La cooperativa La Hidra ha coordinado una investigación sobre el impacto social del mercado del alquiler durante los años 2014 y 2019, realizado junto con la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hubo un tiempo en que vivir en Barcelona era caro, pero asumible —compensaba residir cerca del lugar de trabajo, estudios o familia—. Ese tiempo ya pasó. Ahora es mucho más caro y genera lo que se describe como estrés financiero, con consecuencias en la salud, en siete de cada diez encuestados por un equipo de investigación formado por investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma de Barcelona y la cooperativa La Hidra, junto con el apoyo y colaboración del Sindicat de Llogateres. El estudio trata de revelar el impacto social del mercado de alquiler en Barcelona y su área metropolitana (36 municipios), a través de una encuesta que han completado 2.020 hogares.
El informe tiene otras conclusiones relevantes. “La principal es que, independientemente de tus ingresos o situación socioecónomica, vivir de alquiler te hace vulnerable”, destaca Jaime Palomera, investigador de La Hidra. El estudio muestra que la vulnerabilidad ya no solo está asociada a casos de pobreza severa, si no que se ha extendido a hogares con ingresos relativamente buenos y estudios superiores, “una composición que no encaja con los parámetros habituales de vulnerabilidad”, añade Palomera.
El 64% de las personas encuestadas tienen un trabajo cualificado, de apoyo técnico o son profesionales, y tienen estudios superiores. El 22% presenta ocupaciones técnicas cualificadas, son asalariadas de tipo administrativo o son trabajadoras autónomas. Solo el 13% realiza trabajos manuales, semicualificados y no cualificados.
La edad media de la persona que vive de alquiler entre las personas encuestadas se sitúa en 38 años y la mayoría de hogares (57%) viven dos o más adultos sin menores a cargo. El 21% convive con niños; el 4% son hogares monoparentales; solo el 18% vive solo, y el 20% comparte piso, bien alquilándolo conjuntamente (16%), bien arrendando una habitación (4%).
Independientemente de con quién y cómo viven, una de cada dos hogares (46%) ha sufrido acoso inmobiliario —segunda conclusión—. “Lo más normal es sufrir el deterioro grave de la vivienda y que el propietario se niegue a solucionarlo a pesar de que se le solicite, que no te quieran cobrar el alquiler para echarte y que te eche mediante la subida del precio del alquiler”, resumió el investigador de cooperativa que ha coordinado el estudio en la rueda de prensa ofrecida ayer en Barcelona.
Esto conlleva lo que los investigadores han denominado “desahucios invisibles”. Son expulsiones y mudanzas forzosas que no pasan por los juzgados y que las estadísticas públicas no contabilizan, peor que se añaden a las visibles —Catalunya es el territorio con más desahucios (23%) de todo el Estado—.
Estas mudanzas voluntarias estresan y angustian, y tienen un impacto en la autopercepción de la salud. El empeoramiento de esta percepción aumenta del 9% sin desahucios invisibles al 13% con uno, y hasta el 25% cuando se han realizado entre dos y cuatro mudanzas en cinco años.
En el quinquenio investigado, entre 2014 y 2019, el precio medio de alquiler en la ciudad de Barcelona se incrementó un 42%, pasando de 688 a 979 euros, según los datos de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, a través de las finanzas depositadas en Incasòl. Durante esos cinco años, el 65% de las personas encuestadas se ha mudado y cuatro de cada diez han sufrido un aumento del precio del alquiler.
De hecho, solo el 50% de los hogares llevan tres o más años residiendo en la vivienda actual. El 28% entre uno y tres años; el 22%, menos de un año. La movilidad va asociada a un nivel muy alto de inseguridad residencial, y solo el 41% prevé no mudarse en los próximos seis meses.
La encuesta alerta también del “predominio cuasi absoluto de alquiler a precio de mercado: el 97%”. Solo el 3% vive en un alquiler social y de protección oficial, que es significativamente por debajo del precio de mercado o está vinculado a la Borsa de lloguer municipal (ligeramente por debajo del precio de mercado)
Un dato que contrasta con otras urbes europeas. En Amsterdam, el 84% de la población vive de alquiler, pero sol el 27% lo hace a precio de mercado, donde los precios están regulados por un sistema de puntos, y la mayoría (57%) vive en alquileres sociales. En Londres, el alquiler público representa el 25% del sistema de vivienda y en Berlin, el 15%, con un mercado con cada vez más regulaciones estrictas.
“Cuando decimos que vivir de alquiler te hace vulnerable nos referimos a las condiciones legislativas actuales, no solo porque debe haber más alquiler social, sino porque el alquiler debe estar más regulado”, resume Palomera. La encuesta informa también de que el 17% de hogares consultados han participado en el Sindicat en diversos grados de intensidad, desde solicitar información a afiliarse.