El presente artículo forma parte de una serie más amplia de publicaciones sobre la cuestión mapuche que la Revista Confrontaciones irá publicando periódicamente. Se trata de un esfuerzo del equipo editorial por abordar crítica y rigurosamente, desde una perspectiva histórico materialista, el denominado conflicto mapuche en el sur del país.
La cuestión mapuche es un punto crítico del sistema de dominación burguesa en Chile. Tanto así que al final de su mandato el gobierno de Sebastián Piñera recurrió, por del Estado de excepción constitucional, al concurso de la Fuerzas Armadas para controlar la situación en la Araucanía. Ahora que se inicia una nueva administración, que busca imprimirle un sello ciudadanista al dominio del capital, están aún por verse los resultados que pueda tener la política de diálogo que esta pretende implementar en la zona.
Pero esto no es todo. Fruto de la crisis que atraviesa la clase dominante, agudizada por el estallido de 2019, el conjunto de la institucionalidad político-estatal se encuentra a la espera de la propuesta constitucional que emane de la Convención y el resultado del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
Al respecto, en lo que lleva avanzado la Convención, el Estado que consagre la nueva Constitución Política –de ser efectivamente aprobada en el plebiscito– será uno “plurinacional”, «que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado» (destacados añadidos). Así lo establece textualmente el borrador constitucional en el artículo 4 del capítulo dedicado al Sistema político.
La “plurinacionalidad” es la fórmula que la fracción hegemónica de las clases medias han impulsado como solución al desafío que la demanda nacional-territorial del pueblo mapuche plantea para la dominación burguesa en el país.
No obstante el progresismo con que se presenta, señal de los nuevos aires demo-ciudadanistas del capitalismo local, la plurinacionalidad corre el riesgo de instalar más problemas que los que soluciona respecto a la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Por un lado, puede terminar exacerbando –y con toda razón– el nacionalismo del autonomismo mapuche; y, por otro, instalar una serie de anomalías en el sistema de representación y administración del Estado, es lo que sucede con la fragmentación de la ciudadanía y el establecimiento de sistemas de justicia paralelos dentro del Estado.
La fórmula es además contradictoria, borrando con el codo lo que escribe con la mano. Expresión, sin duda, del ideario de las clases que impulsan este programa, cuyo universo ideológico no rebasa los clichés del sentido común burgués, sin mayor análisis crítico de sus fundamentos. Así ocurre, por ejemplo, cuando pomposamente se establece en el artículo 5 del capítulo de Sistema político que:
Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno […]1
¿Pero no era que según el artículo 4 el reconocimiento y la coexistencia de las diversas naciones y pueblos se lleva a cabo “en el marco de la unidad del Estado” (sic)? La cuestión es que no puede haber ninguna “libre determinación”, ni menos real autonomía y autogobierno, si es que estos están supeditados previamente a la imposición de la “unidad del Estado”.
Pongamos una situación hipotética. ¿Qué pasaría si mañana cualquiera de los pueblos y naciones reconocidos por la Constitución –el Rapa Nui, por poner el caso– decidiera, “en virtud de su libre determinación”, separarse del Estado chileno? ¿Qué primaría? ¿El derecho a la “autonomía y al autogobierno” del artículo 5 o la “unidad del Estado” del artículo 4? O aún peor, si dicho pueblo decidiera no solo separarse del Estado chileno, sino pasar a formar parte del Estado peruano, ya sea porque la nacionalidad peruana ofrece mejores beneficios o cualquier otra razón, ¿en qué quedaría el derecho a “libre determinación”, en vista y considerando que la decisión –libre y soberana– del pueblo en cuestión atenta contra los intereses geopolíticos de la burguesía chilena encarnados en el Estado, favoreciendo de paso a una de sus históricas rivales en la región: la burguesía peruana?
