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Victoria histórica de los movimientos indígenas y populares

Fuentes: Rebelión

Gobierno obligado a retirar decreto económico – el país enfrenta muchos desafíos.

En una victoria histórica, el movimiento indígena de Ecuador obligó al gobierno de Lenin Moreno a retirar un decreto de ajuste estructural impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición previa para un crédito. El paquete de ajuste incluía principalmente la liberalización de los precios del combustible y el diésel, anteriormente subvencionados, así como la pérdida de importantes derechos laborales. El gobierno cedió solo después de doce días de levantamiento popular en todo el país, con fuertes disturbios especialmente en la capital, Quito. La situación se complicó aún más por los intentos de los seguidores del expresidente Rafael Correa de instrumentalizar políticamente la protesta. Las relaciones de fuerzas en Ecuador han cambiado: dejan especialmente fortalecido al movimiento indígena, quien lidero más visiblemente el levantamiento popular en el que también participaron sindicatos, mujeres, estudiantes, barrios y también sectores de las clases medias. Ahora, el país enfrenta el desafío de recomponerse, tras múltiples violaciones de derechos humanos y un fuerte brote de racismo y clasismo en las redes sociales. También se tiene que construir una política económica radicalmente diferente, que tenga en cuenta la plurinacionalidad.

Entre el 3 de octubre y el 12 de octubre, 527 años después de la invasión española a Abya Yala, ardieron barricadas en todo el territorio ecuatoriano. Las principales vías estuvieron bloqueadas, decenas de miles marcharon en las calles y ocuparon temporalmente la Asamblea Nacional, así como varias prefecturas. La Contraloría del Estado fue incendiada. Durante varios días, tres de los campos petroleros más importantes de la Amazonía se paralizaron, afectando al Estado en su punto más vulnerable.

Mientras que taxistas y transportistas iniciaron las protestas, se replegaron rápidamente y el movimiento indígena asumió el liderazgo del movimiento de protesta junto con los sindicatos. Recibieron un fuerte apoyo por parte de estudiantes, organizaciones de mujeres y de los pobres urbanos, así como de sectores de las clases medias. La capital Quito y los campesinos de las provincias circundantes revivieron una tradición de solidaridad que ya se practicó durante las protestas indígenas de la década de 1990, donando alimentos, cobijas, ropa abrigada y medicinas. Familias preparaban comida en sus hogares y la llevaban a los lugares donde acampaban los manifestantes. Hasta circularon imágenes de trabajadores de hojalata produciendo escudos para lxs manifestantes, quienes enfrentaban fuertes ataques de la policía y del ejército.

El gobierno pronto declaró al país en estado de emergencia, desplegando miles de militares con equipo pesado a las calles. En respuesta, apoyándose en el precepto constitucional de plurinacionalidad, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE también declaró el estado de emergencia en sus territorios. Anunció que policías y soldados que ingresarían a estos territorios sin permiso serían detenidos. Esto prontamente sucedió en varias ocasiones, por ejemplo en la sierra central de Chimborazo, donde se retuvieron cerca de 50 uniformados durante varios días.

Enfrentamientos callejeros frente a la Asamblea Nacional en Quito. Foto: Miriam Lang

Las mayores manifestaciones de hasta 40,000 personas tuvieron lugar en Quito. Decenas de miles de indígenas y campesinos de todas partes del país llegaron en camiones y acamparon en el céntrico Parque el Arbolito y en universidades circundantes, tomando turnos desde las comunidades, lo que dio un aliento más largo a las protestas. El movimiento indígena convocó a una protesta masiva, pero pacífica. Sin embargo las marchas fueron acompañadas por disturbios violentos, principalmente protagonizados por estudiantes, jóvenes urbanos y seguidores del ex presidente Rafael Correa, de los cuales los líderes indígenas se distanciaron.

El gobierno desplegó una represión de niveles desconocidos en el pequeño país andino, que incluyó ataques a hospitales, universidades y mujeres con niños. Se sabe que ocho personas murieron en los enfrentamientos, más de 1300 resultaron heridas y casi 1200 personas detenidas, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. Pero las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos recién inician.

