El capitalismo en Italia se expande tras su tardía unificación (1870), desarrollando una flamante industria automotriz en el norte que coexiste con la economía agraria del sur -«Mezzogiorno»-, hecho que se mantiene prácticamente hasta nuestros días. En paralelo al proceso de industrialización en el norte de Italia se desarrolló el Partido Socialista Italiano (fundado en […]
El capitalismo en Italia se expande tras su tardía unificación (1870), desarrollando una flamante industria automotriz en el norte que coexiste con la economía agraria del sur -«Mezzogiorno»-, hecho que se mantiene prácticamente hasta nuestros días. En paralelo al proceso de industrialización en el norte de Italia se desarrolló el Partido Socialista Italiano (fundado en 1892) y que fue el principal partido de la izquierda italiana hasta la Segunda Guerra Mundial.
Es en ese momento político en el que los industriales urbanos del norte de Italia trazan ciertos compromisos con los terratenientes agrarios del sur; en el que el Vaticano se enfrenta a la masonería y al anticlericalismo de izquierdas; y en el que el fascismo toma cuerpo haciéndose con el manejo burocrático del Estado a través de la figura de Benito Mussolini [1], cuando el conjunto de fuerzas reaccionarias se unen para hacerle frente a la proliferación de huelgas obreras en el norte y las rebeliones campesinas del sur italiano. Es en ese contexto político en que Amadeo Bordiga y Antonio Gramsci abandonarán el XVII Congreso del Partido Socialista (1921) que se celebraba en Venecia convocando a un congreso constituyente del que nacerá el Partido Comunista de Italia (sección de la Internacional Comunista), posteriormente ilegalizado por el régimen fascista en noviembre de 1925, lo que conllevaría, tras la violación de su inmunidad parlamentaria, el arresto de Gramsci y su encarcelación inicial en la cárcel de Regina Coeli para su posterior traslado al penal milanés de San Vittore.
El legado de Gramsci es amplio, pero para el caso quiero destacar las tesis de Lyon (1926), donde se indica que lo «nuevo» del fascismo es conseguir un tipo de unidad orgánica entre sectores sociales incluso antagónicos, y que antes estaban muy débilmente vinculados. Rompiendo con la ortodoxia, Gramsci entiende que las clases sociales no son homogéneas y puras.
¿Contrahegemonía en Ecuador?
Gramsci fue un marxista de las «superestructuras»: ideología, construida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad, a partir del concepto de «bloque hegemónico».
Es desde ahí desde donde las clases dominantes logran ejercer «hegemonía» cultural sobre las clases dominadas (educación, religión y comunicación), más allá del control de los aparatos represivos del Estado. Desde el análisis gramciano, incluso se hace referencia a la utilización de términos como «Nación» o «Patria», como generador de sentimiento de identidad entre diferentes grupos sociales, uniendo explotadores y explotados en aras a un supuesto «destino nacional» y contra un enemigo exterior. De esta manera es como se conforma el «bloque hegemónico» en el cual confluyen todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués.
El neopopulismo en Ecuador ha conllevado un «proyecto de país» serio e inexistente en las últimas décadas, y sin ser aún un gobierno de concertación, se ha ido transformando de forma acelerada en un alianza política que engloba las diferentes clases sociales existentes en el país, repartiendo beneficios para cada una de ellas.
Desde esa perspectiva, clase dominante y clase dominada atenúan su lógica de conflicto, lo que tiene sentido con las posiciones varias veces expresadas por mandatario ecuatoriano en las que señala que el concepto de lucha de clases es algo caduco que se corresponde ideológicamente a la «izquierda infantil». En su reciente viaje a Europa, el presidente Correa indicaba en Berlín que «somos un proyecto de izquierda, pero una izquierda moderna, que entiende el papel de la empresa privada en el desarrollo y que también entiende que el Estado tiene que tener un papel» [2].
