La obra de gobierno venezolano se ve menguada por la confrontación y «estamos conscientes que la sociedad no puede estar en estado de tensión permanente». La constatación del Defensor del Pueblo es tan clara como preocupante. Destrabar dicha polarización parece ser hoy una de las preocupaciones principales de la dirigencia bolivariana. Jurista, docente, activo militante […]
La obra de gobierno venezolano se ve menguada por la confrontación y «estamos conscientes que la sociedad no puede estar en estado de tensión permanente». La constatación del Defensor del Pueblo es tan clara como preocupante. Destrabar dicha polarización parece ser hoy una de las preocupaciones principales de la dirigencia bolivariana. Jurista, docente, activo militante político desde su juventud, personalidad de primer nivel en su país, Germán Mundaraín Hernández dirige desde el año 2000 la Defensoría del Pueblo, una de las principales instancias para la protección de los derechos humanos. Hoy, se autodefine como «independiente» y como «un total convencido de la necesidad del cambio» en su país. Entrevista exclusiva durante una reciente visita a Berna, Suiza.
P: ¿Qué es la Defensoría del Pueblo?
R: La instancia que se encarga de vigilar, promover y defender los derechos humanos.
P: ¿Cuál es el principal problema o el tema que aparece como más reiterativo cuando de controlar los derechos humanos en Venezuela se trata?
R: Todo lo que tiene que ver con la pobreza. Ser pobre no es sólo tener un balance financiero en rojo. Es, especialmente, no poder materializar el ejercicio de sus derechos. Y esto se da cuando una persona no tiene derecho a una vivienda digna, o no tiene agua potable, o no accede a la educación o a la salud, o carece de trabajo. Este es el principal problema de los derechos humanos en Venezuela y América Latina.
P: Eso implica una mirada amplia del concepto de derechos humanos, donde lo social tiene un significado muy importante… R: En efecto.
P: ¿Implica también atender denuncias y actos de corrupción?
R: No específicamente. Esa es una tarea de la Contraloría General de la República.
FRICCIÓN POLÍTICA
P: Y en lo que se refiere a los derechos políticos…
R: Mi país vive todo un proceso de cambios donde aparecen posiciones enfrentadas. Lo que genera un clima de fricción permanente que dificulta la comprensión de lo que realmente ocurre. Y ese clima complica la acción natural del Estado y de la sociedad. El diálogo no se da fácilmente ante tales niveles de polarización política.
P: La oposición parlamentaria se autoexcluyó al boicotear las últimas elecciones legislativas del 2005. ¿En qué medida el Gobierno tiende puentes para tratar de escucharla?
R: A la Defensoría concurren constantemente figuras de la oposición. Nosotros las recibimos al igual que a los representantes del Gobierno y tratamos de generar un diálogo entre ambos. Todo esto se hace un poco tapado, de forma subrepticia. Es el inicio de un proceso de diálogo que se deberá efectuar próximamente. Y esto es una primicia…
P: ¿Significa que hay un cambio en la actitud de la oposición?
R: La oposición se autoexcluyó en las últimas legislativas. Un sector de la misma ha expresado su inconformidad, su autocrítica y admite que se equivocó. Hay sectores que van a participar incluso en la consulta sobre la Reforma de la Constitución. Hay un sector pequeño, con fuerte acceso a los medios de comunicación, sin embargo, que no participará.
P: ¿Qué es realmente hoy la oposición?
R: Los partidos políticos opositores padecen de una gran debilidad. Muchas veces son reos de intereses que los presionan y les imponen la línea política. Es necesario que los partidos se liberen de esas ataduras y entiendan que deben expresarse como oposición por la vía electoral y deben representar esa postura en los organismos de Gobierno, poderes legislativos, municipales, diputaciones. No hay que olvidar que la oposición tiene hoy ya un número grande de alcaldías, concejales y diputados regionales.
DIÁLOGO Y SOCIALISMO A LA «VENEZOLANA»
P: Ante los grandes desafíos de reabrir los canales de diálogo, ¿goza la Defensoría de una verdadera credibilidad a nivel nacional?
R: Hay un sector de la oposición que ha tratado de deslegitimarla, como a todas las otras instancias del Estado. Pero esa actitud ha ido disminuyendo. Hay un reconocimiento creciente al Estado y a la institucionalidad producto de las múltiples elecciones que se han realizado en los últimos nueve años. Todas bajo la observación de misiones internacionales. Y con suficiente transparencia como para que sus resultados sean acatados.
