El Ecuador vive días de mucha turbulencia por cuenta de las protestas indígenas que están en todo el país desde principios de agosto. En primer lugar, se organizó una marcha que salió desde varios lugares del país en el 02 de agosto hacia la capital, Quito. Fueron más de mil kilómetros recorridos por sendas de […]
El Ecuador vive días de mucha turbulencia por cuenta de las protestas indígenas que están en todo el país desde principios de agosto. En primer lugar, se organizó una marcha que salió desde varios lugares del país en el 02 de agosto hacia la capital, Quito. Fueron más de mil kilómetros recorridos por sendas de Ecuador, con la participación de los indígenas, campesinos, jubilados y trabajadores urbanos. En la pauta de reivindicaciones estaban las demandas indígenas sobre el territorio, sobre la necesidad de consultas públicas, en contra de las leyes de minería, educación, agua y herencia. También estaba la agenda de los trabajadores urbanos en lucha contra la política económica y social del gobierno, incluyendo el corte de 40% de las pensiones. Buscaban aún la suspensión de las negociaciones sobre el acuerdo comercial que está en curso entre el gobierno ecuatoriano y la Unión Europea, que creen ser muy perjudicial para el país.
No es de hoy que las comunidades indígenas luchan contra numerosos proyectos y leyes del gobierno federal. Desde el final del primer mandato de Rafael Correa han surgido las primeras escaramuzas en función de la propuesta de ley de minería que, en opinión del indígena abrió el territorio para la destrucción y la contaminación de los ríos. A lo largo del gobierno de Rafael Correa él ha propuesto una «explotación sostenible» de petróleo y minerales dentro de un proyecto de «desarrollo sostenible», que fue tomando el control. Pero con el pasar del tiempo la gente se ha dado cuenta de que no tenía nada sostenible en eso desarrollo y que no respetaba el principio básico, garantizado por la Constitución, de consultar a los pueblos indígenas sobre el proceso de minería en sus tierras.
Así que muchas tierras fueron cedidas a empresas transnacionales para la exploración de petróleo y otros minerales. Se detectó la utilización incluso del mercurio en muchos de estos proyectos mineros que han comenzado a contaminar los ríos, que son la base para la supervivencia de muchos pueblos indígenas y campesinos, además de tener fuerte sentido espiritual, pues en los ríos es donde nacen los dioses.
Con el tiempo, las luchas de los pueblos indígenas empezaran a crecer y la respuesta del gobierno de Correa, en lugar de diálogo, fue la descalificación del movimiento e incluso la persecución. Un ejemplo fue el desalojo de la CONAIE, una de las más importantes organizaciones indígenas del país, de un edificio público que la entidad ocupa desde los años 80. Hasta ahora la gente indígena aún lucha para asegurar su estancia en el hogar histórico que ha servido como base para grandes levantamientos políticos, incluyendo el derrocamiento de Lucio Gutiérrez en 2005, y apoyo a la elección del entonces joven economista Rafael Correa.
Otro ejemplo de la persecución de los indígenas aparece en el cierre de la Universidad Intercultural Amautay Wasy, una institución creada por los pueblos originarios para una formación desde la lógica indígena del equilibrio con la tierra y del conocimiento compartido. Fue cerrada por no estar dentro del modelo de educación colonizada, que es combatido por los movimientos.
Debido a esta falta de correspondencia entre el discurso socialista de Correa y la realidad en el trato con las demandas indígenas, las peleas se fueron profundizando. Por un lado, el presidente siguió con la política de descalificación, señalando los movimientos como desestabilizadores, como instrumentos de la derecha, como parte de un golpe de estado contra la democracia. Y por parte de los indígenas, los movimientos siguieron presentando sus demandas, sin rendirse ante el discurso intimidatorio de Correa.
En este mes de agosto, la Marcha por la Dignidad era uno más de esos momentos de lucha legítima de los pueblos indígenas por el derecho a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y su manera de organizar la vida. Pero también había un descontento del movimiento social y sindical sobre la política económica y social que aplica el presidente, y se buscó la integración de las luchas que culminaron luego en un «paro general,» el 13 de agosto, en Quito. Nada más y nada menos que las manifestaciones normales dentro de un estado democrático.