Más allá de que el tan utilizado término «revolución» (alteración absoluta de las estructuras establecidas en un orden social y político para ser sustituidas por otras radicalmente distintas) pierde absoluto sentido; se constata la conformación de un «nuevo régimen» que combina discurso revolucionario y avances en materia social con ordenamiento cultural de la clase dominante. Dicha situación es posible a su vez, porque la clase dominante superó sus lógicas de desvergonzada concentración de la riqueza, precarización sin límites de salarios y privatización directa de servicios públicos. La clase dominante transformó su estrategia y la adecuó inteligentemente al mundo globalizado.
Es de esta manera que un gobierno que nace fruto del acumulado de la oposición popular al modelo neoliberal, termina manteniendo un modelo de acumulación basado en sistema de producción monopólico y neoextractivista.
La pobreza en Ecuador bajó, según datos oficiales, del 37,6% en diciembre del 2006 a 27,31% en diciembre del 2012, es decir, un 10,29% en seis años (línea base sobre quienes reciben menos de USD 2,54 diarios). El Informe de Desarrollo Humano 2012 -elaborado por el Programa de NNUU para el Desarrollo (PNUD) con indicadores combinados de esperanza de vida, año promedio de escolaridad, ingreso familiar e Ingreso Nacional Bruto-, ubica al Ecuador en el puesto 89 entre 187 naciones y dentro del grupo de países de desarrollo humano «alto», con un IDH de 0,724 para el año 2012.
En diciembre de 2012 el gobierno decretaba un alza histórica del salario básico unificado, pasando del USD 292 mensual del 2012 al USD 318 actual. Pero es más, según datos oficiales, la evolución de ingresos familiares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta básica familiar de tan solo un 66,7%, mientras que en 2012 ese porcentaje se elevó al 92,43%. Según el propio mandatario, esta situación prácticamente cierra la brecha del «salario digno»[3], referenciando textualmente que «tenemos la mayor capacidad de compra de toda la historia«[4]. Se estima que con dicho incremento salarial, las familias puedan cubrir en el año en curso el 103% de la Canasta Básica Familiar[5].
En paralelo, los 110 grandes grupos económicos (fuente SRI) han visto multiplicarse sus volúmenes de negocio y su diversificación en diferentes sectores económicos. A pesar de una Ley Antimonopolio, que aunque reciente, no muestra voluntad de ser aplicada en amplitud; la bonanza económica fortalecida por la demanda de un mercado donde circula más plata (sumatorio de inversión pública, precios de los commodities y, sin ser alarmante, cada vez mayor deuda externa -especialmente con China-), se replicó en el sector privado, más allá de la dimensión de su mercado interno. En una economía hiperconcentrada, sobra indicar que los mayores beneficiados han sido los grandes grupos económicos, quienes concentran el 41% del PIB.
La mayor presión fiscal desarrollada durante estos seis años de gobierno del presidente Rafael Correa, ha sido absorbida con quejas pero sin dramas por las grandes empresas, dado el incremento de beneficio empresarial desarrollado en ese mismo periodo. Los grupos económicos en el ejercicio 2010 reportaron 650 millones de dólares en concepto de pago de Impuesto de la Renta, mientras que en el 2011 se elevó a 798 millones (incremento del 23,61%).
El posible efecto pasajero de la bonanza económica, tesis esbozada por el sector privado para justificar su escasa inversión, beneficiándose básicamente del notable incremento en inversión pública, ya no es una excusa sostenible, pues aunque la política pública sigue anclada a factores exógenos (principalmente precios del petróleo), no existen perspectivas serias de que la tendencia de commodities y las necesidades de los BRIC, especialmente de la vorágine china, vaya a revertirse notablemente a mediano plazo.