En la noche del domingo 14 de octubre, el gobierno finalmente accedió a un diálogo en las condiciones exigidas por el movimiento indígena: que se transmitiera públicamente para garantizar la máxima transparencia, que se aceptara la presencia de los medios comunitarios y se garantizara la seguridad de los líderes sociales participantes. Con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, el gobierno finalmente aceptó revocar el decreto 883 que había provocado el levantamiento.

El Levantamiento de Octubre se caracteriza por la recuperación del movimiento indígena después de doce años de debilitamiento y represión orquestados por el ex presidente Rafael Correa. Pero al mismo tiempo, las redes sociales ecuatorianas muestran un estallido de comentarios abiertamente racistas y clasistas. Durante las protestas, gente de las clases medias altas salieron armados a proteger sus condominios. Esta polarización política constituye un desafío severo en un país que todavía siente los efectos de la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil.

El trasfondo económico: redistribución hacia arriba

La correspondencia de números era impactante: Según cálculos de organizaciones sociales, el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno quiere un préstamo de cuatro mil millones y 200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Para lograr esto, necesita llevar a cabo una serie de medidas de ajuste estructural, como era habitual en la década de 1990, incluyendo la eliminación de los subsidios al combustible y la liberalización de los precios del diésel y de la gasolina; además, se revocaban derechos laborales para flexibilizar el mercado de trabajo. Según los mismos cálculos, Lenin Moreno eximió a grandes empresas y bancos del pago de impuestos de exactamente $ 4 mil millones y $ 295 millones en los últimos años. Por lo tanto, se argumenta que se trata claramente de una medida de redistribución de abajo hacia arriba. El pueblo debe pagar para que la élite se haga aún más rica. Los bancos obtuvieron ganancias de $ 554 millones tan solo en 2018, mientras que los salarios de empleados públicos con contratos ocasionales iban a reducirse en un 20%. Decenas de miles ya han sido despedidos del aparato estatal, hacia una economía que se ha estancado y casi no hay trabajos que ofrecer.

Un aumento en los precios de la gasolina y sobre todo del diésel significa un aumento inmediato del costo general de vida. Los boletos de autobús en el transporte público ya habían subido en 10 centavos. Pero también subirían los alimentos y servicios, no solo por los costos de flete más caros debido al aumento inicial del 123% en el combustible, sino también porque los transportistas y los intermediarios aprovecharían la oportunidad para incrementar sus márgenes de beneficio. Este fue el detonante de las protestas que estallaron el 3 de octubre.

Mujeres indígenas liderando una de las marchas Foto: Miriam Lang

El paquete de ajuste no fue motivado por preocupaciones ecológicas

Las medidas decretadas por el gobierno no deben malinterpretarse como una política preocupada por el medio ambiente, que tendría como objetivo desincentivar el uso de automóviles privados y fortalecer el uso del transporte público. Esto requeriría, como precondición, fuertes inversiones en un transporte público limpio y de calidad para crear una alternativa real. Lo que se ha hecho en este ámbito es ampliamente insuficiente, y varios proyectos de teleférico, como han sido construidos exitosamente en La Paz – Bolivia, tienen un destino incierto en Quito. Por esta razón, también el movimiento ecologista se unió a las protestas. Como declaró la ONG Acción Ecológica, una política ambiental y climática consistente requeriría, en primer lugar, retirar los múltiples subsidios y exenciones de impuestos otorgadas a las compañías petroleras, mineras y de aceite de palma. Sin embargo, éstas están expandiendo cada vez más sus actividades destructivas en el país con el apoyo del gobierno. Con el decreto 883, la desigualdad se habría profundizado aún más en un país donde la economía ya está altamente monopolizada, y el índice de desigualdad GINI está en 0.97 en los 20 principales sectores económicos según el sociólogo Napoleón Saltos, lo que es extremadamente alto. [1]

Foto: Miriam Lang

El rol del expresidente Rafael Correa

En 2007, durante los primeros meses de su mandato, el gobierno progresista de Rafael Correa había expulsado al Banco Mundial y al FMI del Ecuador en un acto de soberanía inédito, y declarado ilegal gran parte de la deuda externa después de una auditoría. Sin embargo, fue precisamente este mismo gobierno el que declaró la guerra a los pueblos indígenas y los sindicatos, ya que consideraba al Estado como el único actor legítimo de transformación social y se sentía amenazado por la organización social autónoma. La protesta fue criminalizada sistemáticamente, el derecho penal se endureció y los bloqueos de carretera eran tipificados como terrorismo. Se crearon sindicatos amarillos, las organizaciones sociales fueron divididas agresivamente, se construyó un aparato de propaganda que abarcaba todo, hasta que el ejecutivo no tuvo más ninguna contraparte significativa en la sociedad civil.

