Cuando el gobierno nacional envió, el 20 de octubre de 2019, la Ley de Urgencia Económica, denominada de «crecimiento económico», lo hizo pocos días después de terminada la extraordinaria movilización indígena y popular. Al parecer tomó esa decisión para dar continuidad al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cumpliendo así sus condiciones para implementar […]
Cuando el gobierno nacional envió, el 20 de octubre de 2019, la Ley de Urgencia Económica, denominada de «crecimiento económico», lo hizo pocos días después de terminada la extraordinaria movilización indígena y popular. Al parecer tomó esa decisión para dar continuidad al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cumpliendo así sus condiciones para implementar el modelo económico fondomonetarista. De esta manera, daba la espalda a las demandas planteadas por el movimiento social insurrecto como al diálogo para llegar a consensos.
El envío de la emergencia legislativa se hizo a sabiendas de las dificultades que tenía en el Parlamento, donde el gobierno carece de fuerzas capaces de impulsar el cuerpo legal, determinado especialmente, por la situación de dispersión de la Asamblea Nacional y del limitado apoyo al gobierno de Moreno. Al parecer el régimen envió el mencionado cuerpo legal con la oculta intensión de encontrar manifiestas dificultades en el legislativo para aprobar, en un mes, una ley extensa, de 440 artículos, abultada por distintas materias, que no era posible hacerlo y, en consecuencia, se aprobaría por el «ministerio de la ley». Calculo previsible hecho por el gobierno, pero que carecía de la constatación sobre el límite de la correlación de fuerzas y sustento político gubernamental, que había fraguado en mayo, artificialmente, una apretada mayoría para dirigir la Asamblea, situación que en consecuencia, hacía prever un revés político como el que se dio el domingo 17 de noviembre. Ministros y asesores incapaces de leer esta realidad llevaron al gobierno a un golpe estruendoso, a un fracaso.
En el curso de la discusión legislativa algunas bancadas se pronunciaron contrarias al cuerpo legal y solicitaron su archivo. En rueda de prensa, algunos y algunas asambleístas oficialistas pidieron al gobierno el retiro de la ley antes de su discusión final en segundo debate. Sin embargo, el Gobierno insensible y de oídos sordos, que conocía del limitado apoyo a su cuerpo legal, lo mantuvo esperando su aprobación por el ministerio de la ley, mostrando así , una vez más, su limitada capacidad política y ausencia de sustento parlamentario. En torno a la ley, se habían pronunciado algunos bloques y se conocía de la existencia de 70 votos para el archivo del proyecto.
Días antes, por otro lado, cuando todavía se encontraba el proyecto de Ley en proceso de aprobación en la Asamblea, el Parlamento de Los Pueblos pidió expresamente al legislativo archivar la ley y devolverla al ejecutivo, al mismo tiempo que puso en debate y diálogo un plan económico distinto al asumido por el gobierno con el FMI y los empresarios del Ecuador.
Dos enfoques, dos tácticas, entonces, para superar la crisis de la economía se enfrentaban. Tema que estuvo presente cuando grupos de economistas del país se agruparon o en línea ortodoxa o en heterodoxa. Dos posiciones entonces, aquella dogmática, arbitraria y autoritaria que impulsaba la relación con el FMI en línea neoliberal, y aquella defendida por el Parlamento de los Pueblos que en esencia plantea un tránsito y superación de la crisis económica desde una postura reformista y distribuidora de la riqueza contraria al FMI, como dice la propuesta mencionada el que más tiene más paga proponiendo que los 272 grupos económicos más grandes del país paguen un impuesto a la renta extraordinario
Enfoques o modelos que reflejan la situación geopolítica y política que vive la región que disputa en movilizaciones colectivas y resistencias de la población y la ciudadanía, la orientación de política económica contraria a aquellas puestas en vigencia por los gobiernos de derecha neoliberales de América Latina.
II.
¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las determinaciones fundamentales que condujeron a este fracaso gubernamental? Fueron las bancadas socialcristiana, correísta y de Pachakutik, una parte del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y del Bloque de Integración Nacional (BIN) las que concertaron o coincidieron para evitar su aprobación produciendo, finalmente, los 70 votos necesarios en medio de 31 abstenciones y 30 oposiciones, para archivar el mencionado cuero legal. Mientras la bancada de CREO mantenía una línea de apoyo a parte del proyecto y a la posibilidad de su aprobación por el ministerio de la ley.
¿Cuáles son las motivaciones que llevaron al Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik, una parte del BADI y del BIN a acordar el rechazo a la ley? ¿Se puede decir de carácter político electoral, o de revancha del correísmo a Moreno? O quizás – sugiero una conjetura- de límites en la unidad del bloque de poder o dominante, donde se advierten fisuras que ponen de manifiesto, en el transito que vive el país, el difícil y complejo establecimiento de una hegemonía orgánica capaz de articular a las distintas fracciones. Tema que se advirtió en el contenido y disposiciones del proyecto de ley, donde se pudo observar el camino técnico-jurídico, económico e institucional para dar paso a la consolidación del predominio de la banca y el capital financiero internacional. Situación de crisis orgánica que, además, se corresponde con un momento de vacío político, partidario e ideológico-cultural dominante que ha hecho posible la insurgencia significativa de la contra hegemonía de los sectores subalternos.
Horas más tarde, en rueda de prensa, el Presidente de la República anuncia la preparación de una nueva ley tributaria comprometiéndose a encontrar los consensos necesarios. En realidad, ¿el Gobierno Nacional está dispuesto a abrir la discusión y concitar acuerdos con distintos sectores? O, ¿nuevamente se mantiene, unilateralmente, en los términos y condiciones del acuerdo con el FMI con quien tendrá que pactar nuevas condiciones que le permitan contar con una ley e ingresos tributarios para financiar el déficit fiscal?
Y frente a esto, ¿cuál será la conducta que asumirán las principales bancadas que contribuyeron al archivo de la ley y, por otra parte, la CONAIE, el Parlamento de Los Pueblos y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT)?
Continuamos entonces en una situación de incertidumbre, que tiene que ver con el tránsito de periodo, donde vuelven a manifestarse los dilemas en torno a la economía, la política económica y la crisis ecuatoriana.
Nota: Este artículo es parte de uno más extenso sobre la coyuntura política de octubre que se difundirá en próximos dias
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