La violencia de género es un problema global que afecta a mujeres y niñas en todo el mundo. En el caso de Cuba, este fenómeno ha sido objeto de análisis y debate en los últimos años.
Los informes oficiales aseguran que se han tomado medidas para combatir la violencia de género y proteger los derechos de las víctimas. Sin embargo, la comparación con datos recopilados por observatorios independientes evidencia una disparidad entre los registros, que apunta hacia la urgencia de datos oficiales más completos y más frecuentemente actualizados. Esta discrepancia ha generado un debate público sobre la verdadera magnitud de la violencia de género en Cuba y la necesidad de medidas más efectivas para abordar el problema.
La brecha entre los datos oficiales y los informes independientes
En 2023, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), lanzó el Observatorio Cubano de Igualdad de Género (OCIG). Este organismo prometió ofrecer datos oficiales sobre las víctimas de homicidio por razones de género en Cuba. No obstante, los números que proporciona solo incluyen los casos que han resultado en condenas firmes, dejando fuera aquellos en los que el proceso judicial aún no ha concluido o en los que el perpetrador no ha sido aprehendido o se ha quitado la vida. Además, el OCIG no registra los transfemicidios, lo cual es fundamental para dar visibilidad y categorizar esta forma particular de feminicidio.
Según el OCIG, en 2022 se registraron 18 víctimas de homicidio intencional por razón de género. Sin embargo, los registros parciales del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y de la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) contaron 36 feminicidios en el país ese año.
En noviembre de 2023, el periódico Girón publicó un artículo en el que se afirmaba que «Para nadie es un secreto que en el último año los casos de violencia contra la mujer se han incrementado o, al menos, se han visibilizado más». Además, el artículo menciona que en 2022 hubo 7 víctimas en la provincia de Matanzas. Un informe estadístico preliminar del Servicio Provincial de Medicina Legal indicó que habían recibido cadáveres de mujeres con etiología homicida médico-legal. Sin embargo, el Observatorio Cubano de Igualdad de Género solo registró un caso en la provincia de Matanzas como «víctima de homicidio intencional como consecuencia de violencia de género», es decir, un feminicidio.
Según el artículo publicado en el periódico Girón, de enero a junio de este año, el número igualó a lo registrado en 2022. Sin embargo, los datos del Observatorio solo se actualizan anualmente el 30 de junio y el dato referido por Girón no aparece, todas las cifras accesibles en el sitio del OCIG son de 2022
Hasta 2023, los observatorios independientes han confirmado 86 casos de feminicidio, una cifra que duplica los registros parciales de 2022 e indica una preocupante frecuencia de un feminicidio cada 4 días. En 2023, se han producido 1 caso de transfemicidio, 3 intentos de transfemicidios, 1 caso en investigación y 2 casos que no se han podido verificar, según YoSíTeCreo en Cuba. Además, recientemente se supo la noticia de un nuevo transfeminicidio, que aún no registran los observatorios independientes, lo que eleva a dos el número total de transfeminicidios confirmados en 2023.
La presión internacional y la publicación de nuevos datos oficiales
El Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Cuba, fue llevado a cabo durante el 15 de noviembre de 2023. Durante el EPU, varios países instaron al gobierno cubano a fortalecer las medidas para enfrentar la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de que se reconocieron las acciones en lo relativo a marcos jurídicos, institucional y de políticas, también se apuntó que existen «desafíos pendientes en el ámbito de la de la protección y atención a las víctimas de violencia de género, y la carencia de datos públicos al respecto».
Estas recomendaciones incluyeron la necesidad de establecer protocolos más robustos para abordar la violencia de género, tipificar el feminicidio como delito, promover un enfoque transversal en la lucha contra la violencia de género, crear refugios seguros para las mujeres y lxs niñxs en riesgo, promulgar una ley integral sobre violencia de género y capacitar a los profesionales en la detección y el manejo de casos de violencia de género.
El gobierno cubano anunció la creación de un Registro Administrativo Interoperable que recopilará información en tiempo real sobre las muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género. El objetivo de esta medida es mejorar la recopilación de datos y garantizar una respuesta más eficaz a este problema. Sin embargo, es válido cuestionar por qué se crean nuevos mecanismos en lugar de mejorar los existentes.
Si el gobierno tiene acceso a esta información, ¿por qué no se actualizan los datos del Observatorio con más frecuencia? Además, ¿por qué no existe una base de datos para los casos en curso que aún no se han cerrado? Si el problema reside en la falta de un mecanismo o rutina que vincule el registro de la Fiscalía con el registro del Observatorio, ¿por qué no se crea uno?