P: ¿Reconoce el Gobierno que esa polarización política que confronta Venezuela es estratégicamente inmanejable?
R: Sin duda. El Gobierno está consciente que la sociedad no puede vivir en constante estado de tensión. Sin embargo tiene la suficiente inteligencia como para comprender que parte de esa confrontación está promovida por sectores radicales, desde el exterior, por grupos empresariales con intereses claros… Y si bien la realidad implica fricciones, éstas son hoy menores que ayer.
P: ¿Cómo definiría, en pocas líneas, el concepto de sociedad que se intenta promover en Venezuela?
R: Hay un compromiso innegociable con la democracia y los derechos humanos. Estamos construyendo una sociedad sobre la premisa del Socialismo del siglo XXI. Que se inspira en el pensamiento de Simón Bolívar, en el Evangelio de Jesús de Nazaret, y en la tesis de los pensadores latinoamericanos. Eso no implica copiar los modelos que han vivido los antiguos países socialistas. Es un socialismo a la venezolana.
LATINOAMÉRICA Y LOS DERECHOS HUMANOS
P: Durante varios años, hasta fines del 2006, usted ejerció la presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), convirtiéndose en un experto sobre la situación de los derechos humanos. En un continente que hace apenas 25 años estaba atravesado por golpes militares, dictaduras, tortura, desaparecidos… ¿Cuál es su evaluación actual?
R: Latinoamérica vive una realidad de claro-oscuros. No hay ninguna duda que el derecho a la vida está hoy mucho más garantizado que ayer. Se vive un momento en el cual el Estado de Derecho permite proteger la vida, denunciar la tortura etc.
Pero, al mismo tiempo, hay situaciones nuevas que preocupan. Por ejemplo: la cuestión ambiental, que antes no era relevante y ahora sí. Sabemos que el calentamiento afecta gravemente a todo el planeta pero las consecuencias peores la pagan los países pobres. Otro problema grave: la desintegración familiar a partir de las olas migratorias producto del actual modelo de globalización económica que predomina mundialmente. Estas son las nuevas preocupaciones. Si bien hemos avanzado sensiblemente en la participación democrática y los derechos civiles…
DIÁLOGO OPOSICIÓN-GOBIERNO: «POSIBLE A MEDIANO PLAZO»
Lo que está en juego hoy en Venezuela no es sólo construir un Estado democrático, sino una sociedad democrática, enfatiza Germán Mundaraín.
Y para ello, «se parte de la premisa que el pueblo tiene la capacidad de dirigir su propio destino». Y en ese sentido es un desafío del Estado de «restituir el poder al pueblo». En ese contexto, dentro de los diferentes poderes, existe hoy en Venezuela el Poder Ciudadano. La Defensoría Es una institución que depende de dicho Poder y que nació en un momento de muchas dificultades, en una coyuntura de gran confrontación. «Sin embargo hemos sabido navegar en esas aguas revueltas, con la convicción de que es necesario seguir adelante. Sabiendo que el momento de conciliar y de diálogo se va aproximando. Nuestro organismo es esencialmente un espacio de diálogo. Somos un órgano facilitador del intercambio entre la oposición y el Gobierno. Un diálogo que no se ha hecho público, como se quisiera, porque la prudencia así lo aconseja para que el resultado sea eficiente a mediano plazo…», enfatiza el Defensor del Pueblo (Sergio Ferrari)
EL PODER CIUDADANO
Según el artículo 273 de la Constitución Bolivariana, el Poder Ciudadano -también denominado Poder Moral- está integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y la General de la República. La Defensoría tiene su origen en la figura del Ombudsman, fundada en Suecia en 1809 (que quiere decir «el que actúa en nombre de otro», «su representante»).
Tal como lo define Germán Mundaraín, «es la instancia que se encarga de vigilar, promover y defender los derechos humanos. La vigilancia implica saber como funcionan los establecimientos del Estado y su respectivo control. La promoción significa divulgar dichos derechos. La defensa, implica recurrir a los espacios judiciales cuando se constatan violaciones. Por ejemplo, hemos demandado a casi todos los Estados de Venezuela (cantones, provincias) ya que muchas de sus constituciones no se adecuan a los instrumentos internacionales en cuanto a derechos humanos ni a la nueva Constitución de 1999. Hemos demandado también a muchos canales de televisión, privados o públicos, por el tratamiento informativo de la violencia durante la huelga petrolera…Y nos tocó actuar contra el sistema financiero, tanto público como privado…»