Voces cubanas: Alina Herrera y Ariel Dacal

La serie Voces cubanas, que inauguramos con una entrevista al director de cine Ernesto Daranas, incorpora a la discusión a otros intelectuales en busca de respuestas y horizontes, muy necesarios, para el presente y futuro de Cuba. El destino de la patria es una preocupación compartida por todos los cubanos, sin que puedan justificarse campos exclusivos y monopólicos para su suerte. Fiel a esta premisa, la serie intentará sumar al debate a personas de varios sectores (no sólo el intelectual) y construir así un espacio de reflexión, análisis y sentimientos sobre la cosa pública cubana y sobre la nación en general. En esta ocasión, fuimos a buscar las voces de otros intelectuales que se han destacado en el entorno social y cultural cubano. Se trata de la abogada, investigadora, activista feminista y antirracista, Alina Herrera Fuentes y el politólogo y educador popular Ariel Dacal.

Desde hace algún tiempo la sociedad cubana se transforma social y económicamente, y se visualizan demandas de diversa índole por varios sectores de la sociedad. ¿Está el diseño cubano en tensión para absorber y gestionar esas demandas?

Alina Herrera Fuentes: Esta pregunta es bien amplia. No obstante, referirme al diseño me obliga a comenzar por la Constitución de la República que significó grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos, por ejemplo, y eso impulsó la necesidad de aprobar un nuevo ordenamiento jurídico. Una de las novedades del texto con relación a los derechos constitucionales es la posibilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas de reclamarlos ante los tribunales, o sea, por la vía judicial. Sin embargo, la aprobación de esa nueva Ley de Reclamación se aplazó inexplicablemente para diciembre de 2021, violándose la propia Ley de leyes que lo había dispuesto para octubre de 2020. Con esto quiero decir que, por más que el diseño muestre el propósito y la capacidad de gestionar demandas sociales, y aunque haya estado aprobado por la gran mayoría de los ciudadanos cubanos, la ejecución de ese diseño presenta grandes brechas con la letra escrita y aprobada en referéndum.

Lo mismo ocurre con el reconocimiento constitucional a la ampliación de instrumentos de democracia directa (la iniciativa de reforma constitucional, el plebiscito, el referendo, la iniciativa de ley, la revocatoria de mandato) y con el reconocimiento del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado como fundamento para la participación directa. Son avances en el diseño constitucional, sin embargo, el propio texto no garantiza que los presupuestos legales puedan llevarse a cabo. Entonces no basta con ese reconocimiento, es indispensable que las instituciones quieran y puedan sortear las demandas ciudadanas, que se creen los mecanismos para acceder al poder público político, que la ciudadanía pueda incidir en los diferentes niveles de la toma de decisiones y que el aparato estatal pueda retroalimentarse de los intereses y las necesidades de sus ciudadanos. Es requisito para hablar de capacidad de gestionar demandas plurales.

La centralización en la toma de decisiones, el blindaje político en la solución de conflictos de interés público, la burocratización de las instituciones son problemas enquistados en el diseño, que obstaculizan la utilidad de las leyes cuando favorecen a la ciudadanía, anulan la posibilidad de horizontalizar los poderes y las obligaciones de los actores políticos institucionales con la sociedad civil.

Justo en esta etapa álgida de cambios socio-económicos y de reorganización del ordenamiento jurídico, es importante la profundización en la democratización de las instituciones del país, de la gestión del gobierno. La horizontalidad de la discusión de estos cambios es imprescindible, el acercamiento a la ciudadanía, el diálogo permanente con la sociedad civil, máxime cuando así lo conmina la Constitución. El espíritu del diseño socialista o del socialismo democrático es ese, y es uno de los grandes desafíos del proyecto revolucionario.

Ariel Dacal: Un primer dato para describir la realidad cubana es la convivencia de añejas y nuevas maneras de hacer política. Esta realidad impacta en el diseño institucional, los mecanismos en la toma de decisión y la emergencia de nuevos actores en el escenario político. Con manifestaciones más o menos claras, con espacios más o menos establecidos, con interpretaciones y propuestas diversas, lo cierto es que, y este es un segundo dato importante, la pluralidad política en la Isla es un hecho irrefutable.

