La situación sobre la dinámica laboral se articula al devenir económico, los préstamos con organismos internacionales complicarán los recursos del país. Por ejemplo, se estima que en 2019 el desempleo aumente al 4,3%, después de que en 2018 se registrará una tasa del 3,7%. No obstante, la situación se empeora y en 2021 se estima […]
La situación sobre la dinámica laboral se articula al devenir económico, los préstamos con organismos internacionales complicarán los recursos del país. Por ejemplo, se estima que en 2019 el desempleo aumente al 4,3%, después de que en 2018 se registrará una tasa del 3,7%. No obstante, la situación se empeora y en 2021 se estima que el desempleo alcance al 4,8% y que en 2023 disminuya al 4,5% aproximadamente; una cifra superior a la observada antes de que se realice el préstamo con el FMI. Por lo tanto, es probable que el nivel de desempleo tienda a aumentar el nivel de oferta de mano de obra. Es indispensable una reforma laboral, pero que no solo beneficie al sector empleador, al cual se le han realizado varias concesiones ya; es pertinente discutir sobre la forma de reactivar la demanda interna y eso no implica flexibilizar el trabajo y deprimir salarios.
Entre los puntos prioritarios alrededor del empleo la discusión sobre la flexibilización laboral debe ser uno de los principales puntos a debatir. En ese sentido, es necesario situar posiciones basadas en evidencia empírica, es decir, estudios que permitan analizar las posibles soluciones a esta temática, pero que no solo posicionen las exigencias de uno de los sectores, pues se inclina la balanza hacia su favor. Por ejemplo, en el diagnóstico laboral elaborado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador se indica que «Según el Reporte de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, Ecuador es el quinto país (de 140) con más obstáculos para contratar». La fuente de la que se recoge dicha información es de la pregunta a una encuesta realizada exclusivamente a ejecutivos de empresas -solamente 100 en el caso del país- y su opinión, específicamente se les pregunta si «En su país, ¿hasta qué punto la normativa permite la contratación flexible y el despido de trabajadores?». Es claro que esta pregunta sesga el análisis, pues si se pregunta a trabajadores «si los empleadores respetan sus derechos laborales», seguramente la respuesta será que no.
Por lo tanto, es preciso cuestionar con cifras más objetivas qué ocurre con el tema de la flexibilización y el empleo. Desde esa perspectiva, es pertinente recordar la posición empresarial respecto al mandato 8 -del año 2008- que tenía como fin eliminar la intermediación laboral y la contratación por horas y el titular «Empresarios advierten mayor desempleo si se elimina la tercerización» es sumamente claro (véase periódico El Universo del 21 de marzo de 2008). No obstante, ¿qué ocurrió con el desempleo? Información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (enemdu) elaborada por el inec, indica que el desempleo disminuyó sostenidamente del 6,5% en 2008 a 3,8% en 2014. A partir de 2015, como efecto del shock de los precios de petróleo, se observa un aumento del desempleo que alcanza el punto más alto en 2016 con un 5,2% y que se reduce hasta diciembre de 2018 con una tasa del 3,7%. Por otro lado, también se observa un aumento sostenido del salario mínimo real en esos años y tampoco implicó una disminución del empleo, sino lo contrario. Lo propio con el tema impositivo, sobre todo con el Impuesto a Salida de Divisas, su implementación no causó estragos que provocaran desempleo.
Otro informe del bid señala que con usd ppa (paridad del poder adquisitivo) «en una relación asalariada, los costos obligatorios adicionales que el empleador […] debe asumir para cumplir con todos los beneficios obligatorios y obligaciones [en América Latina y el Caribe] es del 41% del salario promedio base» (Alaimo, Bosch, Gualavisí, Villa, 2017, pág. 20). Mientras que en el caso del Ecuador este nivel solo alcanza el 37%. Por tanto, en un ranking de 20 países se observa que el país está apenas en el lugar 15.º. En resumen se demuestra que el pago del empleador no está por encima de la media y no hace que el Ecuador sea poco competitivo. En conclusión, la flexibilización no implica necesariamente más empleo y tampoco un empleo digno.