El resultado de la falta de actualización del Observatorio es que según los datos oficiales proporcionados este 16 de diciembre por la Fiscalía General de la República de Cuba, se hubo 117 casos de muertes violentas de mujeres en el país hasta octubre de 2023, que se concentraron principalmente en las provincias de Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Además, se informó que el 75% de estos casos ocurrieron en viviendas compartidas por las parejas y que 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos como resultado de estos hechos. Sin embargo, los datos no están disponibles en el Observatorio. Cabe preguntarse: ¿tendremos que esperar hasta junio del año que viene para conocer los datos desglosados de esta cifra ya declarada?
Preocupa el compromiso del gobierno para abordar la violencia de género y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Disponer de datos precisos y actualizados es crucial para fundamentar las políticas, programas e intervenciones destinadas a prevenir y abordar la violencia de género.
Aunque la creación de un nuevo registro es un paso que puede garantizar la mejora de la recogida de datos, puede no ser suficiente para abordar las causas subyacentes de la violencia de género. Es necesario abordar los factores sociales y culturales que perpetúan la violencia de género, incluidas las normas patriarcales, las relaciones de poder desiguales y los estereotipos. Esto exige un enfoque global y multisectorial que incluya educación, concienciación y reformas legales e institucionales.
La falta de leyes específicas y su impacto
Si bien Cuba cuenta con una serie de leyes y programas para abordar la violencia de género, aún queda mucho por hacer para garantizar su efectiva implementación y monitoreo. Entre las principales leyes y programas relacionados con la violencia de género se encuentran:
La Constitución: establece en su artículo 42 la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Además, en el Artículo 43 plantea que, tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades en todos los aspectos de la vida y el Estado garantiza la igualdad de oportunidades, asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y protege a las mujeres de la violencia de género, creando los mecanismos institucionales para ello. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos derechos se ve obstaculizada por actitudes sociales y culturales profundamente arraigadas en la sociedad cubana, así como por la falta de información y datos que permitan entender desde una perspectiva más completa el alcance de la cuestión de la violencia de género.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM): El programa pretende promover la igualdad de derechos, empoderar a las mujeres en todos los aspectos de la sociedad cubana, y mantiene como ejes transversales la lucha contra la discriminación y la violencia en todas sus manifestaciones. Sin embargo, dos años después de la aprobación de dos hojas de ruta para la aplicación de medidas de integración de la perspectiva de género, la información sobre su aplicación efectiva ha sido limitada.
Consejerías para la atención a la violencia en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia: En 2021, se inauguraron en 168 municipios de toda la Isla dichas consejerías, como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Estos centros se crearon para proporcionar a las víctimas un entorno seguro donde puedan recibir asesoramiento, asistencia jurídica y otras formas de apoyo. Sin embargo, aún no se sabe con certeza si esta iniciativa ha dado lugar a un enfoque más especializado y multidisciplinar para abordar estos incidentes. Tampoco existen datos oficiales que revelen el impacto que han tenido a la hora de abordar la violencia de género.
Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familia: Esta estrategia complementa al PAM, busca «garantizar la respuesta integral e integrada para la prevención y atención efectiva a la violencia de género y en el escenario familiar por su importancia y prioridad para generar una respuesta articulada y coordinada intra e intersectorial a las demandas relacionadas con esta problemática» en Cuba. A pesar de su intención, se ha reconocido que los organismos y entidades aún no tienen claro cómo implementarla. Esto, unido a la falta de datos en cuanto a acciones dentro de la estrategia y su correspondiente impacto, no solo dificultan evaluar su repercusión real contra la violencia de género, sino que obstaculizan la implementación misma de la estrategia.
Protocolo de Actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral: El 28 de septiembre de 2023 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República el Decreto No. 96 contentivo dicho protocolo. Este, proporciona directrices para abordar deberes, derechos y herramientas jurídicas para enfrentar, no solo el acoso laboral, sino la discriminación y violencia en los espacios de trabajo. No obstante, no ofrece soluciones si la queja está relacionada con algún directivo o funcionario de la organización, más allá de su comunicación.
Observatorio Cubano de Igualdad de Género (OCIG): Su objetivo es recopilar, procesar y visibilizar indicadores, desde un enfoque de género y de derechos, relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres en la sociedad cubana. Aunque parece ser un paso inicial en el reconocimiento y la lucha contra la violencia de género en la Isla, los datos son insuficientes. Uno de los aspectos más criticados es la metodología utilizada para contabilizar los feminicidios, una palabra que todavía no aparece en el vocabulario de las instituciones estatales cubanas, ni tampoco en la variante femicidio. El Observatorio solo contabiliza los casos en los que el agresor tiene sentencia firme, lo que puede subestimar la verdadera magnitud del problema.