Agrego un tercer dato, y es que muchas de las demandas hoy conocidas emergieron a la palestra en el proceso de debate público que acompañó el inicio de las reformas, la que abrió la agenda nacional con amplitudes de temas y enfoques. Un cuarto dato es que se han habilitado mecanismos gubernamentales para recoger y procesar opiniones de diferentes sectores sociales, así como para brindar informaciones sobre asuntos varios. 

Mi interpretación sobre estos datos es que existe un desequilibrio entre la disposición política del Gobierno a abrir importantes temas y ampliar el acceso a la información, y la capacidad para encaminar la creación de políticas públicas. Incluso más allá, para la habilitación de mecanismos institucionales que garanticen mayor participación social en el encaminamiento de las soluciones. 

Entre los temas pendientes está la creación de medios estables, institucionalizados y eficientes de diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil. Esto entraña ampliar la comprensión sobre qué es la sociedad civil cubana, en específico su carácter socialista.

Por otro lado, vale anotar que las llamadas demandas sociales, en un escenario clasista, donde se disputan paradigmas distintos de sociedad, donde las agendas pueden ser contrarias entre sí, colocan una tensión específica a la gestión gubernamental como mediador entre las diferencias sociopolíticas.

Queda pendiente, además, el establecimiento de marcos jurídicos que concreten el acceso a un grupo de derechos ciudadanos consagrado en la Constitución, refrendada en 2019, los que pudieran canalizar soluciones, de una mejor manera, para las diversas demandas sociales.

Existe una relación estrecha entre el diseño institucional y la cultura política que lo sostiene. Prefiero entonces hablar de potencialidades para encaminar las demandas sociales, lo que exige, en primer orden, consolidar, en la práctica, una cultura política con base en el consenso y el diálogo para la creación colectiva de las políticas públicas que las satisfagan.

En el contexto cubano, ¿cuál cree usted que sería el rol del intelectual en la Cuba de hoy? ¿Hay necesidad de discursos críticos en nuestra sociedad?

Alina Herrera Fuentes: Pienso en Gramsci, en Marcuse y en el papel de los intelectuales, por eso creo que el trabajo de los intelectuales es intrínsecamente político. Manifiestan las tensiones sociales y políticas de un momento histórico y, a su vez, en esa expresión, fungen de mediadores entre clase política y la sociedad civil. Articulan un lenguaje vocero entre el pueblo y el aparato estatal, sobre todo porque cuentan con los medios y canales para ello. En la Cuba de hoy sucede igual, el trabajo de los intelectuales cubanos expresa la vida del pueblo y al mismo tiempo sociabilizan el conocimiento. Uno de los elementos angulares para producir consenso es la cultura, la educación y el conocimiento. En Cuba los intelectuales no son una clase independiente o aislada del pueblo, son parte adherida a él, a la sociedad, como ciudadanos en el ejercicio de su trabajo/obras a la par que en el ejercicio de sus derechos, como fuerza impulsora de cambios de la nación, catalizadores de procesos de persuasión y transformaciones sociales, con los mismos intereses que el resto de la sociedad. También son productores de una contrahegemonía crítica, cuyo caudal debiera alimentar a los agentes institucionales en beneficio y en servicio del pueblo, que es el gran soberano.

Además de discursos críticos se necesitan agentes receptores que respondan comprometidamente con su ciudadanía. Las posturas y los análisis críticos ya existen y no son pocos, ni son per se “contrerrevolucionarios”. Ciertamente, del lado del gobierno, anhelamos más posturas críticas, transparentes y soluciones efectivas a los problemas que presentamos como nación y como sociedad.

Ariel Dacal: El trabajo intelectual tiene como función social la producción, sistematización, resignificación y proyección de ideas acerca de la realidad. Atañe, en lo fundamental, al campo del pensamiento y la reflexión.

Es un entendido que quienes lo realizan pertenecen a un grupo social que, de alguna manera, intenta educar a la población, proponer debates, explicar ciertos fenómenos y elaborar alternativas. Por tanto, adquieren, como deber moral, instar a la reflexión crítica sobre la realidad. 

