Viva la democracia formal, viva el capital

El motivo principal de esta respuesta al artículo «En defensa del voto» (http://www.rebelión.es/noticia.php?id=64258) es una discrepancia entre comunistas. Quizás no una discrepancia de fondo (o al menos eso me gustaría creer), pero sí, al menos, una discrepancia en cuanto a la estrategia. A mi juicio, desde una posición comunista, la defensa de la «democracia» sólo puede ser estratégica y debe ir siempre unida a su crítica. No se trata, por otro lado, de caer en el izquierdismo, sino de sostener a la «democracia»… «como la soga sostiene al ahorcado», utilizando la metáfora de Lenin. Lo que los comunistas defienden, siguiendo a Marx y a Lenin, es la dictadura del proletariado. Pero Rico y Liria no dicen nada acerca de la dictadura del proletariado, limitándose a defender la «democracia», sin más.

En un artículo anterior («Contra la democracia»: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64447) he tratado, en primer lugar, de justificar la denominación de «oligarquías burguesas populares» para los actuales regímenes políticos, llamados «democracias». Lo fundamental al respecto es comprender que la elección de magistrados, como ya señalaba Aristóteles, no es un procedimiento democrático, sino oligárquico (o aristocrático). Como dice Rousseau: «La idea de los representantes es moderna: nos viene del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el que la especie humana queda degradada, y en el que el nombre de hombre es un deshonor. En las antiguas repúblicas, e incluso en las monarquías, jamás tuvo el pueblo representantes; no se conocía esa palabra» (Del contrato social). Para comprobarlo, basta con estudiar mínimamente la democracia ateniense y los soviets rusos. Por tanto, la denominación «democracia representativa» es sencillamente contradictoria. Por otro lado, la denominación «democracia formal» es equivocada y no hay por dónde cogerla. Se pretende decir con ella, comúnmente, que las actuales «democracias» lo son sólo (y sólo pueden serlo) formalmente, bajo el modo de producción capitalista. Pero, como ya hemos dicho, la elección de representantes (que es el procedimiento político fundamental en las actuales «democracias») no tiene nada que ver con la democracia, sino con la oligarquía. Por tanto, ni siquiera formalmente los actuales regímenes son democracias. Pero además, las democracias reales (y hay que decirlo en plural) son democracias de clase. La democracia es una forma de Estado, es decir, de dominación de una clase sobre otra(s). Pero lo específico de la democracia es que la dominación la realiza el conjunto de una clase. Este es el quid de la cuestión. En segundo lugar, en dicho artículo traté de justificar una conclusión de lo anterior: una democracia real en la sociedad capitalista sólo puede significar dos cosas: democracia burguesa o democracia obrera. Esta es la disyuntiva fundamental que debemos plantearnos con respecto a la democracia. A efectos prácticos, esta alternativa se traduce en lo siguiente: o defendemos la «democracia», sin más (en general), o defendemos la democracia obrera, es decir, la dictadura del proletariado. Lo primero sería defender una verdadera democracia burguesa. Lo segundo es la opción de los comunistas o, al menos, de los comunistas marxistas. No nos engañemos: lo que los comunistas defienden no es la «democracia», ni siquiera una «democracia de los trabajadores», sino la democracia obrera, que es una dictadura del proletariado.

Los comunistas no pueden escamotear (como ya lo intentara Kautsky, en su texto «La dictadura del proletariado») el término «dictadura», escogido por Marx. No es sólo que la democracia obrera sea una dictadura del proletariado para la burguesía, sino que, juntamente con ello, y como el propio Kautsky reconoce, la dictadura significa un «poder no coartado por la ley» y de «carácter transitorio». La primera característica es identificada ya por Aristóteles como propia de la tiranía. Pero Aristóteles achaca a la democracia esta misma característica. Así, la crítica tradicional a la democracia, desde Aristóteles hasta Kautsky, pasando por Rousseau, apunta precisamente a su carácter tiránico, a su abuso de los decretos. Rousseau lo expresa de forma clara:

«Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o deponía a sus jefes, discernía honores para uno, imponía penas para otro, y mediante multitud de decretos particulares ejercía indistintamente todos los actos del gobierno, el pueblo entonces no tenía ya voluntad general propiamente dicha; no actuaba ya como soberano, sino como magistrado» (Del contrato social, libro II, cap. IV). Y «no es bueno que quien hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo desvíe su atención de las miras generales para volver a los objetos particulares» (libro III, cap. IV).

