Hijo de uno de los degollados aseguró que él declaró ante la Comisión Valech y que, «nunca se informó que se guardaría silencio por 50 años bajo la custodia del Ministerio del Interior, incluso frente a requerimientos judiciales». El sociólogo Manuel Guerrero Antequera, hijo de uno de los degollados en 1985, respondió las declaraciones del […]
Hijo de uno de los degollados aseguró que él declaró ante la Comisión Valech y que, «nunca se informó que se guardaría silencio por 50 años bajo la custodia del Ministerio del Interior, incluso frente a requerimientos judiciales».
El sociólogo Manuel Guerrero Antequera, hijo de uno de los degollados en 1985, respondió las declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos en las que justificó el establecimiento del secreto por 50 años del Informe Valech.
«Los dichos del ex Presidente Lagos en su respuesta a las denuncias de Carmen Gloria Quintana Arancibia y Veronica De Negri, me parecen irrespetuosos, agraviantes y falsos. Simplemente no se hace cargo de su responsabilidad», señaló Guerrero en una carta abierta publicada en su Facebook.
«No es cierto que haya sido política de la Comisión Valech consultar si se quería mantener en reserva lo que se entregaba como testimonio (más allá que sí haya ocurrido que personas lo hayan solicitado de motu propio)», aseguró.
Explicó que él y su hermana acudieron a la citada comisión sobre preisión política y tortura y declararon su experiencia. «Nadie consultó ni nos hizo firmar un consentimiento informado respecto a si mantener en secreto o no la información que se aportaba, ni nunca se informó que se guardaría silencio por 50 años bajo la custodia del Ministerio del Interior, incluso frente a requerimientos judiciales. Los 50 años fue una decisión ex post del propio Lagos, que luego se convirtió en ley, aprobada en 48 horas por ambas cámaras del Congreso», dijo.
Agregó que «en lo declarado por Lagos hay un falseamiento de los hechos que resulta agraviante. Al señalar que las personas que entregaron su testimonio eran libres de ir a tribunales si lo quisieran, el Estado dejó toda la carga de la prueba nuevamente en la víctima aislada. No se ofreció apoyo jurídico ni psicosocial o vías para, quienes lo desearan, iniciaran causas judiciales. Y esto en condiciones que el propio Estado se enteraba de las más brutales aberraciones e ilícitos cometidos por el propio Estado, siendo tarea de cualquier funcionario público hacer denuncia de ella o acompañamiento, para quienes quisieran hacerlo -si esto hubiese sido ofrecido como alternativa-. Pero no se hizo, pues no fue política de Lagos. De tal suerte que el pretendido cuidado de la confidencialidad de la información de la víctima -un objetivo en principio noble, aunque nunca comunicado-, se convirtió en el mejor amparo de los perpetradores».
Manuel Guerrero asegura asimismo que «es claro, además, que al dejar en aislamiento a cada víctima para que presente a tribunales su caso individual, se mantiene en el desconocimiento que hay otros testimonios que podrían servirle de testigos para probar sus antecedentes y así ayudar a identificar responsables. El secreto impuesto -excepto, insisto, en los casos que sea voluntario-, impide la acción de la justicia».