Cada 19 de septiembre desde 1915 se «celebran» las Glorias del Ejército de Chile. Entre las actividades tradicionales está la Parada Militar, donde todas las Fuerzas Armadas – incluyendo a Carabineros de Chile – hacen gala de sus vestimentas y armas frente a las autoridades del país, en un evento televisado que es el castigo […]
Cada 19 de septiembre desde 1915 se «celebran» las Glorias del Ejército de Chile. Entre las actividades tradicionales está la Parada Militar, donde todas las Fuerzas Armadas – incluyendo a Carabineros de Chile – hacen gala de sus vestimentas y armas frente a las autoridades del país, en un evento televisado que es el castigo de miles de niñas y niños.
Pero, ¿qué «Glorias» se celebran? Es común para estas fechas recordar que el Ejército de Chile ha matado a más personas chilenas que extranjeras en contexto de guerra. Ha sido utilizada como un arma de represión de las clases dominantes para mantener el orden en el pueblo, utilizándose en contra de trabajadores y trabajadoras, militantes de la izquierda y del pueblo, en contra de mapuche y pueblos indígenas. El historial de muertes es abundante y cabe bien recordarlo cada 19 de septiembre como lo hace este tradicional artículo publicado por Radio Villa Francia en 2015.
El «glorioso» Ejército de Chile no solo enfrenta antecedentes históricos que hacen desconfiar sobre el rol que se le atribuye en la historia de nuestro país, sino que hay una serie de antecedentes actuales que nos permiten afirmar con seguridad que esta institución de gloriosa no tiene nada.
La Dictadura cívico-militar consolidó el estatus de privilegio del cual gozaban las Fuerzas Armadas, estableciendo una serie de beneficios tanto para sus miembros como en materia de salarios, pensiones, previsión social, como también en materias de carácter institucional como la Ley Reservada del Cobre, la cual les proveyó una cantidad de recursos difícil de dimensionar.
En los últimos años y meses se han develado una serie de casos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y en especial, del Ejército de Chile, los cuales sólo son comparables con los casos de corrupción de la élite política y empresarial.
¿Qué justifica que estos casos sean analizados por Tribunales Militares? ¿Acaso estos tienen la competencia para investigar de mejor forma que el Ministerio Público los casos de corrupción? La Justicia Militar está pensada para garantizar el bien jurídico de «seguridad nacional» que es amenazada mediante fuerzas externas. Sin embargo, el Código de Justicia Militar sólo asegura un estatus privilegiado para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, para garantizar impunidad a sus miembros, tanto cuando asesinan como cuando roban.
En la mayoría de estos casos sólo tenemos información parcial que ha sido filtrada a la prensa, para que luego se ahogue la información al interior de los tribunales militares. La excusa de la afectación de la «seguridad nacional» es utilizada todo el tiempo para esconder debajo de la alfombra todos los delitos y proteger a los funcionarios corruptos, que se encuentran a lo largo de toda la institución. La seguridad nacional no es afectada por saber la verdad sobre los hechos, sino que se afecta manteniendo a costa de todo el pueblo chileno a una serie de funcionarios corruptos a cargo de nuestras Fuerzas Armadas.
El caso con más repercusión pública ha sido el «Milicogate«, el cual ha implicado el robo de miles de millones de pesos a través de boletas falsas con cargo a los Fondos Reservados de la Ley del Cobre, los cuales se habrían realizado entre los años 2009 a 2014. La cifra robada supera los $10 millones de dólares, incluyendo millones de pesos gastados en Casinos. Este caso no solo implica a suboficiales y profesionales civiles, sino que escala hasta el mismísimo General (r) Juan Miguel Fuente-Alba, ex Comandante en Jefe del Ejército, quien tenía más de mil millones de pesos en bienes que no tendrían justificación legal.
En agosto de este año se destapó un nuevo caso, el cual fue parte del resumen semanal de Aurora Roja: pagos de más de $12 millones de dólares sin la documentación de respaldo, realizada por la Tesorería del Ejército a los proveedores Peña Spoerer y Cía. S.A., Famae, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH y Servicios de Abastecimiento y Mantención. En otras palabras, una obligación mínima hasta para el tesorero de un curso de primero medio como lo es acreditar los gastos que se realicen con documentación de respaldo, fue omitida por el Ejército de Chile.
Estos casos son similares. Se condena a un par de funcionarios de bajo nivel y se esconde toda la demás trama de corrupción. Esto se ve potenciada por la falta de control administrativo y político, pues ni la Contraloría General de la República ni la Cámara de Diputados cuentan con facultades para fiscalizar la compra de armas por parte del Ejército a través de los Fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Según reportaje de Mauricio Weibel – autor del libro «Traición a la Patria» -, esta cifra alcanzaría los 5.500 millones de dólares de gasto en cada período presidencial, en promedio. En su libro explica cómo entre 2000 y 2015, Codelco generó aportes a las Fuerzas Armadas por US$ 14.368 millones de dólares.
Pero la corrupción no solo se restringe al uso fraudulento de los Fondos otorgados por la Ley Reservada del Cobre, sino que también se han destapado decenas de causas de pensiones de invalidez fraudulentas que beneficiarían a altas autoridades castrenses retiradas, incluyendo a un hijo de Pinochet y a un condenado por la Operación Albania. Conforme al reportaje de Informe Especial, la figura para realizar estos delitos sería la de Pensiones Inutilidad de Segunda Clase. Estas pensiones serían superiores a los 5 millones de pesos. La ley de presupuesto 2016 destinó cerca de 2 mil 300 millones de dólares para pensiones de Capredena y Dipreca, de las cuales son beneficiarios personas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
La corrupción está enquistada en el Ejército de Chile. No sólo son asesinos del pueblo mapuche y chileno, sino que también son delincuentes que lucran con el presupuesto destinado a la seguridad nacional.
Una reforma a las Fuerzas Armadas resulta urgente, la cual debe afectar su forma de financiamiento (reducción de presupuesto, control y fiscalización en el uso de recursos y derogación de la Ley Reservada del Cobre); democratización de su estructura (carrera única, formación con civiles, participación política transparente); y fin de sus privilegios en materia de derechos sociales, debiendo recibir lo mismo que los demás ciudadanos. Esto es un punto de partida para garantizar el fin de la impunidad por sus delitos contra la vida y corrupción económica, y tener algún día un ejército al servicio del pueblo y no de los poderosos.
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