Un artículo originalmente publicado en inglés por Upside Down World, escrito por el coeditor de Alborada
En julio de 2017, el Gobierno chavista de Nicolás Maduro se encontraba sitiado y el país estaba casi a inicios de una guerra civil. Tres meses antes, la oposición había comenzado una campaña de violencia callejera extrema, mas conocida como «guarimbas», que habían catapultado una vez más el tema de Venezuela a los medios de comunicación internacionales. Las imágenes de muerte y destrucción reforzaron la tesis del «Estado autoritario fallido» que se había ido vendiendo durante años. Junto con una severa crisis económica que estaba destrozando la calidad de vida de los venezolanos comunes y corrientes, la creciente difamación del Gobierno en los medios de comunicación propició la tormenta perfecta para crear un nuevo intento de derrocar al Gobierno. Arrinconado contra las cuerdas, el Gobierno de Maduro parecía incapaz de alterar la dinámica que había dejado a la Revolución Bolivariana, de 18 años de antigüedad, descendiendo en espiral hacia lo que parecía era su declive terminal.
Si avanzamos de un salto hasta el 24 de octubre de 2017, nos encontramos con la oposición en una severa crisis reflejada en el anuncio del líder opositor venezolano y ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, de que ya no participaría en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras su colega Henry Ramos Allup continuara siendo miembro de ésta. Capriles ofreció una serie de acusaciones contra Ramos, incluida aquella de que éste servía como vocero del Gobierno de Maduro. El terremoto político creado con la importante victoria de los candidatos chavistas en las elecciones regionales del 15 de octubre, en la que se eligieron gobernadores y legisladores en cada uno de los estados, produjo sus efectos al interior de la oposición, dejándola enconada y dividida.
Además de confundir a los críticos, los resultados electorales sorprendieron incluso a los más fervientes chavistas. La coalición gubernamental Gran Polo Patriótico (GPP), liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obtuvo el 52.7% de los votos, lo cual se tradujo en victorias en 18 de los 23 estados del país. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), votó el 61% del electorado, de un universo de 18,1 millones de electores, lo que representa el segundo nivel de participación más alto en elecciones regionales, solo superado por la participación del 65,5% en 2008. La existente infraestructura para garantizar la participación electoral fue significativa: 13,599 colegios electorales; 30,274 máquinas electorales; 90,822 oficiales electorales; y alrededor de 54,038 empleados técnicos y operativos.
Como ha sido la norma en Venezuela durante el Chavismo, las elecciones (la elección numero 23 desde que Hugo Chávez ganó la Presidencia por primera vez en diciembre de 1998) fueron sometidas a un considerable escrutinio. Hubo más de 1.300 observadores internacionales, incluidos representantes del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA). Se llevaron a cabo 11 auditorías del sistema de votación antes de la elección; 3 más el mismo día de las elecciones; y otras 2 auditorías después de los comicios, con una más pendiente para la semana que comienza el 30 de octubre. Estas auditorías han incluidos a representantes de los partidos pro y antigubernamentales. Mientras los observadores electorales internacionales acreditaron la veracidad de los resultados, los sectores de la oposición interna, así como las fuerzas internacionales hostiles al Gobierno de Maduro, como los gobiernos de los EE.UU., Canadá y Francia, cuestionaron los resultados, como era de esperar. La UE anunció nuevas medidas para aplicar sanciones contra Venezuela.
Dejando de lado las acusaciones no corroboradas contra el proceso electoral, los resultados y sus consecuencias requieren ser analizados meticulosamente. Dado el prisma antigubernamental a través del cual los medios de comunicación internacionales retratan los acontecimientos en Venezuela y el malestar económico real del país, la victoria chavista parece contradictoria. Sin embargo, entenderla es clave para valorar si estamos viendo el comienzo de la renovación del Chavismo, y la resurrección de un proyecto cuyo obituario ha estado circulando durante años.
Una victoria arrancada de las garras de la derrota
La oposición de Venezuela fue clave en la victoria electoral del Chavismo de este 15 de octubre. Como lo señala Ociel López en un convincente análisis publicado el día después de las elecciones: «lo que ha hecho la oposición después de su triunfo en diciembre de 2015 permanecerá en los anales de la historia política como el relato de un liderazgo que socavó de la manera más completa su propia victoria, aquel que dispersó ampliamente una correlación de fuerzas ampliamente favorable».