La “libre determinación”, así como se consagra en el borrador constitucional, es pura cháchara frente a la realidad material del Estado y los intereses que cristalizan en él. No es más que letra muerta, la “libre determinación” es o no es. Es este sentido, toda la florida fórmula de “plurinacionalidad” que inspira el borrador no es sino un tortuoso intento por “salvar” la integridad territorial del Estado nacional, con variopintas concesiones político-administrativas a los distintos pueblos y naciones que habitan el territorio chileno.
En contraste, de lo que se trata aquí es de la formulación del programa de la clase trabajadora socialista ante la cuestión mapuche en la actual sociedad capitalista chilena. Al respecto, cabe tener en cuenta presupuestos sobre los cuales dicha formulación programática se construye, y que la diferencian del de las clases burguesas y pequeñoburguesas.
En primer lugar, el socialismo no mira la realidad desde principios abstractos, intentando forzar esta en aquellos. En la esfera política, esto significa que la clase trabajadora antepone los fundamentos materiales –sociales e históricos– sobre los que la ciudadanía burguesa y toda la institucionalidad político estatal se erigen.
Lo anterior no significa que las formas a través de las cuales el capital ejerce su dominación clasista sobre el conjunto de la sociedad sean indiferentes para los trabajadores. Por el contrario, son de especial incumbencia para sus intereses y objetivos programáticos, ya que es precisamente en dicho marco en que se desarrolla la lucha entre el capital y el trabajo.2
Ahora bien, precisamente porque la condición de su emancipación es acabar con los fundamentos de la sociedad burguesa, dirigiendo en consecuencia su acción política contra los cimientos de esta (la propiedad privada de los medios de producción), la clase trabajadora no está atada en lo material al conjunto de abstracciones jurídico-políticas que conforman el universo ideológico que las clases pequeñoburguesas comparten con la burguesía.
En el caso particular de la unidad territorial, que, como veíamos, las clases medias intentan salvar a través de la más alambicada alquimia jurídica, esta no se le presenta a la clase trabajadora como un principio sacrosanto que deba ser defendido a brazo partido. Así ocurre también con otros conceptos sobre los cuales se funda el moderno Estado burgués, como el de nación. De hecho, ¿dónde queda la nacionalidad chilena para los trabajadores locales a la luz de la actual crisis migratoria y de los crecientes contingentes de población migrante que se les unen?
El principio que, en cambio, si se le presenta como absoluto a la clase trabajadora a modo de guía para sus reivindicaciones en el marco de la sociedad burguesa es aquel de oponerse a todo aquello que tienda a velar u ocultar los fundamentos sobre los cuales descansan su explotación y sujeción, y que, por tanto, la fragmenten, por los motivos que fueren (género, nacionalidad, religión u otros). En otras palabras, es su unidad lo que ante todo forma la base de su posición como clase independiente, y que el socialismo reivindica.
En ese sentido, si bien formales y haciendo entrada en la escena histórica gracias a la lucha que la burguesía libró contra el orden estamental feudal, los principios de ciudadanía universal, igualdad ante la ley y unidad política del Estado, entre otros, aparecen como conquistas burguesas que los trabajadores hacen plenamente suyas. Ninguna representación diferenciada por género, identidad y/o preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, credo, etc., puede formar parte de su programa reivindicativo en el ámbito político. Y lo mismo se aplica para el tratamiento que la ley confiere a los ciudadanos. Es por ello que, desde su nacimiento como clase, los trabajadores son el más consecuente representante de las libertades políticas y civiles que el orden demo burgués permite.
Es en dicho marco que, frente a la cuestión mapuche, en particular, y respecto al resto de las naciones preexistentes a la formación del Estado chileno, en general, el programa de la clase trabajadora no es sino el reconocimiento del derecho a la libre (o auto) determinación, a secas y sin letra chica, y como algo distinto a la “plurinacionalidad” que hoy reivindican las clases medias.
Si hablamos de autodeterminación, este derecho contempla la posibilidad de todo pueblo preexistente a la formación del Estado de Chile que habite el actual territorio nacional de separarse de este y dar la forma de gobierno que mejor estime conveniente sobre su territorio, sin ninguna condición previa como la que establece el borrador constitucional con eso de “en el marco de la unidad del Estado”.
