicación del atraso exige desenvolver un proceso racional de nacionalizaciones, en lugar de alentar competencias entre grupos dominantes por el usufructo del modelo extractivo.
Las mismas señales contradictorias se verifican en el decisivo terreno agrario. Los últimos proyectos han fijado el máximo de los predios en 5000 o 10000 hectáreas, en lugar de las 50.000 actuales. Pero no se limitaría el uso de tierras ociosas en manos del estado, ni se afectaría la enorme concentración en manos de terratenientes extranjeros. Estos sectores controlan el 66% de tierras y han consumado un generalizado desmonte para plantar soja, que ya es la segunda exportación de Bolivia. Sólo cien familias manejan este lucrativo negocio, en un país que tiene el 87% de la tierra en manos del 7% de población [24] .
Las definiciones adoptadas en Ecuador se ubican por el momento en un terreno más básico. En ningún sector se han puesto en marcha el tipo de nacionalizaciones que se introdujeron en Venezuela y Bolivia. Se realizó, en cambio, una importante auditoria de la deuda, por parte de una comisión especialmente designada para investigar las operaciones ilegítimas. Esta evaluación confirmó, que el país desembolsó varias veces el monto total de su deuda, a través de distintos fraudes [25] .
La auditoria fue seguida por un canje de la deuda aceptado por el 91% de los acreedores. La revisión de los pasivos constituye la principal diferencia de esta transacción con la encarada por otras administraciones (como el canje argentino del 2005). Pero el gobierno decidió posteriormente limitar las impugnaciones de otros contratos.
Esta restricción es coherente con la ausencia de transformaciones económicas significativas en la estructura capitalista. Se mantienen las privatizaciones y opera un gabinete con representantes directos del agronegocio y la gran minería. Al eludir un curso de estatización, también subsiste la estrategia de insertar al país como localidad de tránsito de las materias primas que fluyen entre Brasil y Asia.
La continuidad de la petro-dependencia y del modelo extractivo ha desatado fuertes conflictos con el movimiento indígena. Por un lado, el gobierno promueve la protección del medio ambiente, mediante un proyecto de resignar las explotaciones en la selva, a cambio de cierta compensación internacional. Pero al mismo tiempo se ha convocado a una licitación internacional, para extraer los recursos naturales de esa zona.
Este llamado supone avanzar en la minería de cielo abierto, vulnerando las restricciones de la nueva constitución. Por esta razón estalló un duro conflicto con los movimientos sociales, que incluyó una terrible secuela de represión. Este precedente ilustra las terribles consecuencias de preservar el rumbo capitalista [26] .
[1] Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz
[2] Un contundente balance de este esquema presenta Valle Baeza Alejandro, «México, del estancamiento a la crisis», razonyre2.razonyrevolucion.org/index.php, mayo 2009. Ver también: Blanke Svenja. «México: una crisis sin (grandes respuestas)», Nueva Sociedad n 224, noviembre-diciembre 2009.
[3] Este proceso es detallado por Colmenares Francisco, «Saldos de la crisis económica y del petróleo», OSAL 26, 2009. Saxe Fernández John. «PEMEX: tejiendo su democratización». La Jornada, 14-2-08.
[4] Un análisis del impacto de la actual eclosión en comparación con las precedentes brinda: Buenos Fabio, «¿Por qué a economía brasileña nao foi atingida ate agora pela crise?», 30-8-09. alainet.org/active
[5] Informe completo en The Economist, «Special report on business and finance in Brasil», november. 14th 2009. También Castro Jorge, «Las transnacionales brasileñas descuentan el respaldo de Lula», Clarín, 31-5-09.
[6] Esta errónea comparación plantea Skaf Paulo, «La experiencia brasileña», Página 12 28-6-09.
[7] The Economist (Special Brasil), Bonilha Patricia, «A atuacao desintegraora do BNDES na Anérica do Sul», Brasil do Fato, 15-12-09
[8] Telles Mello José Alfredo, «Alianza do goberno com o agronegocio impulsiona desmatamiento», Correio da ciudadanía 31-1-08.
[9] En 2008 la policía de Río mató a una de cada 23 personas que se resistieron a ser detenidas, mientras que en Estados Unidos este indicador se ubica en una de cada 37.000 detenciones. Con un discurso jurídico que naturaliza la muerte, la policía tiene carta blanca para limpiar las ciudades, proteger a los ricos y librar a los desposeídos a su propia suerte, en la selva que impera en las favelas. Malaguti Batista Vera, «Rio virou um laboratorio de técnicas genocidas», Correio da Ciudadanía, 6-11-09. Lima Rocha Bruno, «El capitalismo salvaje y la guerra urbana en Rio de Janeiro». radioinformaremosmexico.wordpress.com, 30-10- 2009.
[10] Esta acertada tesis plantea: Boito Jr Armando, «As relacoes de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil», Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2006.
[11] Rodríguez de Almeida, «Nacional burgués e nacional popular em tempos de ufanismo neodesenvolvimentista» www.brasildefato.com.br/ 25/11/2009
[12] Hemos analizado estos temas en Katz Claudio, «El giro de la economía argentina», Anuario EDI, n 3, año 2007, Katz Claudio «Coyuntura, modelo y distribución», Anuario EDI, n 2, año 2006, Buenos Aires.
[13] Un análisis en Sanmartino Jorge, «Crisis acumulación y forma de estado en la Argentina post-liberal». lahistoriadeldia.wordpress.com/ 3-12- 2009.
[14] Weisbrot Mark, Sandoval Luís, «La economía venezolana en tiempos de Chávez», CEPR, Washington, julio 2007.
[15] Clarín, 8-12-09.
[16] Rosero Andrés. «El proceso político en perspectiva», correosemanal.blogspot.com, 30-1- 2008.
[17] Este problema es analizado por Toussaint Eric, » La route de l´histoire: tourné au Venezuela, en Equateur et en Bolivie «, Inprecor n 553-554, septembre-octobre 2009.
[18] Natanson José, «¿Chavizaqué?», Página 12,1-6-09.
[19] Guerrero Modesto, «Estatizaciones complicadas», Página12, 11-3-09.
[20] Ocando Casto, «La ofensiva de los banqueros, una purga política del chavismo», El Nuevo Heraldo, 10-12-09. También Ambito Financiero, «Los boligárcas», «No crece la clase media», 13-2-07. Olivera Francisco, «Los negocios con Venezuela», La Nación 16-3-08.
[21] Álvarez R Victor, «La transformación del modelo productivo venezolano», 31-3-2008 centrointernacionalmiranda.gob.ve/personal/docs
[22] Weisbrot Mark, Ray Rebecca y Johnston Jake, » Bolivia: La economía bajo el gobierno de Morales», Centro de Investigación en Economía y Política, Washington, Diciembre 2009.
[23] Soliz Rada Andrés, «La integración fraudulenta», 13-7-09, mujeresporlademocracia.blogspot.com
[24] Restivo Nestor. «Inquietud de los argentinos con fuertes inversiones en soja». Clarín 2009
[25] Toussaint Eric. «Ecuador: los desafíos de la nueva asamblea constituyente y de la deuda». www.aporrea.org/internacionales/ 14/01/08
[26] Zibechi Raúl, «Socialismo o represión», La Jornada, 12-10-09.
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