El 09 de agosto del 2017 publiqué una crónica dando cuenta de la “Reunión de Cancilleres” del llamado Grupo de Lima, “condenando” la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en el país que hace 26 años inició la transformación revolucionaria de sus estructuras económica, política e ideológica bajo la conducción del presidente Hugo Chávez y continúa el presidente Nicolás Maduro. Retomaré partes de esa crónica para referirme, esta vez, a la reunión de los diez mandaderos que, junto a su mandón estadounidense, suscribieron, primero, la declaración negando la validez de los resultados electorales que dieron el triunfo al candidato Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial; y, segundo, negando la validez del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificando los resultados electorales del 28 de julio pasado.
Parafraseando aquella frase que unos atribuyen al Quijote de Cervantes, otros a Goethe y algunos a Rubén Darío, empezaré diciendo: «Ladran los perros, Venezuela; prueba que el pueblo avanza«». Lo hecho por los mandaderos de las neocolonias USA en esta parte del mundo y, en otros lados, evidencia una absoluta ignorancia, cuando no una enajenación colectiva, respecto de qué sociedad se trata cuando se habla de Venezuela.
Este es un país real y diferente a las diez entelequias de las que se arrogan ser sus representantes los fantoches USA de turno. Venezuela cuenta con una institucionalidad que, ignoran (que es lo más probable) o pretenden ignorar esos fantoches, en su afán por no contradecir a su amo. Esa institucionalidad se nutre de los principios y objetivos contenidos en la constitución bolivariana de Venezuela, ratificados por su Asamblea Nacional Constituyente. La mayor instancia de expresión de la voluntad del pueblo bolivariano. Subrayo, pueblo.
La institucionalidad bolivariana de Venezuela surgió hace 26 años en el mismo momento en se inició la transformación revolucionaria de sus estructuras económica, política e ideológica bajo la conducción del presidente Hugo Chávez y continúa el presidente Nicolás Maduro. Para los que aún no lo saben o, no quieren saberlo, hay que decir que la Asamblea Nacional Constituyente la convoca el presidente de Venezuela, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que, “el pueblo venezolano, como Poder Constituyente Originario, exprese su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados«. Esta misma Constitución establece que, “los representantes elegidos para la Asamblea Constituyente sean el doble del número que los representantes que conforman la Asamblea Legislativa”. Ese mayor número, es una exigencia consignada en las Constituciones de muchos Estados en el mundo y es un requisito cuando de reformar la Constitución se trata. Y aquí, viene lo más importante y, cualquiera que pretenda hablar de Venezuela, debe saber y “entender” para no desbarrar. La Asamblea Constituyente constitucionalizó hace años:
- a) La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación para contener la escalada de violencia política, mediante el reconocimiento político mutuo. b) El Estado democrático, social, de derecho y de justicia para superar la impunidad.
- c) El nuevo modelo de la economía post petrolera, mixta, productiva, diversificada, integradora.
- d) Un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población.
- e) Las Misiones y Grandes Misiones Socialistas para la Suprema Felicidad Social del pueblo.
- f) Las competencias del Sistema de Justicia para erradicar la impunidad de los delitos que se cometen contra las personas (homicidios, secuestro, extorsión, violaciones, violencia de género y contra niños y niñas); así como los delitos contra la Patria y la sociedad como la corrupción, el contrabando de extracción, la especulación, el terrorismo, el narcotráfico, la promoción del odio social y la injerencia extranjera.
- g) Las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de organización de base territorial y social de la población.
- h) La soberanía y la integridad de la nación y protegerla contra el intervencionismo extranjero, ampliando las competencias del Estado democrático, social, de derecho y de justicia para la preservación de la seguridad ciudadana, la independencia, la paz, la inmunidad, y la soberanía política, económica y territorial de Venezuela.
- i) La consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico que garantice el respeto al derecho y a la seguridad internacional.
- j) El carácter pluricultural de la Patria y los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas en nuestra diversidad étnica y cultural como garantía de convivencia pacífica en el presente y hacia el porvenir, evitando el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.
- k) Los derechos de la juventud, el uso libre y consciente de las tecnologías de información, el derecho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades.
- l) La protección a las madres jóvenes mediante el acceso a una primera vivienda y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos.
