Leopoldo Lavín Mujica

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Desde la Rebelión del 18/O del año 2019 se ha instalado una tendencia irresistible en Chile. Es una evidencia que importantes sectores ciudadanos y sus organizaciones populares – buena parte de la fuerza transformadora – quieren ejercer un derecho político fundamental, pero en otra democracia, con sus nuevas instituciones, por nacer: poder influir de manera directa en la toma de decisiones acerca del curso del país y de las medidas necesarias a aplicar en el marco de los grandes desafíos presentes y futuros.

Quedan 10 años solamente para poner en práctica giros sociales y políticos mayores, y los 4 primeros, cruciales para el futuro, serán del próximo gobierno.

Para muchas y muchos y seguidores de Daniel Jadue, la noche del 18 de Julio fue vivida con un sentimiento de gran frustración. Imagen impactante: Plaza Dignidad, signo del acontecimiento histórico vital del despertar político de octubre 2019, estuvo vacía esa noche.

Bastó que 34 flamantes constituyentes de la Vocería de los Pueblos, en un claro ejercicio democrático, trasparentaran sus posiciones con una declaración donde se reclaman del “poder constituyente” y de la fuerza popular originaria que dio paso a la reivindicación histórica de Asamblea Constituyente y, por lo tanto, “a no subordinarse al acuerdo del 15 de noviembre de 2019″, para que 91 figuras de la llamada “centro izquierda histórica” reaccionaran con una declaración contraria.

Carlos Peña funciona mentalmente con el pensamiento mágico. En filosofía, tal actitud es propia de dos corrientes que son el nominalismo y el idealismo.

Siempre es después; sólo después que la pandemia hiciera estragos en la población – con la fatídica cifra de 30 mil muertos en un año – y que la existencia precaria se convirtiera en la norma corriente de vida de la gran mayoría de la población, que la casta política parlamentaria y el Gobierno de Piñera en plena crisis interna declaran allanarse a discutir una “agenda de mínimos comunes”.

Tanto el régimen político como el modelo económico neoliberal que beneficia a la oligarquía empresarial, ambos heredados de la dictadura, han sumido al país en una profunda crisis política de la que no se saldrá necesariamente en marzo del próximo año con la instalación de un nuevo gobierno, de otro plantel legislativo y de autoridades locales electas en mayo, ya sean municipales o provinciales.

Vivimos un momento político en que los sectores de izquierda auténtica tienen condiciones de posibilidad extraordinarias para iniciar una ofensiva política democrática.

La ejecución del joven trabajador-artista Francisco Martínez en una calle central de Panguipulli por un carabinero en funciones ilustra de manera elocuente que el objetivo cívico de la institución policial de velar y preservar la paz pública ha sido completamente desvirtuado. Hay un fenómeno de corrupción desbocada en el sentido más clásico del término: de degeneración de la esencia misma de un ente, cuerpo o sustancia, según la filosofía de Aristóteles.

Marzo será un mes político clave. Será el momento político abierto en el contexto de un ineludible escenario electoral. Será cuando habrá que plasmar; proyectar escritas y argumentadas las demandas populares y de los movimientos sociales por una ruptura democrática con las políticas de la oligarquía empresarial que hasta al momento han dominado la vida política.

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