El Parlamento europeo debatió y sometió a votación el 10 de abril, en Bruselas, el denominado Pacto de Migración y Asilo de la UE, finalmente aprobado -por escaso margen- tras años de preparación y negociaciones; según el comunicado oficial, se trata de un nuevo marco que pone el énfasis en “la cooperación y la solidaridad obligatoria pero flexible” (o, en terminología similar, el “reparto equitativo de responsabilidades” entre los estados).
El periodista de Radio 5 (RNE), David Vidueiro, compartió en las redes sociales: “Un grupo de manifestantes contrarios al Pacto ha interrumpido la votación durante unos minutos”.
No fue la única acción de protesta; así, 160 organizaciones de la sociedad civil europea firmaron -en las fechas previas- una declaración conjunta que instaba a los parlamentarios a rechazar el Pacto; alegaron que tendrá efectos “devastadores” para el derecho a la protección internacional y “dará luz verde a los abusos”.
Los colectivos subrayan que la reforma implica la prolongación de una década de políticas “que han conducido a la proliferación de violaciones de derechos”; la idea de Europa fortaleza (falta de vías seguras y estables de acceso) se apoya en las siguientes cifras: 2023 fue el año más mortífero desde la crisis de 2015 (en el mar Mediterráneo desaparecieron el pasado año más de 2.500 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-).
Más de 200 personas se concentraron en la Plaza de la Virgen de Valencia, el 10 de abril, contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo; Migrar és un dret, no ho faces un problema, reivindicaba una pancarta de la Mesa de Solidaritat amb les Persones Migrants; se hicieron visibles también chalecos de iaioflautes, camisas negras de Palestina Lliure, carteles de las ONG (Foc al pacte!) y banderas republicanas, de sindicatos o partidos de izquierda.
En una pequeña pira, los activistas quemaron el texto oficial del Pacto de la UE; antes, recordaron a las víctimas de conflictos como Yemen (cerca de 10 millones de niños necesitan en esta República ayuda humanitaria urgente, alerta UNICEF); la guerra en Sudán (más de 1,5 millones de personas se han visto forzados a huir a los países vecinos, según ACNUR) o Gaza (un mínimo de 33.200 personas asesinadas por los ataques sionistas).
Junto a una bandera de Palestina, el acto concluyó con la interpretación de tres canciones: Bella ciao de los partisanos antifascistas; Desapariciones, del músico panameño Rubén Blades y Foc al pacte.
Entre los diferentes discursos, un integrante del movimiento (autoorganizado) migrante y antirracista Regularización. Ya! recordó que más de 700.000 firmas -y 900 organizaciones- han respaldado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demanda derechos para medio millón de personas migrantes en el estado español (el Congreso de los Diputados aprobó el 9 de abril la toma en consideración de la Iniciativa).
Respecto a la renovación del marco normativo, un lector del manifiesto en el acto de Valencia destacó: “Se aplicará la denominada ´Ficción jurídica de No-Entrada`, que esencialmente significa tratar a las personas que llegan como si aún estuvieran fuera del territorio de la UE; eso implica que las personas serán detenidas en masa en centros o islas”.
Y añadió, en relación con el procedimiento de control previo: “El screening es un proceso de evaluación de hasta siete días que implica la recogida de datos biométricos y un análisis de riesgos de seguridad, incluso con menores a partir de seis años, y con posibilidad del uso de la fuerza; se aplica a todas las personas que ingresan en el territorio europeo, provocando retrasos en el acceso al procedimiento de asilo, un aumento en el uso de la detención en las fronteras y controles raciales una vez dentro del territorio”.
En otro de los parlamentos, en la plaza de la Virgen, se denunció el principio de pagar por no acoger que recoge el Pacto: permite a los Estados miembros el pago de 20.000 euros/persona refugiada por la no acogida en los territorios (de estos estados).
Movilizaciones por el mismo motivo se produjeron -entre el 5 y el 11 de abril- en más de 30 ciudades del estado español, además de en las puertas del Parlamento europeo (Bruselas) o en Berlín.
El citado manifiesto, que ha sumado más de mil firmas en el estado español, denuncia el recorte de derechos en los siguientes términos:
“Una evaluación menos individualizada y discriminatoria de las solicitudes de asilo. Se pueden rechazar solicitudes si se considera que el solicitante puede encontrar seguridad en otro país o en una ´zona´ de otro país, y es obligatorio para ciertas nacionalidades con baja tasa de aceptación de asilo o que ´supongan un riesgo de seguridad´”.
El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Retos y amenazas para los Derechos Humanos (2024) cuestiona que el Pacto de Asilo avance en el denominado reparto equitativo.
Así, además de las modificaciones “mínimas” en los criterios para determinar la responsabilidad en el examen de las solicitudes (“que no resuelven las deficiencias de los últimos años”), se reducen los plazos en el procedimiento y los “supuestos del cese de responsabilidad”; ello hace que se refuerce el criterio del país de (primera) entrada, como el estado español en la Frontera Sur.
La Agencia Europea de la Guardia de Fonteras y Costas (FRONTEX) se constituyó en 2004. Realizado por las investigadoras Ainhoa Ruiz, María Fraile y Sani Ladan (del Centre Delàs e Irídia), el informe ¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex (2024) da cuenta de la evolución presupuestaria.
De este modo, la suma del presupuesto de FRONTEX entre 2019 y 2022 fue de más de 2.000 millones de euros; esta cifra representa más de la mitad del presupuesto aprobado entre los orígenes de la Agencia (2005) hasta 2018.
El pasado 12 de abril la Coordinadora de ONG, de la que forman parte 75 organizaciones, se hizo eco en las redes sociales de la siguiente información del periódico El País: Frontex devolvió en 2023 a cerca de 40.000 personas a sus países (el 36% de las expulsiones que ejecutó la UE), lo que representa un “máximo histórico”.
Amnistía Internacional ha criticado la política de externalización y control de fronteras a países como Túnez, Egipto, Mauritania o Albania, lo que haría cómplice a la UE de los “abusos” que puedan cometerse; además de la criminalización de las ONG (en la asistencia y rescate por mar y fronterizos), Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que el Pacto avala los rechazos en la frontera y recuerda las denuncias –realizadas durante años- de las devoluciones a países como Libia.
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