Y así como el derecho de autodeterminación contempla necesariamente la posibilidad de separación, contempla también la decisión de seguir formando parte del Estado chileno, siempre que esta sea una decisión libre y soberana, consentida por ambas partes, que acuerdan los términos más convenientes para cada una.
En su reivindicación de las libertades democráticas, la clase trabajadora solidariza con los pueblos que luchan por su libre determinación. Esto porque su propia emancipación no puede realizarse a costa del sometimiento de otros pueblos. Al respecto, la pertenencia al territorio nacional, y a la institucionalidad y leyes que lo rigen, debe ser una decisión libre de cada pueblo. El Estado chileno no puede mantener a pueblos –ni el territorio que habitan– unidos a él contra su voluntad.
Por lo demás, la autodeterminación nacional es un derecho mínimo que nada dice sobre el régimen social sobre el que se erige un Estado. De hecho, durante el siglo pasado la mayoría de los antiguos imperios coloniales fueron obligados, por la fuerza de los hechos, a reconocer la independencia de sus colonias, sin que estos dejaran de ser Estados burgueses, ni tampoco que los nuevos Estados surgidos de las luchas independentistas dieran origen necesariamente a ordenamientos sociales no capitalistas.
Ahora bien, así como la reivindicación de libre determinación marca un punto de diferencia de la clase trabajadora socialista con el actual democratismo pequeñoburgués de las clases medias, este se distancia también del legítimo nacionalismo que los sectores autonomistas del pueblo mapuche enarbolan.
La lucha y el programa de la clase trabajadora son eminentemente internacionalistas. Y esto no por capricho, sino por las mismas tendencias de desarrollo que el capital pone en juego en el ámbito de la producción social. En ese sentido, más allá de reconocer el derecho a separación de las naciones de determinados Estados, eso no conlleva a que la clase trabajadora se haga o deba hacerse parte de la lucha por la separación nacional. Antes bien puede advertir de los inconvenientes de tal separación, e incluso de su inviabilidad material, que es muy probablemente el caso mapuche en el Chile actual. La fragmentación en Estados pequeños y pobres es a todas luces un inconveniente para la causa socialista.
Y así como los trabajadores de un Estado opresor no tienen por qué compartir la ideología y el programa nacionalista de los pueblos que luchan por su liberación, sin que ello signifique que no solidaricen con su causa; tampoco, en el caso mapuche, la clase trabajadora chilena está obligada a plegarse a la idealización romántica –que tan de moda se ha puesto en la intelectualidad “progre”– de la cosmovisión mapuche, y su “especial” vínculo con la naturaleza derivada de las formas de producción comunal-pequeñoburguesas que aún habitan en el seno de este pueblo.
De hecho, ni siquiera es parte de las tareas programáticas de la clase trabajadora chilena frente a la cuestión mapuche la restitución de las tierras usurpadas a este pueblo a lo largo de la historia. A estas alturas del partido pocas dudas caben acerca de los orígenes de la moderna propiedad capitalista en el territorio mapuche (Wallmapu). Gran parte de ella no es sino el producto del despojo territorial del pueblo mapuche, cuyas atrocidades se encuentran bien documentadas. Sin embargo, no es misión del socialismo y la clase trabajadora hacer “justicia”. No al menos en el sentido abstracto pequeñoburgués. Nada más lejos del socialismo que ser la realización del reino de la justicia eterna en la tierra, ante lo cual bien vale aquí la precisión de Rosa Luxemburgo, precisamente sobre la cuestión nacional, en el sentido que:
El socialismo marxiano difiere de todos los demás socialismos porque, entre otras cosas, no finge tener parches en sus bolsillos para tapar todos los agujeros que ha creado el desarrollo histórico.
Fuente: https://revistaconfrontaciones.cl/2022/04/21/el-socialismo-y-la-cuestion-mapuche/