América Latina tiene una larga historia de explotación y miseria de la fuerza de trabajo. En la literatura económica más influyente, incluso se consideró que la «baratura» de la mano de obra era una «ventaja comparativa». En contraste, la conquista de los derechos laborales siempre fue vista como un «costo» que afecta a las empresas […]
América Latina tiene una larga historia de explotación y miseria de la fuerza de trabajo. En la literatura económica más influyente, incluso se consideró que la «baratura» de la mano de obra era una «ventaja comparativa». En contraste, la conquista de los derechos laborales siempre fue vista como un «costo» que afecta a las empresas y hasta como un hecho peligroso, vinculado a las consignas del «comunismo».
En Ecuador la Constitución de 1929, pionera en proclamar derechos laborales, fue resistida; y el Código del Trabajo dictado en 1938 fue tildado de «comunista».
Desde aquellos tiempos ha sido permanente y recurrente el pedido de las élites económicas y políticas por aliviar los «costos» que supuestamente representan los derechos laborales. Pero solo con el avance de las décadas de 1980 y 1990 esas demandas realmente comenzaron a poner en riesgo los derechos de los trabajadores, con gobernantes que acogieron las ideas que el neoliberalismo generalizaba por América Latina. En Ecuador, entre las demandas empresariales de fines del siglo XX estuvieron: congelar salarios o vincularlos a la efectividad y productividad del trabajador, aumentar la jornada, disminuir el pago de horas extras, suprimir el reparto de utilidades, controlar la sindicalización y la huelga, permitir la «libertad» en la contratación individual y frenar la contratación colectiva, limitar las indemnizaciones, facilitar los despidos.
La Cámara de Comercio de Quito, a través de su propuesta «Consenso Ecuador», ha vuelto a la carga sobre esos temas (http://bit.ly/2e9vNee). Entre sus 11 ideas para el debate consta «Reformas para defender el empleo». Pero, aunque maquillado con argumentos de contemporaneidad y consideraciones sociales y económicas, el «Consenso» considera viejo al Código del Trabajo (como si el actual fuera el mismo de 1938), parte de una argumento central: «no es posible que el derecho laboral se mantenga rígido, inmóvil y estático»; declara abiertamente un interés central: «debe propender a una constante flexibilización de las relaciones laborales» y especifica la futura orientación: «no tiene sentido que se siga hablando de la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador, del In dubio pro operario, etc.».
Sin agotarlas, entre otras propuestas se hallan: revisar la jubilación patronal, así como las cargas familiares al momento de calcular el pago de las utilidades; replantear el pago del fondo de reserva, decimotercera y decimocuarta remuneración; limitar el «excesivo proteccionismo a la maternidad, discapacidad, actividad sindical o a su condición de adulto mayor u orientación sexual del trabajador»; tener «mesura» con las multas al empleador incumplido (en torno al trabajo por horas y tercerizado).
En lugar de reflejar una conciencia empresarial moderna, las propuestas son un retorno al pasado, que junto con otras que proclama el «Consenso», dan cuenta de un sector que aún no parece comprender el sentido de la responsabilidad social, tributaria, laboral y estatal, precisamente en el tiempo contemporáneo de América Latina.