Rousseau, uno de los padres del moderno Estado de derecho, criticaba así a la democracia. Para él, la democracia debía limitarse al poder legislativo. No hay Estado de derecho desde el momento en que, como se quejaba Aristóteles refiriéndose a la democracia: «el pueblo se ha hecho a sí mismo dueño, y todo lo gobierna mediante votaciones de decretos y por medio de los tribunales, en los que el pueblo es soberano» (Constitución de los atenienses).

Pero Marx no escogió el término «tiranía», no escribió «tiranía del proletariado», sino «dictadura del proletariado». La razón ya la hemos apuntado, con Kautsky (y a pesar de Kautsky): debido al carácter transitorio de la dictadura. Marx dice: «A este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado«. Pero el carácter transitorio de la dictadura del proletariado no está determinado por una ley formal, sino por su contenido de clase.

Pero para continuar con esta respuesta debería repetir todo lo dicho en el artículo «Contra la democracia». Naturalmente, me voy a ahorrar siquiera el resumir las conclusiones presentadas en dicho artículo, que no valen nada sin los argumentos. Allí argumento no sólo en contra de la «democracia formal» o, mejor dicho, de la «democracia representativa», sino sobre todo contra la «democracia», sin más, contra la «democracia en general», como decía Lenin, contra la democracia en sentido literal, como «poder del pueblo».

Ahora bien, Rico y Liria pueden responderme a su vez que su única pretensión con su artículo «En defensa del voto» ha sido la de defender la llamada «democracia representativa» (pondremos siempre entre comillas esta expresión absurda), el Estado de derecho y las «libertades», frente a la ilegalización de la izquierda abertzale, que significa directamente un Estado de excepción. Pero justamente mi crítica es que se limiten con su artículo a defender la «democracia representativa», el Estado de derecho y las libertades. Mejor dicho, mi crítica es que se limiten a defender la «democracia representativa», etc., como comunistas… Ni siquiera desde un punto de vista estratégico, coyuntural, puede pasar por comunista la sola defensa de la «democracia representativa». Por supuesto, se debe defender la «democracia representativa», etc., frente a la excepción implicada por la ilegalización de Batasuna. Pero los comunistas no se distinguen precisamente por esta defensa.

Pero el motivo de nuestra respuesta no es sólo que Rico y Liria den a entender con su artículo que los comunistas se limitan a defender la «democracia formal». Al final de su artículo, los autores afirman que, «en condiciones de libertad, votaríamos contra ETA». Uno podría interpretar inmediatamente que votarían a Batasuna, en tanto que es la única fuerza política que defiende claramente la autodeterminación de Euskadi. Pero no, porque previamente los autores han afirmado que «si pudiéramos votar a Batasuna, no les votaríamos». Se trata, por tanto, para los autores, de defender ahora la «democracia» frente a ETA.

Es contrario al sentido de la auto-determinación de un pueblo el subordinar su ejercicio a su reconocimiento como derecho por parte de otro pueblo. Pero, lógicamente, la autodeterminación de un pueblo no puede ejercerse mientras un Estado se lo impida. La solución sólo puede consistir en forzar al Estado a reconocer el ejercicio de la autodeterminación. Su reconocimiento como derecho, como siempre, vendrá después. Con esta breve deducción resumiría mi respuesta.

La inversión de esta lógica, es decir, poner el reconocimiento del derecho de autodeterminación por el Estado como condición para su ejercicio por parte de un pueblo determinado, conduce al absurdo de pretender que corresponde al Estado decidir por dicho pueblo. Me parece que a este absurdo apuntan Rico y Liria cuando hablan de «votar contra ETA». Esta conclusión contrasta con lo que afirman al comienzo de su artículo: «Miles de trabajadores -quizás millones- han muerto durante siglos para conquistar este triple acceso al espacio público [democracia, derecho, y elecciones] y no deberíamos bromear al respecto». Habría que preguntarles a los muertos por qué luchaban; pero lo que me interesa resaltar es que los autores afirman que miles de trabajadores lucharon y murieron para conseguir determinados fines políticos.