En una fotografía que ya le dio la vuelta al mundo varias veces, publicada en la prensa internacional el martes 13 de junio pasado, se ve a un grupo de encapuchados atacando con piedras y cocteles molotov un edificio administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela. Los atacantes, jóvenes veinteañeros con apariencia y […]
En una fotografía que ya le dio la vuelta al mundo varias veces, publicada en la prensa internacional el martes 13 de junio pasado, se ve a un grupo de encapuchados atacando con piedras y cocteles molotov un edificio administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela. Los atacantes, jóvenes veinteañeros con apariencia y métodos de los tristemente célebres halcones mexicanos del 10 de junio de 1971, provocaron el incendio de la fachada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, edificio en cuyos bajos funciona una oficina bancaria, la cual también sufrió daños.
En México es bien conocido el uso de pandillas juveniles violentas a las que se les encomienda atacar edificios públicos y privados, destruir unidades de transporte público, mobiliario urbano y hasta monumentos con valor histórico o recreativo. Esta es una de las más socorridas tácticas de la derecha para generar la imagen de caos social. Y también, desde luego y sobre todo, para provocar una respuesta represiva de las autoridades que dé pie al incremento de la violencia, ahora aparentemente justificada por una represión excesiva y, si se puede, sangrienta y mortal.
En el caso venezolano, y a pesar de las múltiples provocaciones de los halcones y los guarimberos, típicos lumpemproletarios, el gobierno del presidente Maduro no ha caído en las provocaciones de los piquetes de golpeadores, destructores, incendiarios e incluso asesinos que simulan, contra toda evidencia documental y gráfica, ser opositores democráticos a un gobierno al que acusan falsamente de autoritario.
Las imágenes del ataque incendiario a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia ha sido, como diría el clásico, más que un crimen, un error. La oportuna imagen periodística muestra claramente el origen, naturaleza y métodos de las supuestas manifestaciones populares contra el gobierno de Maduro. Vándalos, criminales, porros, golpeadores, incendiarios y asesinos a sueldo presentándose como pueblo.
Ahora, luego de más de dos meses de violentos disturbios prefabricados, le va a resultar más difícil a la oligarquía venezolana y a la putrefacta OEA (Organización de Estados Americanos) presentar como manifestantes populares y pacíficos a los piquetes de guarimberos, prototipo de la violencia criminal a sueldo.
A este severo golpe a la ya muy cuestionada credibilidad de la OEA y de Luis Almagro, el corsario que la comanda, se suma otro de igual poder demoledor político, social, cultural y mediático.
Como se recordará, la OEA y Almagro habían organizado un cónclave antivenezolano en las instalaciones de la prestigiada Universidad Iberoamericana. Pero el rector de la institución, el sacerdote jesuita David Fernández, salió públicamente al paso de esas pretensiones y cuestionó la concepción formalista de democracia que defiende la (OEA).
«La democracia que hemos vivido recientemente -dijo el rector- en el estado de México o en Coahuila, o en los comicios presidenciales de los pasados 30 años en México, ¿es la democracia que debe defender la OEA? Esa es una democracia de papel, que avala fraudes e impone la voluntad de las élites sobre las mayorías de los pueblos. ¿Esa es la democracia que impulsa la OEA y en cuyo nombre castiga otras posibilidades de soberanía popular y de gobierno?».
El asalto incendiario a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, el fallido cónclave antichavista en la Universidad Iberoamericana y el claridoso discurso del rector Fernández son duros golpes a los propósitos de derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
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