Quito, 24 de marzo de 2005 Señor Coronel Lucio Gutiérrez Borbua Presidente Constitucional de la República del Ecuador El gobierno del Presidente George Bush, en función de los intereses particulares de su gobierno, en posición que ha generado una creciente resistencia del pueblo estadounidense, se encuentra promoviendo una resolución en contra de Cuba, en la […]
Quito, 24 de marzo de 2005
Señor Coronel
Lucio Gutiérrez Borbua
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
El gobierno del Presidente George Bush, en función de los intereses particulares de su gobierno, en posición que ha generado una creciente resistencia del pueblo estadounidense, se encuentra promoviendo una resolución en contra de Cuba, en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.
El propósito de esa resolución es continuar una política intervencionista, para atacar la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano. Aduce violaciones de derechos humanos en función de obligar al Presidente Fidel Castro, a someterse a un estado de indefensión, para protejer las agresiones sistemáticas ejecutadas en contra del pueblo cubano en su conjunto, inspiradas y financiadas generalmente desde sectores colonialistas hostiles a su régimen en Estados Unidos.
En el fondo, la Casa Blanca, pretende que quienes ataquen la soberanía de Cuba, gocen de inmunidad e impunidad, independientemente de los crímenes que cometan, acusando a su enjuiciamiento de conformidad con las leyes de la República de Cuba, de constituir violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo que ha condenado a cadena perpetua en Estados Unidos a 5 cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labaniño, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, por actuar en prevenir actos terroristas en contra de su país. Contradicción que expone en forma flagrante los rostros opuestos, la falsedad, de la política exterior del Departamento de Estado y de la operación de los órganos judiciales de Estados Unidos.
Los sectores que promueven esa resolución, son los mismos que han protagonizado una larga y dolorosa historia de agresiones coloniales en América Latina. La lista incluye los asesinatos de presidentes como Omar Torrijos de Panamá, Jaime Roldós de Ecuador, golpes de estado sanginarios y genocidas como el de Agusto Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Bordaberry en Uruguay o García Meza en Bolivia. Asesinatos como el del Ché Guevara en Ñacahuazu. Intervenciones militares como la que depuso al gobierno de Maurice Bishop en Granada y ejecutó también su asesinato deliberado. El genocidio de 7.000 panameños para secuestrar y trasladar a EEUU, a un ex agente de la CIA, el general Noriega. El mantenimiento de una estrategia belicista para el desangre permanente del pueblo colombiano, en los útlimos años formalizado en el denominado Plan Colombia. La reciente invasión de Haití y el secuestro de su Presidente Aristide para expulsarlo de su propio país. La escisión de Panamá de Colombia para explotar el canal interocéanico en su beneficio. Los desembarcos de marines en centroamérica para deponer a gobiernos soberanos como el de Jacobo Arbenz en Guatemala. El financiamiento con recursos millonarios procedentes de redes de narcotráfico, como la montada por el Coronel Oliver North, para sostener la guerra de los contras armada para impedir el ejercicio soberano del poder por el pueblo nicaraguense. La «inversión» de millonarios recursos para la guerra sucia en El Salvador y Guatemala. La mutilación territorial de México y de la independencia de Puerto Rico. El beneplácito y el encubrimiento al genocidio de miles de venezolanos por el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez en el denominado «caracazo» en Venezuela. El desembarco en Playa Girón, el bloqueo inhumano de Cuba y los centenares de intentos de asesinato del Presidente Fidel Castro. La conspiración millonaria para derrocar al Presidente Chávez en Venezuela, que incluyó su intervención en el golpe fascista del 11 de abril del 2002. Para referirme sólo a sus crímenes políticos y no a los aún igualmente graves crímenes económicos, íntimamente relacionados con los primeros.
Si examinamos la historia de nuestro país, deberíamos abrir un proceso a los crímenes cometidos por esa misma clase imperialista de Estados Unidos que, ha ocasionado violaciones perversas a los derechos humanos y a la soberanía nacional. Esta pendiente todavía, la investigación y el esclarecimiento del asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre y existen evidencias, hoy 175 años después, que apuntan a que ese magnicidio fue ejecutado en una conspiración en la que participaron esos imperialistas yanquis de la época, en contubernio con Francisco de Paula Santander, artífice de la disolución de la República de Colombia, promovida en los márgenes de la doctrina Monroe para fraccionar a nuestra nación en pequeñas republiquetas, bloquear el progreso independiente de nuestros pueblos con el fin de someternos al tutelaje de un amo extranjero e impedir la luminosa perspectiva de una poderosa república unida, como la propuso Francisco de Miranda y la forjó el Libertador Simón Bolívar.
Pero, además de ese crimen, el mayor, que esa minúscula clase estadounidense ha cometido en contra de nuestros legítimos derechos, se suman a él otros episodios nefandos, como la conspiración articulada en Washington mismo, con la participación de un Santander ecuatoriano, Leonidas Plaza Gutiérrez, para estrangular la revolución liberal con el arrastre de Eloy Alfaro y el asesinato de Julio Andrade en 1912. Y a éste caso se adiciona la participación de los mismos sectores imperialistas para ejecutar la mutilación territorial de la República con el protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el acuerdo Mahuad Fujimori de 1998, favoreciendo la destrucción de los históricos lazos de hermandad que nos unen desde nuestros orígenes con el pueblo peruano, con quien nos han impuesto una frontera tan artificial como ilegítima, en un escenario geográfico e histórico en el que no cabe límite alguno, excepto el perversamente existente, útil solo al fraccionamiento para la mejor opresión colonial de nuestra nación de naciones.
