La grotesca y triste explicación de un ex-presidente sobre la Impunidad

Hacemos pública nuestra opinión sobre la respuesta del Ex-Presidente Ricardo Lagos a un artículo publicado en el diario El Siglo el pasado 19 de junio titulado «¿La última batalla?«. Dicho artículo hace referencia a la Huelga de hambre que los Ex presos políticos de la dictadura cívico-militar están efectuando en estos momentos, desde hace 76 días (en Punta Arenas), para, según sus palabras, «insistir en sus demandas que resuelvan varios problemas pendientes».

Es sorprendente la ligereza y la falta de consideración con que el Ex Presidente reconoce después de tantos años que los Ex presos políticos se movilizan para exigir solución a sus problemas pendientes, pues los sucesivos gobiernos civiles, incluido el de su propia gestión, han hecho gala de un raro desprecio hacia ellos. En repetidas ocasiones se han hecho llegar a las autoridades cartas, peticiones, exigencias que nunca han tenido respuestas y en otros casos han dilatado las «negociaciones» que nunca han concluido en acuerdos. Ello explica el surgimiento de la iniciativa de la Huelga de hambre, del 13 de abril 2015, que contó con más de 115 participantes y efectuada en más de 16 ciudades del país. En síntesis, las diferentes iniciativas realizadas en este último período por las autoridades del Estado, en los planos de la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación, han sido insuficientes y no han correspondido a lo estipulado en las normas internacionales en la materia, principalmente, en los diferentes puntos enumerados a continuación: Los ex Presos Políticos no reconocidos.- Aún hay 22000 personas que no fueron calificadas como Ex Presos políticos por la instancia competente. Este punto, entre otros, es una de las reivindicaciones de los participantes en la Huelga de hambre.

Justicia a medias y parcial, mantiene la impunidad.- Si bien, nuevos procesos judiciales han sido establecidos contra los violadores de Derechos humanos, lamentablemente el número de militares y civiles condenados no corresponde a lo esperado y constatamos que sus condenas son irrisorias debido a la aplicación de la media prescripción por los tribunales de Justicia, al hecho que no existe una jurisprudencia en las decisiones judiciales y la utilización del argumento de supuestas «razones médico-humanitarias«. Un ejemplo que ilustra bien lo señalado es la reciente otorgación de la libertad condicional a uno de los responsables de los horrorosos y bestiales asesinatos de los profesionales Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel Parada Maluenda y Santiago Nattino Allende, hecho ocurrido en marzo de 1985. Esta decisión del Ministerio de Justicia infringe gravemente las normas internacionales, pues estos crímenes no son «delitos comunes» y no son susceptibles de beneficio alguno, ni de indulto, ni media prescripción y deben ser castigados por el Estado, con todo el rigor de la ley.

La Impunidad con mayúsculas. – La ley de amnistía de 1978, que favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada, perpetuando así una intolerable situación de impunidad. Amnesty International en su informe anual en febrero de 2015, ha insistido una vez más en la derogación de esta ley.

Las instituciones de fuerzas armadas siguen con la omerta.- Las escasas informaciones entregadas por los militares en la denominada «Mesa de Diálogo» en enero de 2001, no han permitido encontrar los cuerpos de los Detenidos desaparecidos. Los datos entregados fueron mínimos y se comprobó ulteriormente que una parte de ellos eran falsos. Entonces, no correspondía alabar «el coraje y la valentía de las Fuerzas armadas», como lo hizo el señor Ex-presidente en su mensaje al país, en ese entonces.

Presos políticos, torturados (Mapuches) y exilio forzado en «democracia».- La existencia de prisión política y torturas en Chile, todavía, es un hecho indiscutible y ello está demostrado por el encarcelamiento de chilenos y mapuches (caso Berkoff y comuneros mapuches). Por otra parte, los prisioneros políticos fugados de las prisiones (año 1990) y otros, condenados a largas penas de exilio están en la imposibilidad, por decisión de la justicia, de volver al país.