En diciembre de 2015, la coalición opositora MUD obtuvo una gran victoria en las elecciones a la Asamblea Nacional, obteniendo el 56.2 por ciento de los votos y 112 de los 167 escaños. En febrero de 2016, poco más de un mes después de asumir la Presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, el líder de la oposición, anunciaba que 6 meses era demasiado tiempo para esperar por el derrocamiento de Maduro. Concomitante a la cruda amenaza de derrocar a un Presidente democráticamente electo, las dificultades económicas se intensificaron, siendo el Gobierno incapaz de enfrentar los desequilibrios económicos de larga data, principalmente el tipo de cambio sobrevaluado, en una economía donde el tipo de cambio en el mercado negro había crecido exponencialmente, y estaba siendo utilizado en el país para ponerle precio a mucho de lo que se vendía en la calle. La peligrosa situación económica se volvió crítica y la escasez de alimentos se tornó sistemática. Indudablemente, la «guerra económica» que los actores nacionales y extranjeros libraban contra Venezuela y que el Gobierno denunció en repetidas ocasiones, era real. Sin embargo, se ofrecían pocas soluciones prácticas y existía la sensación de que el Gobierno se había resignado a su destino.
A pesar del desaliento, en 2016 el Gobierno logró sobrevivir, aunque estuvo muy cerca de caer. Fue en el contexto de una mejora económica en 2017 que los elementos insurgentes en la oposición desataron su estrategia de guarimbas para hacer ingobernable al país mediante la violencia, y con la esperanza de que obtuviera resultados su presión para facilitar alguna forma de intervención externa con el fín de derrocar a Maduro.
Según fuentes gubernamentales, entre el 31 de marzo y el 30 de julio de 2017, hubo 6,386 manifestaciones, de las cuales 5,045 fueron realizadas por la oposición, terminando el 88% de ellas en violencia. 121 personas fueron asesinadas durante este período, siendo atribuibles el 42% de estas muertes a la violencia de las protestas opositoras, mientras que el 13% de los asesinados fueron atribuidos a los servicios de seguridad del Estado. Los agentes estatales responsables de estas muertes están ahora en prisión.
Sin embargo, estos hechos fueron presentados de un modo favorable a la oposición por los medios de comunicación globales. Los actos de terrorismo opositor, entre ellos ataques armados con pistolas, bombas molotov, morteros y otras armas caseras contra bases militares; los linchamientos de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y el prenderle fuego a quienes se sospechaba eran chavistas, se transformaron en actos de desafiante heroísmo, trasmutado en un movimiento democrático que luchaba por la libertad. Por ejemplo, The Guardian, el periódico de la izquierda liberal británica, tituló «¿Patriota o Agente del Gobierno?», a un artículo que se refería al individuo que, en un sobrevuelo, abrió fuego y lanzó granadas de mano a la sede del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia venezolanos.
Resulta inconcebible que actos similares hubieran tenido lugar en Londres o Washington sin una respuesta de seguridad devastadora por parte de los respectivos gobiernos. En nombre de la lucha contra el terrorismo, nadie habría cuestionado la legitimidad de la respuesta armada del Estado, o exigido que las fuerzas de seguridad que eliminaban terroristas fueran encarceladas, y el Gobierno sancionado por instituciones multilaterales.
El ciclo de violencia finalmente se rompió por un segundo factor de gran importancia que explica la reciente victoria electoral del Chavismo: la exitosa elección, el 30 de julio, de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta polémica decisión de Maduro no solo provocó una profunda ira entre sus oponentes nacionales y extranjeros, sino que también se encontró con el rechazo de algunas personas que previamente habían apoyado o simpatizado con el Chavismo. Se trata hasta el momento de la mayor apuesta política de Maduro, recurriendo a una forma inesperada y poco ortodoxa para salir de la crisis. Con una participación significativa de votantes, y el cese casi inmediato de la violencia tras las elecciones, la Asamblea Constituyente también ha resultado ser hasta la fecha la mayor victoria política de Maduro. Además, sentó las bases para la victoria del 15 de octubre, y auspició las divisiones, expuestas en estos momentos al público, al interior de la oposición.
