Cuando la duquesa de Pompadour, en la corte de Luis XV, percibió lo que se venía para los privilegiados del Antiguo Régimen expresó su clásico “Después de nosotros el diluvio”. La hábil consejera del monarca absolutista (1750) era consciente de lo que venía con el sucesor Luis XVI el 14 de julio de 1789; con […]
Cuando la duquesa de Pompadour, en la corte de Luis XV, percibió lo que se venía para los privilegiados del Antiguo Régimen expresó su clásico “Después de nosotros el diluvio”. La hábil consejera del monarca absolutista (1750) era consciente de lo que venía con el sucesor Luis XVI el 14 de julio de 1789; con la toma de la Bastilla para liberar los presos políticos del régimen de derecho divino. Y vino con cambio de Régimen.
Así no se gobierna. En plena crisis de la democracia representativa, las declaraciones del ministro de Justicia rechazando el proyecto de ley de indulto general para detenidos de la Rebelión social del 18/O expresan bien la ceguera, la indolencia y también la acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Piñera: “Se trata de personas que han cometido delitos graves” expresa el mismo Larraín. Recordemos que éste intercedió por el corrupto senador derechista Orpis acusado de haber recibido dineros sucios de Corpesca.
Es la evidencia misma. Un sistema jurídico político, que tiene mano blanda con los privilegiados del régimen, los empresarios oligarcas y con los parlamentarios corruptos de la casta política por un lado y, que, por el otro, no solo es incapaz de comprender las condiciones sociales de una rebelión social de carácter popular y democrática, sino que no titubea en reprimir brutalmente, ante los ojos indignados del mundo a su propio pueblo que reclama en general mejores condiciones de vida.
Es imposible ignorar las declaraciones del presidente Piñera contra el pueblo de Chile. Aquellas cuando afirmó estar en “guerra contra un enemigo poderoso”. Pero el presidente oligarca reincide hoy al negarle, – él mismo y las autoridades de su gobierno – la condición de presos políticos a quienes salieron a las calles, no sólo a exigir dignidad sino a pararle la mano a ese Gobierno agresivo y a todas luces inepto, pues a sabiendas (del endeudamiento, las bajas pensiones, los salarios miserables, la mala atención en salud) aumentaba, contra toda sensatez y sensibilidad social las tarifas de electricidad y boletos del Metro en tiempo de signos alarmantes de descontento popular. De tal manera que desde la inconsciencia que planea en la bruma del Estado chileno, los neoliberales no han hecho más que acentuar la deriva autoritaria que los lleva a violar derechos esenciales de un pueblo que en situaciones precarias, practica un derecho reconocido históricamente: el de alzarse contra los abusos repetidos por parte de un Estado que hace gala de la fuerza y de un gobierno que resultado de esas mismas prácticas anti democráticas comenzaba una caída en picada. Con un presidente que hoy bordea la ilegitimidad total con un 7% de aprobación ciudadana. ¿Apagar al fuego con bencina se dice?
La represión desmesurada del Cuerpo de Carabineros y del Ejército de Chile en contra de las movilizaciones no sólo tuvo y sigue apuntando como objetivo reprimir el malestar social y, con ello, como efecto directo asesinar, mutilar, violar y vejar a ciudadanos chilenos, sino que también encarcelarlos como medida represiva ejemplar. ¡A lo que se agregan la compra de material policíaco militar para violentar ordenado por el gobierno en medio de la pandemia y de deterioro de las condiciones sanitarias del pueblo!
En tales circunstancias, negarles la condición de presos políticos al pueblo que se manifiesta es otra provocación política a un pueblo que despertó de la modorra de la saga de gobiernos concertacionistas-NM y derecha neoliberal. Pues los ciudadanos encarcelados jóvenes y adultos participaron en un vasto y significativo movimiento social en el marco de un estado generalizado de crisis político institucional y a ojos vista de una casta política percibida como privilegiada e impotente.
…Y sin embargo, un jurista supuestamente avezado como el fiscal nacional Jorge Abbott (que pareciera haber sido designado políticamente por esa misma característica), en una actitud que emana de los peores reflejos clasistas de la justicia chilena, en un contexto social incierto, se une a las voces de la oligarquía al declarar: “Tengo la certeza total, que no existen personas actualmente en prisión preventiva producto de alguna convicción política”. Como si la política no fuera la capacidad y la obligación de los gobiernos de estar atentos y no sordos al malestar generalizado del pueblo ciudadano y a sus expresiones públicas. Y al hecho, viejo como la política misma, que es un deber ciudadano no aceptar atropellos por parte de un poder constituido, ciego y sordo en la defensa de sus prebendas. Lo peor es que ante un gobierno alineado con los intereses de la minoría social de empresarios oligarcas y de sus medios, el fiscal nacional muestra una ceguera jurídica y una incomprensión total de los derechos políticos de un pueblo cansado de la indolencia de los gobernantes. “No la vimos venir”. Versión actual de “Después de nosotros el diluvio”.