La actividad intelectual está mediada, como toda actividad humana, por contextos históricos, socioclasistas, políticos y culturales diversos. El ejercicio intelectual es cualquier cosa menos neutral ante los fenómenos sociales. La y el intelectual se generan en la propia realidad que interpretan. La labor intelectual implica, con mayor o menor conciencia, la producción o reproducción de ideas que soportan los intereses de grupos y clases sociales específicas. Es la idea gramsciana del intelectual orgánico.  

Ser intelectual en Cuba hoy no escapa a ninguna de esas precisiones. Con más o menos alcance público, la producción de ideas y reflexiones sobre la realidad social cubana es amplia, diversa, rica, profunda y, debemos significarlo, con signos ideológicos diversos. Dicho en términos gramscianos, hay intelectuales orgánicos a los diferentes grupos, sectores o clases, emisarios y emisarias de los diferentes paradigmas sociales que están hoy en disputa.

En este contexto, debe afianzarse la producción de posicionamientos con rigor, decencia, diálogo y contrapunteos basados en la elaboración y divulgación de ideas, en la reflexión colectiva, en la búsqueda del bien común. Es un deber evitar las descalificaciones, las falacias, la criminalización del diferente como métodos “intelectuales”.

En el actual contexto debe estimularse, de manera especial, el pensamiento crítico, asumido como comprensión de la realidad, la historicidad de los fenómenos sociales, políticos y económicos, los sujetos implicados, los intereses en disputa y la gama de alternativas para transformar la realidad. Pensamiento crítico que procure, sobre todo, que cada cubana y cubano asuma su propia práctica intelectual, lo que significa participar en la vida política de manera creadora.

Existe hoy un gran debate sobre el financiamiento extranjero de proyectos dirigidos a la subversión en Cuba. ¿Cómo entender este fenómeno en el contexto político y social cubano? ¿Pueden delimitarse en este campo a sectores, grupos y medios? ¿Cuáles son los límites de la legitimidad en la actuación ciudadana en Cuba?

Alina Herrera Fuentes: Siempre ha existido, desde 1959, financiamiento a proyectos dirigidos a subvertir el gobierno, muchas veces por vías no pacíficas, muchas veces mediante fondos de gobiernos extranjeros destinados para ello. Como consecuencia, cualquier voz disidente o simplemente crítica, se le atribuye la sospecha de ser financiada. Esta reacción es válida, pero tiene que ser probado ese financiamiento con esos propósitos en procesos judiciales con garantías jurídicas. Lo demás es arbitrio institucional y ausencia por el respeto de los derechos constitucionales. Es impensable que no se pueda disentir de una forma de gestión, que no se pueda ser crítico de un proyecto del que todas, todos, todes, formamos parte. Más bien es impensable que a todas las posturas críticas se les atribuya el carácter de financiadas y sobre todo imputarle a priori un propósito, que sería el de derrocar el socialismo o el de reinstaurar el capitalismo en Cuba mediante el caos social, mediante la ejecución de acciones tipificadas como delitos. Son grandes y graves acusaciones que, en todo caso, deben probarse con las debidas garantías y según las leyes vigentes.

Disentir no es equivalente a subvertir, tampoco manifestar las contradicciones políticas y sociales de un época, ni la propuesta de cambios y soluciones desde la sociedad civil significan subvertir. Es un derecho humano y una expresión de ciudadanía. Recibir fondos para sustentar un proyecto no es sinónimo de injerencismo, ni expresa necesariamente el ánimo de derrocar un gobierno, máxime cuando la Ley de Asociaciones en Cuba presenta obstáculos para inscribir este tipo de iniciativas, lo que trae como consecuencia la inexistencia o la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de transparencia fiscal (por poner un ejemplo), lo mismo sucede con la prensa. Desde el momento en que las instituciones provocan esa fractura, ocluyen esa posibilidad de relacionarse jurídicamente con proyectos que necesitan fondos, aflora la necesidad de buscar otros financiamientos.

