Hoy hace 90 años, en una hacienda de Chinameca, en Morelos, fue asesinado el general Emiliano Zapata en una emboscada fraguada desde las filas del carrancismo. Concluyó, de tal forma, una vida consagrada a la lucha en defensa de la justicia, la libertad y los reclamos de los desprotegidos, y pionera en la reivindicación de […]
Hoy hace 90 años, en una hacienda de Chinameca, en Morelos, fue asesinado el general Emiliano Zapata en una emboscada fraguada desde las filas del carrancismo. Concluyó, de tal forma, una vida consagrada a la lucha en defensa de la justicia, la libertad y los reclamos de los desprotegidos, y pionera en la reivindicación de una causa que habría de estar, desde entonces hasta la fecha, en el centro de los reclamos políticos y sociales en nuestro país y que habría de servir de inspiración a futuros dirigentes: el derecho de los campesinos sobre la tierra.
Hoy, nueve décadas después de su muerte y a casi un siglo del inicio de la Revolución Mexicana (1910) y de la promulgación del Plan de Ayala (1911), los ideales del Caudillo del Sur cobran particular vigencia y relevancia ante la desastrosa situación que enfrentan el campo y los campesinos en México. En efecto, después de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, el campo mexicano sufrió durante el siglo pasado un proceso sostenido de abandono al fragor de los planes de industrialización nacional. Más tarde, el inicio del ciclo neoliberal profundizó ese deterioro con episodios como la contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, con el propósito de incrustar al agro mexicano en la lógica de mercado y en la apertura comercial, modificó el artículo 27 constitucional -eliminando el concepto de «propiedad social»- y, de esa manera, puso fin a los programas de redistribución de la tierra, liquidó el sistema ejidal y acabó, en suma, con una de las principales herencias del zapatismo y la Revolución.
Por añadidura, durante los pasados cinco lustros las sucesivas administraciones han puesto en marcha directrices que han significado el abandono de los entornos rurales y el empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes: han desmantelado los apoyos estatales a la pequeña producción y al consumo interno de alimentos, han concentrado el presupuesto destinado al campo en un reducido grupo de grandes exportadores y han iniciado procesos de apertura comercial indiscriminada -cuya expresión más acabada es el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, que hoy amenaza las perspectivas de vida de millones de campesinos. Ante ello, el grupo en el poder ha mantenido una actitud de cerrazón, insensibilidad y ceguera, y ha carecido de voluntad política para atender las expresiones de descontento que no sólo recorren al sector agrícola, sino que se extienden por amplias franjas de la población.
Por añadidura, desde los altos círculos del poder público se han emprendido, como en tiempos de Zapata, campañas de agresión y persecución en contra de luchadores sociales y activistas que han intentado continuar, de una u otra manera, el camino trazado por el Caudillo del Sur. Baste mencionar, como botón de muestra, las excesivas e injustas condenas que se han impuesto en contra de Ignacio del Valle y otros dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco.
En una coyuntura como la presente, cuando queda de manifiesto la necesidad de reactivar al campo mexicano y apoyar a sus habitantes, con miras a que el país recupere algo de lo que ha perdido en materia de autosuficiencia alimentaria y de justicia social, los ideales zapatistas se presentan intactos y vigentes. Corresponde a la sociedad retomarlos para saldar la deuda histórica con los sectores más desfavorecidos y para construir una nación más justa, libre y equitativa.