Específicamente, existen algunas victorias propias y derrotas opositoras que han sido especialmente dulces para el Gobierno. Por ejemplo, Héctor Rodríguez, un político estrella del Chavismo de 34 años, derrotó a la oposición en la Gobernación del estado Miranda (posiblemente la joya de la corona de la victoria chavista). Mientras, el líder opositor y ex político gubernamental, Henri Falcón, perdió ante la candidata chavista en el estado Lara, debilitando fuertemente cualquier aspiración de postularse para la Presidencia en 2018. Por el momento, Maduro ha desconcertado a muchos de sus enemigos, y el Gobierno ahora tiene un espacio de respiro para abordar de manera proactiva las causas de las dificultades que al día de hoy atraviesa el país.
Una economía que chilla
En 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon ordenó a la CIA «hacer chillar a la economía» en Chile para «evitar que Allende llegue al poder o derrocarlo». Si bien no lograron impedir que Allende asumiera el Gobierno, un programa de guerra económica patrocinado por Estados Unidos (junto con una campaña de violencia callejera y terrorismo) desembocó en una situación similar a la que vemos hoy día en Venezuela: escasez y acaparamiento de alimentos y bienes; una inflación desenfrenada, y la imposibilidad del Gobierno de acceder al crédito internacional. El 12 de septiembre de 1973, el día después del golpe patrocinado por los EE.UU. contra Allende, mágicamente la comida que había estado faltando en los supermercados volvió a aparecer.
Sin duda, la economía de Venezuela hoy chilla. Un kilo de carne de res en el mercado negro cuesta el equivalente a un cuarto del salario mínimo mensual (alrededor de 300,000 bolívares, o menos de US $ 20 según la tasa del mercado negro). Con la inflación fuera de control, el poder adquisitivo de los venezolanos del común es simplemente insuficiente para cubrir adecuadamente los costos de vida diarios. Nadie debería cegarse frente a la gravedad de la crisis económica. Tampoco debemos estarlo con sus responsables políticos, tanto del Gobierno como de la oposición. A pesar de los repetidos llamados a la acción para enfrentar la espiral de inflación y depreciación, realizados por aquellos de sus simpatizantes que poseen experticia económica, el Gobierno no ha abordado la enorme discrepancia entre la tasa oficial del dólar y la del mercado negro. ¿Cómo puede ser que Dollar Today, un sitio web antigubernamental con sede en Estados Unidos, dicte actualmente la tasa diaria del mercado negro en el país, teniendo a la economía como rehén, al infligir golpe tras golpe a los importantes logros socioeconómicos obtenidas por la población en la primera década del Chavismo?
Afrontar la situación económica es ahora fundamental, y si se lleva a cabo con éxito, revitalizaría a la base chavista. También ayudaría en gran medida a resolver otros desafíos principales, como la lucha contra la corrupción y la situación de seguridad en el país. Si el factor que impide acciones decisivas para abordar el desequilibrio del tipo de cambio reside en la amenaza de confrontar a poderosas fuerzas chavistas que pueden estarse beneficiando financieramente del status quo, por ejemplo, importando bienes con dólares subsidiados para luego venderlos a las tasas del mercado negro, Maduro tendrá entonces que mostrar el coraje político necesario para confrontar a esas fuerzas. No hacerlo erosionará el capital político que las victorias electorales de 15-0 le han otorgado al Chavismo.
Ahora también le toca a la oposición venezolana detener sus múltiples autoengaños y aceptar la realidad, para hacer una evaluación sustentada de en dónde se equivocaron y en cómo proceder. Es poco probable que las divisiones actuales de la oposición se resuelvan a corto plazo, mientras que los sectores extremistas que defienden la violencia y el terrorismo para propiciar un cambio de Gobierno probablemente continúen siendo la fuerza preponderante, especialmente cuando factores de peso como la UE y el presidente Donald Trump prosiguen avivando las llamas del conflicto.
A medida que se asienta la realidad tras esta última elección, quienes no vemos los acontecimientos en Venezuela a través del prisma groseramente distorsionado de los medios hegemónicos, debemos defender el derecho democrático de los venezolanos en decidir un futuro libre de violencia e intervención externa. El Chavismo, un movimiento que estaba de rodillas, ahora camina con una confianza que no se le había visto en un buen tiempo.
Pablo Navarrete es periodista, documentalista y coeditor de Alborada.
Fuente original en inglés (Upside Down World). Traducido por Alborada.
Artículo en ingles en pagina de Alborada.
Fuente: https://alborada.net/chavismo-venezuela-15-o-elecciones-regionales/