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Como alternativa, es preciso plantear situaciones prácticas como el aumento de la demanda interna, eso provoca que se necesite más mano de obra. Sin embargo, despidos del sector público, no aumentos del salario mínimo o congelamiento del mismo, como propuso el sector empresarial para el año 2019, lo que generan es que la demanda interna se deprima y, al no contar con un mercado que tenga la capacidad de consumir los bienes y servicios elaborados, las empresas van a ver estancadas sus ventas.
Rol de las empresas privadas para la generación de empleo y regulación estatal
Esto se encuentra articulado al tema de tema de innovación. ¿Cuál ha sido el nivel de inversión del sector privado? El Gobierno ha realizado una serie de concesiones sobre todo en lo que al tema tributario se refiere. En una estimación realizada por el equipo de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, se estimó que por la remisión tributaria -efecto de la aprobación de la ley de fomento productivo- los grupos económicos dejaron de pagar usd 987 millones y se acogieron al pago de usd 801 millones. Con este nivel de no pago de deuda, ¿cuánto se reinvirtió en capacidad instalada para la generación de empleo, para el mejoramiento de la que existe o para capacitación de sus trabajadores? De igual manera, ocurre con el nivel de ganancias; por ejemplo, las utilidades de los bancos en 2017 y 2018 son las más altas en el periodo 2005-2018. De usd 396 millones y usd 554 millones, respectivamente. Un crecimiento del 40% aproximadamente según la Superintendencia de Bancos y la misma Asobanca. Éstas son algunas de las preguntas que atañen al tema de innovación que deben debatirse sobre la mesa y no solo cómo flexibilizar a los trabajadores. Sin embargo, sobre esta temática lo que puede hacer el Gobierno es limitado. La búsqueda es generar escudos blandos para la protección laboral.
En lo que existen posibilidades de acción inmediata es el tema del apoyo para emprendimientos con créditos. En ese sentido, según el estudio Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador, elaborado por el inec en 2017, la probabilidad de que una empresa nueva sobreviva por cinco años consecutivos es del 42,2%. Si es una gran empresa, la probabilidad aumenta al 53,6% cuando la empresa es grande y disminuye al 29,6% cuando la empresa es pequeña. Por tanto, el acompañamiento no solo viene por el lado del crédito, sino por disputar mercados concentrados y en el que la Superintendencia del Control de Poder de Mercado será un pilar para sostener estos procesos. Como se observa, el Gobierno puede cumplir un rol fundamental en una generación de empleo digno con acciones concretas. No obstante, considerando la aversión a la incursión del sector público, es un poco complicado aspirar a que esto ocurra.
En ese sentido, la academia puede aportar en distintos espacios. Uno de ellos es el tema de investigación sobre la discusión de la flexibilización y la evidencia alrededor de la misma, que permite analizar objetivamente este proceso y no solo como una cuestión de ideología. Como se demostró, la evidencia muestra que dejar de flexibilizar no genera desempleo, ocurre lo contrario. Del otro lado, en lo que se refiere a innovación la formación de capital humano es fundamental. Por consiguiente, en instituciones públicas como la Universidad Central del Ecuador se requiere que el financiamiento en el presupuesto no se reduzca, sino que aumente. De esa manera, es posible mejorar los procesos de producción.
Las organizaciones de trabajadores deben generar propuestas que favorezcan a este sector en varios temas, entre ellos el de estabilidad laboral. A marzo de 2019, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (enemdu), el 42% de la población ocupada mayor o igual a 15 años tiene contrato permanente, indefinido, estable o de planta. Eso implica que solo 4 de cada 10 empleados tienen estabilidad. De proponerse la flexibilización, como el sector de empleadores propone, es muy probable que esta cifra disminuya. Por lo tanto, es necesario preocuparse por los que actualmente tienen inestabilidad, es decir, por aquellos con contratos temporales, lo cual representa inseguridad económica en las vidas de estos trabajadores y sus familias. Las propuestas que se realicen deben hacerse en función de análisis rigurosos, situación que también debería ser realizada por el sector de empleadores.
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