El caso específico de las personas que laboran en la modalidad de teletrabajo pone en evidencia el moderno sistema de esclavitud de la pandemia, pues utilizan su propio servicio de internet, agua, luz, teléfono y equipos de computación para cumplir sus funciones en jornadas laborales intensas y extensas que superan las ocho o doce de trabajo frente a su monitor, sin que se considere su derecho a la desconexión y, por ende, tampoco el descanso los fines de semana.
Despensas vacías. Llamadas de los bancos solicitando el pago de las cuentas pendientes y ofreciendo convenios y reprogramaciones para la cancelación de las deudas contraídas. Mandiles blancos colgados a las afueras de los hospitales públicos. Docentes en huelga que decidieron, previa explicación a sus estudiantes, suspender las clases. Servidores públicos de toda índole impagos y, pese a ello, laborando – salvo excepciones y “vivarachos” – más que antes, bajo los alicientes morales de que “al menos tienen trabajo” o “hay que ponerse la camiseta”, aunque el derecho a recibir puntualmente sus sueldos ha sido violentado.
El caso específico de las personas que laboran en la modalidad de teletrabajo pone en evidencia el moderno sistema de esclavitud de la pandemia, pues utilizan su propio servicio de internet, agua, luz, teléfono y equipos de computación para cumplir sus funciones en jornadas laborales intensas y extensas que superan las ocho o doce de trabajo frente a su monitor, sin que se considere su derecho a la desconexión y, por ende, tampoco el descanso los fines de semana.
Mientras esta infamia ocurre, las máximas autoridades de las instituciones públicas y los responsables directos de ofrecer certezas a sus funcionarios se esconden. Guardan silencio por comodidad o conveniencia o porque quizás el pago puntual a sus trabajadores no forma parte del grueso de temas sustantivos que les atañen, aun cuando sin ellos simplemente no podrían operar. Lo que muchos no saben es que el silencio comunica y lo hace bien. En este caso transmite indolencia, ruindad y una excesiva racionalidad que no se empareja ni de lejos con las necesidades básicas de los trabajadores de la salud, educación y servidores públicos.
Las oficinas de talento humano supuestamente hacen lo suyo enviando la nómina de pago cada mes, pero el tiempo pasa y nadie dice ni hace nada cuando las remuneraciones no llegan. Algunos servidores consultan a sus compañeros en otras instituciones para saber si los sueldos fueron acreditados, guardando la esperanza de que tal vez mañana o pasado el pago estará en sus cuentas. Otros, un poco más avezados, dialogan con la prensa para “mover” en algo la opinión pública, pero esto, lastimosamente, ya no es noticia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y muchos medios normalizaron la indolencia y también –vale decirlo- no quieren abonar más al desprestigio de un gobierno cuyo deceso paulatino en credibilidad se origina por su propia boca. La corrupción y las tranzas de la vieja política que heredó de su progenitor, prófugo de la justicia.
Lo irónico de esto es que lo que se visibiliza como noticia son los apoyos –cuestionables por todo lado – a quienes llevan las riendas de esta desventura política que tergiverso el afán inicial de llevar a buen puerto y con dignidad la transición a la democracia luego de una década de autoritarismo. ¿Qué espacio quedó para visibilizar la lucha por el pago total y puntual de los sueldos luego de que la pandemia y sus restricciones dificultaron la salida a las calles? Las redes sociales son la válvula de escape donde los afectados exteriorizan, de formas diversas, su indignación con los atrasos y sí, es cierto, los comentarios llueven sin censura, desde los más elocuentes hasta los verbalmente fuertes.
¿Cómo no indignarse con un Estado que institucionalizó ad hoc la figura de servidores públicos de primer y segundo orden a través del pago de sueldos a destiempo y que posteriormente homologó su política de atrasos? Esconderse en sus despachos y utilizar el silencio como estrategia de comunicación no elimina este problema estructural, como creen algunas autoridades de gobierno. Más aún cuando su responsabilidad es la de rendir cuentas e informar a quienes permiten la operatividad del Estado, sobre un tema tan sensible como el pago de sueldos, el cual tiene injerencia directa en la actual pauperización de las economías familiares.
Pero en Ecuador, al parecer, el Estado irrespeta y repudia a sus funcionarios. La pregunta es ¿hasta cuándo?
* Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.
Fuente: https://ecuadortoday.media/2020/09/01/y-los-sueldos/