A partir de 2013, el correísmo tuvo una mayoría de dos tercios en el parlamento y pudo implementar todo lo que quería. Implementó una política que desvió la transformación inicialmente prometida, profunda e intercultural, hacia un proceso de modernización capitalista que abrió el país aún más a los capitales transnacionales. El Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del mundo, fue abierto a la explotación petrolera, y por primera vez se firmaron contratos de minería industrial a gran escala. Después de que los precios internacionales del petróleo cayeran a partir de 2014, el gobierno de Correa regresó a los mercados financieros internacionales y al FMI, y comenzó a incrementar la deuda externa que ahora ronda los 38 mil millones de dólares. Finalmente, después del relevo electoral de Correa por Lenin Moreno en 2017, se supo que el correísmo había caído en una corrupción de dimensiones históricas. Pero lo que es más importante: dejó un país sin una organización social significativa que podría haber enfrentado el posterior gobierno de Lenin Moreno, quien entregó los ministerios directamente a la oligarquía. También reorientó radicalmente la política exterior, alineándose con los Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos de derecha y apoyando la idea de una intervención militar en Venezuela.

Contrariamente a lo que afirman algunos medios extranjeros, el Levantamiento de Octubre de ninguna manera expresó el deseo de la gente de traer de vuelta al gobierno al ex presidente Correa. Luego de la escisión de su partido, Alianza País, cuyo membrete ahora pertenece a su antiguo aliado y actual oponente político, Lenin Moreno, y debido a los escándalos de corrupción, Correa perdió a muchos de sus partidarios. Solo ganaron dos de las 23 prefecturas en las elecciones regionales de marzo de 2019. Sin embargo, un núcleo duro de seguidores de Correa y el propio expresidente, que todavía está exiliado en Bélgica y no puede regresar a Ecuador debido a varios casos judiciales en su contra, trataron de instrumentalizar las protestas políticamente y llamaron a nuevas elecciones. Si bien sus críticas a la profundización de las políticas neoliberales del gobierno de Moreno son correctas, esas voces ocultan sistemáticamente que fueron los propios correístas quienes allanaron el camino para estas políticas, implementando ya sus primeros pasos, por ejemplo al firmar un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. La confederación indígena CONAIE se distanció reiteradamente de estos intentos de apropiación. En retrospectiva, es difícil decir cuánta influencia han tenido realmente las instigaciones correístas en el levantamiento. Mientras tanto, permitieron al gobierno de Moreno afirmar oportunamente que el Levantamiento de Octubre era una conspiración impulsada por los correístas y sus aliados en el gobierno venezolano, en lugar de reconocerla como una expresión de descontento popular genuino. En los últimos días, varios políticos correístas conocidos fueron arrestados o pidieron asilo político en la embajada de México en Quito.

Es notable que ninguno de los anuncios oficiales de la CONAIE haya exigido la renuncia del Presidente Moreno, sino solo la de su Ministra del Interior y su Ministro de Defensa. Según algunos analistas políticos, el gobierno de Moreno se ve a sí mismo como un gobierno de transición, diseñado para allanar el camino para la derecha política explícita liderada por el demócrata cristiano Jaime Nebot. Nebot, cuyo bastión es el puerto de Guayaquil en la costa, se refirió a los manifestantes indígenas diciendo que «deberían quedarse en sus páramos», perdiendo legitimidad en las provincias andinas del país. Es necesario anotar que el Ecuador ya vivió un giro hacia la derecha en el discurso público y las redes sociales en los últimos dos años, incluyendo agresiones contra refugiados venezolanos y una creciente agresividad en redes sociales. Una renuncia de Moreno podría haber catalizado la llegada de la derecha al poder político, mientras que ahora, las organizaciones sociales tienen la oportunidad, pero también la responsabilidad, de involucrarse más fuertemente en el debate sobre el futuro del país.