Los crímenes que la diplomacia de EEUU ha cometido en contra de nuestro país son aún más extensos. Incluyen la imposición de la base militar norteamericana en las islas Galápagos en el escenario de la segunda guerra mundial y el cínico bombardeo de las islas cuando fue expulsada por el gobierno de Velasco Ibarra. Y ahora las operaciones del Comando Sur en la Base Aérea de Manta en franca violación de la Constitución y la soberanía de la República, bajo un seudo legal convenio que además faculta a EEUU a volver a destruir las instalaciones de la base aérea en Manta, como ya lo hizo en las Galápagos. Además la imposición para que soldados de nuestras Fuerzas Armadas se movilicen a la frontera norte como fichas de la estrategia belicista montada por el Pentágono en el Plan Colombia, a expensas de los recursos fiscales.
Podría citar cientos de casos, que son de dominio público, para recordar a usted, que la nómina de violaciones sangrientas de los derechos humanos, de la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos y naciones, le restan toda calidad ética, moral y jurídica al gobierno de Estados Unidos, para promover acusación alguna en contra de una nación hermana como Cuba, que en las condiciones más adversas defiende con dignidad sus derechos a la soberanía y autodeterminación.
Permítame recordarle señor Presidente, que nos conocimos en los eventos de la insurrección popular del 21 de enero del 2000, cuando el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, destituyó al Presidente Mahuad, y usted fue miembro de la Junta de Salvación Nacional. Ese día marchamos juntos desde el Palacio Legislativo a tomar el Palacio de Gobierno en una multitudinaria manifestación popular, que clamaba fundamentalmente: SOBERANÍA. Ese movimiento insurreccional de los pueblos del Ecuador, de sus naciones originarias, de sus trabajadores y campesinos, de sus hombres y mujeres tuvo un sinnúmero de motivaciones, entre ellas el salvataje a los banqueros que ocasionó pérdidas de miles de millones de dólares en su beneficio particular y que condujo a la inconstitucional sustitución del Sucre, nuestra moneda nacional, por una moneda extranjera, el dólar precisamente, símbolo de la traición a la Patria del gobierno de Mahuad que encarna la violación sostenida hasta hoy de la Constitución y de la soberanía económica de la República. Pero a más de éstas causas y otras, como consta en los documentos de los debates del Parlamento de los Pueblos y de su Comisión Política que presidí, latía el desprecio e indignación con el Presidente Mahuad, también porque, su gobierno en una forma que infama la historia de la política internacional del Ecuador, votó en contra de Cuba, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, protagonizando un episodio de servilismo a una potencia extranjera para golpear a una nación hermana, acto cometido desdiciendo su propia palabra y de espaldas a los principios mismos de la política internacional fijados en la Constitución vigente en 1999 y hoy, en el 2005. Si bien en éstos 5 años se han establecido claras posiciones, usted ha tomado su propio camino y yo continuo en la misma trinchera del heroico pueblo del 21 de enero, no olvide usted, ese episodio histórico. No ignore el poder invencible de la sagrada fuerza que palpita en la justa ira acumulada de nuestra nación.
Ahora el gobierno del Presidente Bush, busca otra vez, agredir a Cuba en la ONU. Su orientación es lesiva no sólo al pueblo cubano, sino al conjunto de sus pueblos hermanos de América latina y del mundo, pues implica el uso de un organismo internacional como la ONU, en favor de los intereses intervencionistas de una gran potencia mundial en contra del pueblo de una pequeña isla del Caribe. Esa resolución está dirigida a justificar la continuación de un inhumano bloqueo económico al margen de todo el derecho internacional y de provocaciones que pueden conducir incluso a una conflagración bélica. Esa provocación del gobierno de Estados Unidos a Cuba, no es nuestra, es un nuevo capítulo de bandidaje colonial. El deber de nuestra nación soberana es oponerse frontalmente a ella.
La Constitución de la República, define los principios de la política internacional del país, consagrando los derechos a la autodeterminación de las naciones y la solución pacífica de los conflictos internacionales. En consecuencia, como ciudadano ecuatoriano en ejercicio pleno de mis derechos, me dirijo a usted para solicitarle, cumplir con la Constitución, en el pronunciamiento que a nombre de la República la representación diplomática de su gobierno realice en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, votando en la única forma jurídica y digna para el pueblo ecuatoriano y su historia, en contra de la resolución propuesta por EEUU para ofender a Cuba.
Espero, señor Presidente Lucio Gutiérrez Borbua, no deshonre usted, los sentimientos de hermandad de los ciudadanos ecuatorianos con el pueblo de Cuba construidos en décadas, en las que han tenido lugar capítulos honrosos como la colaboración militante de Eloy Alfaro con la independencia de Cuba, encabezada por ese gran símbolo del pensamiento latinoamericano, José Martí; como la solidaridad masiva de nuestro pueblo con la insurrección en la Sierra Maestra de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ché Guevara que se extiende creciente hasta hoy, e incluso, actitudes memorables y dignas como la oposición del gobierno de Velasco Ibarra al bloqueo, a la ruptura de relaciones diplomáticas demandada por Washington y a la invasión de Playa Girón. Recuerde usted como militar, que la soberanía es indivisible y lo es también en el ejercicio de la política internacional de la República.
Atentamente,
Marcelo Larrea
Nota de Rebelión:
Marcelo Larrea es escritor y periodista ecuatoriano, director de «el Sucre» en su país y corresponsal de Adital de Brasil. Autor de «La historia no termina», «Hablar a través del tiempo» y «La Triple Victoria de Chávez o la guerra por otros medios» de reciente aparición. Fue uno de los promotores y dirigentes electos del Parlamento Nacional de los Pueblos, en la insurrección popular del 21 de enero del 2000, que despuso al gobierno de Mahuad en Ecuador.