Código de las Familias: aborda la violencia de género en casi todas sus formas, pero no incluye protocolos que normalicen el enfoque de la asistencia a las víctimas de violencia de género en todo el país. La disponibilidad de servicios oficiales de apoyo integral es limitada y en gran medida desconocida, lo que perpetúa la constante revictimización en el contexto de la violencia de género.
Código Penal: Aunque el Código Penal sí contempla la violencia de género, solo se tiene en cuenta como atenuante o agravante de otros delitos. Para imponer sanciones por violencia de género, la víctima necesitaría un delito que la desencadene y que, a su vez, sea susceptible de ser denunciado. Esto demuestra la no tipificación del feminicidio y de otras formas específicas de violencia, como el ciberacoso o la violencia obstétrica.
Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos: En 2021, el Ministerio de Educación de Cuba emitió la Resolución 16, que aprueba este programa. Sin embargo, el 14 de septiembre de ese mismo año, Mary Carmen Rojas Torres, jefa del Departamento de Salud Escolar del Ministerio, anunció que el programa había sido pospuesto debido a la tensa situación económica y desde entonces su implementación se ha retrasado sin mayores aclaraciones.
A pesar de todos los programas y leyes establecidas, autoridades cubanas y medios de prensa oficiales han reconocido el aumento de la violencia de género, sin embargo, las causas profundas siguen sin abordarse concretamente.
La necesidad de una legislación integral
La falta de datos precisos y fiables sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y otras identidades de género es un obstáculo significativo para desarrollar políticas e intervenciones eficaces que aborden el problema. La violencia de género en Cuba es un problema complejo que requiere una respuesta integral y coordinada. A pesar de lo ya hecho por parte de autoridades e instituciones, siguen existiendo contradicciones entre los informes oficiales y los datos de los observatorios independientes, lo que pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y acción como formas de voluntad política para atender esta realidad.
Una vía de acción posible es que el gobierno cubano colabore estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de activistas feministas independientes para desarrollar enfoques integrales y basados en pruebas para prevenir y responder a la violencia de género. Esto incluye ampliar la perspectiva sobre los datos que deben ser públicos, establecer mecanismos rigurosos para su recopilación y la presentación de informes que puedan ayudar a identificar pautas y tendencias en la violencia, así como el desarrollo de intervenciones específicas que se adapten a las necesidades concretas de las sobrevivientes y sus comunidades, para lo que sería vital la cooperación con los grupos de activistas feministas independientes, así como con las organizaciones de la sociedad civil.
Es esencial promover la educación y la sensibilización en torno a la violencia de género para cuestionar las normas y estereotipos de género profundamente arraigados en la sociedad que perpetúan la existencia de todo tipo de manifestaciones de violencia. Asimismo, es imprescindible la implementación de una legislación integral que proteja los derechos de las personas trans y promueva la educación en la diversidad.
Diversos actores de la sociedad civil de Cuba han instado al gobierno a que responda al Tercer Llamado de Emergencia al Estado por la Violencia de Género en Cuba. Este llamado exige el establecimiento de medidas específicas para prevenir y erradicar las conductas que promueven la violencia de género, así como la aplicación de protocolos de protección para las sobrevivientes. También aboga por la promulgación de una ley integral contra todas las formas de violencia de género y una Ley de Identidad de Género en Cuba. Además, exige el reconocimiento legal del activismo feminista y LGBTIQA+ y el fin inmediato de su actual criminalización.
El pasado 5 de diciembre un grupo de activistas feministas cubanas, entregó a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género donde también se insta a reconocer legalmente todo el activismo que hoy «forma parte de la respuesta ciudadana al problema de la violencia de género» y a cesar su criminalización.
Importante resaltar que, la ley integral contra la violencia de género no se prevé incluir en el calendario legislativo hasta 2028, un retraso inaceptable, ya que no aborda la necesidad urgente de proteger a las víctimas y prevenir futuros casos de violencia. Es esencial que se reconozca la gravedad del problema y se tomen medidas concretas para abordarlo, tanto como es necesario que se trabaje en mejorar la implementación de los programas y estrategias ya creados. La violencia de género no puede ignorarse ni minimizarse. Cuba necesita una legislación integral que aborde todas las formas de violencia de género, y esto requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre todos los sectores de la sociedad.