El dinamismo de sectores como el comercial, no hay más que ver la proliferación de centros comerciales por todo el país, es bueno, pero se venden productos que no son de fabricación nacional. De esta manera, se mantiene la lógica económica heredada por la cual el importador se beneficia más que el productor de dicho dinamismo económico. Una política pública de marcado gasto ha permitido incrementar el consumo, situación de la que el sector privado se ha beneficiado.
En resumen, bajo los efectos ópticos basados en demagógicos discursos de retórica populista con base en la justicia, equidad, subsidios sociales y la construcción de una «Patria Nueva» superadora del pasado, se fomenta un imaginario de cambio que en realidad no es otra cosa que la consolidación de un bloque hegemónico que goza del apoyo de amplios sectores que van desde la clase media baja hasta el subproletariado, además de las clases dominantes.
Es la conformación del nuevo capitalismo ecuatoriano del siglo XXI, pretendidamente de «rostro humano» y articulado bajo una lógica de modernización del aparato del Estado, desarrollismo y el neoextractivismo (con reposicionamiento del Estado).
La utopía burguesa del Estado por encima del conflicto de clases, para el servicio del bien común, pierde credibilidad cuando la acción tiene perfil emancipador. Consciente de ello, el bloque hegemónico va tomando un perfil de cada día mayor marcada alianza de todas las clases sociales, donde todos deben y pueden ganar. Desde esa perspectiva de «consensos», el Estado se siente legitimado para golpear (política, jurídica, económica y socialmente) a toda disidencia cuestionadora del modelo de desarrollo, en la búsqueda de su destrucción.
Apoyándonos en la teoría crítica desarrollada por Max Horkheimer -Escuela de Frankfurt de investigación social– el estado autoritario es un fenómeno sociológico que se construye tras circunstancias históricas donde antes existía desorden y crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Es desde ese consenso entre grupos sociales desde donde se legitima un estado autoritario, y no a través del uso de la fuerza o el abuso del poder. Es, en términos marxistas gramscianos, el poder de la superestructura.
Si entendemos como «contrahegemonía» los elementos para la construcción de la conciencia política propia que genere espacios de disputa para la construcción de un bloque social alternativo desde las clases populares, es evidente lo lejos que estamos de dicha situación. Quizás por ello sonroja, que intelectuales afines al régimen, confundan el actual proceso de reorientación/modernización del sistema capitalista ecuatoriano, el cual aceptó en su estrategia de recuperación en crisis global, determinadas formas de regulación e intervencionismo estatal, lo que dista mucho de un cambio de hegemonía (discurso basado en lectura de indicadores respecto a calidad de vida, capacidad de consumo y reducción de la pobreza). Según Gramsci, la supremacía de un grupo social se manifiesta tanto por el dominio como por la dirección intelectual y moral.
El neopopulismo tiene como objetivo obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su líder. En ese contexto, la distancia entre el discurso y la praxis se acrecientan, desarrollándose medidas populistas que bajo discursos rupturistas posicionan beneficios para la población, pero que lejos están de significar transformaciones profundas en los pilares del Estado ni en las relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en el país.
El poder articula entonces formas diferentes para posicionarse y legitimarse, utilizando fórmulas que van desde la violencia física hasta la manipulación psicológica. En ese contexto, está siendo el Derecho la herramienta que instrumentaliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en «orden» social y político.
Mediante el Derecho, las respuestas a los conflictos de poder adquieren un aurea de legitimidad y neutralidad, aplicando un «código operacional» que tiene el efecto de limitar los hechos y la consideración de estos a su racionalidad legal (lógica binaria que se limita a definirlos como legales o ilegales), dotándose de respuestas normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de los conflictos sociales. El efecto de universalización pasa a ser uno de los mecanismos aplicados por los grupos dominantes, a través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada del orden social.
Es así que las contrahegemonías existentes, las que incluyen estrategias de orden crítico y posiciones que optan por la sustitución gradual del modelo extractivista -en su más amplio sentido- como mecanismo de superación civilizatoria, pasan a ser «blanco» político del poder y del aparato legal a su servicio (el Derecho –orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado teóricamente en postulados de justicia– no es más que el resultado del enfrentamiento entre diferentes grupos sociales en conflicto, pues es desde ese conflicto desde donde nace el Derecho).
