Un mínimo de 21 niños y niñas fallecidos a causa de los ataques aéreos del ejército de Israel contra la ciudad gazatí de Rafah, y otros tres en el campo de refugiados de Tulkarm (ciudad palestina de Cisjordania), informó Save The Children el pasado 29 de abril; es el balance de tres días de crímenes; “en la Franja de Gaza familias enteras están siendo aniquiladas y un número cada vez mayor de personas, incluidos niños y niñas, se quedan sin familiares supervivientes”, añadió la ONG.
Sobre el impacto de las bombas israelís en las escuelas de Gaza dio noticia Naciones Unidas el 27 de marzo: impactos directos en 212 escuelas (desde el inicio de la agresión el 7 de octubre); en detalle, al menos 53 escuelas han resultado “totalmente destruidas” (las cifras se recogieron a partir de imágenes por satélite).
Además, 165 de las 212 escuelas mencionadas “se encuentran en zonas designadas para la evacuación por el ejército de Israel”, subrayan las agencias de Naciones Unidas y ONG; y más del 50% de las escuelas gestionadas por la UNRWA resultaron afectadas por la acometida sionista.
“Al menos el 67% de las escuelas en la Franja de Gaza van a necesitar una reconstrucción total o una importante rehabilitación para volver a funcionar. Un importante porcentaje muy alto se están utilizando como refugios para los desplazados”, evaluó UNICEF el 8 de abril.
El Primer Secretario de la Embajada Palestina en el estado español, Kaldhun Almassri, ha calificado la situación de “educacidio”; el diplomático participó en el Congreso de Enseñanza de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical (STES-i), celebrado entre el 11 y el 14 de abril en Valladolid (Enseñar, aprender, aplicar para transformar); el Congreso reunió a a más de 160 personas delegadas en el estado español, incluida una representación del País Valenciano.
Kaldhun Almassri presentó el informe Los daños al sector educativo en Palestina, realizado por la Misión Diplomática de Palestina en España; el documento recoge el siguiente balance del genocidio, según el cómputo del Ministerio de Educación palestino (hasta el 16 de enero): 4.327 estudiantes fallecidos y 7.819 heridos.
El reporte detalla ejemplos como el de la estudiante Shaimaa Saidam, quien contaba con un brillante expediente académico para el acceso a la universidad; el 15 de octubre de 2023 los bombardeos del ejército israelí en Gaza terminaron con su vida y la de parte de su familia; el objetivo de la joven era cursar la licenciatura de Traducción/interpretación en lengua inglesa.
“El apagón total de electricidad, la falta de acceso a Internet estable y la destrucción generalizada hacen que la educación en línea sea casi imposible”, subrayó Kaldhun Almassri.
Otro caso concreto es el de la Escuela Rosary Sister’s, derruida (con su biblioteca y teatro) por la embestida sionista; o el de la Universidad de Israa (al sur de la Franja), arrasada el pasado 16 de enero por los militares ocupantes; “el sistema universitario gazatí ha quedado totalmente completamente destruido” (fuente: Euro-Med Human Rights Monitor).
¿A cuántas personas ha afectado la suspensión del año escolar 2023-2024 en la zona? según los datos de UNICEF, más de 625.000 alumnos y 22.500 profesores se han visto perjudicados.
El informe Los daños al sector educativo en Palestina incluye un apartado sobre el apartheid como fórmula de anexión en Cisjordania; así, “en el Valle del Jordán, designado Área C, a las comunidades palestinas se les niega su derecho a la educación”.
Se trata, añade el reporte, de prácticas de segregación y anexión (de facto) que prohíben la construcción de infraestructuras (incluidas las escuelas y los jardines de infancia) a cerca de 40 comunidades de la zona; a ello se añade la amenaza de demolición por parte del Estado de Israel.
En este apartado, la acción de las excavadoras, se incluyen casos como el derribo -en mayo de 2023- de un centro escolar palestino en Bayt Tamar (afueras de Belén); el colegio, financiado con recursos de la Unión Europea, ya fue derribado por la ocupación israelí en 2017.
Esta negativa de los derechos educativos afecta a las comunidades beduinas del Valle del Jordán, denuncia Kaldhun Almassri, “como medida coercitiva para limpiarlas étnicamente de sus tierras; hasta 2019, la ocupación israelí ha emitido órdenes de demolición parcial o total a más de 42 escuelas en el Área C”.
El informe de la embajada menciona dos ejemplos de escuelas palestinas en riesgo de arrasamiento: la escuela de Ras Al-Auja (sur del Valle del Jordán), construida en 2020; y, edificada el mismo año, la escuela de Khirbet Al-Makeh, cuya destrucción forzaría que los alumnos tuvieran que desplazarse a otro centro escolar (Ein Al-Baida), a una distancia de 25 kilómetros.
Pero no sólo se trata del apartheid y las amenazas de devastación de los colegios; los estudiantes del Valle del Jordán se ven forzados a pasar -de manera cotidiana- por los Check-points o puestos de control militarizados; han de afrontar, así, el riesgo de la violencia que ejercen el ejército y los colonos israelís.
Un académico palestino, Refaat Alaeer (la voz de Gaza), de 44 años fue asesinado -junto a miembros de su familia- en diciembre de 2023, durante los bombardeos en territorio gazatí; ejercía como profesor de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza; también activista y poeta, Rafeaat Alaeer; fue miembro de la ONG We Are Not Numbers y coeditor de Gaza Unsilenced (2015).
Un caso más reciente de represión tuvo lugar el pasado 7 de abril; efectivos del ejército de Israel detuvieron en en el municipio de Birzeit (cerca de Ramallah, en la Cisjordania ocupada) a dos estudiantes universitarias, Layan Kalled y Layan Nasser.
“Los palestinos han tenido -históricamente- un altísimo nivel educativo”, concluye el informe de la Embajada; a pesar de hechos como los que se documentaron el 19 de marzo de 2019, cuando soldados sionistas incursionaron con sus fusiles de asalto en la escuela Zid jaber, en Hebrón, y detuvieron a un niño de 10 años (un vídeo y las redes sociales se hicieron eco del arresto); “los niños palestinos detenidos por el ejército israelí denuncian condiciones cada vez más extremas”, alertó Save The Children el pasado 29 de febrero.
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