Los desafíos de la plurinacionalidad y los diversos horizontes civilizatorios

Es importante enfatizar que los temas centrales que preocupan a los pueblos indígenas del Ecuador están bastante alejados de las lógicas de la política electoral y de partidos. No solo apuntan a la retirada del paquete del FMI, sino también a salir del extractivismo, que continúa avanzando violentamente sobre sus territorios y amenaza su mera existencia, tanto en términos materiales como culturales. Como los pueblos indígenas de Chimborazo manifestaron en un comunicado, exigen reparación por el saqueo sufrido desde la época colonial. Reparación – no en dinero efectivo, sino en forma de una política agrícola radicalmente diferente, que no tiene como objetivo erradicar a los campesinos y a las economías de subsistencia comunitarias, sino fortalecerlas: el acceso al agua de riego, a los bancos de semillas no patentados y las tierras fértiles de propiedad colectiva son sus principales demandas, así como una promoción sistemática de la agricultura orgánica en lugar de los kits corporativos de semillas, fertilizantes, insecticidas y pesticidas que colocan a los campesinos en la dependencia de corporaciones transnacionales.

La plurinacionalidad, la demanda central de los pueblos indígenas desde la década de 1990, también incluye el autogobierno territorial, aplicando sus propios sistemas judiciales, educativos y de salud, así como sus propias formas de democracia asamblearia. El derecho a un modo de vida que no esté dictado por el capitalismo global, y tome del mundo moderno solo lo que la comunidad decide soberanamente: esto es el horizonte de lucha del Movimiento Indígena del Ecuador.

El levantamiento de octubre también volvió a poner sobre la mesa con fuerza los temas de clase, desigualdad y de las políticas de empobrecimiento sistemático. Mientras que para el mainstream mestizo y los medios de comunicación corporativos, «el indio es pobre por naturaleza», como critica la abogada kichwa Verónica Yuquilema [2], la lucha consiste en poner fin a estas políticas de drenaje colonial tanto a nivel nacional como internacional. Los indígenas todavía son representados como «obstáculos para el progreso y la modernización», una imagen que el propio Rafael Correa promovió fuertemente durante sus diez años de gobierno, mientras ellos reclaman que sus propios modos de vida, conocimientos, formas de organización y de hacer política sean finalmente reconocidos y dignificados. Como dijo la dirigente amazónica Mirian Cisneros durante el diálogo público: «Cuando hablamos de un Estado Plurinacional; cuando Estado somos nosotros, no somos consultados justamente. Eso nos duele. Cuando nos dicen que los pueblos indígenas y los campesinos somos pobres, me da mucha pena. Cuando hablan de pobreza, cuando a los pueblos indígenas que labramos en el campo, trabajamos, cultivamos, que damos de alimentar a la ciudad, nos tratan de esta manera». La declaratoria constitucional del Ecuador como país plurinacional todavía tiene un largo camino por recorrer para materializarse de manera efectiva.

Ahora, después de la derogatoria del decreto 883, recién inicia la pugna por las futuras políticas económicas y más generalmente, un nuevo proyecto de país. Es un momento crucial en el que las dirigencias deberán resguardarse, y ser resguardadas, de múltiples agresiones, intentos de cooptación y división. Las organizaciones, los y las intelectuales militantes, todxs deberemos reanudar con esta enorme energía social transformadora que en su momento llevó a la Asamblea Constituyente. La tarea es hacer una gran minga para descolonizar, despatriarcalizar, construir un país justo, equitativo, que apuesta a la diversidad como una gran riqueza, que reconoce su vocación agraria con altura y logra desprenderse de las garras de los mercados capitalistas globalizados.

Notas:

[1] El coeficiente de Gini es una índice de desigualdad que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 expresa la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y el 1 expresa la máxima desigualdad. Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261294 para el texto de N. Saltos.

[2] http://lalineadefuego.info/2019/10/12/el-gobierno-ecuatoriano-y-el-fmi-orquestaron-el-saqueo-y-el-ultraje-por-veronica-yuquilema-yupanqui/

Miriam Lang es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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