El Estado chileno viola las normas internacionales.- El informe Valech en sus recomendaciones, hizo proposiciones sobre la reparación a las víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración por el señor Ex-Presidente, ni por sus sucesores. La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este sujeto es inaceptable y la explicación dada por el Ex-Presidente chileno (esta reparación es «modesta» e «insignificante», pues nuestro país es «insignificante») no estuvo a la altura de las expectativas, ni de su investidura. Es vergonzoso que este Estado continúe a entregar una indemnización «anti-stress» a los militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de la venta del cobre a la Fuerzas Armadas. Este era otro punto de la lista de demandas de los huelguistas. El Ex-Presidente Lagos, en su carta respuesta a El Siglo, hace una serie de precisiones sobre su rol jugado en el establecimiento del secreto por cincuenta años de los antecedentes recibidos por la Comisión Valech. Lagos señala que no negoció «secretamente» con el General Cheyre en la época, el mismo que ahora comparece delante de la justicia, por su vinculación en el caso de la «Caravana de la Muerte»; acusado de torturas, por ex presos políticos de La Serena. Lagos precisa que la razón de la reserva de confidencialidad en el Decreto (no una ley) que crea al Comisión Valech, fue la intención de garantizar un secreto de treinta años a las denuncias y testimonios entregados. Y que si la persona no quería mantener el secreto, bastaba que simplemente declarara públicamente lo dicho a la Comisión o fuera directamente a hacer la misma declaración a los tribunales. Y finalmente explica por qué los treinta años al final fueron cincuenta años. El cambio fue creado por el impacto, según él, que los argumentos de una mujer produjeron en su decisión inicial. Ella le señaló el sufrimiento de una serie de vejámenes y que no deseaba que sus nietos conocieran las atrocidades sufridas y le solicitó extender la privacidad de su declaración por cincuenta años.

El Ex-Presidente recapacitó y fue así como el cambio se produjo. Una burda justificación de la impunidad, con una argumentación muy débil y muy poco creíble. Sin menospreciar la importancia del caso de la solicitante, pensamos que la decisión de imponer y extender el secreto a las denuncias atenta contra las normas internacionales de Justicia y en los hechos ampara y ha amparado a los criminales quienes terminan sus existencias libres de toda responsabilidad y sin ser juzgados. Prueba de ello, es por ejemplo la reciente muerte del senador Sergio Diez, de Renovación Nacional y ex embajador de la dictadura en las Naciones Unidas; que nunca fue amonestado por la justicia. Como también la larga y lenta tramitación de un proyecto de ley que duerme en el Parlamento, destinado a levantar dicho secreto de 50 años. Todos sabemos que no es fácil obtener justicia en nuestro país. A pesar de los arrepentimientos y mea culpas de las autoridades, desde el comienzo de la dictadura, existió la decisión de negar la Justicia y de cerrar definitivamente las demandas. Numerosas han sido las tentativas para «dar vuelta la página», sobre todo, durante los gobiernos civiles. Es por ello que su «consejo» de hacer la misma declaración, hecha a la Comisión Valech, en los tribunales es inaceptable. El hecho que muchos de los testigos ya han fallecido, que los demandantes ya sobrepasan los 70 años y el impedimento por decreto para conocer a los victimarios demuestran, claramente, la dificultad de obtener justicia. Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando las lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con transparencia y coraje ante situaciones como aquellas que vive el país hoy día. Esta dimensión ética también podría contribuir a la toma de decisiones desligadas de un contexto de corrupción generalizada.

Como el señor Ex-Presidente Lagos lo señaló en ocasiones anteriores, pensamos que para nunca más revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación deben continuar. Y haciendo referencia a los Ex Prisioneros políticos en Huelga de hambre, consideramos que la dignidad debe ser restituida a todos aquellos que resistieron y que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras de la dictadura militar. No es éste el país soñado, por el cual muchos chilenos ofrendaron su juventud, sus anhelos y sus vidas.

http://chili-droits-homme.blogspot.com/p/blog-page_31.html?spref=fb