Siguiendo a Michel Foucault, es entonces cuando interviene el «discurso del saber» como mecanismo por el cual se sustenta la justificación del método[6]. El ejercicio del poder pasa entonces de tan solo reprimir y castigar, a convertirse también en «productor de verdad». Los «discursos del saber» se despliegan mediante herramientas de poder, implementadas a través del control social, el cual se justifica y reproduce sus prácticas de forma permanente como estrategia de adoctrinamiento y subsistencia.
Desde el plano ideológico, en este proceso de reorientación/modernización del sistema, lo que unilateralmente se califica como aislado o atrasado, pasa a ser de antemano condenado. La transformación, reducida al rigor de una ecuatoriana selección darwiniana (miedo al provenir de nostálgicos del pasado combinado con ciudadanos débiles que no afrontan el «choque del futuro» y no asumen el tiempo que vivimos), pasa a fundamentarse bajo el criterio de que el provenir se encuentra en el progreso «técnico», en la movilidad, en la competencia, en la profesionalización y en la comunicación. Toda población que no asume el «nuevo orden» y las comunidades que mantienen ciertos niveles de impermeabilidad al efecto modernizante y globalizador son una molestia, pero sus tierras no si en ellas se encuentran los recursos naturales.
Lo más curioso de la «empanada» dialéctica, es que mientras en el pasado varios de los notables del oficialismo acusaban a los gobiernos neoliberales de «vender» el país a las importaciones de bienes de consumo de los países del Norte, en la actualidad van cambiando hacia Oriente una parte de sus destinos importadores manteniendo las mismas asimetrías (bienes primarios vs productos manufacturados con valor agregado).
Entender al proceso correísta como una política progresista de profundo carácter transformador, equivale a no entender los diferentes tipos de pensamiento conservador existentes, aquello que Pierre Bordieu definió como conservadurismo declarado y conservadurismo reconvertido o progresista, no entendiendo a su vez el conflicto de clases y la lucha «contrahegemónica» por una radical transformación sistémica y social. Es así que el pensamiento de la derecha más «rancia» -conservadurismo declarado-, tiene como centro el sentimiento de la declinación, la desesperanza y el miedo al porvenir, disposiciones que denuncia y combate la nueva burguesía, es decir, el conservadurismo reconvertido. El pensamiento conservador más reaccionario, pasa a ser confundido intencionadamente desde el poder con posicionamientos indígenas y rurales en defensa de derechos colectivos y formas propias de organización social, espacios los cuales pretenden ser liquidados por los nuevos planificadores (tecnócratas de la felicidad) que prestan una atención condescendiente e inquieta a estos excluidos mientras eliminan las realidades a las que ellos aún se aferran. Mientras el conservadurismo declarado aboga por la perpetuación del pasado, la nueva burguesía propugna la creación de proyectos modernizadores para «no volver nunca más al pasado».
En una combinación aparentemente contradictoria, el conservadurismo progresista no es más que una fracción de la clase dominante que da como «ley subjetiva» lo que constituye la ley objetiva de su subsistencia: bajo el concepto de «gatopardismo» o «lampedusianismo»[8], se crea una apariencia de cambio revolucionario con el fin último de que la base, el núcleo del sistema, permanezca inalterado.
Construcción de «contrahegemonia»: una necesidad perentoria para la izquierda ecuatoriana
Desde la perspectiva de un gobierno que se llama a sí mismo «revolucionario», propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización, participación de la población en asuntos públicos, es decir, «contrahegemonía».
Lejos de esta visión, el régimen se caracteriza por el intento de control -mayoritariamente exitoso- sobre el conjunto de organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización y entendiendo a ésta como un elemento de desestabilización política desde la disidencia.