La ciudadanía, per se, ya es condición suficiente para que se considere legítimo su actuar. Los límites de actuación están tipificados en el código penal, en las leyes. Actualmente estamos viviendo una serie de cambios, reformas y ajustes, con impacto en todas las esferas del país, y es el momento en que más se deban considerar los malestares sociales, las preocupaciones de la ciudadanía, sus inconformidades. El éxito de esta etapa solo será posible con la participación colectiva, llana. La legitimidad de estas reformas también las decide esa ciudadanía.

Y todo esto lo pienso desde el absoluto principio de soberanía nacional, sin injerencias de ningún gobierno extranjero en nuestros asuntos. Las presiones externas (históricas) pueden condicionarnos la manera en que desarrollamos nuestra democracia y nuestro proyecto revolucionario, pero no suprimirla, no puede amordazar el ejercicio de nuestra ciudadanía. Tampoco es motivo suficiente para que los actores institucionales funcionen como una unidad de poder verticalizante sin el respeto y la obediencia debida a sus votantes.

Ariel Dacal: Toda nación tiene el derecho a defender su soberanía. Cuba no es la excepción. A la largo de la historia revolucionaria, posterior a 1959, son muchos y permanentes los intentos de potencias extranjeras por subvertir el orden interno. Este es un hecho incontestable.

Sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, en particular, han previsto, articulado y realizado planes diversos con el fin atentar contra toda condición de posibilidad del proyecto de soberanía, dignidad y justicia social que consagra la Revolución cubana.

Observar el devenir cubano, con rigor y justicia histórica, incluyendo su actual contexto, implica reconocer que la relación con los Estados Unidos es una variable permanente que condiciona parte importante de la política doméstica, pero no la determina.

Como he afirmado antes, en Cuba existe una amplia pluralidad de visiones, propuestas y lecturas sobre la realidad y las soluciones posibles al actual estado de crisis. Uno de los polos de ese mapa ideológico consagra proyecciones congruentes con los intereses manifiestos de los sucesivos gobiernos norteamericanos, lo que incluye la aceptación de financiamiento para tales fines.

Otro polo de este mapa sustenta la “visión oficial”, con acceso a los medios públicos y financiado con fondos nacionales, lo cual, vale decirlo, hace parte del derecho legítimo de todo Gobierno a contar con su propio aparato ideológico y su cuerpo de intelectuales orgánicos.

Entre ambos polos, y este es un asunto delicado, hay una gama amplia de criterios, posturas, incluso con financiamiento externo, que no tributan a los planes subversivos realmente existentes. Este hecho exige, por sobre todas las cosas, un delicado proceso de discernimiento político, al tiempo que diseños más abarcadores, dialógicos e inclusivos que permitan metabolizar dentro del sistema político comunicacional cubano el disentimiento, e incluso la disidencia. 

Es legitima la manifestación de opiniones, sugerencias, lecturas, alternativas, propuestas programáticas que contribuyan a consolidar el proyecto de nación soberana esgrimido por Cuba desde el siglo XIX, como lo es polemizar sobre el orden político socialista que hoy consagra aquel proyecto. No es legítimo atentar contra ese proyecto, menos en confabulación con agendas foráneas y en reproducción de aquella idea racista y colonialista que afirma que los problemas de Cuba serán enmendados solo con la “guía” y “protección” de los Estado Unidos.  

Es legítimo defender, desde cualquier lugar político comunicacional, el derecho de Cuba a afianzar su soberanía, desmontar campañas sistemáticas de descrédito contra la Isla, denunciar intentos de subversión por parte de actores extranjeros. No es legítimo descalificar, agredir y criminalizar sin evidencias e impedir acceso a los medios públicos a ese pensamiento crítico diverso y comprometido, también, con el proyecto nación y con el orden socialista que lo consagra.

Alina Herrera Fuentes. Abogada, investigadora, activista feminista y antirracista. 

Ariel Dacal. Politólogo y educador popular.  

Fuente: https://oncubanews.com/voces-cubanas/voces-cubanas-alina-herrera-y-ariel-dacal/