Resulta que el gobierno decidió enfrentar las manifestaciones como si fueran actos de desestabilización y el 13 de agosto se transformó en una plaza de guerra en la capital. Con la policía actuando en la represión violenta, la reacción de los indígenas fue natural, de resistencia. Cualquiera que conozca la historia de Ecuador es muy consciente de que los movimientos indígenas son guerreros y no intimidados por la fuerza. Incluso cuando están en minoría actúan con firmeza, cerrando carreteras, tirando piedras, enfrentando a la policía sólo con sus cuerpos. Es un pueblo acostumbrado al choque. Lo vive desde la época de la invasión española y sabe muy bien que no hay alternativa para garantizar el derecho a vivir su cultura a menos que haga la lucha.
La jornada del 13 de agosto tuvo el «kit básico» de la violencia institucional. Una gran cantidad de personas heridas, líderes golpeados, personas arrestadas, entre ellas la periodista brasileña Manuela Picq, quien también es compañera de un de los líderes indígenas, Carlos Pérez. El descontrol de Rafael fue tan grande que la intención era expulsar a la brasileña, por el simple hecho de que era la mujer de Pérez, en otro acto de venganza que sólo aún no se ha materializado debido a la reacción inmediata de la gente.
Desde los días antes de la llegada de la marcha hacia Quito, el presidente ecuatoriano hizo declaraciones rimbombantes, descalificando a los indígenas y dijo que la acción sería insignificante. No lo fue. Y por lo que no era, acabó por usar la fuerza extrema.
Los acontecimientos del 13 desataron una serie de levantamientos indígenas en todo el país y desde aquel día distintas partes de las comunidades de Ecuador están en rebelión, con el cierre de carreteras y con la reivindicación de que el gobierno respete la gente indígena y sus demandas. La represión ha sido violenta y despiadada.
Correa, en lugar de diálogo, continúa con la misma política de intimidación y represión. En los pueblos hay numerosos casos de indígenas que hacen frente a la policía. En la televisión nacional y en los medios de comunicación internacional, el presidente insiste en la idea de que hay un intento de golpe de estado en curso.
Nadie es ingenuo para no saber que la vieja derecha ecuatoriana vibra y participa en muchas de estas protestas que tienen lugar en el país. Pero es la postura de Rafael Correa delante de las demandas populares las que en realidad ha sido responsable de los enfrentamientos. Si alguien está haciendo el juego a la derecha, al parecer es Correa, que prefiere descalificar a los indígenas, intentando colar en ellos la responsabilidad de un «golpe de Estado» y de la creación de focos de violencia en todo el país.
Para los pueblos originarios no hay novedades en eso. Como se ha dicho, desde la llegada de los invasores españoles, ellos son vistos como personas de la segunda línea. Y a pesar de que han tratado de resistir a las masacres que siguen desde hace cinco siglos, su manera de vivir la vida no encuentra respeto entre los blancos bien-nacidos y criados en la cultura colonizada. Mientras que están ocultos en los valles, está bien. Pero si por casualidad están reivindicando algo, entonces el panorama se cambia.
En Ecuador, después de las grandes rebeliones de los años 90 y en los 2000, el movimiento indígena ha crecido y se convirtió en una fuerza considerable en el proceso constitucional durante el primer gobierno de Correa. Y tanto así que dejó su huella en la Constitución que garantiza los derechos a la naturaleza, la plurinacionalidad y pone el Sumak Kausay (buen vivir) como un principio nacional.
Pero, en la práctica, la presencia indígena en la Constitución parece ser simplemente decorativa. La naturaleza sigue siendo destruida en nombre del progreso, los indígenas son tratados de nuevo como salvajes que buscan evitar el desarrollo y cualquier movimiento que hacen gira a «la derecha».
Ecuador – a través de sus fuerzas hegemónicas – muestra que aún no ha entendido el mundo indígena, como Rafael dijo que entendía, incluso llegando a hablar la lengua quichua. Parece que era apenas una escena para buscar el apoyo electoral de los pueblos indígenas. En realidad, la manera de vivir indígena – el buen vivir – no es comprendido o aceptado. Más bien, es llamado irónicamente como «pachamamismo», es decir, visto como una idea anacrónica y poco práctica. Muchos intelectuales de izquierda, incluso, piensan así, incapaces de darse cuenta de que el mundo indígena requiere otra episteme que sea entendida.
En un país como Ecuador, de mayoría indígena, si no hay una verdadera comprensión del ethos cultural que sobrevive y se impone, uno no puede gobernar. Y, por supuesto, ahora, no va a ser por la acción de la derecha o por la intervención de Estados Unidos. Será por incapacidad política pura.
Todavía hay un largo camino – incluso en la izquierda – para que se llegue a la comprensión de que los conceptos colonizados no encajan en la estructura del mundo indígena.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.