El objetivo central del proyecto político correísta -en esta etapa de modernización del sistema capitalista ecuatoriano- es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Siguiendo con Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección que significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Partiendo de esta premisa, el bloque hegemónico habría conseguido sus objetivos tanto en el plano político como en el económico: de manera rotunda tras el proceso electoral de febrero de 2013 en el primero de los casos, como manteniendo el control en la disputa económica a través del mismo sistema de acumulación y matriz productiva heredada de la época neoliberal en el segundo. Siguiendo a Bolívar Echeverría, ni se supera el productivismo ni se replantea el valor de uso como forma natural de la reproducción social.
Entendiendo como crisis de hegemonía a la que se da cuando aún manteniendo el propio dominio, las clases sociales dominantes dejan de ser dirigentes de todas las clases sociales -no resuelven los problemas de toda la colectividad y dejan de imponer su concepción del mundo al conjunto de la sociedad-. Se debe indicar que el actual gobierno ha reconsolidado a las clases dominantes y el sistema económico sobre el que se sustenta, habiéndose convertido el Buen Vivir -discurso transversal en los planes de desarrollo- en un limitado concepto que se sostiene sobre el mayor suministro de servicios básicos a la ciudadanía y el aumento de su capacidad de compra de bienes y servicios en el mercado.
El golpe recibido por las izquierdas políticas en las últimas elecciones presidenciales y legislativas celebradas recientemente en Ecuador, ponen en cuestionamiento la credibilidad de estas como factor «contrahegemónico» en el momento político actual, planteando el reto en el campo popular de un análisis adecuado sobre el nuevo bloque hegemónico consolidado, para así encontrar las potencialidades transformadoras existentes en el nuevo modelo de capitalismo posneoliberal ecuatoriano y el mecanismo de reorientación adecuado para las izquierdas más tradicionales.
[1] El 23 de marzo de 1919 Benito Mussolini funda en Milán el primer «fascio di combattimento», adoptando símbolos que hasta entonces habían distinguido a los arditi, como las camisas negras y la calavera, llegando al poder tras la crisis ministerial del primer trimestre de 1922.
[2] El Telégrafo, 16 de abril de 2013. http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/correa-llama-a-los-empresarios-alemanes-a-invertir-en-ecuador.html
[3] Desde hace dos años el término «salario digno» es aplicado en Ecuador como el resultado de dividir los perceptores del sueldo por familia (1,6) y el promedio anual de canastas básicas familiares (USD 589,39).
[4] Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (ANDES), 22 de diciembre de 2012. http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/salario-básico-unificado-2013-sube-318-dólares.html
[5] De cumplirse esta condición, las empresas que generen utilidades ya podrán distribuir también esta ganancia entre las directivas empresariales.
[6] Por ejemplo tan solo un ejemplo del «discurso del saber»: la prisión pasa de ser el resultado de los intereses de determinadas élites dominantes -las cuales inventaron el encierro para determinadas personas dominadas que «incomodaban» y «perjudicaban» sus intereses-, a tener a partir del siglo XIX mediante el positivismo jurídico y científico, un discurso de justificación social (separación de la sociedad para un adecuado proceso de reinserción social).
[7] El «gatopardismo» o lo «lampedusiano» es en ciencias políticas el «cambiar todo para que nada cambie», paradoja de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (fallecido en1957) en su libro «Il Gattopardo», publicado póstumamente por la editorial del activista comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli.
Este artículo son reflexiones a partir de la lectura del recomendable libro «Contra hegemonía y Buen Vivir» de los editores Francisco Hidalgo y Álvaro Márquez, en el que tuve el honor de participar en su presentación en Quito junto a Francois Houtart, Julio C. Guanche y Francisco Hidalgo.
http://deciomachado.blogspot.fr/2013/04/vigencia-de-gramsci-para-el-analisis.html