- m) La preservación de la vida en el planeta, los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad.
Se trata de objetivos que no encuentran referencia alguna en ninguno de los libros o documentos de políticas y de «asistencia a países» del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), del BID, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tampoco en los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los organismos de «ayuda» de la ONU, la OEA, el Foro de Davos, la UE. Mucho menos en los de la USAID del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni en los de la CIA o en sus demás Agencias de Seguridad Nacional que responden al Departamento de Defensa de este país. De ningún modo, los encontrará usted en los documentos del Departamento del Tesoro estadounidense o, en los del Banco de Pagos Internacionales (BPI), más conocido como el «banco de los bancos centrales», con sede en Basilea-Suiza, que no rinde cuentas ante ningún gobierno. Tampoco entre los objetivos para el «crecimiento con inclusión social» y para el «desarrollo sostenible» de todos y cada uno de esos organismos de alcance mundial. Mucho menos en las constituciones de las diez neocolonias USA, a no ser, como perogrulladas. Porque no existe institucionalidad válida y confiable que no se asiente en auténticos procesos de movilización y participación política y social como los que vive el pueblo venezolano.
Lo que los organismos internacionales del poder de las élites masónico-nazi-sionistas prescriben, son imposiciones para globalizar el neocolonialismo, la ignorancia, el hambre, el terrorismo militar, el bio-terror, las limpiezas étnicas y el desarraigo. Los objetivos constitucionalizados por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela son objetivos orientados a garantizar la continuidad en la construcción de la patria socialista para los venezolanos y, como ejemplo, para los pueblos que decidan transitar un camino distinto al del liberalismo y su deformación “neo” identificados por su orientación consumista, individualista procurando el odio y la discriminación.
¿Por qué Biden, su congreso y los vasallos USA de América latina -conjuntamente con los de la Unión Europea (UE)- vociferan, «sanciones» en mano, un supuesto fraude en la reciente reelección del presidente Maduro?
Muy sencillo, para quien tiene algo de materia gris y la cabeza sobre los hombros. Los objetivos constitucionales de la revolución bolivariana forman parte consustancial de la estrategia de construcción de la Patria Socialista en Venezuela. Patria, sustentada en la convivencia en comunidad y en su propia tradición histórica.
Esto pone en jaque eso que la «civilización occidental» nos impuso como herencia para asegurar el dominio de España primero, de Inglaterra después y, ahora, de Estados Unidos. Me refiero al amasijo deformado y deformante de filosofía griega, burocratismo jurídico-romano y cristianismo paulino. Estos componentes, despojados de esencia humana sirvieron para incubar los híbridos de «democracia» que sintetiza aquello de «todo para el pueblo, pero, sin el pueblo». Más aún, agigantaron los diferentes tipos de maldad que hoy, en las manos del hegemón en decadencia, amenazan con destruir la humanidad en nombre de la libertad y los “derechos humanos”.
En este contexto, no tiene por qué extrañarnos que los esquirtoides de las patocracias más representativas de América latina se junten, una vez más, para cumplir la orden del «gran hermano» como parte de la avanzada de «destrucción» de Venezuela al estilo de Yugoeslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, Palestina, Argentina, Brasil. La ponerogénesis que vertebra a los diez mandaderos de países de centro, sud-américa y el caribe y a sus pares de la UE da cuenta de la supervivencia de psicópatas que encuentran -en su obediencia a Estados Unidos-, una forma de vida y de hacer política nutrida de obsecuencia, incondicionalidad y corrupción. Se han juntado para apuñalar-una vez más- al país que, junto a Cuba, Nicaragua, Bolivia son las únicas repúblicas donde el «demos» (el pueblo) construye su «cratos» (su poder).
Aquellos, carentes de inteligencia y de sensatez política, suscriben una «Declaración» que da cuenta de su escaso o nulo entendimiento de la historia pasada y reciente del pueblo venezolano y del sentido y significado de su gesta libertaria, y de la institucionalidad que respalda su impronta revolucionaria del siglo XXI con Chávez como líder indiscutible.
No importa cuánto digan o suscriban; ni cuanto corran, cual jauría, esperando el disparo de su amo imperial abatir a su presa. Amo y vasallos olvidaron que, no hay disparo alguno, que abata la libertad.
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